SALA  CIVIL  LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 49

Sucre: 5 de marzo de 2014

Expediente:        P 11 09 S

Proceso: Violación y Abuso Deshonesto

Partes: Juan Carlos Olivares Navarro y otros c/ J.F.O.

Distrito: Potosí

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba          



VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 178 a 179, interpuesto por Ángela Oña Ancasi, contra el Auto de Vista N° 010/2009 de 26 de febrero de 2009, cursante a fojas 164 a 165 vuelta, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso infraccional de VIOLACION Y ABUSO DESHONESTO, seguido por Juan Carlos Olivares Navarro y otros contra el adolescente J. F. O. hijo de la recurrente, los antecedentes del proceso, la contestación al recurso extraordinario de fojas 186 y vuelta, y el auto de concesión del recurso de fojas 180; y,

CONSIDERANDO I:

DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido Mixto Liquidador de Colquechaca, emitió sentencia N° 1/2009 de fecha 2 de febrero, cursante a fojas 146 a 150, declarando al adolescente J. F. O., autor de la infracción del delito tipificado en el artículo 312 del Código Penal con las agravantes comprendidas en los inc. 2 y 7 del artículo 310 del Código Penal, imponiéndole la medida socioeducativa de semi libertad, comprendido en el art. 248 del Código Niño, Niña y Adolescente por el tiempo de seis meses, medida que finalizara el 2 de agosto del 2009, así como otras medidas restrictivas y correctivas. También se lo declara absuelto de culpa y pena por la infracción del delito tipificado en el art. 308 Bis, violación de niño, niña y adolescente por falta de prueba.

Que, en grado de apelación incoada por los demandantes particulares Juan Carlos Olivares Navarro y Ruth Marlene López, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Distrito Judicial de Potosí, revoca parcialmente la sentencia impugnada, sólo en cuanto concierne a la medida impuesta en contra de J. F. O., sustituyéndola por la medida de privación de libertad, prevista en el art. 249 del Código Niño, Niña y Adolescente, por el tiempo de tres años, computable a partir del día de su efectivización,  con permiso exclusivo para asistir al colegio a cumplir sus actividades escolares, manteniéndose en lo demás, firme la sentencia N° 1/2009.

CONSIDERANDO II.-

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION: Resolución de alzada, que motivo la interposición de recurso de casación por parte de la madre del infractor, aduciendo lo siguiente:

La recurrente rememora a medida de antecedentes los hechos ocurridos durante el desarrollo del proceso, haciendo alusión a los hechos probados, fundamentación jurídica de la sentencia y el auto de vista, para posteriormente referirse “pertinencia” del auto de vista. Continua indicando que el art. 149 del C.N.N.A. está reservada su aplicación sólo para el juez de la niñez y adolescencia y sujeta a sus principios.

Menciona que no se ha comprobado que las lesiones correspondían a actos libidinosos, por lo que existe la duda razonable que debe ser empleada a favor del imputado; que en el caso de la comisión de delitos por menores de 16 años de edad, estos deben ser sometidos a proceso aplicando la Ley 2026, tal es el caso de su hijo menor.

En su petitorio solicita admitir su recurso de casación y deliberando en el fondo revoque el auto de vista Nº 10/2009, dictado por la Sala Penal.

CONSIDERANDO III.-

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: Que, para determinar la apertura de la competencia de este Tribunal Supremo de Justicia, con carácter previo es necesario determinar si el mismo fue presentado dentro del plazo que establece la ley, así diremos:

Que, el recurso de casación se ha instituido a favor de todo litigante para invalidar una Sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley conforme se encuentra establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil; para su interposición de dicho recurso no solo se debe observar elementos de forma y contenido sino también los plazos bajo sanción de aplicarse el principio de preclusión procesal.

Que, para el caso que nos ocupa el artículo 284 del Código Niño, Niña y Adolescente instituye que el recurso de casación deberá ser presentado en un plazo no mayor a diez días desde el momento de la notificación.

Que, por disposición del artículo 296 del Código del Niño, Niña y Adolescente, en los procedimientos por infracciones, prevé la aplicación supletoria del procedimiento para los delitos; es decir las normas del Código de Procedimiento Penal, lo cual sucede con relación al cómputo de los plazos para impugnar, en razón a que el Código del Niño, Niña y Adolescente no tiene previsión sobre este extremo. Consiguientemente corresponde aplicar dicha norma supletoria conforme lo tiene sentado el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Nº 1003/2012.

