SALA  CIVIL  LIQUIDADORA


Auto Supremo: Nº 73

Sucre: 26 de marzo de 2014.

Expediente: B-28-11-S

Proceso: Nulidad de Escrituras Publicas

Partes: Jobino Salazar Tivi c/ Magdalena Limpias y otros

Distrito: Beni

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba


VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 141 a 145, interpuesto por Luis Rodney Lijeron Casanovas en representación de María Magdalena Limpias y otros, contra el Auto de Vista N° 35/2011 de 15 de febrero, cursante a fojas 133 a 134, pronunciado por la Sala Civil de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, dentro del proceso NULIDAD DE ESCRITURAS PUBLICAS, seguido por Jobino Salazar Tivi representado por Nayibe Lazo Aguada Ángel Edgar Navarro Taboada en contra los recurrentes, los antecedentes del proceso, la contestación al recurso extraordinario de fojas 160 y vuelta, y el auto de concesión del recurso de fojas 166 y vuelta; y,

CONSIDERANDO I.-

DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido Mixto de Riberalta Beni, emitió sentencia N° 572/2010 de fecha 4 de noviembre, cursante a fojas 109 a 113 de obrados, declarando PROBADA en parte la demanda e improbada la reconvención, sin costas. En consecuencia se declara la nulidad de la Escritura Pública Nº 415/2004 y de su registro en Derechos Reales, por la que Jobino Salazar Tivi Transfiere el inmueble a favor de María Magdalena Limpias Salazar.

Que, en grado de apelación incoada por el demandado, la Sala Civil de la Corte Superior de Distrito Judicial de Beni, confirma la sentencia impugnada.

CONSIDERANDO II.-

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION: Los recurrentes refieren interponer recurso de casación en el fondo y forma, resumidos de la siguiente manera:

Recurso de casación en el Fondo.- Indica que el tribunal ad quem ha incurrido en error de derecho al realizar una errónea interpretación y aplicación del artículo 549 Nº 1 del Código Civil, que según el recurrente el contrato objeto de la litis cumple con el objeto y forma que exige este artículo.

También señala que hubo una errónea interpretación y aplicación indebida del artículo 1295 del Código Civil, que al contrario de lo que interpretaron los vocales, actuaron las personas exigidas por ley, siendo la señora Claudia Cuani Vargas quien actuó a ruego, toda vez que en las escrituras públicas no intervienen testigos de actuación, siendo error de taipeo del notario, haberla consignado como testigo de actuación. Que además este artículo no expresa que la omisión a lo previsto en el artículo ocasiona nulidad del documento público.

Recurso de casación en la Forma.- Manifiesta que la demanda formulada contiene vicio de nulidad absoluta, ya  que la misma no cumple los requisitos exigidos por ley, violándose el artículo 327 numeral 8 del Código de Procedimiento Civil.

Denuncia otro vicio de nulidad en el proceso, al no dar cumplimiento al artículo 182 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley de Organización Judicial, respecto a la falta de convocatoria y celebración de la audiencia de conciliación por parte del juez de primera instancia.

En su petitorio al Tribunal Supremo de Justicia, pide se sirvan casar en el fondo el Auto de Vista 35/11 de fecha 15 de febrero de 2011 recurrido y respecto al recurso de casación en la forma anule obrados hasta el vicio más antiguo señalando sin reposición.

CONSIDERANDO III.-

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En cuanto a su recurso de casación en el fondo.- Pese a haberse desarrollado ampliamente en la sentencia y auto de vista, este Tribunal debe manifestar que el artículo 1295 del Código sustantivo Civil instituye, “En los documentos públicos otorgados por personas que no sepan o no puedan firmar, firmará otra persona a ruego de ella, y se estamparán las impresiones digitales del otorgante, haciéndose constar esta circunstancia al final de la escritura, aparte de firmar también los testigos instrumentales”.

