SALA  CIVIL  LIQUIDADORA


Auto Supremo: Nº 154

Sucre: 6 de mayo de 2014.

Expediente: SC-22-09-S

Proceso: Resarcimiento de Daño

Partes: AGROSERVET S.R.L. c/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I.VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por el Banco de Crédito de Bolivia S.A., representado legalmente por Javier Antonio Issa Reynolds y Bernardo Iván Eid, de fojas 301 a 305, contra el Auto de Vista Nº 639 de fecha 24 de diciembre de 2008, de fojas 297 a 298 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre resarcimiento de daño, seguido “AGROSERVET S.R.L.” en contra de la entidad  recurrente, la contestación, los antecedentes y; 

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Mediante sentencia de fecha 23 de junio de 2008, cursante de fojas 240 a 243 vuelta de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, se declaró probada la demanda de fojas 21 a 27, con costas.  

Que, en grado de apelación, interpuesto por el Banco de Crédito de Bolivia, representado por Bernardo Iván Eid Asbun y Sergio Rueda Flores, cursante de fojas 252 a 254, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista de fecha 24 de diciembre de 2008, se confirma la sentencia apelada y el auto de fojas 281 y vuelta, con costas.  

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 301 a 305, el Banco de Crédito de Bolivia S.A., representado por Javier Antonio Issa Reynolds y Bernardo Iván Eid, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, que se compendia a continuación.

III.  CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.-  Se efectúan las siguientes denuncias:

En el recurso se denuncia que se ha incurrido en incongruencia citra petita por cuanto no se ha pronunciado sobre las pretensiones deducidas en el proceso y reclamados oportunamente; cuestiona que en la resolución recurrida numeral 3) reitera que el cheque fue girado a nombre de una persona jurídica y b) que como consta en el sello puesto transversalmente ese cheque ya había sido rechazado en fecha 10 de marzo de 2006, y luego concretiza que el Tribunal incurre en incongruencia basándose en la fundamentación de la sentencia sin considerar “lo alegado de nuestra parte” que si bien el cheque fue girado a nombre de persona jurídica, esa persona jurídica endoso el cheque a una persona natural a quien se le pagó el cheque luego de verificar su identidad y endoso efectuado por la empresa; y luego acusa también la incongruencia al no haberse tomado en cuenta la existencia del sello como emergencia del extorne de la operación.

Luego, se efectúan las siguientes denuncias: Primero.- Que, en la sentencia no se ha compulsado con referencia a la calidad del cheque y que corresponde la aplicación de lo determinado por el artículo 533 del Código de Comercio; que si se tuviera que verificar los endosos anteriores el cheque perdería su propia esencia, tal es así que el artículo 523 del Código de Comercio al referirse a la omisión de los requisitos para el endoso, efectúa las siguientes presunciones: si se omite la orden del endosatario, se presume como endoso en blanco; si se omite la clase de endoso, se presume que el título fue transmitido en propiedad, sin que admita prueba en contrario en perjuicio de terceros de buena fe; si se omite el lugar, se presume que el endoso se hizo en el día en que el endosante adquirió el título, y añade que ninguna de estas situaciones aplicables al caso fueron consideradas por el Juez a quo ni por el Tribunal de alzada, y que la afirmación acerca de la calidad del endosatario como tenedor legítimo del título fueron ignoradas. Se añade que tampoco se consideró que el cheque fue endosado presuntamente por el representante legal de Agroservet S.R.L., situación que no podría ponerse en duda al estar el mismo avalado por el sello de la Empresa, habiendo presentado al Banco para su cobro Oscar Basilio Mayorga, lo que significa que este último es legítimo tenedor y titular del cheque al haber producido una traslación de derechos.

Segundo.- Que el Tribunal de alzada no consideró que el endoso es válido en tanto su supuesta falsedad no sea acusada y probada por un juez competente. Añade que el Tribunal actuó en forma contradictoria y en apreciación errónea de las pruebas presentadas y acusa que la conclusión del Tribunal adolece de falta de claridad conforme al artículo 253 inciso 1) y 2).

Tercero.- Que, el Tribunal de alzada no ha considerado que el Banco es ajeno al manejo interno de los sellos y del personal de la Empresa AGROSERVET S.R.L. Que el endoso efectuado por AGROSERVET S.R.L. es equiparable a un endoso en blanco contemplado en el artículo 523 -1) del Código de Comercio, que previene que esta clase de endoso se considera válido con la sola firma del endosante; y  que el endoso al portador produce los mismos efectos que el endoso en blanco.

