SALA  CIVIL  LIQUIDADORA


Auto Supremo: Nº 86

Sucre: 31 de marzo de 2014.

Expediente:        P-10-09-S

Proceso: Enriquecimiento Ilícito y otros

Partes: Felipe Azurduy  c/ Banco de Crédito

Distrito: Potosí 

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba


VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 682 a 684 vuelta, interpuesto por María Luisa Valda Serrano en representación de Felipe Azurduy, contra el Auto de Vista Nº 061/2009 de fecha 23 de marzo, cursante a fojas 675 a 678, pronunciado por la Sala Civil de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso de ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y OTROS, seguido por el recurrente contra el Banco de Crédito de Bolivia S. A. sucursal Potosí, los antecedentes del proceso, la contestación al recurso extraordinario de fojas 687 a 688, el auto de concesión del recurso de fojas 688 vuelta; y,

CONSIDERANDO I.-

DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial de Potosí, emitió Sentencia Nº 26 de fecha 31 de enero de  2009, cursante a fojas 619 a 629 vuelta de obrados, declarando IMPROBADA en su totalidad la demanda interpuesta por Felipe Azurduy e improbadas las excepciones de caducidad y prescripción opuestas por la entidad demandada, en consecuencia dispone: Con relación a la demanda 1. No haber lugar a declarar que el Banco demandado se ha enriquecido ilícitamente al cobrar el crédito del actor. 2. No haber lugar a declarar que el Banco demandado ha recibido un pago de lo indebido al cobrar el crédito del actor. 3. No haber lugar a disponer el pago de indemnización alguna a favor del actor. 4. No haber lugar a disponer pago de daños y perjuicios en favor del actor.

Que, en grado de apelación incoada por la parte demandante Felipe Azurduy, la Sala Civil de la Corte Superior de Distrito Judicial de Potosí, confirma totalmente la Sentencia apelada N° 26/2009, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II.-

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION: Resolución de alzada que dio lugar al recurso de casación en el fondo interpuesto por parte de Felipe Azurduy, que a continuación se recapitula.

Señala que el auto de vista recurrido viola el artículo 405 del Código de Comercio, al haberlo interpretado erróneamente y aplicarlo indebida e irrestrictamente, violando consecuentemente también los artículos 375 y 397 del Código de Procedimiento Civil, al no tomar en cuenta la prueba que demuestra que el Banco demandado no tenía derecho a cobrar la deuda, al no figurar el nombre de Felipe Azurduy en la escritura de cesión de créditos.

Así mismo, el tribunal ad quem acomoda su conducta al artículo 253 -3) del Código de Procedimiento Civil violando los artículos 375-1) y 397 del mismo adjetivo, incurriendo en error de derecho al no tomar en cuenta la escritura pública Nº 1497/98. Igualmente ha incurrido en error de hecho al no haber valorado correctamente la prueba del proceso, que en ninguna nómina de los anexos A, B y C de la mencionada escritura aparece como deudor el señor Felipe Azurduy, tampoco se consideró los informes periciales de la Lic. Yascara Martínez Montecinos (fojas 312 a 315), del Ing. Javier Simos (fojas 307 a 308), de Rosario Teresa Terán (fojas 316), declaración confesoria (fojas 304 a 306) y de fojas 293 a 394, pruebas que demuestran que el Banco de La Paz jamás ha transferido la deuda del demandante al Banco de Crédito S. A.

Por lo expuesto, pide se case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada su demanda en todas sus partes.

CONSIDERANDO III.-

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: Que del extenso y redundante memorial de casación interpuesto, a más de ser una copia fiel del recurso ordinario de apelación, se abstrae sólo dos reclamos o denuncias, uno la violación del artículo 405 del Código de Comercio, por errónea aplicación y dos, la errónea valoración de la prueba, observaciones que pese a ya estar resueltas reiteradamente por las autoridades de instancia, pasamos a considerarlas:

Diremos entonces que, de acuerdo al artículo 405 del Código de Comercio existe fusión, cuando dos o más sociedades se disuelven, sin liquidarse, para constituir una nueva, o cuando una de ellas se incorpora a otra u otras que se disuelven sin liquidarse. La nueva sociedad creada o la incorporante, adquirirá los derechos y obligaciones de las disueltas al producirse la transferencia total de sus respectivos patrimonios, como consecuencia del convenio definitivo de fusión. En la especie, resulta evidente que se ha producido la fusión entre el Banco de Crédito de Bolivia S.A. y el Banco de La Paz, por la cual este último se incorpora al primero, siendo bajo ese contexto comercial producido, que el Banco de Crédito de Bolivia S. A. ha adquirido derechos y obligaciones del Banco de La Paz S. A. y entre los derechos adquiridos innegablemente se encuentra las acreencias por concepto de operaciones de préstamo como el que incumbió  al recurrente.

