SALA  CIVIL  LIQUIDADORA


Auto Supremo: Nº 77

Sucre: 28 de marzo de 2014.

Expediente:        B-15-09-S

Proceso: Reconocimiento y Ruptura Unilateral de Unión Libre

Partes: Elizabeth Apinaye Guardia c/ Fernando Menacho Tanaka

Distrito: Beni

Segunda Magistrada Relatora:        Dra. Elisa Sánchez Mamani


I. VISTOS:

1.- EL recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Luis Fernando Menacho Tanaka, de fojas 257 a 261, contra el Auto de Vista Nº 019 de 3 de marzo de 2009, pronunciado por  la Sala Civil de la entonces Corte Superior de Beni, en el proceso ordinario sobre reconocimiento y ruptura unilateral de unión libre, seguido por Elizabeth Apinaye Guardia  en contra del recurrente,  los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 223 a 228,  el Juez de Partido Primero de Familia, declaró probada en parte la demanda principal de fojas 11 a 12, y la demanda reconvencional de fojas 73 a 76 e improbada en parte la demanda reconvencional, en consecuencia reconoció la unión libre sostenida entre Elizabeth Apinaye Guardia y Luís Fernando Menacho Tanaka, y dispuso la ruptura unilateral de la referida unión libre reconocida mediante la sentencia, sin lugar  a la división y partición del bien inmueble ubicado en calle Santa Cruz, por no ser un bien común.

Que, en grado de apelación interpuesto por Luís Fernando Menacho Tanaka, de fojas 231 a 232, e interpuesto por Elizabeth Apinaye Guardia, de fojas 235 a 236,  la Sala Civil de la entonces Corte Superior del Distrito de Beni, por Auto de Vista  Nº 019 de 3 de marzo de 2009, de fojas 252 a 253, confirma la sentencia apelada. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 257 a 261, Luís Fernando Menacho Tanaka, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, que a continuación se compendia.

III. CONSIDERANDO:

3.1.- Recursos de casación.- En el recurso de casación en la forma  se efectúan las siguientes denuncias:

Invocando la causal prevista en el inciso 1) del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, sostiene que el Juez a quo no tenía competencia para tramitar un proceso de reconocimiento de unión libre o de hecho, alegando que por orden del artículo 241 del Código de Familia, corresponde al Juez de Instrucción de Familia en proceso sumario, concluye denunciando que se violentaron los artículos 241, 376-5) 380 del Código de Familia y pide que se anule obrados hasta la admisión de la demanda. También pide que se declare de oficio la nulidad como lo establece el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, previa revisión también de oficio previsto por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial (abrogada).

Denuncia la violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, porque el Tribunal ad quem no habría resuelto con pertinencia y congruencia su apelación su recurso de apelación de fojas 231 a 232, en la forma que este fue planteado.

En su recurso de casación en el fondo, efectúa las siguientes denuncias:

Denuncia error de hecho y de derecho en la apreciación del acta de audiencia pública de agresiones físicas y psicológicas y el acuerdo transaccional de fojas 51 y 53, que debió ser interpretado, analizado cual fue la intención común de las partes y el comportamiento de estos; añade que al haber considerado solo la prueba testifical y en parte la prueba documental para determinar el inicio y el final de la ruptura de la fallida unión, el Tribunal de apelación recae en la causal establecida en el artículo 253-3) del Procedimiento Civil.

Denuncia violación, interpretación errónea y aplicación indebida del artículo 158 del Código de Familia, ya que en fecha 5 de agosto de 2004 intentaron constituir vida en común y que el 31 de agosto de 2005, dieron fin a esa situación, por lo que esa unión carecía de estabilidad; señala también que su relación no fue permanente, pues duro un año que estuvieron en idas y venidas, y que fueron contactos circunstanciales. Luego añade que al señalar el Juez a quo y el Tribunal ad quem que la relación terminó en febrero de 2008, comete error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba y por ende viola y aplica indebidamente el artículo 158 del Código de Familia.

