SALA  CIVIL  LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 41

Sucre: 5 de marzo de 2014

Expediente: LP 7 09 S

Proceso: Nulidad de Escritura Pública y otros

Partes: Petrona Ticona Apaza c/ Fermina Vargas Vd. De Carpio

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani                                                                



I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Fermina Soledad Vargas Vda. de Carpio, contra el Auto de Vista Nº 235 de fecha 12 de noviembre de 2008, y su complementario de fojas 157, pronunciados por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, en el proceso ordinario doble sobre la nulidad de Escritura Pública, daños y perjuicios y cancelación de partida de Derechos Reales, seguido por Petrona Ticona Apaza,  en contra  de la recurrente, la contestación, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 123 a 126 vuelta de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, se declaró probada la demanda, de fojas 21 a 22, sin lugar a daños y perjuicios; y se ordenó la nulidad de la Escritura Pública Nº 530/92 de fecha 20 de agosto de 1992 y dispuso la cancelación de la partida computarizada Nº 01173270, folio real Nº 2.01.0.99.0001501 en Derechos Reales; y también se declaró improbada la demanda reconvencional, sin costas.    

Que, en grado de apelación, interpuesto por Fermina Vargas de Carpio, de fojas  130 a 132, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, por Auto de Vista Nº 235 de fecha 12 de noviembre de 2008, de fojas 156 y vuelta, confirmó la sentencia apelada, y mediante auto complementario de fojas 157, confirmó  la resolución Nº 640/2004, de fojas 34, con costas en ambas instancias. 

Contra el referido Auto de Vista y su complementario, por memorial cursante de fojas 172 a 174 vuelta, Fermina Soledad Vargas Vda. de Carpio, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, que se compendia a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- La recurrente, en su recurso de casación en la forma, efectúa las siguientes denuncias:

1º.- Denuncia que con su apelación se corrió en traslado a la parte adversa cuando lo correcto era conceder la apelación  y que pese haberse dispuesto que se corra traslado con la respuesta nunca se le notificó.

Añade que la demandante jamás presentó el juramento de reciente obtención sobre la prueba de fojas 68 a 70.

2.- Que, se dictó la resolución S-506 de 2005, es decir Auto de Vista, y que los vocales Rene Pabón Ortuño, Aida Luz Maldonado, dejan sin efecto dicho auto y presentan su excusa y dejan sin efecto el sorteo de fojas 143.

Añade que la Sala ha perdido competencia, toda vez que dicto la resolución fuera de término, y que no había razón para dictar resolución recién en noviembre de 2008 cuando el sorteo fue en julio de 2007.

Finalmente señala que el Auto de Vista ya fue dictado a fojas 146 y 147, que los vocales se excusaron sin causa legal y por haberse pronunciado el Auto de Vista, piden la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.

En su recurso de casación en el fondo, se efectúan las siguientes denuncias:

Alega que es errónea la interpretación efectuada en el Auto de Vista impugnado al sostener que se trataría de un compromiso sujeto a una condición suspensiva, ya que a fojas 19 existe un contrato por el que Petrona Felicidad Ticona Apaza contrata a Fermina Vargas Vda. de Carpio a objeto de que se recupere un lote de terreno, ubicado en Bella Vista, Barrio Litoral, calle 4, lote Nº 53, con una extensión de 320 Mts. e inscrito en Derechos Reales a nombre de Felisa Apaza Vda. de Ticona y en razón a que el terreno estaba ocupado por Teodora Mamani Aguilar, la demandante le da poder para reivindicar el terreno, y tramitar declaratoria de herederos, pagar impuesto sucesorio, cambio de nombre, inscribir en Derechos Reales y Catastro; y Petrona Felicidad Ticona Apaza, a cambio debería compensarle o pagarle con 100 Mts.2. Que Fermina Vargas hizo todos los trámites y que el documento privado es legal y lo único que no se hizo fue el juicio por reivindicación porque entró a un acuerdo amigable con la poseedora; y concluye señalando que tiene todo el derecho de exigir la entrega de los 100 Mts.2. Luego añade que los jueces de instancia no han actuado con equidad y pide que se le devuelva los gastos que ha efectuado  y que ascienden más o menos a unos Bs. 20.000, y que se mantenga válido el contrato. Finalmente pide que se declare por un lado “infundado EL RECURSO o ANULANDO OBRADOS”.

3.2. Contestación al Recurso.- Petrona Ticona Apaza, mediante escrito de fojas 177 y vuelta, contesta al recurso de casación en la forma y en el fondo, pidiendo que se declare infundado el recurso.