Precisamente el artículo 130 del Código de Procedimiento Penal, prevé que los plazos determinados por días comenzarán a correr al día siguiente de practicada la notificación y vencen a las 24 horas del último día hábil señalado. Asimismo prevé que en dichos plazos se computan sólo los días hábiles.

En el caso presente, la recurrente Ángela Oña Ancasi en representación de su hijo demandado de infracción J. F. O., fue notificada con la Orden Instruida que transcribe el Auto de Vista Nº 10 de fecha 26 de febrero de 2009 de fojas 167 a 169 vuelta, a horas diecisiete con diez minutos (17:10 p.m.) del día jueves cinco (5) de marzo de 2009, tal como se puede verificar por la diligencia de notificación de fojas 171 vuelta, consiguientemente el plazo de 10 días previsto por el artículo 284 del Código del Niño, Niña y Adolescente, comenzó el día viernes 6, sábado 7, continuó el lunes 9, martes 10, miércoles 11, jueves 12, viernes 13, sábado 14 y finalizaba el martes 17 de marzo del 2009. Conforme consta en el cargo de presentación de fojas 179 vuelta, la recurrente  Ángela Oña Ancasi, ha presentado su casación a horas 15:50 del 16 de marzo del 2009, lo cual implica que dicho recurso de casación fue presentado dentro del plazo legal, pues aún tenía hasta las 24 horas del 17 de marzo para interponerlo, por lo que se abre la competencia de este Máximo Tribunal de Justicia.

Que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Tribunal de Casación “anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesen al orden público”, disposición legal que se relaciona con el artículo 90 del Adjetivo Civil, que otorga el carácter de orden público a las normas procesales y por lo tanto de cumplimiento obligatorio; asimismo, el artículo 106 del actual Código Procesal Civil, Ley N° 439 de fecha 19 de noviembre de 2013, previene en su parágrafo I que :“La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier estado del proceso, cuando la ley lo califique expresamente”, preceptiva puesta en vigencia por la disposición transitoria segunda numeral 4) del recién aprobado adjetivo civil, en el entendido, de que se hubieran vulnerado las garantías constitucionales de las partes o de una de ellas, o en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Que, las normas relativas a la  jurisdicción y competencia, son de orden público y de cumplimiento obligatorio cuya infracción se encuentra sancionada con nulidad conforme la norma prevista por el artículo 122 de la Constitución Política del Estado.

Que, de la revisión de los antecedentes, se establece que el Tribunal Supremo de Justicia, con relación a procesos seguidos contra menores infractores, ha establecido la competencia a la Sala Civil, por lo que en el caso de autos, se evidencia la existencia de un error al momento de la distribución de causas en Sala Plena, en razón a la materia, remitiendo equivocadamente el presente caso primeramente a la Sala Penal Segunda de la ex tinta Corte Suprema, conforme consta en el cargo de fojas 183 vta., incurriendo también la Sala en el mismo error, al radicar la misma, según decreto de fojas 184 de obrados, sin observar que el caso no era de su competencia, porque es seguido contra un menor infractor. Posteriormente la causa es remitida a la Sala Penal Liquidadora, quien advertido de los errores anteriores por Auto Supremo N° 156/2013 de 15 de mayo, de fojas 215 a 216 vuelta de obrados, declina competencia ante la Sala Civil de este mismo Tribunal.    

Con estos antecedentes, debemos continuar señalando, que si bien es cierto, que se considera infracción a la conducta tipificada como delito en la Ley Penal, sin embargo los menores infractores no ingresan a la esfera penal, de ahí que la conducta de los menores infractores no es sancionada por un Tribunal en materia penal, sino por el Juez de la Niñez y Adolescencia, como establecen los artículos 274 y 317 del Código del Niño, Niña o Adolescente.

Que según nuestro ordenamiento jurídico, por encima de los 16 años a la persona se lo considera capaz para ser responsable desde el punto de vista penal, y en sentido contrario, por debajo de esa edad, sin exigencia de ninguna prueba de discernimiento se lo excluye de responsabilidad penal, en otras palabras los menores de 16 años, el sujeto es inimputable, por ello exento de cualquier tipo de responsabilidad penal.

