SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 272

Sucre: 4 de Julio de 2014.

Expediente: CH-23-09-S

Proceso: Divorcio

Partes: Luis Suarez Arcienega c/ Blanca Quevedo Suarez

Distrito: Chuquisaca

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de casación en el fondo de fojas 349 a 353, interpuesto por Blanca Quevedo Suárez, contra el Auto de Vista NºSCII-103/2009 de 28 de marzo de 2009, cursante de fojas 338 a 340 vuelta, y su complementario de fojas 346 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro el proceso sobre Divorcio absoluto seguido por Luís Suárez Arciénega en contra de la recurrente, la respuesta de fojas 356 a 357 y vuelta, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I.- De la relación de la causa: que, la Juez Tercero de Partido de Familia de la ciudad de Chuquisaca, mediante Sentencia Nº10/2009 de 12 de enero de 2009 (fojas 307 a 310), declaró PROBADA la demanda de Divorcio por la causal invocada y prevista en el artículo 131 del Código de Familia, consecuentemente se declara la disolución del vínculo conyugal que unía a Luís Suárez Arciénega y Blanca Quevedo Suárez, y reconociendo como bienes gananciales entre otros los pasivos por $us. 12.000 y $us. 10.000.    

En grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la  Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca mediante Auto de Vista NºSCII-103/2009 de 28 de marzo de 2009 (fojas 338 a 340 vuelta), REVOCA parcialmente la Sentencia Nº10/2009 de 12 de enero de 2009, pronunciada por la Jueza de Partido Tercero de Familia de la capital y deliberando en el fondo declara que no constituyen cargas de la comunidad de gananciales las siguientes obligaciones contraídas por Blanca Quevedo Suárez: a) Dólares Americanos 12.000 de los esposos Lucía Cutipa de Taboada y Luis Omar Taboada; y b) Dólares Americanos 10.100.-, de FFP-FIE-S.A., se mantiene la Sentencia Nº10/2009, en sus demás determinaciones; sin costas. Explicado por auto de fojas 346 y vuelta.  

CONSIDERANDO II.- Denuncias del Recurso de Casación en el Fondo: que, el préstamo de 15 de marzo de 2003 se realizó en vigencia plena del matrimonio, habiéndose cumplido el reconocimiento de firmas recién el 2008; al efecto anota los artículos 330, 215, 251 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil. 

Denuncia que, el préstamo con FFP-FIE S.A. cumplió con todos los pasos jurídico legales; al efecto apunta los artículos 452 numeral 4), 491 numeral 2), 1287, 1311 del Código Civil, 404 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, 6 numeral 4) del Código de Comercio.

CONSIDERANDO III.- De los Fundamentos jurídicos del Fallo.- Con el fin de fundamentar la presente resolución, corresponde referirnos al criterio que esta Sala ha adoptado en torno al juicio de procedencia del recurso de casación.

En el marco del nuevo orden constitucional, el rol de los jueces en el resguardo y respeto de tales derechos fundamentales, es aún más activo, pero también es no ritualista ni rigorista, de tal manera que abandonando la concepción formalista, debe asumir una concepción informalista, pues por mandato del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, la jurisdicción ordinaria se fundamenta, en los principios gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.

Entonces se tiene que, el nuevo orden constitucional, compele a los jueces y Tribunales a buscar la efectivización de la tutela judicial efectiva y la búsqueda de la verdad material, pues entre las garantías que el Estado Plurinacional otorga a los justiciables, se encuentra precisamente la tutela judicial efectiva, a la que se refiere el artículo 115-I) de la Constitución Política del Estado, que dispone: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, y que también se los reconoce en los Instrumentos internacionales, tales como el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En estas circunstancias y siguiendo un orden lógico y cronológico, al contenido de la tutela judicial efectiva, la doctrina reconoce que la tutela judicial efectiva comprende el derecho al acceso a la jurisdicción, el derecho a obtener una decisión sobre el fondo del asunto y el derecho a la ejecución de lo resuelto.

