SALA  CIVIL  LIQUIDADORA


Auto Supremo: Nº 170

Sucre: 7 de mayo de 2014.

Expediente: LP-31-09-S

Proceso: Restitución de Pago Indebido

Partes: Augusto Torrico Arguedas y otra c/ Freddy Butron Lopez y otro

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I.VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Saulo Camacho Jiménez, en representación de Freddy Butrón López y Cristina Espinoza Condori, de fojas 167 y vuelta contra el Auto de Vista Nº 491 de fecha 8 de diciembre de 2008, de fojas 163 a 164, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, en el proceso ordinario sobre restitución de pago indebido, seguido por Jorge Augusto Torrico Arguedas por sí y en representación de Miriam Jane Figueroa Aguirre  en contra de los  recurrentes, la contestación, los antecedentes y; 

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Mediante sentencia de fecha 23 de julio de 2008, cursante de fojas 147 a 149 vuelta de obrados, pronunciado por la Jueza de Partido Décima Primera en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, se declaró probada en parte la demanda de fojas 25 a 26, reiterada a fojas 54, 59 y subsanada a fojas 69, y se condenó a los demandados Freddy Butrón López y Cristina Espinoza Condori a efectuar la devolución de la suma de $us. 4.000, dentro de tercero día de ejecutoriado el fallo, más intereses legales a cuantificarse desde el día de la demanda, con costas, e improbada  respecto al pago de daños y perjuicios y fusión de las Escrituras Públicas Nos. 78/98 de 11 de mayo de 1998 y 120/98 de 22 de julio de 1998, suscrito ante la Notaria No. 011 a cargo del Dr. Gerardo Bacarreza Reguin.  

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, por Auto de Vista de fecha 8 de diciembre de 2008, se confirmó la sentencia apelada, con costas en ambas instancias. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 167 y vuelta, Saulo Camacho Jiménez, en representación Freddy Butrón López y Cristina Espinoza Condori, interpone recurso de casación en el fondo, que se compendia a continuación.

III.  CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- Se denuncia que en la sentencia y en el Auto de Vista se han violado los artículos 3, 90 y 397 del Código de Procedimiento Civil; que en el Auto de Vista se hace una interpretación errónea de la realidad fáctica comparado con la ley, que la demanda es por el cobro de $us 4.000, en dos montos de $us. 2.000 cada uno, y que no se ha demostrado el pago de esos montos, donde, en que tiempo y lugar; que no se entiende cuando en el Auto de Vista se analiza y se considera la venta del departamento, garaje y baulera por $us 46.000 que no es el caso de esta venta sino el pago de los $us 4.000 “y que este punto no adecuan a la ley, sino insertan los artículos 450 y 963 del Código Civil, que no viene al caso”.  Añade que se insertan disposiciones legales contrarias al objeto de la demanda, haciendo referencia a los artículos 327, 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil, y a los artículos 450, 963 y 1296 del Código Civil y luego menciona que no se ha probado el pago indebido inventado. Finalmente denuncia que en la apreciación de las pruebas se ha incurrido en error de derecho y error de hecho al no insertar correctamente los artículos 327, 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 450, 963 y 1286 del Código Civil, y luego reitera que no se considera que el objeto de la demanda es el cobro de los $us 4.000, supuestamente cancelados en dos montos, que no han probado los demandantes y reitera que por lo tanto el Auto de Vista ha violado los artículos 3,90 y 397 del Código de Procedimiento Civil.

3.2. Contestación al Recurso de Casación.- Mediante escrito cursante de fojas 171 y vuelta, Jorge Augusto Torrico Arguedas por sí y como apoderado de Miriam Jane Figueroa Aguirre, contesta al recurso de casación en el fondo, alegando que la personería del abogado no se encuentra debidamente establecida porque si bien a fojas 138 y vuelta aparece un poder, refiriéndose a un caso jurisprudencial observa la falta de firma de los recurrentes. Luego observa los defectos de recurso y finalmente pide que el recurso sea declarado infundado o improcedente. 

3.3. Fundamentos del Fallo.- Según la  doctrina procesal, el recurso extraordinario de casación tiene doble función, de un lado unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley.

