SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 232

Sucre: 20 de Junio de 2014.

Expediente:        LP-43-09-S

Proceso. Mejor Derecho Propietario y otros

Partes. Freddy Sejas Lazo c/ Mario Narvaez Espejo y otra

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani                                  

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación, interpuesto por Mario Narváez Espejo y Rosario Marras de Narváez, cursante de fojas 371 a 373 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 283 de 19 de diciembre de 2008, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, en el proceso ordinario doble sobre mejor derecho propietario y pago de daños y perjuicios, seguido por Freddy Sejas Lazo, en contra de los recurrentes, la contestación, los antecedentes y;


II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 338 a 343 vuelta de obrados, pronunciado por el  Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, se declaró probada en parte la demanda de fojas 55 a 58, sobre mejor derecho propietario e improbada  en todas sus partes la demanda reconvencional de fojas 96 a 99, y declara el mejor derecho de propiedad del actor, sobre el inmueble de 1887,88 Mts.2 ubicado en la región de Alto Huayra Pata, ex fundo Calacoto Alto, sin lugar a la cancelación del folio real Nº 2.01.1.01.0004055, sin lugar a daños y perjuicios, sin costas.    

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, por Auto de Vista Nº 283 de 19 de diciembre de 2008, de fojas 367 a 368 vuelta, se confirmó la sentencia apelada, con costas. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 371 a 373 vuelta, Mario Narváez Espejo y Rosario Marras de Narváez, interpuso recurso de casación, que se compendia a continuación.


III. CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- El recurrente, en su recurso de casación efectúa la siguiente denuncia:

Se denuncia que el Auto de Vista impugnado habría sido dictado fuera de plazo, alegando que fue pronunciado a los 95 días del decreto de autos y que se halla en total infracción al artículo 204 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil.

Denuncia que no se ha revisado con sindéresis jurídica los antecedentes probatorios y que se les ha despojado del derecho adquirido legalmente sin contemplar fechas de prelación. Se queja porque no se ha examinado cuidadosamente los antecedentes y la prueba cursante en el expediente.

Denuncia la infracción de los artículos  204, 376, 377, 379, 380, 398, 399, 403, 427, 430, 444 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; y la infracción de los artículos 1538 incisos I), II) y III); 1540- Inc. I, 1542 , 1546, 1547 y 1548 del Código vigente. Pide que se anule el Auto de vista o en su caso se case el Auto de Vista impugnado y que se dicte una resolución definitiva y legal como corresponde en derecho.

Da cuenta del antecedente dominial refiriendo que Hipólito Machaca fue dotado  con una extensión de 14.000 metros; que dicha extensión fue vendiendo a diferentes adquirentes y que cedió a favor de sus nietas Josefa y Martha Machaca la extensión de 3.000 Mts. y que ellos adquirieron el sobrante de esos terrenos en fecha 12 de febrero de 2004.  Alega que en  la cesión efectuada a sus nietas, no existe determinación del lugar ni de los límites, limitándose a señalar que los límites y colindancias se hallan claramente especificados en el correspondiente plano de propiedad, y que no existe dicho plano. Y que este documento sobre cuya base se reconoce el derecho propietario a favor de Freddy Sejas está en contradicción con la escritura de transferencia del lote de terreno con la extensión superficial de 1.490 Mts.2 que constituye el último saldo que le quedaba a Hipólito Machaca. Da cuenta que su transferencia tiene colindancias al sur con la propiedad de Jorge Condori, al Norte con la propiedad de Tomás Condori, al Este con el terreno de pastoreo y al oeste con el lote de Francisco Poma; que la trasferencia  a favor de Freddy Sejas es de fecha 21 de julio de 2004, o sea 5 meses después de que ellos adquirieron los 1490 Mts.2

Añade que siete meses después de estar en posesión, aparece Sejas con un tractor y con un grupo de secuaces y les despojan.

Afirma que la documentación presentada por Freddy Sejas, que cursa de fojas 2 a 55,  corresponde a una data posterior a su derecho de propiedad adquirido y que ahí se ha infringido los artículos 1540, 1546, 1547 y demás artículos del Código Civil, ignorándose el derecho de prelación, el derecho de propiedad que debe subsistir y acusa la infracción del artículo 22 de la Constitución Política del Estado.

