SALA  CIVIL  LIQUIDADORA


Auto Supremo: Nº 159

Sucre: 6 de mayo de 2014.

Expediente: O-22-10-S

Proceso: Nulidad de Declaratoria de Herederos

Partes: María Antonieta Quiroga Vda. De Ballesteros c/ Eva Plaza Sandi

Distrito: Oruro

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani                               

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Eva Plaza Sandi, cursante de fojas 281 a 283 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 41 de 18 de febrero de 2010, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Oruro, en el proceso ordinario sobre nulidad de declaratoria de herederos, seguido por María Antonieta Quiroga Vda. de Ballesteros, en contra de la recurrente, la contestación, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 241 a 249 de obrados, pronunciado por el  Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Oruro, se declaró probada la demanda de fojas 22 a 23 de obrados, complementada  a fojas 25 y vuelta y 27, y en consecuencia dejó sin efecto legal la declaratoria de herederos efectuada a favor de la Sra. Eva Plaza Sandi en el Juzgado de Instrucción Cuarto en lo Civil de la Capital, e improbada la demanda reconvencional de nulidad de demanda de fecha 30 de abril de 2004, auto interlocutorio definitivo de fecha 31 de mayo del 2004, registro en el asiento Nº 2 de la matrícula Nº 4.011.01.0004707 de Derechos Reales y la exclusión de heredera, cursante de fojas 35 a 37 y 40 y vuelta, e improbadas las excepciones de falta de acción y derecho planteada por ambas partes, sin costas por ser juicio doble.    

Que, en grado de apelación, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Distrito de Oruro, por Auto de Vista Nº 41 de 18 de febrero de 2010, de fojas 275 a 277, se confirmó totalmente la sentencia apelada, con costas. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 281 a 283 vuelta, Eva Plaza Sandi, interpuso recurso de casación en el fondo, que se compendia a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- La recurrente, en su recurso de casación efectúa la siguiente denuncia:

Denuncia que el Tribunal de alzada habría incurrido en la violación del artículo 1286 del Código Civil, por no haber realizado una correcta valoración de toda la prueba literal y testifical; cuestiona que en el Auto de Vista se diga que no se habría efectuado una concreta exposición de agravios y que no se especifica con que documentos o testigos habría demostrado sus asertos, cuando existen los documentos de fojas 32, 33 y 34, de fojas 110 a 134, 143 a 160, 170 a 178 y concluye que los documentos y testigos son fehacientes.

Alega que el Tribunal ad quem señala que el artículo 1107-3) del Código Civil, no se adecúa a los fundamentos expuestos en su demanda, aunque reconoce que la actora estuvo separada de su esposo, que los testigos de descargo de fojas 211 a 214 declaran que el finado Oscar Ballesteros se hallaba separado de su esposa por más de 24 años y denuncia que el Tribunal ad quem hace abstracción de esos antecedentes, incurriendo en inobservancia de los artículos 1283 y 1286 del Código Civil.

Alega que ha comprobado fehacientemente que su persona ha vivido en unión libre y de hecho por más de 24 años y denuncia al Tribunal ad quem de incurrir en inobservancia de los artículos 1283 y 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, conculcando lo establecido en el artículo 63-II de la Constitución Política del Estado.

En cuanto a que el Auto de Vista señala que no existe resolución que ampare su unión concubinaria con Oscar Ballesteros, cuando en obrados existe la resolución que cursa a fojas 12 de obrados y que esta prueba se halla corroborada con la inspección de visu de fojas 12 de obrados. Añade que no se consideró para nada los resultados de la inspección de visu por lo que el Tribunal de alzada no observó lo previsto en el artículo 1334 del Código Civil y denuncia error de derecho al no haberse efectuado una correcta apreciación de las pruebas e invoca el artículo 253-3) del Código de Procedimiento Civil.

Alega que la prueba cursante de fojas 110 a 128 no ha sido valorada en su conjunto por el Tribunal de alzada, conforme impone el artículo 1330 del Código Civil y el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil. Que no se ha valorado la declaración de testigos  que han manifestado que a la actora jamás se le ha visto junto a su esposo fallecido, que ha sido corroborado por la demandante al decir en su demanda y conclusiones que por razones de trabajo se ha visto obligada a residir en el Alto - La Paz, y que de nada ha valido la producción de prueba de descargo respecto a la separación de la actora con el finado Oscar Ballesteros, que ha sido ampliamente justificado como fundamento para la exclusión de heredera, como manda el artículo 1107-3) del Código Civil.

