SALA  CIVIL  LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 27

Sucre: 5 de marzo de 2014

Expediente:        LP 214 09 A

Proceso: Incumplimiento de Obligación

Partes: R.I.B.B. c/ Empresa U.A.B.L.

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani           

                                                    

I. VISTOS:

1.- EL recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Juan Carlos Salgado Rosso, en representación de UABL Internacional S.A., de fojas 239 a 244 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 346 de 17 de septiembre de 2009, pronunciado por  la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de La Paz, en el proceso ordinario, seguido por C. Almte. José Arraya Flores, Director General Ejecutivo del Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB) en contra del recurrente, la contestación al recurso los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.- Que, mediante Auto de fojas 206 y vuelta y su complementario de fojas 208, el señor Juez de Partido Quinto en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, deja sin efecto el auto de fojas 177 y vuelta y en su lugar dispone que no corresponde la prosecución de la causa y rechaza el incidente de nulidad deducido por memorial de fojas 201 y vuelta; dicha resolución fue confirmada en todas sus partes mediante Auto de fojas 218, pronunciada por la Jueza de Partido Tercero en lo Civil y  Comercial de la ciudad de  La Paz.

Que, en grado de apelación alterna interpuesto por C. Almirante José Arraya Flores, en su calidad de Director General Ejecutivo del Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB), de fojas 209 a 210 vuelta, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, por Auto de Vista  Nº 346 de 17 de septiembre de 2009, de fojas 231 a 235 vuelta, anula obrados hasta fojas 139 inclusive. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 239 a 244 vuelta, Juan Carlos Salgado Rosso, en representación de UABL Internacional S.A., interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, que a continuación se compendia.

III. CONSIDERANDO:

3.1. Fundamentos del Recursos de Casación.- En el recurso de casación en el fondo denuncia que la resolución recurrida ha realizado una errónea interpretación e indebida aplicación del artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, ya que dicha norma legal no tiene el sentido que el Tribunal ad quem le quiere aplicar, puesto que las excepciones de incompetencia e incapacidad se encuentran comprendidas en los incisos 1) y 2) del artículo 236 del Código Adjetivo Civil y no dentro de los incisos 7 al 11.

Finalmente pide que se case el Auto de Vista impugnado.

Dentro del recurso de casación en la forma, el recurrente denuncia que el Tribunal ad quem ha emitido una resolución ultra petita, ya que la apelación se refería únicamente  al auto de fecha 13 de noviembre de 2008 y no a anteriores determinaciones; añade que el Tribunal ad quem habría incumplido lo dispuesto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil al haber anulado obrados hasta el auto de fojas 139 inclusive, puesto que se anula la resolución Nº 138/08 de fecha 22 abril de 2008, de fojas 139 a 141, que declara probadas las excepciones previas de incompetencia e incapacidad o personería del demandante, sin considerar que el recurso de apelación planteado sobre dicha resolución fue resuelto por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de La Paz  en fecha 17 de diciembre de 2008, que confirmó la resolución Nº 138/08 de fecha 22 de abril de 2008 y que se encuentra en la Corte Suprema por efecto del recurso de casación planteado por el recurrente.

Finalmente pide que se anule llanamente la resolución recurrida.

3.2. Contestación al Recuro de Casación.- Mediante escrito de fojas 252 y vuelta, la parte demandante contesta al recurso de casación alegando esencialmente que si alguna interpretación errónea o aplicación indebida de la ley hubo ha sido en la que ha incurrido el Juez a quo y no el Tribunal ad quem, por lo cual no corresponde que se de curso a la solicitud de la parte demandada y que el Tribunal ad quem tiene la facultad de anular obrados, como le reconoce el numeral 4 del artículo 237, y los artículos 248 y 252, todos del Código de Procedimiento Civil.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde examinar en primer término el recurso de casación en la forma, pues en caso de estimarse dicho recurso ya no corresponderá pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo.

El debido proceso legal constituye una esencial  garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver  las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de  resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales  que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es,  en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues  los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez.

El proceso civil boliviano  finca, entre otros,  en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum, en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a las peticiones de las partes formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a los mismos, ya que ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

La estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y el pronunciamiento del Tribunal de apelación  es lo que se conoce como principio de congruencia; el cual se encuentra, previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil,  cuyo quebranto se produce cuando el Tribunal ad quem, omite  pronunciamiento expreso y exhaustivo sobre alguno de los agravios invocados por el apelante, o cuando se excede en el pronunciamiento otorgando más de lo pedido o fuera de lo pedido; en cuyo  caso la resolución se halla viciada de nulidad por mandato del artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

Ciertamente el Tribunal ad quem, en cumplimiento al deber que le imponía el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, vigente en el momento de la emisión del fallo impugnado, tenía la facultad de revisar el proceso y en su caso aplicar la sanción pertinente, lo cual implicaba anular obrados en caso de verificarse la existencia de un vicio procesal que lo justifique, no obstante que el defecto no haya sido denunciado en la apelación; empero tal facultad revisora y sancionatoria debía ser ejercida en el marco de los principios que regulan las nulidades procesales y los propios principios del proceso, de manera tal que el Tribunal ad quem no termine sustituyendo la voluntad de los justiciables respecto de derechos y acciones disponibles de las partes.

En el caso en examen, efectivamente el Tribunal ad quem, en lugar de responder de forma exhaustiva a los agravios invocados en la apelación alterna de fojas 209 a 210, respecto de la determinación de proseguir o no la tramitación de la causa como consecuencia de haberse concedido en el efecto devolutivo la apelación del auto que resuelve las excepciones previas, luego de relacionar redundantemente los actuados del proceso, examina el auto cursante de fojas 139 a 141, respecto del cual no tenía abierta su competencia, pues el expediente no le fue remitido para pronunciarse sobre esa determinación sino respecto del auto de fojas 206  y vuelta y su complementario de fojas 208, tanto más si por versión del recurrente-no contradicha por la parte actora- la apelación del auto que resuelve las excepciones previas ha sido confirmada en apelación por otra Sala de esa misma Corte  y que se encuentra en trámite el recurso de casación interpuesto por la parte demandante.

No puede perderse de vista que el Tribunal ad quem, en la resolución recurrida, no precisa cual es la causal de nulidad que advierte, que norma legal sanciona con nulidad los vicios que hubo detectado, cuál sería el perjuicio que se causa a las partes, con qué medios se demuestra dicho perjuicio y menos cual sería el interés jurídico que se quiere subsanar; de lo cual resulta que la decisión anulatoria del Tribunal ad quem, no se halla justificada debidamente y por lo mismo resulta excesiva.

El referido  defecto implica violación del principio de congruencia, al que se refiere el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil  y que se encuentra sancionado con nulidad  por el artículo 254-4) Ídem. 

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde fallar conforme disponen los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

Habiéndose dado mérito al recurso de casación en la forma, ya no corresponde pronunciamiento respecto del recurso de casación en el fondo.

IV. POR  TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA llanamente el Auto de Vista Nº 346 de 17 de septiembre de 2009, de fojas 231 a 235 vuelta de obrados, disponiendo que el Tribunal ad quem, sin someter la causa a turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, cumpliendo los requisitos de congruencia y  exhaustividad.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el Tribunal Ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón 27/2014