SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 264

Sucre: 4 de Julio de 2014.

Expediente: C-41-09-S

Proceso: Cumplimiento de Contrato

Partes: Maria Pessoa Alcocer c/ Fernando Pessoa Alcocer

Distrito: Cochabamba

Segunda Magistrada Relatora:        Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- EL recurso de casación, interpuesto por Ruy Fernando Pessoa Alcocer, de fojas 489 a 490 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 148 de 29 de mayo de 2009, pronunciado por  la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Cochabamba, en el proceso ordinario doble sobre cumplimiento de contrato y otros, seguido por María Patricia Cinthia Elizabeth Pessoa Alcocer, en contra de Ruy Fernando Pessoa Alcocer, la contestación, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.-Que, mediante sentencia de fojas 460 a 464,  el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y  Comercial de la ciudad de Cochabamba, declaró probada la demanda principal de fojas 16 y vuelta, y probada en parte la acción reconvencional respecto de reconocimiento de los alquileres en la cuota parte que le corresponde al demandado e improbada la acción reconvencional de fojas 44 a 47 respecto a la nulidad de los documentos de fecha 23 de septiembre de 2000 y 30 de noviembre de 2000, también la división y partición de bienes muebles e inmuebles; improbadas las excepciones perentorias de improcedencia de la acción, falsedad e ilegalidad de la acción reconvencional, falta de acción y derecho, falta de legitimación en el actor, opuestas por la actora a fojas 49 a 50 vuelta, respecto a la acción reconvencional probada la excepción de transacción, opuesta por la actora a fojas 40 a 50 vuelta,  sin costas; en consecuencia ordenó el cumplimiento de contrato de fecha 23 de septiembre de 2000, debidamente reconocido por parte del María Patricia Cinthia Elizabeth y Ruy Fernando Pessoa Alcocer; es decir que estos deberán desocupar los ambientes que ocupan en el plazo de 30 días y en entrar en posesión de los bienes inmuebles conforme al contrato transaccional. Asimismo ordenó que la actora pague a favor de su hermano Ruy Fernando Pessoa Alcocer la suma de $us 33.582,67 por concepto de alquileres administrados por ella y que el demandado presente en el plazo de veinte días la documentación que acredite los alquileres cobrados por él para ser distribuidos entre todos los hermanos y usufructuaria.

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Cochabamba, por Auto de Vista  Nº 148 de 29 de mayo de 2009, de fojas 486 a 487 vuelta, confirma parcialmente la sentencia apelada con la modificación de que se declara improbada la acción reconvencional y consiguientemente sin lugar a la partición de muebles ni alquileres.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 489 a 490 vuelta, Ruy Fernando Pessoa Alcocer, interpone recurso de casación, en los términos que consigna dicho escrito.

III. CONSIDERANDO:

3.1. Fundamentos del Fallo.- Que, por mandato del artículo 106 del Código Procesal Civil, vigente por mandato de la disposición Transitoria Segunda, numeral 4 Ídem, en cualquier estado del proceso puede declararse de oficio la nulidad de obrados, cuando la ley lo califique expresamente.

El debido proceso legal constituye una esencial  garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver  las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de  resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales  que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es,  en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues  los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez.

Dado que en el caso en examen la demanda ha pedido el cumplimiento del contrato de transacción relativo a la división de dos bienes inmuebles hereditarios, suscrito entre tres hermanos, y que se hubo reconvenido tanto por la nulidad de ese acuerdo transaccional y de otro contrato de venta y asimismo por la división y partición de bienes hereditarios inmuebles y muebles, y el reconocimiento de alquileres percibidos, amerita referirse al litisconsorcio.

La entonces Corte Suprema de Justicia, en el A.S. Nº 99 de 22 de noviembre de 2004, entre otros, señaló que la pluralidad de partes en el proceso o litis consorcio implica la existencia de un proceso con varios sujetos en la misma posición de parte, sea como actores o demandantes (litis consorcio activo), así como demandados (litis consorcio pasivo), o también cuando conjuntamente sean demandantes y demandados (litis consorcio mixto); a veces es la ley la que exige que sean varias personas las que, conjuntamente, deduzcan la pretensión frente a las cuales la pretensión ha de decirse (litis consorcio necesario), otras veces se produce por libre decisión de las partes (litis consorcio simple o facultativo), sin que ello impida a que sea la autoridad judicial la que disponga de oficio un litis consorcio, por dos razones: a) la primera relativa a su rol de director del proceso, debiendo cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad, como establecen los artículos 3 inciso 1) y 87 del Código de Procedimiento Civil y b) la segunda referida al derecho de defensa en el proceso, de todas las partes o eventuales comparecientes respecto a los cuales se amplía la cosa juzgada, característica de la sentencia que se dicta en el fondo del proceso, cuyas disposiciones y alcance sólo comprenden a las partes y a las que derivaren sus derechos de aquellas, conforme establece el artículo 194 del indicado Código adjetivo de la materia. En consecuencia, a los efectos de las previsiones de los artículos 3 inciso 1), 87 y 194 del Código de Procedimiento Civil se establece la necesidad de la integración a la litis de todos aquellos que deban ser sometidos al proceso, en función de la naturaleza de la relación o del objeto de la controversia, tarea que no sólo puede ser de las partes (litis consorcio simple o facultativo), sino de la autoridad judicial de instancia que en su calidad de director del proceso debe cuidar que se desarrolle sin vicios de nulidad, para lo que podrá disponer un litis consorcio de oficio); siendo esa la única manera de asegurar que sus decisiones sean útiles para las partes demandantes, demandadas y otros que se hayan integrado en el proceso, alcanzando a todos ellos los efectos de la cosa juzgada.