Finalmente pide que se case en la forma anulando obrados hasta fojas 14 y/o anulando el Auto de Vista, y/o en su caso case el auto de vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda de fojas 11 a 12 y probada la demanda reconvencional de fojas 73 a 76 vuelta.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde examinar en primer término el recurso de casación en la forma, pues en caso de estimarse dicho recurso ya no corresponderá pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo.

Respecto de la incompetencia.- El demandado no hubo cuestionado la competencia del juez a quo en primera instancia ni en su recurso de apelación; empero dado que la competencia tiene que ver con el orden público, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre este aspecto.

El  artículo 214 del Código de Familia,  dispone:

“La Filiación del hijo nacido de unión libre o de hecho se establece aplicando por analogía, en todo lo que sea pertinente, las disposiciones del capítulo I del presente título.

La unión de los padres se comprueba en un proceso sumario seguido ante el juez instructor de familia, por todos los medios probatorios, debiendo estarse en cuanto a los testigos a las previsiones del artículo 207 párrafo 2º.

Para el goce de los beneficios sociales, extensivo a derechos civiles en caso de muerte del empleado u obrero, se aplicarán las disposiciones especiales que rigen en la materia.

La acción corresponde a los padres y a los hijos, o a los herederos de aquellos o de éstos, salvando sus derechos y los de terceros interesados para la vía ordinaria.” ( las negrillas no corresponde al texto original)

La norma en examen, se refiere evidentemente a la acción que se ejercita con fines de establecimiento de la filiación de los hijos nacidos dentro de esa unión y extensivamente para el ejercicio de los derechos personales y patrimoniales tanto a favor de los hijos como de la conviviente. Empero la acción de ruptura unilateral en la que previamente se pide la comprobación de la unión libre es diferente, ya que se la articula como parte del fundamento fáctico de la pretensión de ruptura, pues lógicamente corresponderá que se compruebe la unión libre y de hecho y luego su ruptura unilateral, y precisamente en virtud a los principios de economía, de concentración, y de acceso a la justicia,  esto puede tener lugar en el mismo proceso, cuyo conocimiento y resolución es de competencia del Juez de Partido de Familia, por mandato del artículo 373-1-h) del Código de Familia. En este mismo sentido la  Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Auto Supremo Nº 286/2007 de fecha  3 de octubre de 2007, estableció que “la comprobación de la unión libre o de hecho contenida en el artículo 214 del Código de Familia, es aplicable a asuntos relativos al derecho sucesorio  y que conforme a la disposición del artículo 169 del citado Código de Familia, la declaración judicial o reconocimiento de unión libre o de hecho que precede a la ruptura unilateral, es competencia del Juez de Partido de Familia como parte de los hechos a probarse, obviamente dentro del mismo proceso”. Consiguientemente, no son evidentes las violaciones que se denuncian y menos que el Juez a quo haya actuado sin competencia, por lo cual dicha denuncia deviene en infundada.

Respecto a la violación del principio de congruencia.- Ciertamente el proceso civil boliviano finca, entre otros,  en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a los hechos y a las peticiones de las partes formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a los mismos, ya que ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

La estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y el pronunciamiento del Tribunal de apelación  es lo que se conoce como principio de congruencia; el cual se encuentra,  previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil,  cuyo quebranto se produce cuando el Tribunal ad quem, omite pronunciamiento expreso y exhaustivo sobre alguno de los agravios invocados por el apelante; en cuyo  caso la resolución se halla viciada de nulidad por mandato del artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, el recurrente  afirma que el Tribunal ad quem no habría resuelto con pertinencia y congruencia su recurso de apelación de fojas 231 a 232, en la forma en que este fue planteado. Como se advierte, el recurrente no concretiza con relación a que “agravio” el fallo del Tribunal ad quem fuera incongruente, pues ni siquiera se insinúa si está denunciando omisión de pronunciamiento o exceso de pronunciamiento, que son modalidades de infracción al principio de congruencia diferentes; así formulada la denuncia no permite efectuar el contraste necesario entre el recurso de apelación, que dicho sea de paso es manifiestamente defectuoso, y el fallo de segunda instancia; razón por la cual el Tribunal Supremo no puede examinar el fondo de la denuncia por su formulación imprecisa y por lo mismo deficiente.

