SALA  CIVIL  LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 10

Sucre: 28 de febrero de 2014.

Expediente:        C 105 11 - S

Proceso: Declaración Judicial de Paternidad

Partes: Carmen Ponce Ledezma c/ Henry Claros Flores

Distrito: Cochabamba  

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba              



VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 121 a 124 vuelta, interpuesto por Henry Claros Vargas, contra el Auto de Vista N° 208 de 18 de mayo de 2011, cursante a fojas 116 a 117, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso ordinario sobre DECLARACION JUDICIAL DE PATERNIDAD, seguido por Carmen Ninoska Ponce Ledézma contra el recurrente, los antecedentes del proceso, la contestación al recurso extraordinario de fojas 127 a 128 vuelta y el auto de concesión del recurso de fojas 129 vuelta; y,

CONSIDERANDO I:

DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que en la tramitación de la causa, la Juez de Partido 1° de Familia de Cochabamba, pronunció sentencia de fecha 20 de noviembre de 2009 cursante a fojas 98 a 99 de obrados, declarando PROBADA la demanda de fojas 5 a 7, determinando en consecuencia que el demandado Henry Claros Vargas es el padre biológico de la menor Natalia Sofía Ponce, ordenándose a la Dirección Departamental de Registro Civil incorpore en la casilla correspondiente del certificado de nacimiento el apellido paterno de la nombrada menor así como el nombre completo del padre, Así mismo en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 210 del Código de Familia, se ordena al demandado en ejecución de sentencia satisfaga a la actora los gastos de gestación y los de parto, así como una pensión durante seis semanas antes y seis semanas después de nacimiento de la menor, fijándose dicha pensión en la suma total de Bs. 2000.-, ordenándose su pago a tercero día, bajo conminatoria de ley. Por otro lado desconociéndose los reales ingresos económicos del demandado, de conformidad a lo establecido por los artículos 14 y 21 del Código de Familia y teniendo en cuenta la corta edad de la menor, se fija asistencia familiar en su favor en la suma de Bs. 600.- en forma mensual que debe pasar el demandado. Asimismo, se excluye la autoridad del padre con relación a la referida menor conforme dispone el artículo 256 del citado Código.

El demandado interpone recurso de apelación, mismo que es atendido y resuelto por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, emitiendo Auto de Vista Nº 208 de fecha 18 de mayo de 2011, de fojas 116 a 117, mediante el cual confirma la sentencia apelada, con costas.

CONSIDERANDO II.-

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION: Contra la referida resolución de segundo grado, Henry Claros Vargas, interpone recurso de casación en el fondo  y la forma mediante memorial de fojas 121 a 124 vuelta, con los argumentos resumidos a continuación.

Casación en el fondo.- Alega el demandado que nunca hubiera negado la paternidad, que sólo exigió que se haga la prueba de ADN, encontrándose en desacuerdo con la aplicación del artículo 210 del Código de Familia, refiriéndose a una condena o ejecución forzosa, regulando la imposición del pago de los gastos de gestación y parto, así como el pago de una pensión, constituyendo un exceso.

Termina su recurso indicando que el auto de vista contiene una inadecuada interpretación y deficiente aplicación de los artículos 210 y 256 del Código de Familia, lo que hace procedente el recurso de casación en el fondo.

Casación en la forma.- Señala que su recurso de apelación contra la sentencia, sustentaba que  el A quo ha realizado una inadecuada y parcializada valoración de las pruebas, que no negó la paternidad, sino exigió realizar el examen genético de ADN. Que las prestaciones de gastos de gestación parto y otros, solo tienen lugar, cuando de por medio exista mala fe del progenitor, que no es el caso en cuestión.

Concluye diciendo, que por lo expuesto  y de conformidad a los artículos 253 numeral 1) y 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, pide al Tribunal de Casación advertido de la violación a normas expresas, se digne pronunciar resolución casando el auto de vista.

CONSIDERANDO III.-

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, corresponde hacer las siguientes precisiones:

Que, conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, se tiene establecido que el recurso de casación se asemeja a una demanda nueva de puro derecho, que debe contener los requisitos enumerados en el artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, en otras palabras, se deben citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente; y cuando se acusa error de hecho en la apreciación de las pruebas, éste deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador, sea que se plantee en la forma, en el fondo, o en ambos efectos a la vez, procediendo el recurso de casación en la forma cuando la resolución recurrida ha sido dictada violando formas esenciales del proceso, a su vez, el recurso de casación en el fondo procede, cuando el juez o tribunal de apelación ha emitido una sentencia o auto de vista violando, interpretando erróneamente o aplicando indebidamente la ley, así como la prueba, conforme establecen los artículos 250, 253 y 254 del ya citado Código de Procedimiento Civil, es decir en la forma, por errores in procedendo, que dan lugar a la nulidad del proceso y en el fondo, por errores in judicando, que motivan la invalidación (casación) de la resolución dictada con infracción de la ley sustantiva, no siendo suficiente, en ambos casos, la simple cita de disposiciones legales, si no fundamentar y precisar cuál la correcta aplicación de la norma cuya infracción se acusa.

En la especie, los recursos interpuestos de "casación en el fondo y la forma”, el recurrente ocupa en gran parte de los mismos, una exposición de conceptos jurídicos, citando uno y otro jurisconsulto de manera poco beneficiosa para el objetivo del recurso extraordinario. Respecto al primero, el recurrente se limita a afirmar existencia de violación al artículo 253 - 1) del Código de Procedimiento Civil, haciéndolo de manera enunciativa sin explicar en qué consiste esa violación denunciada, en consecuencia el recurrente no expresa de modo alguno los errores "in judicando" en los que hubiere incurrido el tribunal de alzada al aplicar el derecho material en la decisión de la causa, menos expone con claridad y precisión en que consiste esa violación, el error o la mala aplicación, poniendo de manifiesto la equivocación ostensible del tribunal al pronunciar el fallo del cual se recurre. Así lo establece e impone el artículo 258 numeral 2) del adjetivo civil, que en definitiva se constituye en una "carga procesal" de cumplimiento obligatorio por parte del recurrente, cuya omisión impide que el Tribunal de Casación abra su competencia.

Respecto al recurso de casación en la "forma," el recurrente tampoco, ni de modo referencial explica, los motivos de nulidad que dieren lugar a esta resolución, ya sea por incumplimiento de la norma procesal o por violación a la garantía constitucional del "debido proceso", limitándose a indicar que el auto de vista es impertinente y que vulneró el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.

De lo expuesto se establece que el recurrente al no cumplir con la exigencia procesal indicada, impide que este Tribunal Supremo ingrese y abra su competencia para conocer la impugnación extraordinaria, por lo que corresponde aplicar la previsión de los artículos 271 numeral 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara IMPROCEDENTE el  recurso de casación en la forma y fondo interpuesto por Henry Claros Vargas contenidos en el memorial de fojas 121 a 124 vuelta, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sanchez Mamani

Ante Mi.- Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón 10/2014