Precisamente con relación al litisconsorcio en las pretensiones de división y partición de bienes hereditarios, el artículo 679 del Código de Procedimiento Civil, dispone “Toda división de herencia deberá comprender a la totalidad de los herederos, bajo pena de nulidad”

Ahora bien, en el acaso en examen, la demanda de cumplimiento ha sido interpuesta por María Patricia Cinthia Elizabeth Pessoa Alcocer únicamente contra su hermano Ruy Fernando Pessoa Alcocer, y versa sobre el acuerdo transaccional, que  fue suscrito entre los tres hermanos María Patricia Cinthia Elizabeth, Ruy Fernando y Álvaro Jorge Alberto, todos  Pessoa Alcocer. El objeto de la transacción son dos bienes inmuebles hereditarios; el uno ubicado en Av. San Martín Nº N-0125 y el otro en calle 25 de Mayo Nº N-127, respecto de éste último en la transacción se deja constancia que pesa una reserva de usufructo del 50 % en favor de la hermana Haydee Isaura Alcocer Guzmán.

Como se advierte de los antecedentes del proceso, el demandado Ruy Fernando Pessoa Alcocer, hoy recurrente, dedujo demanda reconvencional pidiendo la nulidad del acuerdo transaccional, la nulidad en la parte que le corresponde sobre la venta de un inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz, que consta en el testimonio Nº 1020 de 30 de noviembre de 2000, la división y partición de los bienes inmuebles, muebles y  que se les reconozca a cada heredero la cuota parte que les corresponde respecto al total de los alquileres percibidos por la demandante. Evidentemente, tanto la nulidad del acuerdo transaccional y de la venta del inmueble situado en la ciudad de Santa cruz, como las pretensiones de división y partición de bienes hereditarios inmuebles y muebles, incluido los alquileres no es posible sin la intervención de los suscribientes del acuerdo transaccional y de la venta, y menos es posible la división y partición de los bienes hereditarios aún cuando fuera solo de los bienes muebles (independientemente de su valor) y peor aún de los alquileres que se reclama, sin la intervención de todos los herederos y de la usufructuaria a la que se alude en la transacción.

Si bien es cierto que la reconvención se la dedujo también contra el coheredero Álvaro Jorge Alberto Pessoa Alcocer; sin embargo en mérito de las excepciones previas que éste opuso, mediante auto de fojas 71, se declaró “probada la excepción de incapacidad o impersonería del demandado Álvaro Jorge Alberto Pessoa Alcocer” y se dispuso que la acción prosiga entre la actora María Patricia y Ruy Fernando Pessoa Alcocer, respectivamente; es decir se excluyó del proceso al tercer coheredero, de manera tal que el proceso, en lo que atañe a las pretensiones de nulidad del acuerdo transaccional y la división de bienes hereditarios, incluido los alquileres, se sustanció y resolvió sin  la intervención de  Álvaro Jorge Alberto Pessoa Alcocer e inclusive sin la intervención de la usufructuaria Haydee Isaura Alcocer Guzmán, respecto de los alquileres, viciando el proceso de nulidad.

Finalmente, corresponde precisar, que, en cumplimiento al deber que le impone el artículo 3-1) del Código de Procedimiento Civil, el Juez a quo, antes de admitir la reconvención, debió verificar si era o no posible la dictación de una sentencia válida y efectiva respecto de las pretensiones deducidas en dicha demanda reconvencional, pues solo en tal caso hubiera sido posible la admisión de la reconvención. Por su parte el Tribunal ad quem, no obstante el evidente y trascendente defecto procesal advertido, ha omitido cumplir con su deber de saneamiento procesal que le imponía el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial (abrogada).

Dado que la pretensión reconvencional no se ha resuelto con la intervención efectiva de todos los herederos y beneficiarios, no queda más remedio que anular obrados.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde fallar conforme disponen los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR  TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 47 vuelta de obrados inclusive, es decir hasta la admisión de la demanda reconvencional, disponiendo que el Juez a quo procede de acuerdo a los fundamentos del presente fallo.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el Tribunal ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17- IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Primera Magistrada Relatora Dra. Ana Adela Quispe Cuba, de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Ante Mi Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria / Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón Nº 264/2014