SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 275

Sucre: 4 de Julio de 2014.

Expediente: C-42-09-S

Proceso: Nulidad de Documento

Partes: Elena Santiesteban Escobar c/ Cornelio Nogales Almedras

Distrito: Cochabamba

Segunda Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en la forma, interpuesto por Juan CARLOS Ortuño Flores por Cornelio Nogales Almendras, de fojas 161 a 163, contra el Auto de Vista de  fecha 15 de mayo de 2009, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre nulidad de documento, seguido por Elena Santiesteban Escobar representado por Demetrio Román Ferrufino  contra el recurrente, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 119 a 121   de obrados, pronunciado por  el Juez de Partido de Cliza  del departamento de Cochabamba, se declaró probada la demanda de fojas 8. Consiguientemente declaró nulo y sin valor legal Escritura privada de venta de fecha 29 de agosto de 1987.

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, por  Auto de Vista fecha 15 de mayo de 2009, se confirmó la sentencia apelada, con costas en Ambas instancias.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 664 a 669 vuelta, Bernardino Mamani Quecaño, interpuso recurso de casación en el fondo, que a continuación se compendia.

III. CONSIDERANDO:

3.1. Recurso de Casación.- En el recurso de casación la forma, se formulan las siguientes denuncias.

Señala  que conforme los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 1760 procede  la apelación en el efecto diferido y se limita a su simple interposición  y que su fundamentación será en forma conjunta con una eventual apelación con la sentencia.

Que , se hubiese solicitado  la nulidad mediante escrito de fecha 24 de septiembre de 2001 y que la misma fue rechazada por auto de  fecha 2 de octubre de 2001 y que al mismo se hizo uso del recurso de reposición bajo alternativa de apelación y que la misma  fue rechazada, concediéndole en el efecto diferido  y  una vez  emitida la sentencia se apeló de la misma  y al resolver  el a quo hubiese omitido cumplir lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 1760, constituyendo un derecho inobjetable la apelación contra el auto de rechazo de la nulidad de obrados y  contra la sentencia definitiva, debiendo ameritar un pronunciamiento en conjunto .

Denuncia  que  el Poder Nº 137/1999 de fecha  31 de agosto de 1999 no facultaría al  apoderado de la parte actora a prestar el juramento de desconocimiento de domicilio, menos solicitar edictos,  siendo la misma una facultad personalísimo  y que  la misma seria nulo, más aun que en el acta de desconocimiento no hay la firma del Juez, tan solamente de la secretaria.

Que, siendo  las normas procesales de orden público conforme el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil  y los derechos a la defensa garantizados por la Constitución Política del Estado, era obligación del Tribunal ad quen reponer obrados devolviendo el expediente al Juez  de la causa.

Que después de la publicación de los Edictos para la citación con la demanda, se dejó sin efecto la designación del defensor de oficio y que por auto de fecha 22 de  octubre de 2001 en total indefensión se declara la rebeldía de la parte demandada  y de esta manera se hubiese violentado el articulo 68 y 90  del Código de Procedimiento Civil, y que era deber del Tribunal ad que anular obrados.

Finalmente pide  se proceda por este Tribunal ANULANDO el auto de Vista en todo cuanto ha sido materia del presente recurso y por consiguiente se declare la nulidad de obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir hasta fojas 129 vuelta.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Que, el artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial, articulo 252 del Código de Procedimiento Civil y articulo 106 parágrafo I del Código Procesal Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación, la revisión de las actuaciones de oficio, es decir,  la facultad de  anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.

De este modo es necesario hacer referencia a lo relacionado con las citaciones y notificaciones para el caso de autos; entendiéndose  así por éstas, como los medios de comunicación utilizados por el juez o administrador de justicia. En el caso de la citación, ésta se refiere al llamamiento judicial que practican los juzgados con determinadas personas (demandantes) para que tomen conocimiento del inicio de una demanda o una resolución y estén a derecho, a los efectos de asumir defensa y someterse al debido proceso.

