SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo:                Nº 293

Sucre:                        11 de Julio de 2014

Expediente:                SC-43-09-S

Distrito:                        Santa Cruz

Segunda Magistrada:   Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de casación en el fondo interpuesto por Hugo Cárdenas Villanueva y Liliana Clotilde Urioste de Cárdenas, contra el Auto de Vista N° 583 de 1 de  diciembre de 2007  pronunciado  por  la  Sala  Civil  Segunda  de  la  Corte Superior del  Distrito Judicial  de  Santa  Cruz, en  el proceso sobre reivindicación y otros,  seguido por  los  recurrentes  contra  Elena Peña  de  Rodríguez,  el  auto   concesorio  de  fojas  143,  los antecedentes  procesales; y,

CONSIDERANDO I: De la Relación de Causa.- Que, el Juez  Octavo de  Partido  en  lo  Civil y Comercial de  la  ciudad  de Santa  Cruz pronunció  la  Sentencia  N°  32  de  15  de  febrero de 2007 (fojas 106 a 109 vuelta), declarando improbada la demanda y probada la reconvención, en consecuencia declaró a la   demandada   propietaria   del  lote   de  terreno  objeto de  litis, ordenando  la  cancelación  del  registro  de  propiedad  del demandan te sobre el mismo; sin  costas.

Deducida   la   apelación   por  los  demandantes,   la  Sala  Civil Segunda  de la   Corte  Superior  del   Distrito  Judicial   de   Santa Cruz mediante  Auto de  Vista N° 583  de  1 de  diciembre de  2007 (fojas 127 y vuelta), confirma la  sentencia  apelada;  con  costas. Contra el referido Auto de  Vista los  demandantes   interpusieron Recurso de  Casación.

CONSIDERANDO II: De los Fundamentos del Recurso de Casación.- que, los  demandantes  Hugo Cárdenas  Villanueva y Liliana  Clotilde Urioste  de  Cárdenas  representados  por  María  Nieves Urquidi de  Rea,  en  su  recurso  de  casación  en  el fondo de 25  de marzo de  2009  (fojas  133  a  136  vuelta), citando  el artículo 253  numeral  1)  del   Código  de  Procedimiento   Civil,   acusan violación  de  los  artículos  138,  1505  y  1506  del  Código  Civil, pues  la  posesión  continuada  no  fue  cumplida,  ya  que  en  el contrato  de  transferencia  de  14  de  octubre  de  1997  la demandada  reconoce  como  propietario  al demandan te.

CONSIDERANDO III: De los Fundamentos de la Resolución.- que, el   artículo  272   inciso  2)  del   Código de Procedimiento Civil establece que  "Se declarará improcedente el recurso  (de  casación),...: 2) Cuando el recurrente  no  hubiere cumplido con el mandato del inciso 2 del artículo 258".

De la lectura de la causal transcrita, se tiene como un supuesto de improcedencia el incumplimiento del  mandato  inserto en  el inciso 2) del  artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; el precepto legal mencionado  contiene  los   requisitos  que   debe reunir el recurso de casación y cuyo incumplimiento constituye, conforme se advirtió, en una  causal de improcedencia.

El inciso antes mencionado, en su parte de contenido, a la letra indica que  "El  recurso (de casación)...: 2) Deberá citar en términos claros, concretos y precisos..., la ley o leyes  violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en  qué  consiste la violación, falsedad o error,  ya se trate  de recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos. Estas   especificaciones deberán hacerse   precisamente en  el  recurso  y  no  fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente". Como se  puede  advertir,  el  precepto legal  contiene exigencias que  son  de contenido, que  necesariamente  deben contemplarse al interior del recurso.

Así, se tiene  que  el  artículo  258  inciso  2), contiene  éste supuesto concreto que merece ser  analizado. Con relación  a ésta  exigencia; se deduce que éste constituye un requisito de contenido pues  delimita la  competencia del tribunal casacional el cual deberá resolver sobre los   puntos contenidos en  el recurso  de   casación; por  lo  que,  así  fuese  un   recurso de casación en el fondo, en  la forma o ambos, debe contemplar: i) La ley o las  leyes que  se  consideran fueron violadas, aplicadas falsa  o  erróneamente;  y,   ii)   Especificar en   qué   consiste  la violación, falsedad o error.

En  ese  entendido,  pretender  ahondar  las  exigencias antes mencionadas,  resulta un exceso que desconocería el propio precepto legal antes mencionado, y claro está, implicaría la restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación (artículo 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), se vería afectado y limitado por un rigorismo exagerado promovido por el requerimiento de requisitos de contenido que no están contemplados en la norma.

Ahora bien, considerando los principios que sustentan a la potestad de impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, y a su vez, los principios procesales que  rigen a  la  jurisdicción  ordinaria,  entre  ellos, transparencia,  celeridad,  probidad,  honestidad,  legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e  igualdad de las partes  ante  el juez; aquella labor verificativa del  cumplimiento del  requisito antes anotado, no se  debe  restringir  a  que   en  el  recurso  de  casación  se contemple de  forma explícita la  especificación de  la  ley  o  las leyes que   se  consideran fueron vulneradas,  aplicadas falsa o erróneamente y  la   especificación sobre  en  qué  consiste  la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar  implícito  o   disperso  en  el  recurso  de  casación  y  no  sería conducente  con  un  sistema  judicial  que  procura  la  verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites  de  los requisitos cuando fácilmente  de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento  de  los requisitos  y  posibilitar  así  una  resolución  en  el  fondo  que elimine el  estado  de  indeterminación  de  las  partes procesales, contribuya  a la pacificación  social y la  seguridad jurídica. Corresponde  también  mencionar  que  dicha  norma  legal pertenece  a una  concepción  de orden  rigorista  y  ritualista, proveniente  de  fuentes conservadoras  y de  tradición  formalista, no  conducente  con  los  valores y principios  que  ahora  contempla la  Constitución  y que  son  propios de  un  "Estado Unitario  Social de Derecho Plurinacional  Comunitario..." (artículo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional),  por lo que toda interpretación que se efectué  debe  ser "desde  y  conforme  a  la Constitución"  ya  que  una interpretación  literal o gramatical  de esta  norma no  estaría acorde al  sistema constitucional imperante ni  al bloque de constitucionalidad, que proclaman por sobre todo formalismos y ritualismo, el acceso a la justicia.

En ese sentido, del desentraño y cotejo del recurso de casación, se llega a las siguientes conclusiones:

El  documento  privado  de  14  de  octubre  de  1997  (fojas 41 y vuelta), en virtud de la libertad contractual prevista  por el artículo 454 del  Código  Civil  fundamentalmente  refleja la obligación patrimonial de la demandada por $us. 5.500  a  favor del  demandante,  y no así  la interrupción de la usucapión que  se acusa; obligación patrimonial referida que por cierto, en  sus pormenores no  es  objeto del  presente litigio. En  consecuencia no  se  advierte que   el  Tribunal  de  alzada haya   incurrido  en violación de los artículos 138,  1505 y  1506 del Código Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Hugo Cárdenas Villanueva y Liliana Clotilde Urioste de Cárdenas representados por María Nieves Urquidi de Rea de fojas  133 a 136 vuelta; sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.