Tercero (bis).- Que, el Tribunal de alzada ha incurrido en apreciación incorrecta de los actuados procesales al no haber tomado en cuenta la fundamentación de agravios efectuada por el banco sobre la incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez de primera instancia, toda vez que el mismo al dictar sentencia le otorga automáticamente al endoso la calidad de falso apartándose de la norma vigente y de los datos del proceso, toda vez que dicha falsedad no ha sido acusada ni comprobada y de serlo no involucra al Banco.

Que, el Tribunal ad quem no ha tomado en cuenta a tiempo de confirmar la sentencia que tal falsedad no solo debe ser invocada sino que debe ser tramitada y determinada judicialmente máxime si el ex trabajador de Agroservet S.R.L. y tenedor legítimo del Cheque estaba facultado para cobrar dinero en efectivo e incluso tenía poder para cobrar cheques en el Banco Bisa S.A., según confesión espontánea en las declaraciones de los personeros de la Empresa.

Cuarto.- Que, el Tribunal de alzada se ha limitado a confirmar la sentencia bajo los mismos fundamentos del Juez a quo sin considerar ni valorar que el Banco de Crédito de Bolivia S.A. ha procedido al pago del cheque cumpliendo los requisitos establecidos por el artículo 600 del Código de Comercio, con relación a lo establecido por los artículos 523 y 533 del mismo cuerpo de leyes.

Que el Tribunal de alzada no ha considerado que Agroservet S.R.L. no limitó de manera alguna la circulación del cheque ni su negociabilidad, teniendo los medios legales para hacerlo.

Quinto.- Que, el Tribunal de alzada no ha revisado las actuaciones acusadas de ocasionar agravio en la fundamentación de la apelación, habiendo incurrido en resolución citra petita por cuanto no se ha pronunciado sobre las pretensiones deducidas y reclamadas oportunamente, mismas que se amparan en las pruebas ofrecidas en plazo y forma legales toda vez que de la testifical de los personeros de Agroservet S.R.L. se desprende inequívocamente que la empresa ya ha tomado sus previsiones para recuperar el monto cobrado por su ex empleado contando a la fecha con una garantía real para la recuperación del dinero cobrado por su empleado, y luego hace referencia al testimonio 187/2006 que acompañó a su apersonamiento. Añade que tal omisión demuestra una incorrecta valoración de la prueba conducente a una decisión injusta toda vez que dicho documento público exime al banco de la responsabilidad que se pretendía atribuirle. Y que ha quedado demostrado el punto 2do. de hecho fijado por el Juez a quo, a ser probado.

Sexto.- Denuncia que el Tribunal de alzada al confirmar la sentencia apelada ha incurrido en aplicación indebida de la ley, toda vez que no ha considerado que el Código de Comercio en su artículo 621 determina en forma expresa los casos en los que el banco es responsable en el pago de un cheque y que el banco no ha incurrido en ninguna de las causales expuestas en dicho artículo 621.

Sexto (bis).- Que el Tribunal ad quem no ha considerado que la sentencia apelada se ha basado estrictamente en la suposición de la falsedad de un endoso no acusado ni probado judicialmente; y las pruebas periciales cuyas conclusiones van más allá de lo técnico, toda vez que ambos peritos se atribuyen facultades jurisdiccionales atribuyendo directamente responsabilidades al cajero del Banco, que el Juez las considera concluyentes y que no valoró la prueba de su parte a cabalidad.

Séptimo.- Alega que el Tribunal de alzada en la revisión de la sentencia ha pasado por alto la importancia de la exhibición del poder conferido al empleado Oscar Basilio Mayorga de Agroservet S.R.L., del documento transaccional suscrito entre la empresa y el empleado y del documento suscrito entre Agroservet S.R.L. y la Empresa ISA; que ha hecho caso omiso de la valoración de la prueba testifical, que ha desconocido el artículo 476 del Código de Procedimiento Civil y que ha dejado de lado la facultad conferida por el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil y concluye acusando al juzgador de error in judicando.

Octavo.- Alega que con referencia al daño emergente  el Tribunal de alzada ratifica el fundamento del Juez a quo que se basa en el informe de auditoria que determina que la firma del endosante y el endosatario es la misma, desconociendo que el banco en cumplimiento al artículo 533 del Código de Comercio, solo tiene que verificar la continuidad o secuencia de los endosos y la identidad del último endosatario como cobrador y legítimo tenedor para proceder al pago; y que el banco no tiene registrada la firma de los personeros de Agroservet S.R.L. porque no es cliente del banco.