Con referencia al derecho al acceso a la jurisdicción, implica el deber de los jueces de posibilitar el acceso al juicio tanto en primera instancia como a los recursos  previstos en la ley, y de interpretar con amplitud las normas procesales respecto a la legitimación.

El derecho a la obtención de un pronunciamiento del fondo del asunto implica que la decisión sea motivada y fundada, congruente y justa. Finalmente el derecho a la ejecución implica el cumplimiento efectivo del fallo.

Ahora bien, ciertamente es la propia ley la que le impone al justiciable el cumplimiento de requisitos para que su pretensión sea admisible y en consecuencia sea posible el pronunciamiento sobre el fondo del asunto. En mérito al principio de legalidad no sería posible que el juzgador soslaye la verificación de tales requisitos de admisibilidad; empero en merito a la garantía de la tutela judicial efectiva y al principio de verdad material, el juzgador, en la  interpretación de las normas procesales relativas a los requisitos de admisibilidad o procedencia de la pretensión, debe conducirse  con criterio restrictivo, lo cual implica que no debe exigir requisitos no consignados expresamente en la norma, ni que el cumplimiento de los mismos tenga lugar bajo cierta esquematización o modelo; el Juez o Tribunal está en deber de desentrañar los hechos y las peticiones consignados en los actos de petición de parte, que pueden encontrarse dispersos o implícitamente consignados, conforme lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, con relación al recurso de casación, en la SCP Nº 2250/2012, entre otras, respecto al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, pues, la parte, en su búsqueda de justicia material, no puede correr con las consecuencias de la impericia de su causídico, por una la mala formulación del recurso, ya que como se señala en la SCP Nº 0457/2014, 25 de febrero de 2014 “…éste simplemente cumple funciones de asesoramiento y no es el titular de los derechos o intereses en juego, por lo que no sufre detrimento alguno, sino únicamente el justiciable, quien inclusive de manera irremediable podría verse afectado en sus derechos e intereses, si tanto jueces y tribunales, no asumen un rol más activista en su noble labor de impartir justicia, prescindiendo de ritualismos y formalismos innecesarios”.  Sin embargo es menester aclarar que en la verificación de los requisitos de admisibilidad dentro del marco del enfoque informalista, no debe desconocerse la vigencia de otros principios reconocidos también por la propia constitución y las normas procesales de desarrollo, como son el principio dispositivo y en consecuencia el de congruencia.

En ese sentido, del desentraño y cotejo del recurso de casación, se llega a las siguientes conclusiones:

El artículo 155 (efectos de la sentencia) del Código de Familia establece que “La separación hace cesar la vida común y disuelve la comunidad de ganancias”.

En este sentido, se tiene que el Auto de Vista recurrido, de manera clara  concluyó señalando que: “la obligación por $US. 12.000…,… fue invertida esa suma de dinero por la esposa  (demandante)  en la  contratación  de un   inmueble en anticrético que sirve de vivienda a la demandada y a sus hijos” y sobre la “obligación por $US. 10.100…menos se demostró que ambos cónyuges se hubieran beneficiado con el producto de dicha obligación”. Esto es, que los préstamos de 15 de marzo de 2003 (fojas 244 y vuelta) y 19 de junio de 2008 (fojas 155 a 158) no son parte de la comunidad de gananciales pues la vida común cesó “bastante tiempo atrás” a la comunicación de dejar el hogar conyugal por parte de la demandada, de 17 de marzo de 2003 (fojas 136 y vuelta). Por consiguiente, dichos préstamos fueron asumidos por la demandada con posterioridad al cese de la vida en común, consecuentemente, no se advierte que el tribunal de alzada haya incurrido en las causales de casación en el fondo previstas por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia el presente recurso deviene en Infundado.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Blanca Quevedo Suárez de fojas 349 a 353, aclarando que el vocablo “cargas” en la parte dispositiva del auto de vista recurrido debe entenderse como “parte”; sin costas por la aclaración.

Regístrese notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria / Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón Nº 272/2014