La finalidad de las comunicaciones procesales es resguardar el derecho a la defensa, ya que por medio de ellas el sujeto procesal toma conocimiento  de todos los actuados posteriores a la citación.

Conforme lo tiene sentado el Tribunal Constitucional con relación a las exigencias legales en las notificaciones en resguardo del derecho a la defensa del demandado o de la tutela judicial efectiva en caso de ser demandante, a través de la SC 0427/2006-R de 5 de mayo, estableció que: “'...los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario, dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos….”. En consecuencia se infiere que ante una posible causa de indefensión por una mala  práctica de notificación que conlleve a uno de los sujetos procesales intervinientes en la Litis, es causal de nulidad sancionada por ley, ya que va en contra de lo que realmente es el debido proceso y no se aplica a cabalidad el derecho a la defensa.

En consecuencia, se tiene que una mala citación o notificación  con la demanda al demandado es causal de nulidad  sancionada por ley; en consecuencia  es menester  referirnos  que la nulidad es la desviación de los medios de proceder, no es un fin en sí misma, sino que invocada, tiene un valor instrumental destinado a reconducir la aplicación del derecho, que pueden generarse en el transcurso del trámite del proceso, en la fase de emisión del fallo, en su ejecución o posterior a ella, aun cuando el caso hubiere adquirido calidad de cosa juzgada.

Así se hace referencia   al tema de nulidades  afirmándose que: “Constituyen vicios de nulidad, por ejemplo, la falta de notificación en la forma prevista por el procedimiento, la omisión de fijación de puntos de hecho en el auto de apertura de la estación probatoria, etc… En rigor, los más importantes vulneran los principios y garantías constitucionales del debido proceso” (Carlos Jaime Villarroel Ferrer y Wilson Jaime Villarroel Montaño - Derecho Procesal Orgánico y Ley del Órgano Judicial, página 262).

Para que sea considerado un incidente de nulidad en una determinada causa, que estuviere causando perjuicios e indefensión a una de las partes y se demande por vicios procesales  se debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen, perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad.

La nulidad en consecuencia  tiene que estar prevista por ley y deberán concurrir para ello los presupuestos, observándose los principios que rigen en la materia de nulidad y que fueron desarrollados en varios Autos Supremos por la extinta Corte Suprema de Justicia de la nación con la que se comparte criterio, se tiene al:

Principio de especificidad o legalidad: Este principio se encuentra previsto por el artículo 251 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil, en virtud a él "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. El principio de la especificidad no ha de aplicarse, sin embargo, a rajatabla; pues, se sabe que es virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones de nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal. Este precepto se encuentra íntimamente relacionado con el principio de finalidad; en virtud al cual habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no ha podido cumplir con su finalidad específica, y en sentido contrario no procederá la sanción de nulidad si el acto procesal aunque defectuosamente realizado cumplió su finalidad.

Principio de Trascendencia: Se ha dicho que la nulidad es la sanción que acarrea la invalidez del acto procesal, cuando en su producción existe un alejamiento de las formas procesales; pero la mera desviación de las formas no puede conducir a la declaración de nulidad, por ello habrá que tener presente que no hay nulidad sin daño o perjuicio "pas de nullite sans grieg". Este principio indica que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona al justiciable el alejamiento de las formas prescritas, pues las formas no han sido establecidas para satisfacer "pruritos formales".

Principio de convalidación.- En principio, dice Couture, toda nulidad en derecho procesal civil se convalida por el consentimiento si la parte perjudicada ratifica el acto viciado expresa o tácitamente. El principio de convalidación tiene íntima relación con el de preclusión, que tiene lugar cuando los justiciables no ejercen en forma oportuna o legal los recursos previstos por la ley adjetiva. Si los procesos deben sustanciarse en forma ordenada, así también las partes deben exponer sus reclamaciones dentro el tiempo y en la forma debida, esto por un elemental sentido de seguridad jurídica.

