SALA  CIVIL  LIQUIDADORA


Auto Supremo: Nº 117

Sucre: 31 de marzo de 2014.

Expediente: LP 151 09 S

Proceso: Mejor Derecho Propietario y otros

Partes: Jose Ramírez Choque y otros c/ Gobierno Municipal de La Paz

Distrito: La Paz 

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos



VISTOS: el recurso de casación interpuesto por José Luís Ramírez Choque, Nelson Loayza Sueldo, Heriberto Quispe Luna, Eusebio Apaza Zegarra y René Arias Huanca de fojas 494 a 496, contra el Auto de Vista Nº 191 de 9 de junio de 2009, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso sobre mejor derecho propietario, acción negatoria, reivindicación, cancelación de partida de Derechos Reales, daños y perjuicios, seguido por los recurrentes contra el Gobierno Municipal de La Paz, la respuesta de fojas 498 a 500 vuelta, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO: que, el Juez de Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, pronuncio la Sentencia Nº 466 de 14 de junio de 2006 (fojas 321 a 324), declarando probada en parte la demanda, en consecuencia reconoce el mejor derecho propietario de los actores sobre los terrenos en litis, e improbada en todo lo demás; sin costas. Puntualizado y Enmendado por Autos de fojas 342 y 404 vuelta, respectivamente.

Deducida la apelación por las partes, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 191 de 9 de junio de 2009 (fojas 491 y vuelta), anula obrados hasta el decreto de fojas 310 vuelta, disponiendo se dicte nueva sentencia.

Contra esta resolución superior, los demandantes José Luís Ramírez Choque, Nelson Loayza Sueldo, Heriberto Quispe Luna, Eusebio Apaza Zegarra y René Arias Huanca, interponen recurso de casación en los términos expuestos en su memorial de 20 de julio de 2009 (fojas 494 a 496).


CONSIDERANDO: que, conforme faculta el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, y faculta también el artículo 106 del Código Procesal Civil por mandato de la disposición transitoria segunda numeral 4) Idem, concordante con el artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial, todo Juez o Tribunal puede en cualquier estado del proceso declarar de oficio la nulidad de obrados cuando la ley lo califique expresamente. En ese entendido, en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Ahora bien, la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales, es indelegable y de orden público. El poder jurisdiccional del Estado que se atribuye al conjunto de jueces, sean estos ordinarios o especializados está limitado en razón de su competencia, que se determina mediante parámetros claramente establecidos. Al ser la competencia la medida de la jurisdicción también es de orden público, indelegable y nace únicamente de la ley.

El artículo 778 del Código de Procedimiento Civil establece que el proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado. La norma citada es de especial y de preferente aplicación.

La Sentencia Constitucional 1620/2004-R de 8 de octubre, estableció que “la expropiación de una propiedad privada es sometida a un procedimiento administrativo que se inicia con la declaración de necesidad y utilidad pública, mediante una ordenanza municipal, en el caso de que la entidad expropiante sea un Gobierno Municipal, otorgando un plazo para que la población, los afectados y los interesados puedan presentar oposición o pedir se hagan las aclaraciones que correspondan sobre la expropiación, y sobre todos los problemas emergentes de ella, como ser error en la identidad del propietario; y concluye con el justiprecio de la propiedad y el pago de la indemnización prevista por el art. 22 de la Constitución.   Por último, las normas previstas por el art. 38 de la LE (Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública de 30 de diciembre de 1884), disponen que: -Cuando se falte a las presentes disposiciones podrán las partes intentar la vía contenciosa ante la Corte Suprema contra la decisión del Gobierno,…. Si la decisión partiese de la municipalidad, la contención se llevara ante las cortes de distrito.-, de lo que se infiere que contra la decisión administrativa en un procedimiento de expropiación, queda la vía contenciosa ante la Corte Superior -cuando se impugne decisiones municipales-”.

Es más, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1518/2012 de 24 de septiembre, entendió que “Es importante distinguir que la determinación de la utilidad pública le compete única y exclusivamente a la administración pública y no así a la jurisdicción ordinaria”.