Que el proyecto de minuta de fecha 19 de julio de 2004, constituye un documento privado mientras no se produzca su protocolización a instrumento público, así se entiende de la cláusula quinta del mismo, que en el mencionado documento privado no interviene la persona a ruego por el vendedor que no pudo o supo firmar, que exige el artículo desarrollado, así como tampoco se hizo constar esa circunstancia.

Así mismo, el artículo 1299 impone, “Los documentos privados que otorgan analfabetos llevarán siempre sus impresiones digitales puestas en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir y suscriban también al pie, así como la persona que firme a ruego, requisitos sin las cuales son nulos”.

La firma del otorgante de un documento privado, que es analfabeto, (y por tanto no sabe leer ni escribir y, consiguientemente, firmar), se suple en la forma prevista por este artículo, que ha reproducido al respecto la disposición de la Ley de 20 de Noviembre de 1950. Así comparte criterio la jurisprudencia de la Corte Suprema hoy Tribunal Supremo de justicia, en diferentes Autos emitidos, que señalan: "El documento privado para surtir efectos de documento público requiere del reconocimiento de las firmas de sus otorgantes, según la L. de 20 de Nov. de 1950 tratándose de analfabetos". (G.J. Nº 1616, p. 99). "No tiene fuerza ejecutiva el documento base de la ejecución, que no ha sido conforme al artículo 2º de la L. de 20 de Nov. de 1950 (artículo 1299 Código Civil), que además de los testigos presenciales exige que sea suscrito por otra persona a ruego de la analfabeta que se obliga". (G.J. Nº 1620, p. 46). "La L. de 20 de Nov. de 1950, para garantizar los actos y contratos de los analfabetos, víctimas frecuentes de engaño, establece requisitos sin los cuales los documentos en que éstos intervienen son nulos, como ocurre en la especie, en la que la inobservancia de los mismos no puede ser suplida con la firma estampada por el marido de la actora". (A.S. Nº 17, de 12-II-80).

Consecuentemente el documento de referencia no nació a la vida jurídica, en consecuencia es nulo, al no cumplir con los requisitos que exige la ley, resultando también inválida la Escritura Pública posterior, por ser su origen un documento nulo. Habiéndose adecuado a la causal de nulidad que establece el numeral 1) del artículo 549 del Código Civil, que es claro en señalar que el contrato será nulo, por faltar en el contrato, objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez. (las negrillas y cursivas pertenecen a los suscritos)

En cuanto al recurso de casación en la Forma.- Debemos indicar que los recurrentes no formularon reclamo alguno sobre la falta de cumplimiento del numeral 8) del artículo 327 y 182 del Código de Procedimiento Civil, este último en relación al artículo 16 de la Ley de Organización Judicial, que ahora constituyen el fundamento de su acción extraordinaria en la forma, obviando el hecho que por su propia inactividad propició la preclusión de su derecho por no haber accionado su reclamo en el momento procesal oportuno, criterio jurídico que halla su respaldo legal en lo previsto por el artículo 258 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, que dispone: "En el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieran reclamado en los tribunales inferiores, salvo los casos que interesaren al orden público para los efectos del artículo 252", siendo también necesario poner de referente el principio de convalidación, que entre otras cosas implica que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho, como lo afirma el tratadista Eduardo Couture (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Pág. 391), consiguientemente, no existe mérito para disponer la anulación del proceso por un acto procesal propiciado por los propios recurrentes.

En consecuencia éste Tribunal Supremo de Justicia considera infundados los argumentos vertidos en ambos recursos interpuestos, resolviendo en la forma determinada por los artículos 271 numeral 2)  y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADOS los recursos de casación en el fondo y forma interpuesto por Luis Rodney Lijeron Casanovas en representación de María Magdalena Limpias y otros, contenido en el memorial de fojas 140 a 145, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria Secretaria de Sala

Libro Tomas de Razón Nº 73/2014