Que, por las pruebas aportadas al proceso, es indudable la fusión que se realizó al banco demandado, habiéndose cumplido para ello, desde el inicio hasta su conclusión con el procedimiento, para el efecto acatando lo dispuesto por los artículos 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 y 412 del Código de Comercio, verificándose lo alertado por el artículo 34 del Reglamento de Registro de Comercio y artículos 117 y 118 de la ley de Bancos y Entidades Financieras.

La convicción que tiene el recurrente para iniciar la presente demanda, es de no encontrarse en ninguno de los anexos de la cesión de créditos, de accesorios, garantías y otros, Escritura Pública 1497/1998, suscrita por el Banco de La Paz S.A. regional Potosí a favor del Banco de Crédito de Bolivia suscrito en fecha 4 de diciembre de 1998, constituyendo un documento celebrado a continuación al documento de fusión, Escritura Pública N° 995/98 suscrito el 3 de diciembre de 1998, conteniendo el siguiente texto:”Consecuentemente este acto y otros de similar naturaleza que se celebren son parte de dicho proceso de fusión…”. Insistiendo que, indudablemente se efectuó la fusión por la incorporación del Banco de La Paz al Banco de Crédito de Bolivia S. A, respetando los alcances previstos por la segunda parte del Artículo 405 del Código de Comercio, en consecuencia el Banco de Crédito de Bolivia S. A. ha adquirido derechos y obligaciones de Banco de La Paz S. A, situación que es reconocida por el propio demandante y las pruebas adjuntas a obrados, instituyendo un derecho del Banco fusionado el cobrar su crédito adeudado por el demandante Felipe Azurduy, derecho que ha sido obtenido por la fusión  por el Banco demandado, desestimando la acusación de haberse aplicado erróneamente el artículo 405 del Código de Comercio, no habiendo existido enriquecimiento ilícito o recibido un pago indebido.

Así mismo tenemos que la prueba, según se tiene de la función procesal que cumple y la definición realizada por el Código de Procedimiento Civil, es el medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear convicción del juzgador, en el ejercicio de esta atribución, las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, lo que en doctrina se conoce como el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o también, lo que se conoce como el sistema de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo que las reglas de la sana crítica son, como manifiesta el procesalista Couture, ante todo, "...las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica y la experiencia del Juez...". En consecuencia, si bien es el Juez quien debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecional o arbitrariamente, sino que debe hacerlo con arreglo a las reglas dispuestas para ello.

Lo anteriormente expuesto encuentra su respaldo dentro de nuestra normativa en lo previsto por el artículo 1286 del Código Civil, que a la letra dice: "Las pruebas producidas serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio". En coherencia con esta disposición sustantiva, el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, en su parágrafo I establece que: "I. Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica", al respecto el artículo 1283 del Código Civil impone a las partes la carga de la prueba, es decir que quien demanda, debe probar los hechos que fundamentan su pretensión y quien pretende que ese hecho sea modificado o extinguido debe probar los fundamentos de su excepción, norma legal concordante con el artículo 375 de su Procedimiento; en caso de Autos por lo desglosado anteriormente y superabundantemente desarrollado en la resolución de primer y segundo grado, quedó debidamente demostrado que el Banco de Crédito de Bolivia S. A. actuó de acuerdo al derecho que le asiste el Código de Comercio y demás leyes relacionadas para acceder al cobro de la deuda transferida por el Banco de La Paz sucursal Potosí, aclarando que el recurrente ha tenido acceso a todos los medios que establece la ley, de los que bien pudo hacer uso para constituir su derecho reclamado.

Consecuentemente, no es evidente que el juez de instancia o el tribunal de alzada no hubieran valorado correctamente la prueba aportada por las partes, si las mismas han sido consideradas y apreciadas conforme lo dispone el artículo 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil, es más dentro del período probatorio y en el transcurso del proceso el actor no cumplió con lo exigido por el artículo 1283 parágrafo I del Código Civil, con relación al artículo 375 numeral 1) de su Procedimiento, ya que no ha probado su demanda, en cambio la institución financiera demandada probó negando fehacientemente lo pretendido en la demanda, mediante la prueba que aportó dentro del término probatorio, cumpliendo con lo establecido por el artículo 1283 parágrafo II del Código Sustantivo Civil, con relación al artículo 375 numeral 2) del Código Adjetivo Civil, por lo que no es evidente la vulneración de las normas invocadas.

Correspondiendo a este Tribunal Supremo de Justicia declarar infundado el recurso de casación en el fondo interpuesto, aplicando los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento  Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por María Luisa Valda Serrano en representación de Felipe Azurduy, contenido en el memorial de fojas 682 a 684 vuelta, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dr. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria Secretaria de Sala

Libro Tomas de Razón Nº 86/2014