Reiteran que se hallaban en posesión del lote de terreno comprado directamente de Hipólito Machaca el saldo al que se refiere el certificado de Derechos Reales de fojas 316 Vlta., desde el 12 de febrero de 204, conforme la escritura de fojas 75 a 76 y que han presentado prueba que no ha sido tomada en cuenta como pagos de impuestos a la Alcaldía Municipal de La Paz, plano de lote de terreno de fojas 78, certificados, etc , reitera que Freddy Sejas adquiere de las hermanas machaca 3.000 Mts.2 sin saber dónde y por sí y ante si elige el lote que más le conviene; luego reitera fueron objeto de desposesión y concluyen preguntándose como se explica que la renuncia que hacen las hermanas Machaca vendedoras en 1997 y Freddy Sejas comprador el año 2004 de más de 1200 metros cuadrados.  También se pregunta si es legal que en fecha 8 de septiembre de 2004, Freddy Sejas y las hermanas Machaca, entre ambas partes coludidas recien pretenden establecer coordenadas de partida geodésica y señalan la ubicación que les conviene en el terreno que les hubo vendido Hipólito Machaca.

Finalmente da cuenta que Freddy Sejas se hizo designar presidente de una junta de vecinos, carente de personería y que desde entonces domina la situación habiéndoles despojado de sus terrenos y que un simple examen desinteresado de fechas y datas del proceso merece otra definición.

3.2.- Contestación al Recurso de Casación.- Mediante escrito de fojas 375 a 382 de obrados, Freddy Sejas Lazo, contesta al recurso de casación, pidiendo que sea declarado infundado, con costas.

3.3. Fundamentos del Fallo.-  En primer término es necesario referirnos al criterio que esta Sala ha adoptado en torno al juicio de procedencia del recurso de casación.

En el marco del nuevo orden constitucional, el rol de los jueces en el resguardo y respeto de tales derechos fundamentales, es aún más activo, pero también es no ritualista ni rigorista, de tal manera que abandonando la concepción formalista, debe asumir una concepción informalista, pues por mandato del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, la jurisdicción ordinaria se fundamenta, en los principios gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.

El nuevo orden constituciónal, consiguientemente, compele a los jueces y Tribunales a buscar la efectivización de la tutela judicial efectiva y la búsqueda de la verdad material, pues entre las garantías que el Estado Plurinacional otorga a los justiciables, se encuentra precisamente la tutela judicial efectiva, a la que se refiere el artículo 115-I) de la Constitución Política del Estado, que dispone: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, y que también se los reconoce en los Instrumentos internacionales, tales como el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Siguiendo un orden lógico y cronológico, en cuanto al contenido de la tutela judicial efectiva,  la doctrina reconoce que la tutela judicial efectiva comprende el derecho al acceso a la jurisdicción, el derecho a obtener una decisión sobre el fondo del asunto y el derecho a la ejecución de lo resuelto.

En cuanto al derecho al acceso a la jurisdicción, implica el deber de los jueces de posibilitar el acceso al juicio tanto en su primera instancia como a  los recursos  previstos en la ley, y de interpretar con amplitud las normas procesales respecto a la legitimación. El derecho a la obtención de un pronunciamiento del fondo del asunto implica que la decisión sea motivada y fundada, congruente y justa. Finalmente el derecho a la ejecución implica el cumplimiento efectivo del fallo.