En el caso de Autos, el presunto infractor a la fecha de sucedido los hechos por los cuales se le acusa, era menor de 16 años, por tanto fue sometido a un proceso especial, por la infracción de Violación, Niño, Niña o Adolescente y Abuso Deshonesto, que debido al lugar del hecho, fue atendido por el Juez de Partido Mixto Liquidador y Sentencia de Colquechaca.

La responsabilidad que emerge por la comisión de la infracción es de carácter social y no penal, siendo pasible de medidas socio-educativas a que se refiere el artículo 222 del Código Niño, Niña o Adolescente.

El objetivo principal del Código Niño, Niña o Adolescente es de regular el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la Sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia, conforme se establece en el artículo 1 del Código Niño, Niña y Adolescente, por ello las disposiciones contenidas en el mismo, son de orden público y de aplicación preferente conforme determina el artículo 3 del mismo Código.

En ese marco y conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 del Código Niño, Niña o Adolescente, se debe tener presente que los niños, niñas y adolescentes gozan de la protección de Estado y es deber velar por el interés superior de éstos, de ahí que el motivo que impulsó al legislador para excluirlos de la normativa penal, ha sido precisamente en protección integral de estos.

Empero, con relación al trámite de los recursos que debe seguir los procesos contra menores infractores, la Corte Suprema de Justicia a través del Auto Supremo Nº 77 de 27 de febrero de 2009, emitido por la Sala Civil Primera estableció: "....Si bien es cierto que el Código de la Niñez y Adolescencia no precisa el procedimiento o la normativa a la que debe sujetarse el trámite de las impugnaciones, sin embargo, si el espíritu del legislador fue no someter a los menores y adolescentes al ámbito penal y otorgar la competencia al juez de partido de la niñez y adolescencia para conocer los procesos sobre infracciones cometidos por menores, e debe tener presente que el art. 105 inc. 1) de la Ley de Organización Judicial otorga competencia a las Salas Civiles de las Cortes Superiores para conocer en grado de apelación, las sentencias y autos dictados en primera instancia por los jueces de partido en materias civil-comercial, de familia y del menor. A su vez, el art. 58) inc. 1 de la citada Ley Orgánica, señala que es atribución de las Salas Civiles de la Corte Suprema, conocer en recurso extraordinario de nulidad, las causas civiles y comerciales, de familia y del menor elevados por las Cortes Superiores, como ocurre en el sub lite".

De esta línea, se establece claramente que los Tribunales antes mencionados son competentes para conocer las impugnaciones que regula el Código Niño, Niña o Adolescente, sujetándose a las formas de resolución contenidas en la normativa procesal Civil, conforme determinan los artículos 237 y 271 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente.

Advirtiéndose que el conocimiento y resolución de la apelación planteada a fojas 153 a 154 de obrados, interpuesto por Juan Carlos Olivares Navarro y Ruth Marlene López, correspondía en razón de competencia a la Sala Civil de la entonces Corte Superior de Justicia de Potosí, empero por error de la Unidad de Recepción y Distribución de Procesos Nuevos de ese Tribunal, la causa fue asignada a la Sala Penal Segunda y sin reparos la causa fue clasificada como materia Penal Común Delitos de Acción Pública, sin realizar las consideraciones desarrolladas precedentemente, radicando el proceso en una autoridad que resolvió la misma sin tener competencia, cuyo conocimiento y resolución era de exclusiva competencia de los Vocales en materia Civil.

Consiguientemente el Tribunal de Alzada ha obrado sin competencia para conocer y resolver la apelación interpuesta por la parte acusadora particular.

La actuación de los jueces en un asunto que no es de su competencia, implica la violación a la garantía constitucional del juez natural, en su elemento de competencia,  por cuyo motivo no queda más remedio que anular obrados.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde fallar conforme disponen los artículos 271 numeral 3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 252, 271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil y 106 del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta el sorteo del proceso de fojas 162 inclusive, disponiéndose la realización de nuevo sorteo con las consideraciones del presente Auto Supremo, asignando a la Sala Civil quien es competente para conocer el presente proceso.

Con responsabilidad por no ser excusable la omisión de los Vocales de la Sala Penal Segunda, que se gradúa en Bs. 250.-, descontable de sus haberes, para tal efecto notifíquese con la presente resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón 49/2014