SALA  CIVIL  LIQUIDADORA


Auto Supremo: Nº 112

Sucre: 31 de marzo de 2014.

Expediente: B-12-09-S

Proceso: Nulidad de Donación y otros

Partes: Elba Aguilera Perrogon de Velasco c/ Alcaldia de Trinidad

Distrito: Beni 

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos



VISTOS: el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por el Gobierno Municipal de Trinidad de fojas 494 a 496, contra el Auto de Vista Nº 22 de 12 de marzo de 2009, pronunciado por la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, en el proceso ordinario sobre nulidad de donación, rectificación de aprobación de loteamiento y cancelación de inscripciones en Derechos Reales, seguido por Elba Aguilera Perrogón de Velasco contra la entidad recurrente, la respuesta de fojas 125 a 127, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Trinidad, pronuncio la Sentencia Nº 305 de 5 de septiembre de 2008 (fojas 88 a 93 vuelta), declarando probada la demanda, en consecuencia nula la minuta de donación objeto de litigio, dejando sin efecto la afectación por la entidad demandada sobre el terreno de la demandante; sin costas.

Deducida la apelación por la entidad demandada, la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, mediante Auto de Vista Nº 22 de 12 de marzo de 2009 (fojas 48 y vuelta), dispuso se esté al Auto de Vista Nº 159 de 26 de noviembre de 2008 que confirma la sentencia consultada.

Contra esta resolución superior, el Gobierno Municipal de Trinidad representada Moisés Shiriqui Vejarano interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, en los términos expuestos en su memorial de 20 de julio de 2009 (fojas 494 a 496).

CONSIDERANDO: que, conforme faculta el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, y faculta también el artículo 106 del Código Procesal Civil por mandato de la disposición transitoria segunda numeral 4) Idem, concordante con el artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial, todo Juez o Tribunal puede en cualquier estado del proceso declarar de oficio la nulidad de obrados cuando la ley lo califique expresamente. En ese entendido, en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Ahora bien, la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales, es indelegable y de orden público. El poder jurisdiccional del Estado que se atribuye al conjunto de jueces, sean estos ordinarios o especializados está limitado en razón de su competencia, que se determina mediante parámetros claramente establecidos. Al ser la competencia la medida de la jurisdicción también es de orden público, indelegable y nace únicamente de la ley.

El artículo 778 del Código de Procedimiento Civil establece que el proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado. La norma citada es de especial y de preferente aplicación.

En el sub lite, leída la demanda de 25 de mayo de 2007 (fojas 12 a 14 vuelta), se tiene que el objeto principal de la demanda civil interpuesta, es que se rectifique la Resolución de Aprobación de la Dirección del Plan Regulador de la Alcaldía Municipal de Trinidad de 24 de abril de 1990, que aprobó “los planos del Loteamiento del terreno de propiedad de la Sra. ELBA AGUILERA DE VELASCO, que presenta las… áreas” que en ella se consignan (fojas 3, 6, 20, 21) -Resolución Municipal que dicho sea de paso tiene su base en la solicitud de “aprobación del loteamiento de terrenos” de 26 de marzo de 1990 (fojas 24)-, así en la demanda de fojas 12 a 14 vuelta se señala que “confundieron el procedimiento del tramite de reloteamiento de la cantidad de 6.365.25 Mts.2…, dicha superficie se encuentra admitida por la oficina del Plan Regulador al momento de dictar la aprobación del loteamiento en fecha 24 de abril del año 1990”, “Pero en este caso, se solicito la aprobación del loteamiento…, no corresponde aquí, la exigencia de la donación de una determinada cantidad de tierras para áreas verdes”,  y en el tenor de la misma pretensión, se demanda que “se continué con los trámites para la conclusión del reloteamiento de los OCHOSES y sea mediante una Resolución expresa motivada en virtud a la demanda interpuesta, donde se RECTIFIQUE LA APROBACIÓN DEL LOTEAMIENTO”, es decir que la pretensión principal de la demanda es la rectificación de la aprobación del loteamiento, demanda interpuesta bajo la suma de “nulidad de transferencia” ó “NULIDAD DEL CONTRATO DE DONACIÓN DE 1.451.59 Mts2 destinadas para áreas verdes”. Una Resolución Municipal cuyo contenido no es normativo como es el caso de una que aprueba un loteamiento, que se constituye en un acto administrativo que goza del principio de presunción de legitimidad (SC 1464/2004-R de 13 de septiembre); debe impugnarse en la vía contenciosa administrativa.

Por otra parte y respecto a la idoneidad del proceso contencioso administrativo para conocer este tipo de situaciones la SC 0090/2006 de 17 de noviembre, sostuvo: “El replanteamiento del ámbito objetivo del proceso contencioso supera la tradicional y restringida concepción del recurso contencioso administrativo como una revisión judicial de actos administrativos previos, es decir, como un recurso contra el acto. El carácter revisor del contencioso suponía que los tribunales tenían que limitarse a enjuiciar la validez del acto impugnado y debían hacerlo, además, bajo la pauta previamente establecida en la fase administrativa como si se tratase de un recurso de casación contra una sentencia, en cuyo caso no se podían pronunciar sobre cuestiones no planteadas formalmente en la vía administrativa o respecto de las que la Administración no se hubiese pronunciado expresamente, ni se podía practicar prueba salvo para revisar la practicada en el expediente administrativo.    El nuevo replanteamiento es abrir definitivamente las puertas para obtener justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la Administración. Consecuentemente, la pretensión desplaza al acto administrativo como elemento determinante de la legitimación: legitimado no está el destinatario de la actuación administrativa, ni si quiera el afectado por dicha actuación; legitimado está quien ha sufrido o teme sufrir una lesión de cualquier derecho o interés protegible y pretende el auxilio de jueces y tribunales”.

Entonces, al tratarse la litis de un cuestionamiento sobre la aprobación de un loteamiento, que se constituye en un acto administrativo, este, dado el caso, debe impugnarse en la vía contenciosa administrativa, conforme lo dispone el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil y no la vía ordinaria.

De lo expuesto, se concluye que los jueces de grado, no han reparado esencialmente en su incompetencia para repulsar la acción interpuesta y cuyo objeto principal es que se rectifique la Resolución de Aprobación de la Dirección del Plan Regulador de la Alcaldía Municipal de Trinidad de 24 de abril de 1990, pues la competencia debe ser observada aún de oficio por el órgano jurisdiccional.

Por las razones expuestas, estando comprendido el actuar de los Tribunales de instancia dentro el artículo 254 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, corresponde aplicar lo dispuesto por los artículos 252, 271 numeral 3) y 275 del citado Código de Procedimiento.

Finalmente, sin perjuicio de lo esgrimido precedentemente, se ilustra que la demandante por nota de 2 de febrero de 2007 solicitó a la entidad demandada la devolución de superficies de terreno que se encuentran ubicados “dentro del Loteamiento Los Ochooses” (fojas 25).  

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el auto de admisión de fojas 16 inclusive. Sin responsabilidad por ser excusable.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

La Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, esta de acuerdo con la forma de resolución, sin embargo disiente en los fundamentos del fallo con la aplicación del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, por la derogatoria implícita del citado artículo a partir de la vigencia del artículo 106 del Código Procesal Civil.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dr. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria Secretaria de Sala

Libro Tomas de Razón Nº 112/2014