Noveno.- Denuncia que el Tribunal de alzada no ha efectuada una correcta valoración de la prueba contenida en el título valor, toda vez que ha dado por hecho que el funcionario del banco, Julio Cesar Moreno, rechazó el pago del cheque que fue posteriormente pagado por Fernando Aguilera Camacho en colusión con el cobrador, cuando en realidad el cheque fue abonado  en la cuenta 201-50142410281, y que el propio depositante solicito se anule el abono efectuado dando lugar a que se extorne la operación.

Décimo.- Que, el Tribunal compulsa erróneamente las certificaciones de las diferentes instituciones bancarias, toda vez que en el caso que nos ocupa no se pretendía cobrar un cheque girado a nombre de persona jurídica sino de un cheque endosado por una persona jurídica a una persona natural.

Finalmente pide que se dicte nuevo auto de vista  pronunciándose sobre sus pretensiones o alternativamente se dicte resolución casando las resoluciones recurridas y deliberando en el fondo declare improbada la demanda y probadas las excepciones opuestas sin haber lugar al resarcimiento alguno, con costas. 

3.2. Contestación al Recurso de Casación.- Mediante escrito cursante de fojas 307 a 311, Roberto Ángel Custodio Rey Duque, en representación de Agroservet S.R.L., contesta al recurso de casación  en el fondo señalando que el artículo 1311 del Código Civil no ha sido aplicada porque no existe fotocopia simple en obrados; que no se ha aplicado el artículo 1333 del Código Civil a un hecho no regulado por dicha norma; que no existe indebida aplicación del artículo 523 del Código de Comercio, ya que no “nos encontramos” ante un supuesto en el cual deban aplicarse los efectos de la omisión de alguno de los requisitos descritos por dicha norma, que estamos ante el supuesto regulado por el artículo 534 del mismo cuerpo legal dentro del cual el banco al momento del pago omitió flagrantemente la obligación de pedir al endosatario que a su vez era el endosante del cheque, que acredite su calidad de representante legal, mandatario o apoderado de Agroservet S.R.L., y que tampoco se ha aplicado indebidamente el artículo 533 del citado Código que no rige el supuesto en juzgamiento y que tampoco se ha aplicado indebidamente el artículo 621 del Código de Comercio, porque dicha norma se refiere a la responsabilidad por el pago de cheques y que no son excluyentes de otros supuestos de responsabilidad que se encuentran regulados por la ley, que la no exigencia de la acreditación al endosatario que acredite su calidad de representante legal de Agroservet S.R.L., per se provoca el surgimiento de la responsabilidad civil en la entidad que pague.

Lugo afirma que no existe error de hecho ni error de derecho en la apreciación de las pruebas y que no se encuentra fundamentado  por el Banco.

En cuanto al recurso de casación en la forma alega que no existe ausencia de pronunciamiento respecto al documento que garantiza el monto del cheque, que no es evidente como se demostró en el proceso y que el Juez se ha pronunciado sobre los reclamos del banco de exigirles la presentación de diversos documentos entre ellos el otorgamiento de la garantía por parte de Mayorga y que lo hace refiriéndose que la apelación en efecto diferido fue incorrectamente concedida, para luego en la pare resolutiva confirmar la sentencia y el auto que dio lugar a la apelación en efecto diferido. 

Finalmente pide que se declare infundado el recurso de casación, con costas.

3.3. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, y por razón de método se pasa a examinar en primer término el recurso de casación en la forma, pues en caso de estimarse dicho recurso ya no corresponderá pronunciamiento respecto del recurso de casación en el fondo.

De principio corresponde  precisar que en este caso se ha tenido presente el entendimiento establecido en la sentencia Constitucional Nº 2210/2012, de 8 de noviembre respecto al cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 258 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil. En dicha sentencia Constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional,  ha establecido que “…considerando los principios que sustentan a la potestad de impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, y a su vez, los principios procesales que rigen a la jurisdicción ordinaria, entre ellos, transparencia, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; aquella labor verificativa del cumplimiento de los requisitos antes anotados, no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o las leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica…”.  Por ello de la lectura integral del recurso, el Tribunal Supremo advierte las siguientes denuncias, que se las examina a continuación:

En torno a la omisión de pronunciamiento.- El debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual  compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto,  a conocer y resolver  las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales  que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento y en especial tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez.

