SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 233

Sucre: 20 de Junio de 2014.

Expediente: CH-21-09-S

Proceso: Entrega de Bien Inmueble

Partes. Felix Arnez Rodriguez c/ Nicolasa Solis y otras

Distrito: Chuquisaca

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani               

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Telmo Javier Valda Tardio, en representación de Nicolasa Solís y María Jhiraldy Arnez Solís, Helen Lisbeth Arnez Solís, de fojas 400 a 407, contra el Auto de Vista Nº 74 de 13 de marzo de 2009, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario sobre entrega de bien inmueble, seguido por Félix Arnez Rodríguez en contra de los recurrentes, los antecedentes y;

II.CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 347 a 350 vuelta de obrados, pronunciado por  el Juez de Partido y Sentencia de las provincias Tomina y Belisario Boeto del Departamento de Chuquisaca, se declaró probada la demanda de fojas 15 a 16, e improbada la demanda reconvencional y excepciones perentorias de fojas 76 a 81, sin costas, y en consecuencia dispuso la entrega del inmueble sito en calle 6 de agosto s/n de la localidad de Villa Serrano de parte de Nicolasa Solis, Helen Lizbeth y María Jhiraldy Arnez Solís, a Félix Arnez Rodríguez, en el plazo de 60 días de ejecutoriada la sentencia, bajo apercibimiento en caso de resistencia. 

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior  de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº 74 de 13 de marzo de 2009, se confirmó la sentencia apelada.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 400 a 407, Telmo Javier Valda Tardio, en representación de Nicolasa Solís y María Jhiraldy Arnez Solís, Helen Lisbeth Arnez Solís, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, que a continuación se compendia.

III.CONSIDERANDO :

3.1. Recurso de Casación.- En el recurso de casación en la forma se formulan las siguientes denuncias:

Denuncia la violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil. Alega que se ha incurrido en error improcedendo en razón a que su solicitud de apertura de término de prueba en segunda instancia ha sido denegada mediante una providencia  de fojas 382, la cual ha sido emitida por uno solo de los vocales de Sala cuando lo correcto era que la Sala en pleno se pronuncie sobre ese extremo. Añade que el Tribunal ad quem no habría dado cabal aplicación al artículo 232 del Código de Procedimiento Civil y alega que la conducta del Tribunal ad quem se encuadra en lo previsto por el artículo 254-7) del Código de Procedimiento Civil, e invoca la aplicación de los artículos 252 y 90 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 15 de la  Ley de Organización Judicial.

En el recurso de casación en el fondo, se formulan las siguientes denuncias:

Denuncia  la interpretación errónea y la aplicación indebida del artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, alegando que la documental de fojas 8 a 13 no debió haber sido valorado ni tomado en cuenta por el Tribunal de alzada, ya que el actor de la presente causa no era parte en aquel proceso de usucapión que se siguió contra personas desconocidas y por lo mismo la referida sentencia ejecutoriada no puede probar nada en su favor. Añade que el Tribunal ad quem ha incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba al sostener que el actor demostró derecho propietario cuando en la fecha de la interposición de la demanda, el indicado señor no ostentaba derecho propietario alguno a su favor con relación al inmueble objeto de la Litis.

Cuestiona la conclusión del Tribunal ad quem en sentido de que las demandadas no hubieran probado su interés legítimo para demandar la nulidad del documento de fojas 4 a 7, alegando que como esta previsto en el artículo 551 del Código Civil, los actos viciados de nulidad absoluta pueden ser demandados por cualquier persona, y que ellos han probado su interés legítimo porque están siendo demandados por la entrega del inmueble. Añaden  que han aplicado e interpretado erróneamente lo regulado por el artículo 614-1) del Código Civil al  atribuirle legitimidad al actor y declarar improbada su excepción de falta de acción y derecho y se pregunta cómo podía el señor Félix Arnés demandar la entrega de inmueble de un bien del cual no es su propietario.

Denuncia error de hecho y error de derecho en la valoración de la prueba de cargo y descargo, alegando que el Tribunal ad quem omite considerar los agravios esgrimidos en la apelación, no revisa las pruebas  y no constata los errores en los que ha incurrido el juez de primera instancia al valorar la prueba documental de cargo y la documental y testifical de descargo, pues se ha probado que están en posesión del inmueble por más de 10 años, que han realizado construcciones en el mismo, que su posesión ha sido pública, pacífica y continuada; haciendo referencia a las fotografías de fojas 28 a 31; a los formularios de pago de impuestos de fojas 32 a 37, 38; facturas emitidas por CESSA de fojas 42 y  43; recibo de fojas 44; recibo de agua COSAPAL de fojas 45; certificaciones de fojas 46 a 47; documento privado sobre construcción de inmueble de fojas 48 a 50; contrato de arrendamiento de terreno de fojas 52; contratos de trabajo de albañil de fojas 52 a 58; certificado médico de fojas 59 a 60; medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas de documentos suscritos desde el año 1987 a 2004 de fojas 61 a 68; fotocopia legalizada de resolución de fojas 75 y prueba documental de fojas 200 a 230. Afirma que con esa prueba y la declaraciones testificales de descargo se ha demostrado las construcciones y mejoras realizadas en el inmueble; que se encuentran en posesión, que lo poseen por medio de su inquilina y que al no haber extraído de esa prueba lo que verdaderamente acredita, darle otro sentido o en definitiva al omitir su contenido se han conculcado los artículos 397, 476 y 427 del Procedimiento Civil y al artículo 1334 del Código Civil. Reiteran que la documental de fojas 8 a 13 no debió haber sido valorada ni tomada en cuenta por el Tribunal de alzada por lo que la cosa juzgada no le aprovecha en nada al señor Félix Arnez y al darle valor legal y apreciar incorrectamente este medio de prueba denuncia que se ha incurrido en error de derecho.

