SALA  CIVIL  LIQUIDADORA


Auto Supremo: Nº 196

Sucre: 6 de Junio de 2014.

Expediente: LP-33-09-S

Proceso: Maltrato

Partes: Israel Luis Adolfo Duran Mejia c/ Norma Zuna Alvarez

Distrito: La Paz

Segunda Magistrada Relatora:        Dra. Elisa Sánchez Mamani       

I. VISTOS:

1.- EL recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Israel Luís Adolfo Durán Mejía, de fojas 171 a 172, contra el Auto de Vista Nº 292 de 23 de diciembre de 2008, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de La Paz, en el proceso sobre maltrato, seguido por el recurrente en contra de Norma Zuna Álvarez,  los antecedentes, y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.-Que, mediante Sentencia de fojas 128-A a 140, declara improbada la denuncia de fojas 2 a 4 de obrados sobre maltrato de la niña NDZ de un año y cinco meses de edad con relación a las circunstancias descritas en el artículo 109 numeral 1) del Código del Niño, Niña y Adolescente y en consecuencia dispone la restitución de la niña NDZ al hogar de la madre biológica Sra. Norma Zuna Álvarez, a quien se le otorgó la Guarda Legal, y ordenó la medida social preventiva de realización de informes de adaptación  y seguimientos al entorno familiar de Norma Zuna Álvarez, que deben ser enviados por 2 años y se regula el régimen de visita del padre de acuerdo a sus posibilidades de traslado a la ciudad de Cochabamba los días sábados, de 9 a 12 horas y ordenó que la defensoría de la Niñez y Adolescencia levante actas de la visitas para su remisión trimestral y finalmente efectuó recomendaciones a los padres.   

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, por Auto de Vista  Nº 292 de 23 de diciembre de 2008, de fojas 168 y vuelta, confirmó la Sentencia apelada.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 171 a 172,  Israel Luis Adolfo Durán Mejía, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, que se compendia a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- En el recurso de casación en la forma, se formulan las siguientes denuncias:

Que, se ha omitido en Sentencia el pronunciamiento respecto a las denuncias relativas a los incisos 6 y 7 del artículo 109, y que ha sido pedido expresamente en la apelación,  y se invoca el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

Luego observa que en el acta de la audiencia  preparatoria se dice que el Tribunal está compuesto por Consuelo Taborga Montan  y sin embargo figura la firma de la Dra. Jacquelin Rada.

Denuncia que el Juez de primera instancia ha realizado una apreciación e interpretación errónea de las normas legales precitados así como una valoración insuficiente y contradictorio, y se refiere a los informes técnicos emitidos por el equipo interdisciplinario del Juzgado.

En cuanto al recurso de casación en el fondo, formula las siguientes denuncias:

Denuncia que la Sentencia no tiene debida fundamentación; efectúa alegaciones sobre las razones  del porque la madre de su hija no debe quedar a cargo de ella, haciendo referencia al descuido de la demandada sobre el cuidado de su hija y a la atención que él le brinda, y afirma que la progenitora ha vulnerado el artículo 109 numeral I incisos 6) y 7) del Código del Niño Niña y Adolecente.

Finalmente reitera que interpone recurso de nulidad o casación.

3.2. Fundamentos del Fallo.- De principio corresponde efectuar las siguientes consideraciones en torno a juicio de procedencia del recurso de casación. En el marco del nuevo orden constitucional, el rol de los jueces en  resguardo y respeto de tales derechos fundamentales, es aún más activo, pero también es no ritualista ni rigorista, de tal manera que abandonando la concepción formalista, debe asumir una concepción informalista,  pues por mandato del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, la jurisdicción ordinaria se fundamenta, en los principios de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.

El nuevo orden constituciónal, consiguientemente, compele a los jueces y Tribunales a buscar la efectivización de la tutela judicial efectiva y la búsqueda de la verdad material, pues entre las garantías que el Estado Plurinacional otorga a los justiciables, se encuentra precisamente la tutela judicial efectiva, a la que se refiere el artículo 115-I) de la Constitución Política del Estado, que dispone: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, y que también se los reconoce en los Instrumentos internacionales, tales como el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Siguiendo un orden lógico y cronológico, en cuanto al contenido de la tutela judicial efectiva,  la doctrina reconoce que la tutela judicial efectiva comprende el derecho al acceso a la jurisdicción, el derecho a obtener una decisión sobre el fondo del asunto y el derecho a la ejecución de lo resuelto.

En cuanto al derecho al acceso a la jurisdicción, implica el deber de los jueces de posibilitar el acceso al juicio tanto en su primera instancia como a  los recursos  previstos en la ley, y de interpretar con amplitud las normas procesales respecto a la legitimación. El derecho a la obtención de un pronunciamiento del fondo del asunto implica que la decisión sea motivada y fundada, congruente y justa. Finalmente el derecho a la ejecución implica el cumplimiento efectivo del fallo.

