SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 240

Sucre: 27 de Junio de 2014.

Expediente: O-22-09-S

Proceso: Divorcio

Partes: Antonio Justiniano Beltran c/ Esther Fernández Maninate

Distrito: Oruro

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1. El recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 208 a 210, interpuesto por Esther Fernández Maninate, contra el Auto de Vista Nº 32/2009 de 14 de marzo, cursante de fojas 202 a 204 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso ordinario de divorcio, seguido por Antonio Justiniano Beltrán contra Esther Fernández Maninate; la contestación de fojas 214 a 215, el auto de concesión del recurso a fojas 216, los antecedentes del proceso, y:

II. CONSIDERANDO:

2.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Que tramitada la causa, el Juez Cuarto de Familia de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia Nº 117/2008 de 24 de octubre, declarando probadas tanto la demanda principal, cursante a fojas 4 y vuelta y subsanada de fojas 7 a 9; como la demanda reconvencional que consta de fojas 21 a 22; ambas en lo que respecta al artículo 130 en su inciso 4) del Código de Familia; e improbadas la demanda reconvencional en lo que se refiere al inciso 1) del artículo 130 del Código de Familia, así como las excepciones de falta de acción y derecho.

En grado de apelación, interpuesta por Esther Fernández Maninate, de fojas 178 a 179 vuelta, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de Oruro, pronunció el Auto de Vista Nº 032/2009, confirmando parcialmente la sentencia apelada; esa resolución de segunda instancia, motivó que la demandante mediante memorial de fojas 208 a 210, interponga recurso de casación en el fondo y en la forma, bajo los siguientes argumentos:


III. CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.-

Recurso de casación en la forma:

a) La recurrente denunció que el Tribunal de alzada no tomó en cuenta que en la apelación, ella denunció que para pronunciar la Sentencia el Juez A quo no consideró “algunos aspectos reclamados por las partes oportunamente”, , acusando la Sentencia de falta de motivación, incompleta e inadecuada, en contravención de lo establecido por los artículos 90, 190 y 192 del Código adjetivo civil;

b) Que, en la Sentencia pronunciada por el Juez a quo, no se consideró la excepción de falta de acción y derecho planteada por el demandante principal, incumpliéndose de esta manera lo establecido en el artículo 192 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil.

Recurso de casación en el fondo:

1. Refiere que, el artículo 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil, establece cual es la forma y obligaciones que debe observar un juez a momento de dictar Sentencia, que en el presente caso se habría dejado expresa constancia de que se realizó una equivocada valoración de la prueba, infringiendo lo señalado en el artículo 397 del Código adjetivo civil y el 1330 del Código Civil.

2. Que, la demanda de divorcio que planteó Antonio Justiniano Beltrán, en su contra, se fundó en la causal señalada en el inciso 4) del artículo 130 del Código de Familia, la cual fue rechazada por ella en su momento. Existiendo contradicción se sujetó la causa a periodo de prueba, de lo cual se estableció la capacidad económica del demandante, sin que el mismo haya probado cuáles son sus necesidades económicas, motivo por el cual la asistencia debió ser incrementada en un monto mayor al establecido en el Auto de Vista impugnado, debido a que ella no tiene ningún otro ingreso.

3. Que, los motivos alegados en la demanda de divorcio, por el demandante, como fundamento para el mismo, ya fueron resueltos por ante el Juez Primero de Instrucción de Familia, habiendo suscrito ambas partes un acta de conciliación, por lo cual ya fueron resueltos; indicando que eso supone que no tendrían que haber sido valorados como prueba en el presente proceso.

4. En cuanto a las supuestas agresiones sufridas por el demandante en el mes de febrero de 2009, señala que esos hechos son de fecha posterior a la presentación de la demanda, y que esa circunstancia al igual que la prueba testifical, no fue debidamente valorada por el Juez de primera instancia, ni por el Tribunal de alzada, puesto que no habrían considerado que la fecha en la que sucedió la supuesta agresión era feriado, no coincidiendo, en razón de ello los hechos afirmados por los testigos del demandante.

5. Que los hechos invocados por el actor son inconsistentes e inclusive inexistentes, por lo que no ameritaba declararse probada la demanda de divorcio, ante la existencia de un acuerdo de conciliación efectuado ante un Juez Instructor de Familia.