Que no es posible condenar en costas en ambas instancias porque se trata de un proceso doble.

Finalmente piden que se anule el auto de vista recurrido o alternativamente se case el auto de vista recurrido.

3.2. Contestación al Recurso de Casación.- Mediante escrito de fojas 411 a 413, Félix Arnés Rodríguez, contesta al recurso de casación, alegando que no es cierto que el Tribunal ad quem haya violado el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, por que dicha norma no prevé de forma categoría que la negativa o aceptación de la apertura del término de prueba tiene que ser firmada por todos los vocales que conforman la Sala; añade que la facultad para abrir termino de prueba es potestativa.

En cuanto al recurso de casación en el fondo, alegan que las recurrentes no cumplen con los requisitos previstos por el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil; que las Autoridades recurridas no ha interpretado ninguna ley al dictar el Auto de Vista porque las autoridades jurisdiccionales no tienen capacidad de interpretación y que solo lo hace el congreso nacional y/o el Tribunal Constitucional y que no es cierto que hayan aplicado erróneamente el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil y que la valoración efectuada por el Juez a quo es incensurable en casación. En cuanto al artículo 326 del Código de Procedimiento Civil, señala que debe declararse improcedente; alega también que no hay error en la valoración de la prueba. Finalmente pide que el recurso sea declarado improcedente.

3.3. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde referirnos en primer término al recurso de casación en la forma, pues en caso de estimar dicho recurso, ya no corresponderá pronunciamiento en torno al recurso de casación en el fondo.

Con relación al recurso de casación en la forma.- El apoderado de las recurrentes pretende que se anule obrados porque su pedido de apertura de término de prueba fue proveído por el vocal semanero y no por la Sala en pleno.

Que, por disposición del artículo 106-I del Código Procesal Civil, vigente por mandato de la disposición Transitoria Segunda, numeral 4 Ídem, en cualquier estado del proceso puede declararse de oficio o a pedido de parte la nulidad de obrados, cuando la ley lo califique expresamente.

Por mandato del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, las partes pueden pedir la apertura de término de prueba en segunda instancia, dentro del plazo de 5 días computados desde la radicatoria. Por su parte el artículo 233 de dicha norma procedimental, prevé la facultad potestativa del juez o Tribunal para abrir el término de prueba en segunda instancia y consigna los casos en lo que es posible dicha apertura.

Por su parte el artículo 113 de la Ley de Organización Judicial regula las atribuciones del vocal semanero de las Salas especializadas de las entonces Cortes Superiores de Distrito, en cuyo numeral 1 remite a lo dispuesto por el artículo 69 Ídem. El numeral 1 de ésta norma legal consigna la atribución de dictar diariamente y durante una semana los decretos de mera sustanciación.

Ahora bien como resulta evidente, la decisión en torno a la apertura de término de prueba en segunda instancia, no es una  cuestión de mera sustanciación, por lo que la decisión en torno a ese aspecto, evidentemente excede a las facultades conferidas al vocal semanero. Consiguientemente, ninguna norma del Código de Procedimiento Civil ni de la Ley de Organización Judicial (abrogada) le otorgaba facultad al Vocal Semanero para expedirse sobre el pedido de apertura de término probatorio en segunda instancia, pues dicha determinación no se encontraba contenida en ninguno de los casos a los que se refería los artículos 113 y 69 de la Ley de Organización Judicial, de lo cual resulta que el vocal semanero ha obrado sin competencia al emitir el decreto de fojas 382, viciando su acto de nulidad conforme dispone el artículo 122 de la Constitución Política del Estado y el artículo 30 de la repetida Ley de Organización Judicial (abrogada). Se trata de un defecto trascendente porque afecta el derecho de defensa, en cuyo mérito corresponde resolver en la forma prevista por los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

Habiéndose dado mérito al recurso de casación en la forma ya no corresponde pronunciamiento en torno al recurso de casación en el fondo.

IV. POR  TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 382 inclusive, disponiendo que el Tribunal ad quem proceda conforme a los fundamentos de este fallo.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el Tribunal ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17- IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.                                                             

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Ante Mi Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria / Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón Nº 233/2014