Con relación al recurso de casación en el fondo.- De principio corresponde referirse a la denuncia de error de valoración probatoria.

Según la  doctrina procesal,  el recurso extraordinario de casación tiene doble función, de un lado unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley.

El recurso extraordinario de casación es una demanda nueva de puro derecho, que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia de segunda instancia, pues no se trata de una tercera instancia.

Es extraordinario porque es excepcional en su procedencia, pues no todas las resoluciones de segunda instancia pueden ser impugnadas en casación, y porque además se requiere haber agotado la segunda instancia para recurrir de casación, pues en la legislación boliviana no se encuentra permitido el salto de instancia, de manera tal que si el recurrente no hubo denunciado los agravios ante el Tribunal ad quem, no puede hacerlo posteriormente en sede casacional, conforme dispone el artículo 262-2) del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen el recurrente denuncia error de valoración probatoria de hecho y de derecho del acta de audiencia pública de agresiones físicas y psicológicas cursante de fojas 51, y el acuerdo transaccional de fojas 53, cuyo reconocimiento cursa a fojas 52. El recurrente, en su apelación de fojas 231 a 232, no se queja sobre la valoración probatoria de dichos documentos, pues en el penúltimo párrafo de su recurso en que se menciona el documento de fojas 51, el recurrente se limita a transcribir el argumento efectuado por el Juez a quo empero sin efectuar crítica alguna en torno a su valoración y menos denunciar error. Lo propio sucede respecto de la otra prueba documental y testifical a la que alude el recurrente, respecto de la cual tampoco se quejó en apelación, razón por la cual el Tribunal Supremo no puede aperturar competencia para examinar el fondo de esta denuncia, pues como se tiene dicho no se encuentra permitido el salto de instancia.

Con relación a violación, interpretación errónea y aplicación indebida  del artículo 158 del Código de Familia.- En reiterados fallos, verbi gratia el A.S. Nº 236 de 28 de septiembre de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia,  ha dejado claramente establecido que los jueces de instancia deben limitarse a aplicar las leyes invocadas por las partes en la demanda y en la contestación, por ello al interponer el recurso de casación  y solicitar se reconozca la infracción de una determinada ley es obvio que la misma debe ser aplicada en la resolución recurrida, cuando el tribunal de segundo grado no se pronuncia sobre una determinada ley, corresponde a la parte interesada, con la facultad conferida por el artículo 196.2) con relación al artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, solicitar dentro del plazo legal la correspondiente complementación del referido fallo y sólo sobre esta base, puede recurrirse en casación, de manera que si el recurrente no ha procedido de esa forma el recurso debe ser declarado infundado.

En el caso en examen el Tribunal ad quem ni siquiera hace mención al artículo 158 del Código de Familia, y a pesar de ello el recurrente no ha exigido, por vía de complementación, pronunciamiento respecto a dicha norma; por lo cual no hay posibilidad de que se haya producido su violación, interpretación errónea o aplicación indebida, que dicho sea de paso se trata de tres modalidades diferentes de error in judicando, razón por la cual esta denuncia  deviene en infundada.

En suma, no amerita acoger las denuncias formuladas por el recurrente, por lo cual y respecto a las denuncias sobre las que el Tribunal Supremo ha abierto competencia sobre el fondo, corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR  TANTO:

La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por  la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fojas 257 a 261, interpuesto por Luís Fernando Menacho Tanaka, sin costas por no haber sido contestado el recurso.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500 que mandará a pagar el señor Juez a quo.

Primera Magistrada Relatora Dra. Ana Adela Quispe Cuba, de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.   

Fdo. Dra.  Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria / Secretaria de Sala

Libro Tomas de Razón Nº 77/2014