SALA  CIVIL  LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 8

Sucre: 27 de febrero de 2014.

Expediente:        CH- 21 10 S

Proceso: Cumplimiento de Obligación de entrega de Cosa

Partes: Eusebio Medina y otra c/ Marcelina Serrudo Mayan

Distrito: Chuquisaca

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani


I.VISTOS:

1.- El recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Martha Serrudo Mayán, de fojas 238 a 240 de obrados, contra el Auto de Vista Nº 043 de 20 de febrero de 2010, de fojas 233 a 235, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Chuquisaca, en el proceso ordinario sobre  cumplimiento de obligación de entrega de cosa, seguido por Eusebio Medina Durán y Cristina Saigua Mamani de Medina en contra de Marcelina Serrudo Mayán, la contestación, los antecedentes y; 

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Mediante sentencia de fecha 19 de septiembre de 2009, de fojas 179 a 182 de obrados, pronunciado por la Jueza de Partido Quinto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, se declaró probada la demanda de fojas 89 a 91, con costas; y consiguientemente se concedió a Marcelina Serrudo Mayán plazo de 30 días para la entrega del inmueble de 133,53 Mts.2, sito en calle German Busch 730 y calle Vallegrande 329; se mandó a ejecución de sentencia la averiguación de los daños y perjuicios; y se dispuso que los $us 1000 retenidos, pasen en calidad de alquiler del inmueble ocupado por la vendedora; que  debe hacerse el cálculo del alquiler mensual legal por los meses ocupados, y que si existe saldo se devuelva a la vendedora.  

Que, en grado de apelación, interpuesto por Martha Serrudo Mayán, de fojas 213 a 216, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Chuquisaca, por Auto de Vista de fecha 20 de febrero de 2010, anuló el auto de concesión de la apelación. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 238 a 240, Martha Serrudo Mayán, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, que se compendia a continuación. 

III.  CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- Invocando el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, alega que se trata de una representación sin mandato, en razón a que su hermana adolece de problemas psicosomáticos tales como sordera, dificultad notable en el habla, falta de ubicación espacio-temporal y en general sus facultades de discernimiento y entendimiento  son nulas, y que habiéndose enterado del acto de disposición que realizó ha procedido a pedir que su hermana sea declarada judicialmente interdicta. Añade que es incongruente que el Auto de Vista impugnado pretenda que su hermana de por bien hecho lo que se encuentra obrando, pues al ser incapaz de querer y entender no puede investírsela con lo establecido en el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil.

Alega que el Juez a quo en conocimiento pleno de la situación de salud de su hermana no ha designado defensor de oficio, lo que implica que no ha cumplido con las facultades consignadas en el artículo 4, numeral 4 y 378 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente dice que en representación de su hermana pide que se anule el proceso, dado que se atenta contra la incapacidad de su hermana que se encuentra demostrado, es decir hasta el momento en que se designe tutor ad litem o defensor de oficio.  

3.2. Contestación al Recurso de Casación.- Mediante escrito de fojas 243 a 244 vuelta, Eusebio Medina Durán y Cristina Saigua Mamani de Medina, contesta al recurso de casación pidiendo que se declare la inadmisibilidad del recurso.

3.3. Fundamentos del Fallo.-Según la  doctrina procesal,  el recurso extraordinario de casación tiene doble función, de un lado unificar la jurisprudencia nacional; y del otro la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley.

El recurso extraordinario de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia de segunda instancia. Precisamente por ello, el Tribunal de casación, previamente, debe efectuar un juicio destinado a determinar si procede o no el recurso de casación, lo cual implica verificar el cumplimiento de los requisitos impuestos por ley, pues sólo en el supuesto que el recurso cumpla con tales requisitos, corresponderá que el Tribunal de casación ingrese a realizar el juicio de fundabilidad del recurso, pronunciándose sobre el fondo.

Entre tales requisitos vinculados a determinar si procede o no el recurso de casación, se encuentra la verificación de la acreditación de la legitimación procesal ad procesum del recurrente, pues la carencia de representación legal constituye causal de improcedencia del recurso de casación, conforme lo señala el artículo 272-3) del Código de Procedimiento Civil.

Lino Enrique Palacio dice que “es parte quien reclama o frente a quien se reclama la protección jurisdiccional, o sea quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos y pasivos de una determinada pretensión”. Luego añade que solo es parte quien actúa en nombre propio; por consiguiente no reviste tal calidad, quien, como representante (convencional o legal) actúa en el proceso en nombre y por un interés ajeno.

La parte que goza de capacidad de obrar, puede intervenir en el proceso de forma personal o por medio de un representante convencional, conforme le faculta el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil.

En cambio las personas individuales a quienes afecta una incapacidad de hecho, intervienen en el proceso por medio de su representante legal, que pueden ser los padres o tutores, conforme previene el artículo 53 del Código Adjetivo Civil.

Por su parte el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, permite una representación sin mandato o llamada también voz y caución, en cuyo mérito los parientes próximos, entre ellos el hermano por su hermano, pueden demandar, contestar reconvenir, siempre que no se trate de acciones de carácter personalísimas, prestando fianza y con la protesta de que el principal ( la parte) dará por bien hecho lo actuado en su nombre, pues para el caso de que el principal no concurra hasta antes de sentencia se tiene por inexistente lo actuado.

Dado que la norma en examen condiciona la validez de la actuación del representante sin mandato al hecho de que el principal comparezca a dar por bien hecho lo actuado a su nombre hasta antes de sentencia, resulta irrefragable concluir que la representación sin mandato solo es posible con relación a personas que gozan de capacidad de obrar, pues evidentemente el incapaz no está en condiciones de comparecer por sí mismo a validar actos procesales hecho en su nombre, y luego que dicha representación es posible solo en primera instancia hasta antes de sentencia.

En el caso en examen la recurrente invoca la representación sin mandato de su hermana Marcelina Serrudo Mayán, dando cuenta que se encuentra en trámite la declaración judicial de interdicción de su nombrada hermana. Ahora bien, ni el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, ni otra norma legal del procedimiento permiten interponer recurso extraordinario de casación invocando representación sin mandato, como lo ha hecho erróneamente la recurrente; por consiguiente no es posible admitir la representación sin mandato en casación.

En consecuencia, dado que; por un lado, es inadmisible la representación sin mandato en casación; y que por otro lado,  no está acreditado que, al momento de interponer el recurso de casación, la recurrente haya tenido la calidad de curador  ad litem o tutor, designado mediante resolución firme y que haya asumido la tutela, resulta evidente que la recurrente carece de representación legal, lo cual implica que se presenta la causal de improcedencia prevista en la parte in fine del inciso 3) del artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, que impide que el Tribunal Supremo aperture su competencia, para examinar el fondo de las denuncias del recurso.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde resolver en la forma prevista por los artículos 271-1) y 272-3) del Código de Procedimiento Civil.  

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, los  artículos 41 y  42-I-1) de la Ley del Órgano Judicial, y los artículos 271-1) y 272- 3) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma y en el fondo, cursante de fojas 238 a 240 de obrados, interpuesto por Martha Serrudo Mayan, con costas.

4.2.- Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500, que mandará hacer efectivo el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón 8/2014