SALA  CIVIL  LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 35

Sucre: 5 de marzo de 2014

Expediente:        SC 3 09 - S

Proceso: Divorcio

Partes: Silas Zabala Oliva c/ Sobeyda Añez Cuellar

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba          


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 89 a 90 interpuesto por Sobeyda Añez Cuellar contra el Auto de Vista Nº 253 del 29 de abril 2006 cursante a fojas 86 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de divorcio seguido por Silas Zabala Oliva contra la recurrente; la respuesta al recurso; el Auto de concesión de fojas 92, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.-

Que, tramitada la causa, el Juez 5° de Partido de Familia de la Capital emitió la Sentencia Nro. 5/2006 de fecha 11 de enero de 2006 cursante de fojas 72 a 73 y vuelta, declarando PROBADA la demanda de divorcio de fojas 05 y vuelta consecuentemente disuelto el vínculo matrimonial que unía a los esposos Silas Zabala Oliva y Sobeyda Añez Cuellar.

Determinándose en cuanto a la tenencia de los hijos y la asistencia familiar la homologación del Acta de Conciliación de fojas 41. No se determina nada sobre la división y partición de bienes gananciales, ya que los mismos no fueron acreditados con prueba fehaciente, en el caso que los hubiere se procederá a su división y partición en Ejecución de Sentencia.

Ejecutoriado que sea el presente fallo, ofíciese a la Dirección Dptal. de Registro Civil para la cancelación de la Partida Matrimonial en cumplimiento del artículo 398 del Código de Familia.

Recurrida la Sentencia mediante apelación formulada por Sobeyda Añez Cuellar por memorial de fojas 75 a 75 vuelta, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de Santa Cruz pronunció el Auto de Vista Nº 253 del 29 de abril 2006 cursante a fojas 86 y vuelta, por la que  Confirma la sentencia apelada con costas.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en el fondo  interpuesto por Sobeyda Añez Cuellar.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.-

La recurrente al amparo del artículo 253 numeral 3 del Código de Procedimiento Civil acusa errónea apreciación de la prueba testifical, en cuya consecuencia se hubieran dictado fallos que afectan su derecho fundamental al debido proceso, hecho que hubiera vulnerado normas procesales de orden público y de cumplimiento obligatorio como es el artículo 476 del Código de Procedimiento Civil, que si bien, el referido artículo faculta al Juzgador la apreciación de las pruebas en sentencia, esto no implicaría que el Juez tenga la facultad discrecional ilimitada en la apreciación de la prueba al extremo de declarar probada la demanda de divorcio con dos declaraciones testificales, que no demostrarían de manera alguna la causal de divorcio invocada, por lo que el demandante no hubiera cumplido con la carga de la prueba a la que se encuentra obligado por mandato del artículo 1283 del Código Civil y 375 del  Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

La jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una “cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores”, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 (procedencia) del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 258 (requisitos del recurso) numeral 2) del mismo cuerpo legal, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener es no sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura del acto impugnativo contenido en el citado artículo 258 numeral 2).

Así, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

En el contexto establecido precedentemente, el recurso de casación en el fondo se relaciona con el error “in judicando” que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales, más claro cuando se violan leyes sustantivas. Así, corresponde señalar que cuando se plantea el recurso de casación en el fondo se deben circunscribir los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el artículo 253 del citado procedimiento. Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus numerales 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres ordinales.

Consiguientemente, bajo estos parámetros, la forma de resolución es específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el Auto de Vista se case, conforme establecen los artículos 271 numeral 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como disponen los artículos 271 numeral 3) y 275 (anulación) del mismo cuerpo legal, siendo comunes a ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado.

En la especie, se puede constatar que la recurrente no cumplió con la carga procesal prevista por el artículo 253 numeral 3) del Código Adjetivo de la materia, pues hace alusión de modo general a éste ordinal, cuando denuncia errónea apreciación de la prueba testifical, sin demostrar de manera fehaciente si esta omisión se constituye en un error de derecho o error de hecho, esta circunstancia impide que se abra la competencia de este Tribunal a efectos de realizar una nueva valoración de la misma, porque el ejercicio de esta facultad constituye una atribución privativa de los juzgadores de instancia.

Por otro lado, la recurrente se limita a denunciar vulneración de las normas procesales a saber el artículo 476 del Código de Procedimiento Civil, denuncia que debió ser formalizada a través del recurso de casación en la forma, en el marco previsto por el artículo 254 del procedimiento de la materia y no como erróneamente se pretende se considere como fundamento para su recurso de casación en el fondo.

En ese sentido al ser el Tribunal Supremo  de puro derecho como lo es también la impugnación extraordinaria, esta máxima instancia no puede suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurre un recurrente; en consecuencia, al no haber cumplido la recurrente con la carga legal prevista, este Tribunal se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer el recurso intentado en el fondo.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fojas 89 a 90 interpuesto por Sobeyda Añez Cuellar, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bolivianos 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón 35/2014