SALA  CIVIL  LIQUIDADORA


Auto Supremo: Nº 194

Sucre:  4 de Junio de 2014.

Expediente: LP-12-09-S

Proceso: Resarcimiento de Daños y Perjuicios

Partes: Celia Muszinsky de la Fuente c/ Gobierno Municipal de la Paz

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba               

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 1687 a 1702 vuelta, interpuesto por Vladimir Gutiérrez Ramírez, en representación del Gobierno Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista Nº 399/2008 de 4 de octubre de 2008 de folios 1673 a 1678, y Auto complementario de fecha 31 de octubre de 2008 de fojas 1683, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario de Resarcimiento de Daños y Perjuicios, seguido por Celia Muszinsky de De La Fuente, contra el Gobierno Municipal de La Paz, la respuesta al recurso de fojas 1706 a 1709, el Auto que concedió el recurso de fojas 1712, Dictamen Fiscal de fojas 1716 a 1718, Auto Constitucional Plurinacional N° 0736/2013 y Auto Constitucional N°294/2013 los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DE PROCESO

Tramitada la causa el Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de la Paz, en observancia de las nulidades determinadas por el Auto Supremo Nº 219 de 11 de noviembre de 1998 de folios 1393 y 1393 vuelta, el Auto de Vista Nº 022/2001 de 10 de enero de 2001 de fojas 1434 y 1434 vuelta, y Auto Supremo Nº 329 de 22 de octubre de 2003 de folios 1542 a 1545, emitió la Sentencia de Nº 62/04 de 18 de febrero de 2004 de folios 1552 a 1554, declarando probada en parte la demanda de fojas 48 a 49 vuelta y en consecuencia condenó a la H. Alcaldía Municipal de la ciudad de La Paz, al pago de daño emergente en la suma de $us. 316.981,70 a favor de la actora Celia Muszinsky de De La Fuente, en el término de tercero día, con costas; sin lugar al pago por el lucro cesante, al no haberse demostrado su monto ni su existencia. Auto complementario de fecha 23 de abril de 2004 de fojas 1557 que resuelve no ha lugar la explicación solicitada por la entidad demandada.

En cumplimiento del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, dispuso que se eleve el expediente, en consulta la Sentencia emitida, ante la Corte Superior del Distrito Judicial, sin perjuicio que sea apelada.

Deducida la apelación por la entidad Municipal demandada, la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz emitió Auto de Vista Nº 399/2008 de 4 de octubre de 2008 de folios 1673 a 1678, complementado por Auto de fojas 1683, confirmó en parte la Sentencia impugnada, revocando en parte con relación a las costas determinando en su lugar sin costas.

Contra el referido Auto de Vista, el Gobierno Municipal de La Paz, representado por Vladimir Gutiérrez Ramírez, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma el mismo que se pasa a considerar en cumplimento Auto Constitucional Plurinacional N° 0736/2013 y Auto Constitucional N°294/2013.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION

Sobre el recurso de Casación en el fondo:

Acusa la errónea interpretación del artículo 984 del Código Civil, articulo 200 de la Constitución Política del Estado de 1967; y artículos 4 parágrafo II numerales 3) y 6); 8 parágrafo I numeral 10); 44 numeral 4) y otros de la Ley de Municipalidades Nº 2028, sustentando que el Auto de Vista confunde una relación inexistente de acreedor y deudor, siendo que la demanda basa su acción en los supuestos daños y perjuicios que se habían ocasionado con la dictación de la Resolución Municipal Nº 361 de 12 de septiembre de 1995 pronunciada por el H. Consejo Municipal de La Paz que dispuso la clausura del Salón Velatorio "La Pietá Monte Sacro", ubicado en el Pasaje Isaac Eduardo de la ciudad de La Paz, considerando que no se sujetaba al Reglamento de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento (USPA) y al Reglamento General de Cementerios, Casas Fúnebres y Velatorios. Resolución Municipal que constituye un acto administrativo emitido en ejercicio de la Autonomía Municipal consagrado en el artículo 200 de la Constitución Política del Estado de 1967, con relación a los artículos 4 parágrafo II numerales 3), y 6), 8 parágrafo I numeral 10), articulo 44 numeral 4) y otros de la Ley 2028, cuya aplicabilidad versa sobre la clausura del salón velatorio antes citado por lo que su validez es efectiva y que goza de presunción de legalidad.

