SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 266

Sucre: 4 de Julio de 2014.

Expediente: SC-38-09-S

Proceso: Reivindicación

Partes: Walter Medina Sansuste c/ Nely Senzano Vda. De Medina

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani                               

I. VISTOS:

1.- EL recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Walter Medina Sansuste, de fojas 552 a 558 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 596 de 1 de diciembre de 2008, pronunciado por  la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Santa Cruz, en el proceso ordinario doble  sobre reivindicación, seguido por Walter Medina Sansuste, en contra de Nely Senzano Vda. de Medina,   la contestación, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 504 a 506,  el Juez de Partido Noveno en lo Civil y  Comercial de Santa Cruz, declaró improbada la demanda de fojas 23 a 24, improbada la demanda reconvencional de fojas 185 a 186, subsanada a fojas 190, sin costas por ser juicio doble.

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista  Nº 596 de 1 de diciembre de 2008, de fojas 546 y vuelta, confirma la sentencia apelada, con costas.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 552 a 558 vuelta, Walter Medina Sansuste, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, que se compendia a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del recurso de Casación.- En el recurso de casación en la forma, invocando la causal prevista en el artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil, denuncia la violación al artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, en razón a que el Tribunal ad quem, no se habría pronunciado sobre los puntos apelados y que carece de fundamentación adecuada y porque no se pronuncia sobre las pruebas aportadas de su parte, haciendo  referencia a las que cursan a fojas 13,14,203,204,540,541,542; 8 a 11, 542, 1,15,16,17,18,19,192 a 202, 376, 485 a 492, 248 a 258, 259 a 261, 262,263 a 352, 366 a 376, 369 a 371, 245 a 246, y a que no se ha declarado probada la demanda a pesar de la amplia prueba.

En lo que atañe a la casación en el fondo denuncia la violación de los artículos 105-I-II, 1286, 1538 y 1453 del Código Civil, el artículo 22 de la Constitución Política del estado Abrogada y el artículo 56 de la vigente Constitución Política del Estado.

Alega que existe falsa interpretación de los artículos 1453 y 105 del Código Civil, porque no se ha tomado en cuenta que durante el proceso ha demostrado su derecho propietario sobre el terreno, añade que denuncia error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba y luego hace referencia a que no habría sido apreciado conforme a derecho el documento de propiedad refiriéndose al instrumento público Nº 140/92 donde la H. Alcaldía Municipal le adjudicó el inmueble U.V. ET Nº 24, registrado en Derechos Reales (de fojas 13, 14, 203, 204, 540, 541, 542); la resolución mediante la cual la H. Alcaldía Municipal, le cedió terreno sito en ET 24, en calidad de comodato ( fojas 8 a 11 y de fojas 542); la sentencia pronunciado en el interdicto por la que se declara propietario de las mejoras existentes en el terreno materia de Litis (fojas 8 a 11) y luego menciona que las mejoras han sido realizadas por su persona ( fojas 376, 485 a 492). Añade que se ha demostrado la resistencia de la demandada a devolver la casa, ya que ha hecho caso omiso a la carta notariada, y que los testigos de descargo expresan que no le quiere devolver la casa y en la inspección se ha constatado que la demandada continua viviendo en el bien inmueble y que tanto por su confesión como por el hecho de haber iniciado un proceso por usucapión se demuestra su intención de no restituirle su propiedad; que es falso que estuviera poseyendo su inmueble por más de 20 años.

Denuncia la violación del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, ya que se habría dejado las cosas como antes de la demanda.

Denuncia la violación del artículo 22 de la Constitución Política del Estado y los artículos 105 y 1453 del Código Civil porque ha demostrado su derecho propietario con título de propiedad debidamente registrado en Derechos Reales y que no es necesario, en la reivindicación, acreditar la desposesión.

Denuncia la violación del artículo 1286 del Código Civil y de los artículos 375 y 397 del Código de Procedimiento Civil, ya que si cumplió con la carga de la prueba se ha aplicado indebidamente el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil al no haberse apreciado las pruebas de acuerdo a la valoración que le da la ley.

Finalmente pide que se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare probada la demanda.

3.2. Contestación al Recurso.- Mediante escrito de fojas 560 a 561, Nelly Senzano Vda. de Medina, contesta al recurso, alegando que la demandante jamás ha estado en posesión del inmueble, que actualmente existe un juicio civil por usucapión en contra de la demandante, que no ha demostrado el derecho propietario sobre su inmueble, que su derecho propietario se reconfirma por la posesión en la que se encuentra y que no se puede tomar en cuenta un documento privado de supuesta anticresis.