Finalmente solicita se le conceda el recurso de casación planteado y deliberando en el fondo se dicte resolución casando el Auto de Vista impugnado o en su defecto se anule obrados debiendo dictarse una nueva Sentencia.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde efectuar las siguientes consideraciones al respecto:

En relación al inciso a), de las denuncias del recurso de casación en la forma; la recurrente señaló que el Tribunal de alzada, no tomó en cuenta su denuncia respecto a la falta de pronunciamiento por parte del Juez de instancia, sobre reclamos oportunos impetrados por ella en el desarrollo del proceso, resultando de ello la falta o incompleta motivación en la Sentencia, en supuesta contravención de lo establecido por los artículos 90, 190 y 192 del Código adjetivo civil, sin citar cuáles serían las mismas, lo cual impide a este Tribunal el poder dilucidar al respecto; ello en razón de desconocer cuáles los aspectos o circunstancias que el Tribunal no habría considerado en la motivación de su resolución. Puesto que cuando se denuncia la falta de motivación, pertinencia o congruencia en una resolución, se debe puntualizar sobre la observación a fin de posibilitar al Juzgador el emitir un fallo al respecto.

Con relación al inciso b), en la cual se cita la afirmación de la recurrente respecto a que el Juez de instancia en la Sentencia, no consideró la excepción de falta de acción y derecho planteada por el demandante principal, habiendo incumplido por ello el artículo 192 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil, lo cual no fue considerado por el Tribunal ad quem; cabe mencionar que dicho extremo no es evidente, puesto que el Tribunal de Apelación en el inciso 6) de su resolución dilucida en torno a la misma, efectuando las consideraciones respecto de lo pronunciado en la Sentencia. Por otra parte, habiendo sido presentada dicha excepción por Antonio Justiniano Beltrán, correspondía al mismo observar que la misma haya sido tomada en cuenta en el supuesto de no serlo, habiendo el mismo consentido en la conclusión que de ella manifiesta el Juez en su Sentencia.

Sobre el recurso de casación en el fondo:

Con relación al punto 1 de las denuncias, la recurrente refiere que, el artículo 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil, establece cual es la forma y obligaciones que debe observar un juez a momento de dictar Sentencia, en el presente caso se dejó expresa constancia de que se realizó una equivocada valoración de la prueba, infringiendo lo señalado en el artículo 397 del Código adjetivo civil y el 1330 del Código Civil, sin señalar cual la prueba que fue defectuosamente valorada, o no considerada por el Tribunal ad quem.

Habida cuenta que por mandato del inciso 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, en el caso de que en el recurso de casación en el fondo se formulen denuncias relacionadas con la valoración de la prueba, es obligación de la recurrente precisar si los juzgadores de instancia incurrieron en errores de hecho o en errores de derecho, única situación en la que se abre la competencia de este Tribunal para verificar el análisis efectuado tanto por el Juez a quo como por el Tribunal ad quem en relación al elenco probatorio y las decisiones asumidas, circunstancias que no concurrieron en el reclamo efectuado por la recurrente, dado que la misma presenta recurso de casación, argumentando el incumplimiento del artículo 397 del Código adjetivo civil y el 1330 del Código Civil por parte del Tribunal de alzada, sin señalar a qué pruebas hace referencia y si los errores de los de instancia fueron de hecho o derecho, razón por la cual este Tribunal, no ingresa a considerar este punto.

Respecto a la denuncia señalada en el punto 2, de que en el proceso se habría establecido la capacidad económica del demandante, sin que el mismo haya probado cuáles son sus necesidades económicas, por lo cual la asistencia debió ser incrementada en un monto mayor al establecido en el Auto de Vista impugnado, cabe señalar que el Tribunal de alzada en consideración al contenido del recurso de apelación interpuesto por la hoy recurrente, modificó el monto de la asistencia familiar, habiendo respondido de esa forma a sus solicitudes, no pudiendo considerarse dicho extremo para dilucidarse por este Tribunal casacional habida cuenta de que, conforme lo establece el artículo 28 del Código de Familia, concordante con los artículos 21 y 148 del mismo cuerpo legal, las resoluciones sobre asistencia familiar no causan estado, por cuanto la reducción, aumento o exoneración de la misma procede en cualquier tiempo, dependiendo de las circunstancias en que se encuentren los beneficiarios y obligados. Consecuentemente toda resolución relativa a la asistencia familiar al no tener  carácter definitivo son revisables en cualquier momento por el juez de la causa, cuando las circunstancias así lo justifiquen,  de ahí que toda resolución que recaiga sobre asistencia familiar sea que derive de un proceso de divorcio o de manera independiente,  solo son susceptibles de recurrirse en apelación sin recurso ulterior dada  la naturaleza provisional o transitoria de la decisión.