Resolución Municipal, reúne en su formación, los elementos esenciales de existencia de los actos administrativos, que son la competencia, el objeto, la voluntad y la forma. Y en aplicabilidad de los artículos 76 y 77 del Reglamento General de Cementerios, Casas Fúnebres y Velatorios, aprobado por las Ordenanzas Municipales Nos. 89/90 HAM y HCM 77/90, estableció que el salón velatorio se encontraba ubicado a una distancia de un Centro Médico URME menor a la prevista en el reglamento. Por otro lado vulnero el reglamento de uso de suelos y patrones de asentamiento en razón del cambio de uso del patrón H3 a C1 como Salón Velatorio sin justificación alguna. Sustenta que la legitimidad y legalidad de la Resolución Municipal, jamás fue demandada, impugnada ni objetada, y que la demanda solo fundamenta que dicha norma municipal violó el art. 7 inciso d) de la Constitución Política del Estado (de 1967).

El Auto de Vista, establece como hecho generador de la relación obligacional, la clausura del referido Salón Velatorio, cuando no existe ni existió hecho generador que hubiese ocasionado daños y perjuicios, siendo que el Gobierno Municipal de La Paz, en el marco de sus competencias y aplicando sus propias disposiciones actuó dentro el marco de la ley, y al evidenciar que el referido Salón Velatorio no cumplía con los requisitos para su funcionamiento, dispuso su clausura en el marco de su propia competencia fiscalizadora. Acusa que el Auto de Vista pretende aplicar el artículo 984 del Código Civil cuando se realizó en cumplimiento de competencias propias del gobierno Municipal de La Paz, siendo que existe condiciones y requisitos para la otorgación de licencias de funcionamiento y en este caso ante el incumplimiento de disposiciones municipales se dictó la Resolución Municipal 361/95 como acto Administrativo actuándose en observancia a la ley.

Se condena al Gobierno Municipal de La Paz al pago de daños y perjuicios sin considerar que no existe declaración de acto o hecho ilícito respecto al hecho generador del supuesto daño ocasionado, porque no hay declaración judicial que establezca la ilicitud de la R.M. Nº 361/95, porque se actuó en la esfera del Derecho Administrativo y no del Derecho Civil. Por lo que al no haberse demandado la declaración judicial de nulidad, ilicitud o antijurídica de la Resolución Municipal 361/95  este acto jurídico es válido, sin embargo el Tribunal de alzada, ha obrado en sentido contrario.

Por otro lado se acusa que se incurrió en apreciación indebida de la prueba, porque el monto a ser resarcido, fue establecido en base a un informe pericial de folios 1442 a 1446 y 1447, propuesto indebidamente al amparo del artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, la cual no correspondía ser ofrecido como prueba de reciente obtención, porque se trata de un peritaje que recae sobre conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica, y que la misma no fue ofrecida oportunamente, no se estableció puntos de pericia, no existe juramento de aceptación, y además se presentó después de vencido el término probatorio, luego de las conclusiones, vulnerando los artículos 379,  430, 431, 432, 435, 436, 437, 438, y 441 del Código de Procedimiento Civil, incurriéndose en interpretación errónea del artículo 1286 del Código Civil.

Así también existe una mala valoración de pruebas aportadas por el Gobierno Municipal de la Paz y por la actora, porque no se consideraron los descargos presentados, como se apreciaron y consideraron documentos, contratos, recibos y comprobantes que no cumplen los requisitos de validez. Que se viola los artículos. 1311 y 1312 ambos del Código Civil, al valorar como prueba simples fotocopias y copias legalizadas por quien no es el tenedor de los originales, citando jurisprudencia.

La inexistencia del dictamen Fiscal de Fondo viola el artículo 127 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en infracción del artículo 192 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, porque no consta en la parte considerativa la exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, el análisis y una evaluación fundamentada de la prueba y las leyes en que se funda, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, no habiendo consideraciones fundadas solo repetición de fallos, sentencias, Autos de Vista y Autos Supremos anteriores, citando jurisprudencia.

Existe una interpretación errónea del artículo 180 del Código de Procedimiento Civil, siendo que esta normativa prohíbe la conciliación en entidades públicas, entre ella municipales y no puedo considerarse una presunta conciliación reconocida en el memorial de folios 1459 la cual esta anulada por el Auto Supremo 329 que anuló obrados hasta folios 1458.