Ahora bien, ciertamente es la propia ley la que le impone al justiciable el cumplimiento de requisitos para que su pretensión sea admisible y en consecuencia sea posible el pronunciamiento sobre el fondo del asunto. En mérito al principio de legalidad no sería posible que el juzgador soslaye la verificación de tales requisitos de admisibilidad; empero en merito a la garantía de la tutela judicial efectiva y al principio de verdad material, el juzgador, en la  interpretación de las normas procesales relativas a los requisitos de admisibilidad o procedencia de la pretensión, debe conducirse  con criterio restrictivo, lo cual implica que no debe exigir requisitos no consignados expresamente en la norma, ni que el cumplimiento de los mismos tenga lugar bajo cierta esquematización o modelo; el Juez o Tribunal está en deber de desentrañar los hechos y las peticiones consignados en los actos de petición de parte, que pueden encontrarse dispersos o implícitamente consignados, conforme lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, con relación al recurso de casación, en la SCP Nº 2250/2012, entre otras, respecto al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, pues, la parte, en su búsqueda de justicia material, no puede correr con las consecuencias de la impericia de su causídico, por una mala formulación del recurso, ya que como se señala en la SCP Nº 0457/2014, 25 de febrero de 2014 “…éste simplemente cumple funciones de asesoramiento y no es el titular de los derechos o intereses en juego, por lo que no sufre detrimento alguno, sino únicamente el justiciable, quien inclusive de manera irremediable podría verse afectado en sus derechos e intereses, si tanto jueces y tribunales, no asumen un rol más activista en su noble labor de impartir justicia, prescindiendo de ritualismos y formalismos innecesarios”.  Sin embargo es menester aclarar que en la verificación de los requisitos de admisibilidad dentro del marco del enfoque informalista, no debe desconocerse la vigencia de otros principios reconocidos también por la propia constitución y las normas procesales de desarrollo, como son el principio dispositivo y en consecuencia el de congruencia.

Dicho lo anterior, corresponde examinar el recurso de la siguiente manera:

En cuanto a que el Auto de Vista hubiera sido emitido fuera de plazo.- El párrafo III del artículo 204 del Código de Procedimiento Civil, dispone “Los autos de vista y los de casación se pronunciarán dentro del plazo de treinta días, computables desde la fecha en que se sorteare el expediente.

En el caso en examen el sorteo se ha producido el 11 de diciembre de 2008, tal como consta a fojas 366 vuelta, y el Auto de Vista impugnado ha sido emitido en fecha 19 de diciembre de 2008; es decir dentro del plazo de los 30 días que refiere el párrafo III del artículo 204 del Código de Procedimiento Civil, de lo cual resulta que no es cierto que dicha resolución haya sido emitida fuera de plazo legal, pues incurren en graso error los recurrentes al pretender que el plazo para dictar el Auto de Vista se compute desde el decreto de autos y que la resolución tenga que emitirse en el plazo de 40 días; pues olvidan que la previsión contenida en el inciso 1) del párrafo I  del artículo 204 del Código de Procedimiento Civil, al que aluden, se refiere al plazo fijado para la emisión de la sentencia y no al Auto de Vista. Consiguientemente dicha denuncia es infundada.

En cuanto a la denuncia sobre la valoración de la prueba y la vulneración de los artículos 376, 377, 379, 380, 398, 399, 403, 427, 430, 444 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.- Por regla general, la definición de los hechos de la causa, que implica la apreciación de la prueba producida en la  tramitación de la causa, es atribución exclusiva de los jueces de instancia, la cual es incensurable en casación; de manera tal que solo por vía de excepción es posible la revisión de la apreciación probatoria cuando se denuncia error de derecho o error de hecho en su apreciación, cumpliendo los requisitos que impone el artículo 253-3) del Código de Procedimiento Civil.

La actividad valorativa del juez se efectúa en dos fases; la primera de contemplación objetiva o material de la prueba; y la segunda llamada fase de contemplación jurídica de la prueba. Los errores de valoración en los que incurre el juez en la primera fase son los errores de hecho; en cambio los errores de derecho corresponden a la segunda fase de valoración. Estos errores de valoración probatoria son formas indirectas de la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las normas sustantivas que han servido de fundamento en los fallos de instancia.

El error de hecho en la apreciación de la prueba puede presentante en tres modalidades: Por preterición, que tiene lugar cuando se ha omitido apreciar una o varias pruebas incorporadas válidamente al proceso; por suposición, que se presenta cuando se da por existente una prueba que no cursa dentro del expediente o da por probado un hecho sin respaldo probatorio; y por distorsión o alteración del contenido, que se da cuándo se aprecia erróneamente el contenido de la prueba, dándole al medio un significado distinto o contrario al que éste indica, según señala el doctrinante Humberto Murcia Ballén (Recurso de Casación Civil). Para la consideración casacional, es necesario que el error de hecho se presente como manifiesto y trascendente; es decir que su individualización y prueba deben aflorar sin mayores esfuerzos raciocinios o elucubraciones, y por otro lado dicho error debe  constituir la causa por la cual se ha tomado decisiones contrarias a lo que dispone la norma sustantiva violada indirectamente; por ello, si la prueba admite dos o más interpretaciones que no sean contrarias a las reglas de la sana crítica, el error de hecho se descarta.