En consecuencia, la denuncia respecto al monto establecido por el Tribunal ad quem como asistencia familiar, suma que a criterio de la recurrente no es satisfactorio, no se encuentra dentro de las resoluciones contra las cuales procede el recurso de casación, las cuales están señaladas en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, no pudiendo dilucidarse al respecto.

En cuanto al argumento expresado en la denuncia referida en el punto 3, respecto a que los hechos objeto de conciliación, que efectuaron en ocasión anterior, no debieron ser valorados en el proceso de divorcio, puesto que los mismos ya fueron resueltos; se evidencia que el Tribunal ad quem en conocimiento de la apelación ya efectuó las consideraciones en torno a ese aspecto, las mismas que se ajustan a lo establecido en el Código de Familia sobre el divorcio y sus emergencias.

Así a manera de ilustración, es preciso recordar lo establecido por el artículo 138 del Código de Familia que señala: “En caso de concordia, el cónyuge demandante puede iniciar nueva acción por causas sobrevinientes o descubiertas después de la reconciliación y hacer uso de las anteriores para apoyarla”. Norma que establece un razonamiento respecto a la apreciación que se puede efectuar de los hechos que sirven de argumento para el divorcio; entendimiento conforme al cual los jueces de instancia valoraron el acuerdo de conciliación que anterior al proceso presente, suscribieron las partes en controversia.

Con relación al punto 4, de las supuestas agresiones sufridas por el demandante en el mes de febrero de 2009, las cuales la recurrente señala como posteriores a la presentación de la demanda de divorcio, y la prueba testifical, que señala como valoradas de forma no debida por los juzgadores de primera y segunda instancia, dado que el día en que sucedió la supuesta agresión era feriado.

Así, revisados los antecedentes del proceso, consta que la Sentencia pronunciada por el Juez a quo contiene una valoración integral de los elementos introducidos como prueba al fin de ambas partes. Puesto que el juzgador en su sano criterio y sin desmarcarse de lo establecido por la norma a fallado de la forma en que señala su resolución, luego de un análisis de todos los antecedentes aportados en la problemática planteada, habiendo motivado su resolución al respecto, considerando todos los hechos como parte de un todo complejo y de forma excesivamente individual, puesto que la decisión no se basa en un único fundamento.

De la misma forma el Tribunal de alzada en su resolución hace las consideraciones de todos los aspectos contenidos en el proceso y en el recurso de apelación, velando por que la norma no haya sido quebrantada ni inobservada, estableciendo de forma pertinente el por qué de su decisión.

Finalmente, respecto a la denuncia plasmada en el punto 5, que señala que los hechos invocados por el actor son inconsistentes e inclusive inexistentes, por lo que no ameritaba declararse probada la demanda de divorcio, ante la existencia de un acuerdo de conciliación efectuado ante un Juez Instructor de Familia; no es posible referirnos a los mismos puesto que la recurrente no ha señalado de forma puntual a cuáles supuestos hechos inconsistente o inexistentes se refiere. Sin embargo, cabe mencionar que en lo que concierne al acuerdo de conciliación, en el desarrollo del punto 3 de los fundamentos de este fallo se ha ilustrado al respecto.

En ese entendido, no se ha observado que el Tribunal de Alzada haya obrado con error o al margen de lo dispuesto por ley al aplicar las normas al caso concreto, habiendo ceñido su determinación a lo establecido, conforme la prudencia lo señala, sin vulnerar los derechos de las partes.



IV. POR TANTO

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 271 inciso 2) Código Adjetivo Civil, declarando INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma, de fojas 297 a 300 vuelta. Con costas.

4.2 Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs. 1500.-, que mandará hacer efectivo el Juez A quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Javier Medardo Serrano Llanos

Ante Mi Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria/Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón Nº 240/2014