Se cuestiona la apreciación de que la nulidad va dirigida contra un contrato bilateral, de ahí que se cita el artículo 547 del Código Civil, cuya aplicación no corresponde porque se trata de la nulidad de una resolución judicial, como tampoco el numeral 5) del artículo 549 del Código Civil y concluye señalando que  se incurrió en inobservancia y violación del artículo 1286 del Código Civil.

Alega que su demanda de mejor derecho hereditario no ha sido tomado en cuenta en la sentencia ni en el Auto de Vista, por lo que denuncia que el Tribunal ad quem incurrió en violación del artículo 190 del “Código del rito”.

Finalmente pide que se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda principal y probada la demanda reconvencional y como emergencia de ello pide anular la declaratoria de herederos incoada por María Antonieta Quiroga Soto, la nulidad del auto interlocutorio de 31 de mayo de 2004 y la exclusión de heredera y declarar su mejor derecho de heredera.

3.2.- Contestación al Recurso de Casación.- Mediante escrito de fojas 287 a 288 vuelta, Alberto Rivera Murillo, por María Antonieta Quiroga contesta al recurso, pidiendo que sea declarado improcedente o infundado, con costas.

3.3. Fundamentos del Fallo.-  Así planteado el recurso, se examina de la siguiente manera:

Por regla general, la definición de los hechos de la causa, que implica la apreciación de la prueba producida en la  tramitación de la causa, es atribución exclusiva de los jueces de instancia, la cual es incensurable en casación; de manera tal que solo por vía de excepción es posible la revisión de la apreciación probatoria cuando se denuncia error de derecho o error de hecho en su apreciación, cumpliendo los requisitos que impone el artículo 253-3) del Código de Procedimiento Civil.

La actividad valorativa del juez se efectúa en dos fases; la primera de contemplación objetiva o material de la prueba; y la segunda llamada fase de contemplación jurídica de la prueba. Los errores de valoración en los que incurre el juez en la primera fase son los errores de hecho; en cambio los errores de derecho corresponden a la segunda fase de valoración. Estos errores de valoración probatoria son formas indirectas de la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las normas sustantivas que han servido de fundamento en los fallos de instancia.

El error de hecho en la apreciación de la prueba puede presentante en tres modalidades: Por preterición, que tiene lugar cuando se ha omitido apreciar una o varias pruebas incorporadas válidamente al proceso; por suposición, que se presenta cuando se da por existente una prueba que no cursa dentro del expediente o da por probado un hecho sin respaldo probatorio; y por distorsión o alteración del contenido, que se da cuándo se aprecia erróneamente el contenido de la prueba, dándole al medio un significado distinto o contrario al que éste indica, según señala el doctrinante Humberto Murcia Ballén (Recurso de Casación Civil). Para la consideración casacional, es necesario que el error de hecho se presente como manifiesto y trascendente; es decir que su individualización y prueba deben aflorar sin mayores esfuerzos raciocinios o elucubraciones, y por otro lado dicho error debe  constituir la causa por la cual se ha tomado decisiones contrarias a lo que dispone la norma sustantiva violada indirectamente; por ello, si la prueba admite dos o más interpretaciones que no sean contrarias a las reglas de la sana crítica, el error de hecho se descarta.

En cambio el error de derecho se presenta por infracción de una o varias normas probatorias referentes a la regulación en la admisión, producción, eficacia o valoración de la prueba; debe referirse necesariamente a la prueba que cursa en obrados y que fue valorada por el juez, pero que al valorarla el juzgador infringió las normas legales que regulan  su producción o su eficacia.

Dado que la verificación de los hechos en sede casacional es excepcional (pues es atribución exclusiva de los Jueces y Tribunales de instancia), la denuncia de error de apreciación de la prueba, requiere que el casacionista demuestre tanto el error de hecho como el error de derecho. En cuanto al error de hecho la denuncia debe concretar el tipo de error que se denuncia, explicando dónde se encuentra el desacierto y cómo debió ser apreciado por el Tribunal, poniendo en evidencia que sin ese error de manera inevitable lo resuelto hubiese sido diametralmente distinto. Respecto al error de derecho se debe  indicar cuáles son las normas de carácter probatorio que se han infringido, se debe explicar en qué consiste la infracción, y señalar además las normas de derecho sustancial que resultaron transgredidas indirectamente.

