SALA  CIVIL  LIQUIDADORA


Auto Supremo: Nº 76

Sucre: 28 de marzo de 2014.

Expediente: B-8-09-S

Proceso: Nulidad de Proceso Ejecutivo

Partes: Werner Bascope Chavez c/ Alejandro Alanis Hinojosa

Distrito: Beni 

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba


VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 149 a 152 vuelta, interpuesto por Werner Ivan Bascope Chávez, contra el Auto de Vista Nº 170 de 16 de diciembre de 2008, cursante a fojas 144 a 145 vuelta, pronunciado por la Sala Civil de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, dentro del proceso de NULIDAD DE PROCESO EJECUTIVO, seguido por el recurrente contra Alejandro Alanis Hinojosa, los antecedentes del proceso, la contestación al recurso extraordinario de fojas 155 a 156, y el auto de concesión del recurso de fojas 157; y,

CONSIDERANDO I.-

DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de Beni, emitió sentencia de fecha 14 de agosto de 2008, cursante a fojas 122 a 126 vuelta de obrados, declarando IMPROBADA la demanda ordinaria de nulidad de proceso ejecutivo por vicio o fraude procesal, a su vez, acción de reconocimiento de pago de $us. 20.000.-, seguido por Werner Iván Bascopé Chávez contra Alejandro Alanis Hinojosa. En consecuencia, no hay lugar a reconocer dicho pago, manteniéndose vigente y con rigor lo dispuesto en sentencia ejecutiva demandada, sin lugar a nulidad alguna, con costas.

Que, en grado de apelación incoada por el demandante, la Sala Civil de la Corte Superior de Distrito Judicial de Beni, confirma la sentencia apelada, con costas.

CONSIDERANDO II.-

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION: La parte demandante recurre en casación, planteándolo en el fondo de la siguiente manera:

Acusa violación del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, al haberse dictado la sentencia fuera del plazo establecido por ley.

Así mismo, dice que el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil fue transgredido por el auto de vista recurrido, ya que el perito Luigi Vargas Zambrana no prestó el juramento que lo habilitaba para actuar como perito.

También culpa al auto de vista de violar el artículo 22 de la Ley 1760 al convalidar la denegación de justicia que sufrió en el proceso ejecutivo, en la que el juez ilegalmente declaró la caducidad de su recurso de apelación y la ejecutoria de la sentencia ejecutiva.

Que el informe del perito Héctor Favio Ríos Montaño se limitó a copiar íntegramente el peritaje efectuado por el primer perito, con la agravante de no haber acreditado su profesión de documentologo, cuando éste es grafólogo y el auto de vista le da ilegalmente valor de plena prueba.

Consiguientemente se violaron los artículos 1333 del Código Civil y  441 del procedimiento, al otorgarle valor legal pleno a las pericias, sabiendo las contradicciones que contienen y la falta de requisitos para el cumplimiento del cargo y de profesionalismo adecuado; así como el artículo 1285 del Código Civil al no tomarse en cuanta la confesión espontanea del demandado y 404-II del Procedimiento Civil.

Igualmente se violó el artículo 1286 del Código Civil y 397 del Procedimiento que obliga a los jueces a valorar las pruebas producidas por las partes, refiriéndose a la pericia efectuada por el IDIF, ordenada por el Ministerio Público dentro de la querella penal que Alejandro Alanis Hinojosa siguió contra el demandante.

Por ultimo denuncia la falta de exhaustividad y congruencia del auto de vista, sin apoyar en normas legales las conclusiones a las que arriba.

Concluye su memorial indicando que se le conceda el recurso interpuesto a objeto de que el Tribunal Supremo de Justicia case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada su demanda, si acaso no optara por anular el auto de vista.

CONSIDERANDO III.-

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: Que, la jurisprudencia sentada por este Tribunal estableció de manera reiterada que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por la ley, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo o recurso de casación en la forma, sin que exista óbice alguno para que ambos recursos se interpongan al mismo tiempo conforme establece la norma prevista por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil. En ese marco y dada la naturaleza jurídica de cada acción extraordinaria que se revisa, corresponde señalar que cuando se plantea el recurso de casación en el fondo, se deben circunscribir los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el artículo 253 del citado procedimiento, destacando que la valoración de la prueba es una atribución de los juzgadores de instancia incensurable en casación. Razón por la cual, el recurrente tiene la obligación de acreditar la existencia de errores de hecho o errores de derecho en su compulsa. En tanto que, si se plantea en la forma, las denuncias deben adecuarse a las previsiones del artículo 254 del adjetivo civil citado. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma del artículo 258 del procedimiento civil, es decir, se deben citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación o falsedad o error.