Sobre el recurso de Casación en la forma:

Denuncia que la Sentencia de 1er grado fue emitida fuera del término previsto por el artículo 204-I inciso 1) del Código de Procedimiento Civil, porque consigna una fecha equivocada de emisión de la referida resolución de 18 de febrero de 2004, si bien, consta que ingresó el expediente a despacho el 23 de enero de 2004, esta salió el 20 de abril de 2004, aspectos verificados por el abogado defensor.   Esgrime que el Auto de Vista N° 389/2008, no está conforme a la demanda, habiendo fallado ultrapetita, en desconociendo de los artículos 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil, porque se establece como base para el pago de daños y perjuicios el cálculo desde el inicio de los trámites de funcionamiento hasta la integridad del proceso.

La Sentencia habría sido notificada a ambas partes en fecha 21 de abril de 2004, con diferencia de una hora, lo cual vulnera el artículo 220 I numeral 1) del Código Procedimiento Civil, porque debió notificarse primeramente la parte perdidosa, para que pueda formular su recurso de apelación, pudiendo incluso sacar el expediente y luego de vencido ese plazo recién notificarse a la otra parte, por lo que se vulneró el derecho a la defensa y los artículos 107-I numeral 1) y 220-I numeral 1), 90 y 251 del Código de Procedimiento Civil.

Solicitando en conclusión se case el Auto de Vista N° 399/2008 y deliberando en el fondo, se declare improbada en todas sus partes la demanda, con costas a la parte demandante, o alternativamente se anulen obrados hasta fs. 1551 vuelta, y se ordene que el proceso pase al Juez siguiente para que previo Dictamen Fiscal de fondo se emita nueva Sentencia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION

El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Tribunal de Casación “anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesen al orden público”, disposición legal que se relaciona con el artículo 90 del Adjetivo Civil, que otorga el carácter de orden público a las normas procesales y por lo tanto de cumplimiento obligatorio; asimismo, el artículo 106 del actual Código Procesal Civil, Ley N° 439 de fecha 19 de noviembre de 2013, previene en su parágrafo I que: “La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier estado del proceso, cuando la ley lo califique expresamente”, preceptiva puesta en vigencia por la disposición transitoria segunda numeral 4) del recién aprobado Adjetivo Civil, en el entendido, de que se hubieran vulnerado las garantías constitucionales de las partes o de una de ellas, o en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

De los antecedentes procesales podemos establecer que Celia Muszinsky de De La Fuente, interpone demanda de daños y perjuicios ocasionados, y lucro cesante, en contra del Gobierno Municipal de La Paz, sosteniendo que el dueño del hotel “Camino Real” se opuso al funcionamiento del Salón Velatorio y que moviendo influencias de manera abusiva, prepotente y arbitraria desconociendo autorizaciones de los departamentos y direcciones de la H. Alcaldía de La Paz consiguió se dicte Resolución Municipal Concejal N° 361/95 la cual dispone la clausura del “Salón Velatorio La Pieta” (La Pieta Monte Sacro) violando el inciso d) del artículo 7° de la Constitución Política del Estado, y en contra del D.S. 21060 ocasionándole graves perjuicios en su patrimonio y expectativas de futuras utilidades, sosteniendo que como daño emergente por los múltiples gastos realizados la disminución de su patrimonio alcanzarían aproximadamente $us. 140.000 y lucro cesante que ha dejado de obtener por la inversión $us. 2.000.000.   

De lo expuesto se infiere que la demanda es relativa a resarcimiento de daños que deviene de una responsabilidad que la misma atribuye al  Gobierno Municipal de La Paz; en tal situación es importante señalar que la pretensión deducida es imputable al ente edilicio por una supuesta responsabilidad en su conducta habiendo dictado la Resolución Municipal Concejal N° 361/95 la cual dispone la clausura del “Salón Velatorio La Pieta” (La Pieta Monte Sacro), por lo que corresponde establecer si la presente demanda de daños y perjuicios y lucro cesante correspondía o no ser tramitada en la vía ordinaria ante los Jueces de instancia en materia civil, toda vez que la misma tiene como antecedente inmediato una resolución de naturaleza administrativa.

La Administración Pública en sus distintos niveles (Nacional, Departamental, Municipal, etc.), se encuentra investida de la potestad administrativa, y es la encargada de la gestión pública, cuyo objetivo es la satisfacción de los intereses colectivos; en ejercicio de esa potestad asume decisiones que se materializan a través de los denominados actos administrativos, entendido este último como una declaración unilateral de la administración pública en cualquiera de sus niveles y que al emerger del ejercicio de una potestad administrativa, plasma decisiones que generan efectos o consecuencias jurídico-administrativas directas e inmediatas que se caracteriza por su ejecutoriedad para la consecución de los fines públicos perseguidos, siendo precisamente uno de esos actos dentro el nivel municipal, emitir Resolución Administrativas que impone la clausura de establecimientos comerciales, misma que se encuentra regida por el Derecho Administrativo y por lo tanto constituye un verdadero Acto Administrativo por excelencia.