Tenida cuenta que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia de segunda instancia; en reiterados fallos, verbi gratia el Auto Supremo Nº 70 de 11 de febrero de 2003, entre otros, que marcan  línea jurisprudencial, la entonces Corte Suprema de Justicia, ha dejado delineado que el recurso de casación, según el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, podrá ser en el fondo y en la forma; el primero está reservado para los casos enumerados en el artículo 253 del mismo cuerpo legal, en tanto que el segundo procede por violación de las formas esenciales del proceso, cuando la sentencia o auto de vista recurrido hubiere sido dictado en los casos previstos en el artículo 254 del mismo adjetivo.

Ahora bien, por mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, en el recurso no solo se debe citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurre, su folio, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, sino que  también se debe especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate del recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos.  

Sobre el cumplimiento del juicio de procedencia, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia Nº 0001/2013-L, de 4 de enero de 2013, señala “el Tribunal de casación previo a la resolución de la problemática planteada debe verificar el cumplimiento de los requisitos previstos por el art. 258 del citado Código, conforme se expuso en el Fundamento Jurídico III.5.1, pues dicha labor no hace más que plasmar el principio de legalidad previsto por el art. 180.I de la CPE; desarrollado en la SC 1639/2010-R de 15 de octubre, que reiterando el entendimiento asumido en la SC 062/02 de 31 de julio, mencionó: “Que, el principio de legalidad en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional), tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por la ley…”. Así, para el cumplimiento de los fines previstos para el recurso de casación es necesario que el recurso planteado precise la ley o las leyes que se consideran violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, de ser posible en una redacción clara y didáctica para evitar que el Tribunal de casación se aparte de los puntos cuestionados, conforme prevé el art. 258 inc. 2) del CPC, ya que sólo de esta manera se podrá delimitar el accionar del Tribunal de alzada y exigir luego el pronunciamiento sobre cada uno de los puntos que fueron cuestionados por las partes -pertinencia de las resoluciones judiciales conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.5.1 del presente fallo-; es decir, el deber de las autoridades demandadas de pronunciarse sobre lo resuelto por el inferior y los fundamentos expresados en el recurso de casación…

En el caso en examen, se trata de una recurso manifiestamente defectuoso, pues si bien el apoderado de los recurrentes, denuncia que se habría violado  los artículos 3, 90 y 397 del Código de Procedimiento Civil, luego no precisa en que consiste esa violación, pues a reglón seguido  señala que se hace una interpretación errónea de la “realidad fáctica” y luego continua aseverando que la demanda es por el cobro de los $us. 4000 y que en Auto de Vista hace referencia a la venta del departamento, garaje y baulera por el valor de $us. 46.000 que no es el caso de esta venta. Al parecer el recurrente pretendía cuestionar la congruencia del fallo de segunda instancia, y si esa fue su pretensión evidentemente ha equivocado el camino, pues  la incongruencia (objetiva o subjetiva) del fallo de segunda instancia debe denunciarse por medio del recurso de casación en la forma, que es la idónea para denunciar errores de procedimiento, pero de ninguna manera puede ser denunciado dentro del recurso de casación en el fondo.  Lo propio sucede con la denuncia de que el Auto de Vista “inserta” dispersiones legales contrarias al objeto de la demanda, haciendo alusión a los artículos 327, 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil y a los artículos 450, 963 y 1296 del Código Civil para luego hacer referencia a que no se probó el pago de los $us. 4.000; aquí tampoco se especifica en que consiste el error de juzgamiento en que habría incurrido el Tribunal ad quem.

Finalmente el recurrente asevera que el Tribunal ad quem habría incurrido en error de derecho y error  de hecho en la apreciación de la prueba, y que no se ha demostrado el pago de los $us 4.000; sin embargo es una denuncia defectuosa, pues no señala a que medio probatorio en concreto se refiere y en su caso con que documentos o actos auténticos se demuestra la equivocación manifiesta del juzgador.

Las manifiestas  deficiencias del recurso advertidas, implican incumplimiento del requisito previsto por el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, y en razón a que dichas deficiencias no pueden ser suplidas de oficio por el Tribunal Supremo, corresponde resolver conforme a lo previsto por los artículos 271- -1) y 272-2)  Ídem.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava,  los  artículos 41 y  42-I-1) de la Ley del Órgano Judicial, y los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 167 y vuelta de obrados, interpuesto por Saulo Camacho Jiménez, en representación de Freddy Butrón López y Cristina Espinoza Condori, con costas.

4.2.- Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500, que mandará hacer efectivo el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria /Secretaria de Sala

Libro Tomas de Razón Nº 170/2014