Consiguientemente, en virtud de la naturaleza jurídica, del recurso de casación en el fondo no se pueden analizar aspectos o denuncias relativas a la existencia de errores in procedendo o violaciones de las formas esenciales del proceso, cuyo análisis y resolución está reservado para el recurso de casación en la forma, ni viceversa, es decir, analizar aspectos concernientes al recurso de casación en el fondo, a través del recurso de casación en la forma. En mérito a estas características, la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el Auto de Vista se case, conforme establecen los artículos 271 numeral 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil y, cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, conforme establece los artículos 271 numeral 3) y 275 del mismo cuerpo legal, siendo comunes para ambos recursos las formas de resolución por improcedente e infundado.

Que en la especie, el recurrente no cumplió las obligaciones procesales descritas no obstante que anuncio la interposición del “recurso de casación en el fondo”, empero de manera general expuso los motivos y fundamentos de su recurso, reflejando falta de aplicación de la correcta técnica jurídica dispuesta para la interposición de esta acción extraordinaria; en efecto, si bien es cierto que interpone recurso de casación en el fondo, no es menos evidente que en la parte de la fundamentación del recurso, olvidándose que lo interpuso sólo en el fondo, realiza una exposición de hechos y  denuncias sin tomar en cuenta ni discriminar la naturaleza jurídica de los mismos, tales como perdida de competencia del juez, violación del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, falta de exhaustividad y congruencia del auto de vista, toda vez que el recurso de casación en el fondo como ya se dijo, tiene como finalidad velar por la adecuada interpretación y correcta aplicación de la ley en los fallos judiciales que lleguen a su conocimiento, buscando la seguridad jurídica y la igualdad de todos los miembros de la comunidad ciudadana ante la ley. Entretanto, el recurso de casación en la forma, que en los hechos es el verdadero recurso de nulidad, tiene por finalidad la de subsanar los defectos procesales que existan en la tramitación del proceso, y es por ello que su ámbito de conocimiento se refiere a impugnaciones referidas a defectos de lugar, tiempo y forma que pudiera afectar a un fallo en su contenido mismo. Tienen en otros términos, que ver con los errores "in judicando" y/o "in procedendo" en que haya incurrido el Tribunal Ad quem; siendo menester insistir que las denuncias relacionadas con las cuestiones de forma del proceso, no corresponden ser analizadas a través del recurso de casación en el fondo, habida cuenta que para ello se instituyó dentro de nuestro ordenamiento jurídico el recurso de casación en la forma.

En este marco y dada la naturaleza jurídica de cada acción extraordinaria, los fundamentos que se expongan respecto de cada uno de ellos, deben estar adecuadamente diferenciados, de modo tal, que el Tribunal Supremo lo considere en el efecto correspondiente, implicando ello el incumplimiento de la norma contenida en el artículo 258 numeral 2) del procedimiento Civil, que no puede ser subsanada por el Tribunal Supremo por cuanto no abre su competencia.

Por otro lado en cuanto a la errónea apreciación y valoración de las pruebas, cabe indicar que los Tribunales de instancia, son libres en la apreciación y valoración de las pruebas (documental, confesoria, testifical, pericial, etc.) en las que fundan su decisión, así como la determinación de los hechos que ellas demuestran, estableciendo el grado de convencimiento que puedan producir a efectos del reconocimiento o no de una determinada situación jurídica, incensurables en casación, a no ser que los jueces de grado hubiesen incurrido en error de hecho o de derecho, abriéndose la competencia de este Tribunal para conocer esta supuesta equivocación en la valoración por vicio in judicando. No obstante, en la especie, el recurrente no indicó de manera precisa si el error en que incurrió el Ad quem en la apreciación de la prueba confesoria y pericial, es de derecho, o de hecho, puesto que si fuera de derecho, debió indicar si el valor otorgado a la prueba considerada, fue diferente al que la ley le atribuye, debiendo, como condición sine qua non, citar de modo expreso, claro y terminante cuál es la norma probatoria que ha sido desconocida o infringida por el Tribunal de alzada. Por otro lado, cuando la ley no da a cierto tipo de pruebas un valor determinado y deja su valoración librada a las reglas de la sana crítica, tal el caso de la prueba testifical, pericial y otras, se incurre en error de hecho, cuando el Juez o Tribunal de instancia equivocadamente cree que se ha probado o negado un hecho que está en contra de lo aseverado en un documento auténtico, en este caso, el recurrente, como requisito sine qua non, debe señalar los documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador; a esto se debe agregar que el recurrente ampara ésta denuncia en el numeral 1) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, demostrándose una vez más la confusión y error en la interposición de su recurso.

Un recurso así planteado, alejado de los requisitos señalados en el numeral 2) del artículo 258 del Código adjetivo, por su ostensible imprecisión y ambigüedad, deviene inevitablemente en la improcedencia, correspondiendo dar aplicación a lo previsto por los artículos 271numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por Werner Ivan Bascope Chávez, contenidos en el memorial de fojas 149 a 152, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dra.  Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria / Secretaria de Sala

Libro Tomas de Razón Nº 76/2014