3.3. Fundamentos del Fallo.- En primer término se examinará las denuncias relativas al recurso de casación en la forma, pues en caso de estimarse el recurso, ya no corresponderá pronunciamiento sobre la casación en el fondo.

Por mandato del artículo 106 del Código Procesal Civil, vigente por mandato de la disposición Transitoria Segunda, numeral 4 Ídem, en cualquier estado del proceso puede declararse de oficio o a pedido de parte la nulidad de obrados, cuando la ley lo califique expresamente.

El debido proceso legal constituye una esencial  garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver  las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de  resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales  que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es,  en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues  los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez.

El proceso civil boliviano se finca, entre otros en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a los hechos y las peticiones de las partes legitimadas formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a esos hechos, a esas peticiones y referirse a esas partes; esto es a lo que se le llama congruencia (factual, objetiva y subjetiva) y ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

En lo que atañe al fallo de segunda instancia, la congruencia implica la estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y el pronunciamiento del Tribunal de apelación, conforme lo tiene previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento civil. En segunda instancia se viola el principio de la congruencia, en cuanto elemento del debido proceso legal, cuando el Tribunal ad quem, omite  pronunciamiento expreso y exhaustivo sobre alguno de los agravios invocados por el apelante o cuando se excede en el pronunciamiento, ya sea otorgando más de lo pedido o fuera de lo pedido; en cuyo  caso la resolución se halla viciada de nulidad por la causal prevista en el artículo 254-4) y el efecto señalado en el artículo 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen el apelante, hoy recurrente, en su apelación  alegó que tiene demostrado su derecho propietario sobre el lote objeto del litigio, haciendo referencia al testimonio de adjudicación definitiva Nº 140/92, dando cuenta de su inscripción en el registro de Derechos Reales, con lo que se habría dado la publicidad a terceros según el artículo 1538 del Código Civil, y sin embargo en la apelación el Tribunal ad quem ha omitido pronunciamiento en torno a la referida escritura de adjudicación Nº 140/92, a su inscripción en el registro de Derechos Reales  y  a sus efectos respecto de la demandada, y tampoco se ha pronunciado en torno a las denuncias de violación del artículo 22 de la Constitución Política del Estado abrogada, del artículo 1286 del Código Civil y los artículos 375 y 397 del Código de Procedimiento Civil, entre otros, que fueron igualmente denunciados en la apelación.

Con relación a la fundamentación.- El deber de fundamentación y motivación de toda resolución judicial forma parte del derecho-garantía-principio del debido proceso, consagrado en el artículo 115.I de la Constitución Política del Estado. En este contexto, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, determinó que, “a efectos de garantizar el derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la motivación , toda resolución jurisdiccional o administrativa debe observar los siguientes aspectos:” a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.” De tal manera que la omisión de alguno de dichos requisitos implica vulnerar el derecho a la fundamentación y motivación de los fallos judiciales, como elemento del debido proceso legal.

Respecto a la vinculación de la motivación y fundamentación con la congruencia, efectuando una sistematización de la jurisprudencia constitucional, la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, estableció que: El principio de congruencia, sobre el cual, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, indicó que implica: 'la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes'.

Consiguientemente y en interpretación extensiva del artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil, la falta de motivación y fundamentación del fallo queda comprendida en dicha causal.

En el caso en examen, el Tribunal ad quem, a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado, en lo que atañe a la valoración de la prueba respecto del derecho propietario que alega el recurrente y del contrato de anticresis, ni siquiera menciona las normas jurídicas que constituye el fundamento jurídico de sus conclusiones, lo cual implica que efectivamente no se ha cumplido debidamente con el deber de motivación del fallo.

En mérito a las consideraciones precedentes resulta evidente que el Tribunal ad quem ha violado el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil al haber omitido pronunciamiento exhaustivo y motivado sobre todos agravios invocados en la apelación, razón por la cual corresponde fallar conforme disponen los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

Por el efecto anulatorio del fallo, ya no corresponde pronunciamiento en torno a las denuncias referidas sobre el mérito del fallo y que refieren al recurso de casación en el fondo.

IV. POR  TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA llanamente el Auto de Vista de fojas 546 y vuelta, de obrados inclusive, disponiendo que el Tribunal ad quem, emita nuevo Auto de Vista, en forma congruente, exhaustiva y debidamente fundamentada.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el Tribunal ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17- IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Ante Mi Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria / Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón Nº 266/2014