3.3. Fundamentos del Fallo.-  Así planteado el recurso, se examina de la siguiente manera:

Sobre el recurso de casación en la forma.-

La recurrente pretende que se anule obrados por no haberse concedido la apelación sin efectuar un nuevo traslado; también porque la parte demandante no habría prestado juramento de reciente obtención respecto de la prueba cursante de fojas 68 a 70,  porque los vocales se excusaron sin causa legal  y porque se dictó el Auto de Vista de fojas 146 a 147, sin que nadie se los pidiera. Como se advierte, se tratan de denuncias manifiestamente defectuosas, pues la recurrente ni siquiera menciona y menos explica que normas procesales habrían sido violadas, interpretadas erróneamente o aplicadas indebidamente, y tampoco señala que norma legal sanciona con nulidad los supuestos defectos que invoca y menos cual sería el perjuicio sufrido y cuál sería el interés jurídico que se pretende subsanar; tan defectuoso es el recurso que hace referencia a la copia de un Auto de Vista cursante de fojas 146 y 147, que ha sido dictado en otro proceso y que fue adjuntado a la excusa, precisamente para acreditar la existencia de la causal invocada, y luego cuestiona la validez de la prueba documental, olvidando que ese aspecto no puede ser cuestionado dentro del recurso de casación en la forma. Estos defectos manifiestos implican incumplimiento del requisito previsto por el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, y que impiden que el Tribunal Supremo ingrese a resolver sobre el fondo de dichas denuncias.

Respecto a la supuesta pérdida de competencia.-  Dado que el recurrente invoca el artículo 208 del Código de Procedimiento y denuncia pérdida de competencia, el Tribunal Supremo ingresa a pronunciarse sobre el fondo de esta denuncia.

En la legislación civil boliviana si bien es cierto que por el carácter de orden público de las normas procesales, el cumplimiento de las mismas es obligatorio, no puede perderse de vista que las formas procesales son en realidad garantía del debido proceso legal y en última instancia del derecho de defensa en juicio; por consiguiente tales formas procesales no tienen finalidad en sí mismas, pues el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, conforme dispone el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil.

Por ello, las nulidades procesales, como especie de sanciones procesales, tienen una aplicación restrictiva y fincan en principios que emergen de los sistemas francés e italiano y que se hallan recogidos por nuestro legislador. Estos principios son el de legalidad o especificidad, trascendencia, convalidación y protección.

Conforme se evidencia de la resolución de fojas 148 y vuelta, el sorteo de fojas 143 vuelta fue dejado sin efecto. De dicha determinación tuvo conocimiento la recurrente, pues además de habérsele notificado con la misma, se apersonó ante la Sala Civil Segunda y mediante escrito de fojas 152 pidió sorteo; lo cual evidencia que consintió la determinación de la anulación del sorteo de fojas 143 vuelta, que ahora observa; es decir ha convalidado la anulación del sorteo, razón por la cual no puede ahora pretender que el mismo continúe válido.  Ahora bien, el nuevo sorteo fue realizado en fecha 6 de noviembre de 2008, y el Auto de Vista impugnado ha sido pronunciado en fecha 12 de noviembre de 2008, es decir dentro del plazo de los 30 días que prevé el artículo 204-III) del Código de Procedimiento Civil, por lo que no es cierto que el Tribunal ad quem haya perdido competencia para emitir el fallo de segunda instancia; consiguientemente esta denuncia deviene en infundada, por lo que corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

Con relación al recurso de casación en el fondo.-

Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De ahí que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley ( error sobre el alcance de la norma), mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella ( error de subsunción), imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cuál la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga o las reglas de la sana crítica quebrantadas, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres incisos.

Por mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, en el recurso de casación no solo se debe citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurre, su folio, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, sino que  también se debe especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate del recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos.  

En mérito al principio dispositivo que rige en el  proceso civil, el recurrente delimita el Thema decidendum del fallo casacional, pues el Tribunal limitará su pronunciamiento a las alegaciones esgrimidas por el recurrente en el recurso, que a la sazón se constituye en el acto de constitución del recurso extraordinario de casación, lo cual opera precisamente cumpliendo el requisito de citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y en especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, conforme dispone el artículo 258-2) del Código Adjetivo Civil; pues dicha norma contiene  un imperativo en propio interés del recurrente, ya que su omisión acarrea la consecuencia negativa de impedir que el tribunal ingrese a resolver el fondo del asunto, pues en tal caso el recurso deviene en improcedente, por mandato del artículo 272-2) del Código de Procedimiento Civil; lo cual implica que el recurso debe bastarse por sí mismo.

En el caso en examen el recurso de casación en el fondo es manifiestamente defectuoso, pues el recurrente solo indica el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil y ni siquiera menciona que normas legales sustantivas habrían sido violadas, interpretadas erróneamente o aplicadas indebidamente  por el Tribunal ad quem en la emisión del fallo de segunda instancia, si bien cuestiona la interpretación efectuada por el Tribunal ad quem sobre el documento de fojas 2, sin embargo  no precisa si está cuestionando  la apreciación probatoria, y en tal caso no se menciona siquiera si se acusa la existencia de error de hecho o error de derecho. Tan defectuoso es el recurso que la recurrente termina pidiendo que se declare “infundado” el recurso.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde resolver el recurso de casación en el fondo en la forma prevista por los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR  TANTO:

La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por  la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numerales 1) y 2), 272-2)  y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 172 a 174 vuelta, interpuesto por Fermina Soledad Vargas Vda. de Carpio, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500 que mandará a pagar el señor Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.                                                             


Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón 41/2014