En el caso en examen la casacionista se queja de la conclusión efectuada por el Tribunal ad quem en sentido de que no se especifica con que documentos o testigos habría demostrado sus asertos y retruca alegando que ha presentado documentos cursantes de fojas 32, 33 y 34, 35 y 36, 143 a 160, 170 a 178 y acusa al Tribunal ad quem de no haber cumplido con el artículo 1286 del Código Civil, alegando que los documentos y testigos son fehacientes y que guardan relación con su reconvención. Como se advierte no precisa que tipo de error está denunciando, y la mención del artículo 1286 del Código Civil, que se refiere a los sistemas de valoración probatoria (tasación legal y al  prudente criterio) no suple esa omisión.

Luego comienza por cuestionar lo señalado en el Auto de Vista respecto a que el artículo 1107-3) del Código Civil no se adecua a los fundamentos de su demanda, y luego haciendo referencia al reconocimiento y prueba de la separación de la demandante con su esposo por más de 24 años, termina alegando abstracción de los antecedentes y denunciando inobservancia de los artículos 1283 y 1286. La recurrente igualmente pretende cuestionar la valoración de la prueba, pero sin fundamentar debidamente en cuanto al tipo de yerro que le atribuye al Tribunal ad quem y menos sin demostrarlo.

Luego cuestiona la conclusión del Tribunal ad quem de no haber demostrado su  calidad de conviviente y alega  que vivió 24 años y acusa al Tribunal de haber incurrido en inobservancia  de los artículos 1283 y 1286 del Código Civil, 397 del Código de Procedimiento Civil y de haber conculcado el artículo 63-II de la Constitución Política del Estado.  Luego añade que en el Auto de Vista no existe resolución judicial que ampare su unión concubinaria con Oscar Ballesteros cuando existe la resolución de fojas 12 de obrados, pronunciado por el Juzgado de Instrucción Cuarto en lo Civil y que ello se encontraría demostrado por la inspección de visu.

La resolución  a la que alude la recurrente es precisamente el Auto de declaratoria de herederos, cuya nulidad se pretende en esta causa. Si bien es cierto que en dicho auto se hace referencia que mediante sentencia Nº 133/04 de 17 de junio de 2004, se reconoció su unión libre de hecho con Oscar Ballesteros Peñaranda, en cuyo mérito se le instituyó heredera forzosa ab intestato, sin embargo se ha acreditado que dicha resolución fue anulada posteriormente en apelación ( fs. 13 a 14) y que en fecha 5 de noviembre de 2005 se emitió nueva sentencia (fs. 15 a 16) donde se declaró sin lugar e improbada la demanda de la recurrente, por lo que no es cierto que se haya preterido la prueba que señala y luego la recurrente no explica con qué fundamento legal los jueces de instancia debieran reconocer su concubinato con base a los resultados de una inspección de visu, cuando los jueces que tienen competencia para ello le han negado ese reconocimiento, por falta de libertad de estado.

Con relación a las denuncias sobre la prueba de fojas 110 a 128, la recurrente no indica si está cuestionando error de hecho o error de derecho en su apreciación y lo mismo sucede con relación a la prueba testifical.

Luego respecto a la inaplicación del artículo 547 del Código Civil y el numeral 5) del artículo 549, la recurrente no precisa que parte del fallo de segunda instancia cuestiona y que causal de casación en el fondo invoca; tan defectuosa es esta denuncia que termina reiterando su cuestionamiento a la valoración de la prueba con denuncia de violación del artículo 1286 del Código de Procedimiento Civil, sin referencia a medio probatorio concreto.

Finalmente la recurrente al parecer cuestiona una omisión de pronunciamiento tanto en la sentencia cuanto en el auto de vista en torno a su pretensión de mejor derecho hereditario. Si la recurrente cuestiona la pertinencia de los fallos de instancia, está alegando un error de procedimiento que debe ser denunciado  por medio del recurso de casación en la forma, pero de ninguna manera a través del recurso de casación en el fondo, como lo hace erróneamente.

En suma, y con relación a las denuncias sobre las que el Tribunal ha examinado en el fondo, no habiéndose acreditado el mérito  de las denuncias formuladas por la recurrente, corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.


IV. POR  TANTO:

La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por  la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fojas 281 a 283 vuelta, interpuesto por Eva Plaza Sandi, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500 que mandará a pagar el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.                                                             

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria /Secretaria de Sala

Libro Tomas de Razón Nº 159/2014