SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 269

Sucre: 4 de Julio de 2014.

Expediente: SC-39-09-S

Proceso: Cumplimiento de Contrato y otros

Partes: Raul Rojas Ascarrunz c/ Cooperativa Comunal Sudamericana Ltda

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani                               

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Berthy Guthrie Justiniano, en representación de la “Cooperativa de Crédito Comunal Sudamericana Ltda.” cursante de fojas 259 a 265, contra el Auto de Vista Nº 52 de 31 de enero de 2009, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, en el proceso ordinario doble sobre cumplimiento de contrato y pago de daños y perjuicios, seguido por Raúl Rojas Ascarrunz  en contra de la entidad recurrente, la contestación, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 200 a 203 vuelta de obrados, pronunciado por el  Juez de Partido Onceavo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, se declaró probada en parte la demanda de fojas 17 a 18 en lo que respecta al cumplimiento de la obligación en la suma de $us. 15.000,00, a cancelarse  a tercero día de ejecutoriada la resolución, e improbada en lo referente a los daños y perjuicios; e improbada la excepción de incumplimiento de contrato y la demanda reconvencional de fojas 72 a 77, sin costas.    

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 52 de 31 de enero de 2009, de fojas 243 a 245, se confirmó la sentencia apelada, con costas. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 259 a 265, Berthy Guthrie Justiniano, en representación de la “Cooperativa de Crédito Comunal Sudamericana Ltda.”, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, que se compendia a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- El recurrente, en su recurso de casación en la forma, efectúa las siguientes denuncias:

Alegan que la demanda se ha dirigido y se ha admitido contra la “Cooperativa Sud Americana Ltda” cuando el nombre correcto es Cooperativa de Crédito Comunal Sudamericana Ltda., resultando ser una persona jurídica distinta, y que no se puede soslayar el derecho al nombre previsto en el artículo 9 del Código Civil.

Denuncia la violación de los artículos 192 y 196-numeral 2 del Código de Procedimiento Civil, alegando que en la resolución final igualmente se refiere a la Cooperativa Sudamérica Ltda, y que la sentencia está viciada de nulidad porque consigna partes que no intervienen en este proceso.

Se queja de la forma como se habría pronunciado el juez a quo respecto a su solicitud de explicación y complementación al auto que resolvió las excepciones previas que planteó.

Denuncia la infracción de los artículos 382, 377, 379, 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil; alega que el plazo probatorio se computa desde la notificación (16 de agosto de 2007) con el auto que resolvió la impugnación que presentó contra el auto que trabó la relación procesal y como pretende hacer ver el Juez a quo en su providencia de 21 de agosto de 2007 y luego advierte que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio.

En su recurso de casación en el fondo, formula las siguientes denuncias: Denuncia que el Tribunal ad quem ha omitido pronunciarse sobre su excepción de incumplimiento de contrato (non adimpleti conctractus); ya que en la cláusula segunda del contrato, se establecía que el contratado debía cumplir con las obligaciones  de revisión completa de documentación relativa a terrenos ubicados en la U.V.140, su alodialidad, cesión de áreas en trámite en la Dirección de Desarrollo Territorial, obtención de títulos de propiedad, elaboración de minutas, trámites administrativos, obtener plano de uso de suelo individuales, certificados catastrales, pago de impuestos anuales, a la transacción, protocolización e inscripción en Derechos Reales, entrega de títulos de propiedad y hacer los descargos correspondientes por medio de facturas y/o recibos fiscales de los gastos realizados en los referidos trámites, y que de todas esas obligaciones no ha cumplido ni el 20 % por lo que no podía pedir que se le pague en virtud a lo que establece el artículo 573 del Código Civil; concluye señalando que no tiene que cumplir toda vez que el demandado no cumplió con su obligación de hacer y no probo nada de esos hechos durante el proceso.

Finalmente pide que se anule lo obrado hasta el vicio más antiguo, que es hasta la demanda; y alternativamente que se case el Auto de Vista y su Auto complementario.

3.2.- Contestación al Recurso de Casación.- Mediante escrito de fojas 266 a 268, el demandante contesta al recurso, pidiendo que sea declarado infundado e improcedente, porque no cumple con los requisitos previstos en el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, que carece de personería para recurrir de nulidad y casación en el fondo y no tener basamento jurídico legal alguno.