Para el tratadista Hugo Caldera, "…el Acto Administrativo constituye una exteriorización unilateral de competencia por parte de un órgano administrativo en ejercicio de potestades jurídico-administrativas destinadas a alcanzar fines públicos encomendadas a éste órgano…",  opinión acorde con la vertida precedentemente y armonizable al ordenamiento jurídico boliviano.

Como se podrá advertir, el acto administrativo constituye una declaración unilateral de funcionario o autoridad pública de cualquiera de los niveles de la Administración Pública y que al emerger del ejercicio de una potestad administrativa plasma una decisión que genera efectos o consecuencias jurídico-administrativas directas e inmediatas, cuyas decisiones conforme a nuestro ordenamiento jurídico son impugnables primeramente en sede administrativa a través de los recurso correspondientes y posteriormente ante la instancia judicial a través de la vía contenciosa administrativa.

En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP. Nº 0371/2012 de 22 de junio de 2012, Punto III.1, al margen de exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la regulación y/o reglamentación precisa respecto al tratamiento de los procesos contenciosos administrativos, ha establecido también que dichos procesos no sólo son aplicables a los contratos y resoluciones del Órgano Ejecutivo, sino también a los actos administrativos de carácter particular de la administración pública.

La diferencia anotada, nos aproxima a un discernimiento sobre la jurisdicción encargada de dilucidar las controversias, o en este caso la responsabilidad emergente de las resoluciones administrativas; pues sería equivoco después de estudiar la naturaleza de éstos razonar en sentido de someterlos a la jurisdicción ordinaria civil, tribunales destinados a resolver las controversias de la relación entre particulares.

En cambio, es prudente señalar que la naturaleza de las resoluciones administrativas converge el interés público o colectivo, representado por la entidad de la Administración, no puede ser tomado a la ligera ya que los intereses públicos, son funciones esenciales del Estado, que garantizan el bienestar, el desarrollo, los derechos y valores de los ciudadanos que componen la sociedad organizada; en tal situación el sometimiento jurisdiccional debe ser especializado, en la jurisdicción contenciosa- administrativa.

La actual Constitución Política del Estado en su articulo 179 parágrafo I reconoce la jurisdicción especializada que debe ser regulada por ley, sin embargo aún no existe ésta regulación legal especializada sobre la jurisdicción contenciosa- administrativa, por lo que debemos remitirnos a lo establecido en el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, que dice: “I. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas- administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada, disposición normativa que dispone que la jurisdicción especializada contenciosa-administrativa (en sus procesos contenciosos y contencioso- administrativo) tiene como ente tutelar jurisdiccional a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Sin embargo tratándose de una resolución municipal, entre tanto no disponga lo contrario la ley especial que debe emitir la Asamblea Legislativa Plurinacional, la competencia le corresponde a los Tribunales Departamentales de Justicia, conforme al entendimiento establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 693/12 de  2 de agosto de 212, donde se dispone “Entonces para no dejar en indefensión al ciudadano frente al poder público y específicamente los actos administrativos independientemente a efectivizar la exhortación contenida en la SCP 0371/2012, debe entenderse que a efectos del resguardo de derechos, valores y principios constitucionales, y hasta mientras se desarrolle la legislación respectiva por el legislador ordinario los Tribunales Departamentales continúan teniendo la competencia para conocer el recurso contencioso administrativo en la materia.”

La misma norma fundamental estableció con absoluta claridad en su artículo 122 y la constitución abrogada en su artículo 32 que: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”, previsión que constituye una garantía jurisdiccional para el justiciable. En ese entender, no puede concebirse el trámite de procesos que tienen como base de sustento la controversia en una Resolución Municipal Concejal sea de conocimiento de un juez o tribunal ordinario civil, porque, más allá de faltar la competencia en éste juzgador, la jurisdicción que ejerce éste no emana de la ley ni la Constitución. Consentir esta situación es asumir una postura que va en contra de sistema jurisdiccional y desconocer las funciones propias de cada jurisdicción, que aunque en el anterior régimen constitucional si bien no era lo que no implica que no existiese.