En el sub lite, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, porque el objeto principal de la demanda civil interpuesta (fojas 46 a 49 vuelta, 51 a 54 vuelta, 56 a 57, 60 a 61 vuelta, 64 y 65 a 68 vuelta), es que se deje sin efecto el proceso de expropiación así en la demanda los actores señalan que “hemos sido afectados con una EXPROPIACIÓN,…, expropiación que NO LLEGO A CONCLUIRSE NI MUCHO MENOS A CUMPLIR CON EL FIN SOCIAL PARA EL CUAL FUE EXPROPIADO”, “se dicto Una RESOLUCIÓN por el H. CONSEJO MUNICIPAL DE LA H. ALCALDIA MUNICIPAL, en nuestro favor a los fines de DEVOLVERNOS los terrenos que supuestamente nos EXPROPIARON, RESOLUCIÓN No. 469/95 de Fecha 29 de DICIEMBRE de 1.995”, “con el supuesto TRAMITE DE EXPROPIACIÓN NO se nos NOTIFICO”, “tampoco se pago o canceló EL JUSTO PRECIO”, “las RESOLUCIONES MUNICIPALES dictadas no han sido EJECUTADAS”; es decir que la pretensión principal es la ejecución de la Resolución Municipal Nº 469/95 de 29 de diciembre (fojas 43 y vuelta) -resolución emergente de la expropiación que se inició con la Ordenanza Municipal Nº 51 de 1 de junio de 1976 (fojas 44)- y como consecuencia el mejor derecho propietario, acción negatoria, reivindicación, cancelación de partida de Derechos Reales, daños y perjuicios, petitorio que no podía ser modificado por las autoridades demandadas en virtud al principio dispositivo.

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0693/2012 de 2 de agosto, estableció que “Una ordenanza municipal cuyo contenido no es normativo como es el caso de una que resuelve una expropiación que se constituye en un acto administrativo que goza del principio de presunción de legitimidad (SC 1464/2004-R de 13 de septiembre)… debe impugnarse en la vía contenciosa administrativa”; en ese sentido, si bien el Máximo Tribunal tiene competencia para conocer en casación demandas de mejor derecho propietario, acción negatoria, reivindicación, cancelación de partidas de Derechos Reales, daños y perjuicios incluso contra instituciones públicas, no puede sin vulnerar el principio de seguridad jurídica convalidar la actuación sin competencia del juez y tribunal de apelación con la idea de que pueden ejecutar resoluciones emergentes de proceso expropiatorio, pues en realidad se estaría resolviendo sobre actos administrativos de la expropiación.

Por otra parte y respecto a la idoneidad del proceso contencioso administrativo para conocer este tipo de situaciones la Sentencia Constitucional 0090/2006 de 17 de noviembre, sostuvo: “El replanteamiento del ámbito objetivo del proceso contencioso supera la tradicional y restringida concepción del recurso contencioso administrativo como una revisión judicial de actos administrativos previos, es decir, como un recurso contra el acto. El carácter revisor del contencioso suponía que los tribunales tenían que limitarse a enjuiciar la validez del acto impugnado y debían hacerlo, además, bajo la pauta previamente establecida en la fase administrativa como si se tratase de un recurso de casación contra una sentencia, en cuyo caso no se podían pronunciar sobre cuestiones no planteadas formalmente en la vía administrativa o respecto de las que la Administración no se hubiese pronunciado expresamente, ni se podía practicar prueba salvo para revisar la practicada en el expediente administrativo.    El nuevo replanteamiento es abrir definitivamente las puertas para obtener justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la Administración. Consecuentemente, la pretensión desplaza al acto administrativo como elemento determinante de la legitimación: legitimado no está el destinatario de la actuación administrativa, ni si quiera el afectado por dicha actuación; legitimado está quien ha sufrido o teme sufrir una lesión de cualquier derecho o interés protegible y pretende el auxilio de jueces y tribunales”.

Que, el artículo 203 de la Constitución Política del Estado establece que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.

Entonces, al tratarse la litis de un cuestionamiento sobre la ejecución de resoluciones dictadas en proceso expropiatorio, que se constituyen en actos administrativos, debe impugnarse en la vía contenciosa administrativa, conforme lo dispone el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil y no la vía ordinaria.

De lo expuesto, se concluye que el juez a quo y el tribunal ad quem, no han reparado esencialmente en su incompetencia para repulsar la acción interpuesta y cuyo objeto principal es que se ejecuten resoluciones emergentes de proceso expropiatorio, pues la competencia debe ser observada aún de oficio por el órgano jurisdiccional.

Por las razones expuestas, estando comprendido el actuar de los Tribunales de instancia dentro el artículo 254 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, corresponde aplicar lo dispuesto por los artículos 252, 271 numeral 3) y 275 del citado Código de Procedimiento.

Finalmente, sin perjuicio de lo esgrimido precedentemente, se ilustra que la Resolución Municipal Nº 469/95 de 29 de diciembre (fojas 43 y vuelta), no deja sin efecto expresamente la Ordenanza Municipal Nº 51 de 1 de junio de 1976 (fojas 44). 


POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el auto de admisión de fojas 69 inclusive. Asimismo, en mérito a la Resolución Municipal Nº 469/95 de 29 de diciembre, se salva el derecho de los demandantes de ocurrir a la vía que mejor convenga a sus intereses. Sin responsabilidad por ser excusable. 

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

La Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, esta de acuerdo con la forma de resolución, sin embargo disiente en los fundamentos del fallo con la aplicación del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, por la derogatoria implícita del citado artículo a partir de la vigencia del artículo 106 del Código Procesal Civil.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dr. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria Secretaria de Sala

Libro Tomas de Razón Nº 117/2014