Ahora bien, ciertamente es la propia ley la que le impone al justiciable el cumplimiento de requisitos para que su pretensión sea admisible y en consecuencia sea posible el pronunciamiento sobre el fondo del asunto. En mérito al principio de legalidad no sería posible que el juzgador soslaye la verificación de tales requisitos de admisibilidad; empero en merito a la garantía de la tutela judicial efectiva y al principio de verdad material, el juzgador, en la  interpretación de las normas procesales relativas a los requisitos de admisibilidad o procedencia de la pretensión, debe conducirse  con criterio restrictivo, lo cual implica que no debe exigir requisitos no consignados expresamente en la norma, ni que el cumplimiento de los mismos tenga lugar bajo cierta esquematización o modelo; el Juez o Tribunal está en el deber de desentrañar los hechos y las peticiones consignados en los actos de petición de parte, que pueden encontrarse dispersos o implícitamente consignados, conforme lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, con relación al recurso de casación, en la SCP Nº 2250/2012, entre otras, respecto al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, pues, la parte, en su búsqueda de justicia material, no puede correr con las consecuencias de la impericia de su causídico, por una mala formulación del recurso, ya que como se señala en la SCP Nº 0457/2014, 25 de febrero de 2014 “…éste simplemente cumple funciones de asesoramiento y no es el titular de los derechos o intereses en juego, por lo que no sufre detrimento alguno, sino únicamente el justiciable, quien inclusive de manera irremediable podría verse afectado en sus derechos e intereses, si tanto jueces y tribunales, no asumen un rol más activista en su noble labor de impartir justicia, prescindiendo de ritualismos y formalismos innecesarios”.  Sin embargo es menester aclarar que en la verificación de los requisitos de admisibilidad dentro del marco del enfoque informalista, no debe desconocerse la vigencia de otros principios reconocidos también por la propia constitución y las normas procesales de desarrollo, como son el principio dispositivo y en consecuencia el de congruencia.

Sobre el recurso de casación en la forma.- Por razón de método en primer lugar se examina el recurso de casación en la forma, pues en caso de estimarse dicho recurso, ya no corresponderá pronunciamiento en torno al recurso de casación en el fondo.

Dado que se alega violación al principio de congruencia, la omisión del artículo 236 y se invoca la causal prevista en el inciso 4) del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, corresponde efectuar las siguientes precisiones en torno a la congruencia.

El proceso civil boliviano se finca, entre otros en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a los hechos y las peticiones de las partes legitimadas formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a esos hechos, a esas peticiones y referirse a esas partes; esto es a lo que se le llama congruencia (factual, objetiva y subjetiva) y ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

En lo que atañe al fallo de segunda instancia, la congruencia implica la estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y el pronunciamiento del Tribunal de apelación, conforme lo tiene previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil. En segunda instancia se viola el principio de la congruencia, en cuanto elemento del debido proceso legal, cuando el Tribunal ad quem, omite  pronunciamiento expreso y exhaustivo sobre alguno de los agravios invocado por el apelante o cuando se excede en el pronunciamiento, ya sea otorgando más de lo pedido o fuera de lo pedido; en cuyo  caso la resolución se halla viciada de nulidad por la causal prevista en el artículo 254-4) y el efecto señalado en el artículo 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, en la demanda cursante de fojas 2 y 3, efectivamente se invoca el artículo 108, y las causales 1), 6) y 7) del artículo 109, ambos del Código del Niño, Niña y Adolescente. Si bien originalmente, en auto de admisión de fojas 5 se admitió la denuncia respecto de la causal contenida en el numeral 1 del artículo 109 del Código del Niño Niña y Adolescente; sin embargo por auto de fojas 6 vuelta, se complementa la admisión con relación a las causales contenidas en los numerales 6 y 7 del artículo 109 de la referida norma legal.

Ahora bien, en la apelación de fojas 149 a 154, efectivamente se reclama que en la Sentencia se incurrió en omisión de pronunciamiento con relación a las causales contenidas en los numerales 6 y 7 del artículo 109 del Código del Niño, Niña y Adolescente; empero en el Auto de Vista impugnado, el Tribunal ad quem, no se ha expedido en  torno a esa omisión de pronunciamiento reclamada, de lo cual resulta que efectivamente el Tribual ad quem ha  incurrido en la causal de nulidad contenida en el artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil, por violación al principio de congruencia  al que se refiere el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil. Se trata de un defecto trascendente, pues afecta a la tutela judicial efectiva, que no ha sido convalidado y que ha sido denunciado oportunamente, razón por la cual no queda más remedio que anular el fallo de segunda instancia.

Con relación al defecto de las actas de la audiencia preparatoria, una suspendida y la otra llevada a cabo; el defecto que alude el recurrente, no ha sido observado por este en su primera comparecencia posterior a dichas actas, razón por la cual las ha convalidado y por lo mismo ya no podía invocarlas posteriormente. A esto debe añadirse que dicho defecto no se encuentra sancionado con nulidad por norma expresa, razón por la cual esta denuncia es incogible.

Finalmente con relación a las denuncias de apreciación e interpretación errónea de las normas, se trata de una denuncia manifiestamente defectuosa pues no se explica ni siquiera implícitamente en que consiste tal apreciación e interpretación errónea.

En torno a la valoración de la prueba, corresponde señalar que el error de apreciación probatoria, que dicho sea de paso no está acreditado, no constituye causal de nulidad.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde fallar conforme disponen los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

Habiéndose estimado el recurso de casación en la forma, ya no corresponde pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo.

IV. POR  TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA llanamente el Auto de Vista de  fojas 168 y vuelta  de obrados inclusive, disponiendo que el Tribunal ad quem emita nuevo Auto de Vista de forma congruente y exhaustiva.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el Tribunal ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17- IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Primera Magistrada Relatora Dra. Ana Adela Quispe Cuba, de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Javier Medardo Serrano Llanos

Ante Mi Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria/Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón Nº 196/2014