En el marco del desarrollo argumentativo, es pertinente señalar que en la especie, como consecuencia de la labor fiscalizadora del Concejo Municipal emitió Resolución Municipal Concejal N° 361/95 la cual dispone la clausura del “Salón Velatorio La Pieta” (La Pieta Monte Sacro), frente a esa resolución Celia Muszinsky de De La Fuente no solicito la reconsideración de la clausura que sufrió su establecimiento comercial que no es otra cosa que una solicitud de revocatoria, la cual es un mecanismo idóneo para reclamar y poder revertir una resolución, conforme establecía en esa oportunidad la Ley Orgánica de Municipalidades de 10 de enero de 1985 vigente hasta la promulgación de la ley 2028 de 28 de octubre de 1999, la cual en su capítulo VII establecía el mecanismo de los recursos administrativos cuyo mecanismo la parte actora no acciono, por lo que no puede repararse dicha omisión mediante un acción civil, por la naturaleza de la resolución administrativa y pretensión que de ella deriva.

Todo aquel que provoca o infiere un daño a otro, está en la obligación de resarcirlo o indemnizarlo. Superada como está la noción de la irresponsabilidad del Estado, es hoy indudable que el Estado no está exento de la responsabilidad reparatoria patrimonial tanto por sus funciones legislativa, jurisdiccional y  por la función administrativa. En Bolivia la responsabilidad patrimonial del Estado y el consiguiente resarcimiento por los daños ocasionados a los administrados, se encontraba ya  consagrada en la Ley de Municipalidades de 1985, en cuyos artículos 116 y 117 se reconocía la responsabilidad del municipio por los daños ocasionados a los vecinos; del mismo modo el artículo 32º de la Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de los Sistemas de Administración, Fiscalización y Control, Gubernamentales, reconoce la responsabilidad de la Administración, al señalar que “la entidad estatal condenada judicialmente al pago de daños y perjuicios a favor de entidades públicas o de terceros, repetirá el pago contra la autoridad que resultare responsable de los actos o hechos que motivaron la sanción”. Finalmente la Constitución Política del Estado constitucionaliza la responsabilidad patrimonial del Estado, pues en su artículo 8 lo consagra como un valor sobre el que se sustenta el Estado, y de forma explícita en el artículo 113-II) de la Constitución Política del Estado, que en caso del que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, prevé la repetición contra la autoridad o funcionario público responsable.

Sin embargo la responsabilidad patrimonial del Estado por la función administrativa, no es materia de Derecho Civil sino de Derecho Público Administrativo, al ser el resultado de la relación del Estado en el ejercicio de sus potestades y  los particulares en su calidad de administrados.

En efecto, los fundamentos de la responsabilidad patrimonial del Estado (extracontractual) no estriba en el criterio de imputación tradicional basado en la responsabilidad subjetiva (dolo, culpa) que prevalece en el Derecho Civil, la responsabilidad patrimonial estatal se basa en la responsabilidad objetiva que reconoce como fundamentos de imputación en criterios como el riesgo creado y es por definición una institución de naturaleza administrativa.

La responsabilidad patrimonial estatal, por su naturaleza administrativa, no es de competencia de la jurisdicción civil, tanto más si el ordenamiento jurídico instituye el proceso contencioso administrativo, al que es factible acudir. Precisamente el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, dispone que “El proceso contencioso administrativo, procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado, y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el poder Ejecutivo reclamado expresamente del acto administrativo y agotando ante ese poder, todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado”. (Las negrillas son nuestras). La norma en examen abre la posibilidad del proceso contencioso administrativo en los casos en los cuales el administrado se creyere perjudicado en su derecho privado, es decir haya sufrido perjuicio patrimonial, tanto más si se señala a un acto administrativo como hecho generador de la responsabilidad, cuya valoración es de competencia exclusiva de la jurisdicción administrativa, conforme se infiere de lo dispuesto en el Artículo 5 de la Nº 2341 de Procedimiento Administrativo.

En consecuencia éste Tribunal Supremo de Justicia, por el razonamiento vertido, sin realizar consideraciones en torno al recurso planteado, en aplicación del artículo 122 de la Constitución Política del Estado y artículo 252 del Procedimiento Civil, emite resolución en la forma determinada por el artículo 271 numeral 3) del mismo cuerpo normativo.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, y en aplicación del artículo 122 de la Constitución Política del Estado y de los artículos 252 y 271 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, ANULA todo lo obrado sin reposición, debiendo la parte actora accionar su derecho ante el órgano jurisdiccional competente.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En aplicación del artículo 17 parágrafos IV de la Ley N° 025, notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria/Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón Nº 194/2014