3.3. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, se comienza a examinar el recurso de casación en la forma,  de la siguiente manera:

Lino Enrique Palacio ( Manual de Derecho Procesal Civil, tomo I, Décima Edición Actualizada),  señala que “La nulidad procesal es la privación de efectos imputada a los actos del proceso que adolecen de algún vicio, en sus elementos esenciales y que, por ello, carecen de aptitud para cumplir el fin al que se hallen destinados”

Conforme lo reconoce la doctrina autorizada, las nulidades procesales, como especie de sanciones procesales, tienen una aplicación restrictiva y fincan en principios que emergen de los sistemas francés e italiano y que se hallan recogidos por nuestro legislador. Estos principios son el de legalidad o especificidad, trascendencia, convalidación y protección.

En mérito al principio de legalidad o especificidad, la nulidad se sanciona solo en los casos previstos por ley expresa (pas de nullité sans texte); se encuentra  recogido por el artículo 251-I) del Código de Procedimiento Civil y ahora en el párrafo I del artículo105 del Código Procesal Civil. Sin embargo este principio se torna relativo por la inserción de las llamadas nulidades implícitas o  virtuales a las que abre camino el artículo 90-I) del Código Adjetivo Civil y ahora el párrafo II del artículo 105 del Código Procesal Civil.

En virtud al  principio de trascendencia  no existe nulidad sin perjuicio (pas de nullité sans grief). Este principio se configura por tres condiciones: 1) alegación del perjuicio sufrido; 2) acreditación del perjuicio y 3) interés jurídico que se intenta subsanar. “No puede pedir la nulidad quien ha contribuido con su conducta a la producción del vicio” ( Lino E. Palacio). Este Principio se encuentra recogido en el artículo 106-II del Código Procesal Civil.

El principio de convalidación.- No prosperará la nulidad cuando medie consentimiento expreso o tácito de la parte perjudicada. Este principio tiene su fundamento en el carácter dispositivo del proceso civil. El consentimiento es expreso cuando la parte perjudicada realiza el acto procesal ratificando el acto viciado. Es tácito cuando la parte interesada no efectúa el reclamo en la primera oportunidad, deja pasar el tiempo, permitiendo que opere la preclusión de su derecho impugnaticio. Este principio se encuentra recogido en en el artículo 258-3) del Código de Procedimiento Civil y de manera más amplia en  el párrafo II del  artículo 107 Código Procesal Civil que dispone: “No podrá pedirse la nulidad de un acto, por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita”, y en el mismo sentido el artículo 17-III de la Ley del Órgano Judicial, señala “ La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”

En atención al principio de protección no se puede alegar la propia torpeza como fundamento del pedido de nulidad (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Se encuentra recogido ahora en el párrafo II del artículo 106 del Código Procesal Civil.

Además de los señalados principios, también se rige por el principio de finalidad de las formas o de instrumentalidad de las nulidades procesales, en cuya virtud las nulidades no tienen como objetivo comprobar y declarar el incumplimiento de las formas procesales, pues los actos procesales son válidos si han cumplido sus efectos, no obstante que hubiese algún defecto formal; este principio de alguna manera se encuentra recogido en el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, ahora en el artículo 107-I) del Código Procesal Civil. 

De lo relacionado precedentemente se puede concluir que si bien es cierto que por el carácter de orden público de las normas procesales, el cumplimiento de las mismas es obligatorio, conforme prevé el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, no puede perderse de vista que las formas procesales son en realidad garantía del debido proceso legal y en última instancia del derecho de defensa en juicio; por consiguiente tales formas procesales no tienen finalidad en sí mismas, pues el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, conforme dispone el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen la entidad recurrente pretende que se anule obrados porque en la demanda, el auto de admisión y la sentencia se identifica a la parte demandada como  Cooperativa Sud América Ltda, cuando en realidad es Cooperativa de Crédito Comunal Sudamérica Ltda.

La imprecisión en la razón social de la persona jurídica demandada , no ha sido observada por esta ni a tiempo de plantear excepciones previas ni al contestar a la demanda; es más en la contestación a la demanda admite haber suscrito el contrato con el demandado, con lo cual resulta que el defecto ha sido convalidado; es más mediante auto complementario  de la sentencia, cursante de fojas 223, se ha procedido a la subsanación del defecto, razones por las cuales no es posible anular lo obrado por esa causa.

Con relación a la denuncia relativa al decreto de fojas 121, el Tribunal Supremo no abre competencia, pues dicha resolución no se encuentra comprendida en ninguno de los casos previstos por el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.