En consecuencia es deber de los órganos jurisdiccionales hacer cumplir los principios procesales que rigen los procesos, como así  todas las formas, formalidades procesales que regulan las notificaciones conforme a ley, las cuales permitan a las partes   o terceros interesados  conocer las providencias y resoluciones de dichos órganos y más allá del cumplimiento de esas ritualidades y formalidades legales de las notificaciones tienen el deber de adoptar, con la mayor diligencia, todas las medidas que resulten razonablemente adecuadas para asegurar que la determinación judicial sea conocida efectivamente por el destinatario, garantizando los derechos de las partes procesales a acceder al proceso y a los recursos legalmente establecidos, evitando así, la indefensión.

En  el sub lite se tiene que cuando la parte actora  interpuso la demanda a fojas  8 y vuelta de obrados   no cumplió  lo establecido por el articulo 327 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, ya que en una vez deducida la demanda debió en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda, ya que  el a quo está facultado conforme el artículo 333 del citado Código , en caso de que la demanda no se ajuste  a las reglas establecidas ordenar de oficio se subsanen los defectos dentro del plazo prudencial que fije y bajo apercibimiento de que si no se subsanaren se la tendrá por no presentada, es decir , el a quo no cumplió la verificación del cumplimiento de las reglas referidas a la forma de la demanda como acto de postulación, establecidas en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

Ante esta inobservancia la autoridad jurisdiccional de primera instancia no cumplió a cabalidad sus funciones de  director de proceso , que  a lo futuro  conllevaría a una indefensión de la parte demandada, máxime  si mediante la representación efectuada por el Oficial de Diligencia que cursa a fojas 10, manifiesta claramente  “ me constituí en el domicilio del señor Cornelio Nogales Almendras ubicado en la calle Fernández s/n, a objeto de citarle con la demanda…”,  de lo que se infiere ¿a qué domicilio se apersono?, si en la demanda no se señaló domicilio real alguno de la parte demandada, y obviamente esto generaría  irregularidades en el proceso y a consecuencia de la representación  el a quo dispuso la citación mediante edictos previo juramento de desconocimiento de domicilio del demandado, así se evidencia  del escrito de fojas  11 , providencia cursante a 11 vuelta. Sin embargo el acta  cursante a fojas 11 vuelta de obrados adolece de las formalidades establecidas por ley, ya que se evidencia que no se  señala las generales de Ley debidamente identificadas de quien  presta el juramento, menos lleva la firma  del Juez,  resultando  en el proceso omisiones o defectos que no cumplen lo dispuesto por la norma legal vigente. 

Es así, que mediante  escrito de fojas  22 y vuelta de obrados la parte demanda constituido por Cornelio Nogales Almendras  representado por Juan Carlos Ortuño Flores  mediante Poder Nº 149/2001  se apersona a la causa y consecuentemente plantea incidente de nulidad de obrados, y la misma es rechazada mediante auto de fojas  27 y vuelta, ante dicho rechazo   se plantea recurso de reposición y la misma es concedida en el efecto diferido. Se debe entender que cuando el a quo tomo conocimiento de  este reclamo, debió  sanear el proceso en su momento, y que a lo futuro el mismo  no cause perjuicio  alguno a las partes, que en el caso en trámite si causo perjuicio personal y directo al demandado, poniéndole en estado de indefensión, y dicha irregularidad fue oportunamente reclamado por la parte demandada, no convalidándose de ninguna forma dichas omisiones o defectos en la citación y notificaciones  y la misma no fue observada por el Tribunal ad quem al revocar el auto de fecha 7 de marzo de  2003, permitiendo que el proceso culmine hasta la sentencia con vicios procesales, e consecuencia al concurrir las condiciones para la nulidad corresponde aplicar el mismo.