El proceso civil boliviano se finca, entre otros en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a los hechos y las peticiones de las partes legitimadas formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a esos hechos, a esas peticiones y referirse a esas partes; esto es a lo que se le llama congruencia ( objetiva y subjetiva) y ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

En lo que atañe al fallo de segunda instancia, la congruencia implica la estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y el pronunciamiento del Tribunal de apelación, conforme lo tiene previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil. En segunda instancia se viola el principio de la congruencia, en cuanto elemento del debido proceso legal, cuando el Tribunal ad quem, omite  pronunciamiento expreso y exhaustivo sobre alguno de los agravios invocados por el apelante o cuando se excede en el pronunciamiento, ya sea otorgando más de lo pedido o fuera de lo pedido; en cuyo  caso la resolución se halla viciada de nulidad por la causal prevista en el artículo 254-4) y el efecto señalado en el artículo 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, en el recurso de casación,  se denuncia que el Tribunal incurre “en incongruencia citra petita por cuanto no se ha pronunciado sobre las pretensiones deducidas en el proceso y reclamados oportunamente; a) cuestiona que en la resolución recurrida numeral 3) reitera que el cheque fue girado a nombre de una persona jurídica y b) que como consta en el sello puesto transversalmente ese cheque ya había sido rechazado en fecha 10 de marzo de 2006, y luego concretiza que el Tribunal incurre en incongruencia basándose en la fundamentación de la sentencia sin considerar “lo alegado de nuestra parte” que si bien el cheque fue girado a nombre de persona jurídica, esa persona jurídica endoso el cheque a una persona natural a quien se le pagó el cheque luego de verificar su identidad y endoso efectuado por la empresa; y luego acusa también la incongruencia al no haberse tomado en cuenta la existencia del sello como emergencia del extorne de la operación.

Estos dos aspectos; es decir que el cheque fue girado a nombre de una persona jurídica y que esa persona jurídica endoso a favor de una persona natural, a quien se le pago el cheque luego de verificar su identidad, y lo relativo a que no se habría tomado en cuenta la existencia del sello como emergencia del extorne de la operación no han sido invocados en la apelación por lo que no es cierto que en torno a este aspecto el fallo de segunda instancia sea citra petita.

Con relación a la denuncia del punto tercero (bis).- La entidad recurrente en el punto tercero (bis) de su recurso de casación denuncia que el Tribunal ad quem no ha tomado en cuenta la fundamentación de agravios efectuada por el Banco sobre la incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez de primera instancia, toda vez que el mismo al tiempo de dictar sentencia le otorga automáticamente al endoso la calidad de falso, apartándose de la normativa vigente y de los datos del proceso, toda vez que dicha falsedad no ha sido acusada ni comprobada y de serlo no involucra al Banco.

En el punto 1 de la apelación interpuesta por el Banco demandado, cursante de fojas 252 a 254, se cuestiona que el Juez a quo no considera que el cheque ha sido cobrado regularmente sobre la base de la opinión de un perito que aduce la falsedad del endoso, pero olvida que la falsedad del endoso de AGROSERVET S.R.L. a favor de Basilio Mayorga NUNCA FUE DEMANDADA, y que en tal sentido, en la medida en que ese endoso no sea cuestionado, es válido y legal y que por ende el cheque 002547-2 cumple con todos los requisitos de ley y su pago se realizó en consecuencia. En el punto 6) el recurrente vuelve a cuestionar la afirmación sobre el “falso endoso”, haciendo referencia a que no fue demandado (la falsedad) y que debe ser reconocido por autoridad competente. Ahora bien, en el Auto de Vista impugnado, el Tribunal ad quem no se ha pronunciado explícitamente respecto a dicha denuncia,  pues nada manifiesta con relación a la misma. Esta omisión de pronunciamiento evidentemente implica violación al principio de congruencia, exhaustividad, tal como se denuncia en el recurso, y hace del fallo de segunda instancia citra petita, viciándolo de nulidad por encuadrarse en la causal 4 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

También se acusa de citra petita al fallo  haciendo referencia a que de la prueba testifical se  desprende que Agroservet S.R.L. ha tomado sus previsiones para recuperar el monto cobrado por su ex empleado contando a la fecha con una garantía real para la recuperación del dinero cobrado por su empleado.

Con relación a las determinaciones respecto de las cuales procede el recurso de apelación en efecto diferido, el Tribunal Supremo no las examina en razón a que contra las mismas no procede recurso de casación, ya que no se encuentran comprendidas en ninguna de las causales previstas por el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.

Habiéndose dado mérito al recurso de casación en la forma respecto de la denuncia especificada precedentemente, ya no corresponde pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde fallar conforme disponen los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR  TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA llanamente el Auto de Vista de fojas 297 a 298 vuelta, disponiendo que el Tribunal ad quem emita nueva resolución respetando los principios de congruencia y exhaustividad.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el Tribunal ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17- IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria /Secretaria de Sala

Libro Tomas de Razón Nº 154/2014