Con relación a la denuncia de infracción de los artículos 382, 377, 379, 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil.- Del contenido íntegro de la denuncia formulada, es posible inferir que la representante de la entidad recurrente, se queja porque el Juez a quo rechazó su proposición de prueba, ya que entiende que al haber formulado objeción a los puntos de hecho a probar pidiendo la inclusión de un hecho y la exclusión de otro, se habría producido la interrupción de plazo para ofrecer prueba, por lo que el plazo probatorio habría comenzado a correr para ambas partes desde la notificación con el auto que resolvió la impugnación; es decir desde el 17 de agosto de 2007.

Ciertamente el derecho a producir prueba en sustento de las pretensiones y defensas, forma parte del derecho a la defensa y constituye un elemento del debido proceso; por lo cual un eventual rechazo indebido de prueba esencial   implicaría una afección directa al derecho de defensa, y en consecuencia  justificaría una reposición de obrados; sin embargo en el caso en examen no hay razón para emitir tal determinación.

En efecto, lo primero que debe quedar claro es que conforme lo tenía ya sentado la línea jurisprudencial de la ex Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el A.S. Nº  285, de 29 de agosto de 2005, el plazo para proponer prueba previsto en el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, es individual para cada una de las partes y corre desde la notificación respectiva con el auto de relación procesal a cada parte.

La objeción a los puntos de hecho a probar fijados por el juez de la causa, a la que se refiere el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, no tiene efecto interruptivo “per se”, respecto del plazo de ofrecimiento de prueba, pues, si bien es cierto que por mandato del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil; el periodo de prueba no se suspende por ningún incidente ni recurso; y en ese orden, respecto de los hechos no observados o inclusive de los que se pretende su exclusión, nada impide para que las partes efectúen su proposición probatoria; sin embargo otra es la situación en los casos en los cuales, dándose mérito a la objeción o en su caso apelación, se incluye otros hechos, respecto de los cuales lógicamente el plazo para efectuar el ofrecimiento correrá desde la notificación con la resolución que determine su inclusión, pues al no haber estado incluidos en el auto de relación procesal, obviamente no hubiera sido posible su ofrecimiento con anterioridad a dicha determinación; una interpretación distinta no sería compatible con la teleología de dichas normas y del proceso, y además provocaría indefensión de los justiciables.

Ahora bien, en el caso en examen, la objeción probatoria formulada por la entidad recurrente, efectuada en su escrito de fojas 125, pretendía la inclusión como hecho a probar, nada menos que las costas procesales; y también pretendía la exclusión como hechos a probar lo relativo a la relación jurídica entre partes; petición que ha sido denegada por el Juez a quo, mediante providencia de fojas 126, contra la cual la entidad demandada, ahora recurrente, no ha interpuesto recurso de apelación; es decir no se han incluido nuevos hechos a probar, por lo cual no había la necesidad de ofrecer nueva prueba; consiguientemente no se ha quebrantado el derecho de defensa en juicio de la entidad demandada; consecuentemente tampoco amerita anular obrados por esa causa.

En suma, no amerita acoger las denuncias formuladas por la recurrente, por lo cual corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

Con relación al recurso de casación en el fondo.- Por disposición del artículo 272-1) del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación es improcedente en los casos  previstos por el artículo 262. Por su parte, ésta norma legal en su inciso 2) dispone que el Tribunal ad quem deberá negar la concesión del recurso de casación y declarará ejecutoriada la sentencia o el auto recurrido, cuando pudiendo haber apelado no se hubiere hecho uso de este recurso ordinario.

En el caso en examen, con relación a la decisión contenida en la sentencia respecto de  declarar improbada la excepción de cumplimiento de contrato, la entidad recurrente no ha interpuesto apelación, razón por la cual no puede recurrir de casación sobre este extremo, pues no se encuentra permitido el salto de instancia, en cuyo mérito corresponde resolver el recurso de casación en el fondo, de acuerdo a lo previsto por los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil. 

IV. POR  TANTO:

La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por  la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numerales 1 y  2), 272 y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fojas 259 a 265, interpuesto por Berthy Guthrie Justiniano, en representación de la “Cooperativa de Crédito Comunal Sudamericana Ltda.”, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500 que mandará a pagar el señor Juez a quo.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.                                                             

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Ante Mi Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria / Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón Nº 269/2014