En cambio el error de derecho se presenta por infracción de una o varias normas probatorias referentes a la regulación en la admisión, producción, eficacia o valoración de la prueba; debe referirse necesariamente a la prueba que cursa en obrados y que fue valorada por el juez, pero que al valorarla el juzgador infringió las normas legales que regulan  su producción o su eficacia.

Dado que la verificación de los hechos en sede casacional es excepcional (pues, como se tiene dicho, es atribución exclusiva de los Jueces y Tribunales de instancia), la denuncia de error de apreciación de la prueba, requiere que el casacionista demuestre tanto el error de hecho como el error de derecho. En cuanto al error de hecho la denuncia debe concretar el tipo de error que se denuncia, explicando dónde se encuentra el desacierto y cómo debió ser apreciado por el Tribunal, poniendo en evidencia que sin ese error de manera inevitable lo resuelto hubiese sido diametralmente distinto. Respecto al error de derecho se debe  indicar cuáles son las normas de carácter probatorio que se han infringido, se debe explicar en qué consiste la infracción, y señalar además las normas de derecho sustancial que resultaron transgredidas indirectamente.

En el caso en examen, los recurrentes no acreditan la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación probatoria, que dicho sea de paso ni siquiera precisan la clase error que denuncian, las referencias a los antecedentes dominiales sobre su derecho de propiedad y las de su contraparte son insuficientes para acreditar el error; luego no precisa que incidencia tiene en la resolución de una pretensión de mejor derecho propietario el pago de impuestos; en cuanto al plano de fojas 78, corresponde señalar que no es verdad que no haya sido objeto de apreciación, pues en sentencia se sostiene que ese plano ubica en forma genérica el inmueble en la intersección de dos calles sin nombre y entre dos vecinos, que dicho documento no fue inscrito en Derechos Reales, y en la Dirección de catastro y que no cuenta con el visto bueno del Colegio de arquitectos de La Paz y que resulta inconducente para sustentar el mejor derecho de propiedad alegado; y los recurrentes no demuestran que esa valoración sea incorrecta. Consiguientemente no son ciertas las denuncias de vulneración de las normas procesales invocadas genéricamente.

En torno a la  infracción de los artículos 1540, 1546 y 1547 del Código Civil y el artículo 22 de la Constitución Política del Estado.- Los recurrentes alegan que estuviera probado que la documentación presentada por Freddy Sejas es de data y posterior enfecha a su derecho propietario adquirido y que se ha ignorado el principio de prelación de su derecho propietario. En la sentencia se ha establecido que la parte demandada, hoy recurrente, no  ha demostrado que exista identidad entre el inmueble consignado en su título de propiedad y el inmueble cuyo mejor derecho propietario se discute, y dado que esta conclusión probatoria no ha sido enervada en segunda instancia ni se ha demostrado error de valoración probatoria en torno a ese hecho, no existe posibilidad de vulneración indirecta de las normas sustantivas aludidas y la norma constitucional también denunciada, razón por la cual esta denuncia también deviene en infundada.

En torno a la vulneración de los artículos 1538 incisos I), II) y III), 1542, 1548 del Código Civil, los recurrentes  no explican ni siquiera implícitamente en que consistiría dicha vulneración  razón por la cual no es posible examinar el fondo de dicha denuncias.

En suma, no amerita acoger las denuncias formuladas por los recurrentes, por lo cual corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.


IV. POR  TANTO:

La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por  la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 371 a 373 vuelta, interpuesto por Mario Narváez Espejo y Rosario Marras de Narváez, cursante de fojas 371 a 373 vuelta, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500 que mandará a pagar el señor Juez a quo.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Ante Mi Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria / Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón Nº 232/2014