De lo que se infiere que no se cumplió a cabalidad el artículo  3 del Código de Procedimiento Civil, máxime si de manera totalmente errónea  el a quo mediante auto de fojas  32 y vuelta de obrados aplica al caso el articulo 68 del Código de Procedimiento Civil, que establece "La parte con domicilio conocido que siendo debidamente citada no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, será declarada rebelde a pedido de la otra o de oficio. Esta resolución se la notificará por cédula en su domicilio. Las notificaciones posteriores se harán en la secretaria del juzgado.",  caso no aplicable al presente caso, en virtud que la citación fue mediante edictos, máxime  si la parte demanda se apersono a la Litis y señalo domicilio procesal mediante apoderado en su escrito de fojas 22 y vuelta, en consecuencia no tenía por qué disponerse  su rebeldía,  y que dicha resolución se lo  notifique  a Cornelio  Nogales Almendras mediante cedula en domicilio procesal cuando no se  señaló domicilio real alguno en la demanda , menos que posteriores actuados se lo hagan conocer  al demandado en secretaria del Juzgado.

En el caso en trámite, evidentemente se vulnero el derecho a la defensa e igualdad de partes, cuando el a quo dispuso la notificación con la resolución  de fecha 22 de mayo de 2001  que establece la relación jurídico procesal y  los puntos de hecho a probar mediante cedula en su domicilio real  conforme  se evidencia de la diligencia de fojas 33 vuelta de obrados (domicilio señalado en la  representación de fojas 10), en tal se infiere que ante este desconocimiento de la parte demanda de los actuados judiciales, obvio no propuso prueba alguna en la causa dentro el termino probatorio dispuesto por auto de fojas  32 y vuelta, al desconocer  dicha resolución en virtud que la diligencia  de fojas  33 y vuelta  adolece de  anomalías e irregularidades  que no cumplió por ende  su finalidad, lo que conllevo a una  total indefensión y flagrante violación al debido proceso. Más aun cuando se evidencia de obrados que se  notificó con posteriores actuados  y el informe pericial en secretaria del Juzgado, lo que condujo que dicho informe  no sea observado por la parte demandada  en el plazo previsto por Ley y  por ende se dispuso su aprobación, siendo la misma prueba  contundente para la presente causa de nulidad de documento privado que fue objeto de la pericia, no resguardándose de este modo el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso en el marco del articulo 115 Constitución Política del Estado, en virtud que se dejó en indefensión al tramitarse  un juicio en contra  del demandado sin que  se le haga conocer  los actuados en la forma prevista  por ley,  vulnerándose de esta forma el derecho a la defensa que toda persona tiene.

Esta  irregularidad  va en contra de  la tutela constitucional del debido proceso, que conlleva una precisa y correcta notificación de las actuaciones procesales , emergiendo todos estos vicios procesales, porque en un principio no se  cumplió en la demanda el articulo 327 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, conllevando el mismo a errores de concepción y procedimiento por parte  del juez de primera instancia, ocasionan un proceso inútil en base a una demanda defectuosa que admitida y tramitada de forma irregular, fue en perjuicio de la parte demandada, causándole inseguridad jurídica y negación a la tutela judicial efectiva a la que tiene derecho toda como persona de derecho. En otros términos,   en el sub lite se ha tramitado un proceso con  una demanda que no cumplía con los presupuestos de admisibilidad establecidos en el artículo 327  numeral 4) del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto, al no haber sido observada la demanda en el momento de su presentación por el juez de la causa, ha originado un error de procedimiento que ha culminado en resoluciones de primera y segunda instancia anómalas e irregulares en franca vulneración de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado, con relación a los artículos 252 y 254 numeral 7) del Código de Procedimiento Civil como normas de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio.

IV. POR  TANTO:

La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el decreto de admisión de la demanda cursante a fojas 9 y dispone que el Juez a quo, cumpliendo estrictamente lo previsto en los numerales 1) y 3) del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, con relación a los artículos 327  numeral  4) y 333 del mismo cuerpo legal, ordene se corrija la defectuosa demanda, conforme a los términos analizados en el presente Auto Supremo.

Se impone la multa de Bs. 200 al Juez de primera instancia y a cada uno de los vocales que intervienen en el indicado auto de vista, que les serán descontados por planilla.

Cumpliéndose con lo previsto por el artículo 17, parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de Ley.

Primer Magistrado Relator Dr. Javier Medardo Serrano Llanos, de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria / Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón Nº 275/2014