SALA  CIVIL  LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 6

Sucre: 27 de febrero de 2014.

Expediente:        SC 5 09 S

Proceso: Concurso de Acreedores

Partes: Erwin Justiniano Rosseau c/ Antonio Duran y otra

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani


I.VISTOS:

1.- El recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Juan Antonio Durán Aponte y Rosa María Ortíz de Durán, de fojas 1438 a 1443 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 519 de 20 de octubre de 2008, de fojas 1429 y vuelta, y su complementario de fojas 1434, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, en el proceso de concurso de acreedores, seguido por Erwin Justiniano Rousseau en contra de los recurrentes, la contestación al recurso,  los antecedentes y; 

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.- Mediante sentencia de fecha 6 de noviembre de 2007, de fojas 1287 a 1289 de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Séptimo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, se declaró improbada las excepciones de fojas 616 a 618 y rechaza las excepciones de impersonería y falta de capacidad procesal de los procesos coactivos del Banco Santa Cruz S.A. y falla estableciendo el  orden de pago de las acreencias. 

Que, en grado de apelación, interpuesto por Juan Antonio Durán Aponte y Rosa María Ortiz de Durán, de fojas 1399 a 1403 de obrados, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista de fecha 20 de octubre de 2008, se confirma la sentencia apelada.

Contra el referido Auto de Vista, y su complementario de fojas 1434, por memorial cursante de fojas 1438 a 1443 vuelta, Juan Antonio Durán Aponte y Rosa María Ortíz de Durán, interponen recurso de casación en el fondo y en la forma, que se compendia a continuación.

III.  CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- Los recurrentes, en su recurso de casación en la forma, efectúan las siguientes denuncias:

Denuncian que se está violentando su derecho de defensa en juicio y a su derecho a un justo proceso, alegando que al momento de citar a la parte ejecutada o concursada no se habría cumplido con los presupuestos procesales exigidos por el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, por lo que las diligencias serían nulas. 

Acusa que al no haberse abierto plazo probatorio se les ha privado de demostrar todo lo que les era favorable en el juicio y acusa de haberse atentado contra el artículo 575 del Código de Procedimiento Civil.

Acusa que se ha  violado el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil al no haberse dado cumplimiento al artículo 16 de la Ley de Organización judicial, que determina la obligatoriedad del juzgador de procurar que las partes lleguen a  una conciliación. 

En el recurso de casación en el fondo, los recurrentes señalan que las escrituras que se toma como base para cada acción tienen muchos vicios, tales como que no insertan actas de reunión de directorio en la cual se determina la otorgación de cada uno de los préstamos, “ni los poderes que se otorgasen” para quienes suscribirán por la ejecutante el instrumento público mediante el que se constituye la existencia de la obligación; que no existiendo esos insertos constituye una violación de la Ley del Notariado;  y que menos aparece que los concursantes hayan cumplido con su inscripción en FUNDEMPRESA; que no se cumple con lo determinado en el Código Civil y en el Código de Comercio.

Denuncian que los documentos, además de ser inhábiles, carecen de fuerza ejecutiva y/o coactiva y por ello denuncian “mala, errónea e indebida  aplicación  las  normas en que se funda la sentencia de 2º grado.”

Denuncia que la sentencia no cumple con la característica de universalidad prevista por el artículo 1335 del Código Civil, cuya violación acusa.

Alega que existen cientos de escritos y providencias que no se les ha notificado  a los concursantes que estaban apersonados y en algunos casos han notificado después de mucho tiempo.

Denuncia que en la sentencia figura como beneficiado con la sentencia de grados y preferidos José Luis Fuentes Futchtner, quien jamás concurrió al proceso concursal.

Finalmente pide que se anule obrados hasta la demanda y se case el Auto de Vista, con costas y demás condenaciones.

3.2. Contestación al recurso.- Delia Elena Zea Ophelan Salvarierra, en representación del Baco Nacional de Bolivia S.A., pide que se rechace el recurso de casación porque no procede el mismo en procesos concursales.

3.3. Fundamentos del Fallo.-  Dado que en la contestación se cuestiona la procedencia del recurso de casación, de principio corresponde precisar que   el Tribunal Supremo tiene sentada jurisprudencia uniforme y constante respecto a la procedencia del recurso de casación cuando de procesos concursales se trata, ello en virtud a que la Ley Nº 1760 introdujo modificaciones al proceso ejecutivo más no al concursal, dejando sin modificación al artículo 255 numeral 1) del Adjetivo Civil respecto a las resoluciones pronunciadas en procesos concursales, como se infiere de la disposición especial tercera parágrafo II de la precitada Ley No. 1760, siendo en consecuencia viable en el proceso concursal el recurso de casación.

Con relación al recurso de casación en la forma:

Respecto a la citación defectuosa.- Los recurrentes ni siquiera precisan a que presupuesto procesal en concreto se refieren, pues la cita del artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, que regula citación cedularia es insuficiente; sin embargo es evidente que los recurrentes no han estado en indefensión, pues ellos se han apersonado al proceso, han contestado y opuesto excepciones, tal como se evidencia a fojas 616 a 618, por lo que no es cierto que su derecho de defensa en juicio haya sido vulnerado por no haberse supuestamente cumplido con presupuestos procesales no especificados, razón por la cual esta denuncia deviene en infundada.

Respecto a que no se abrió plazo probatorio.- El artículo 575 del Código de Procedimiento Civil, dispone que si hubiere duda que exigiere prueba, se abrirá plazo probatorio de 10 a 20 días.  Ya la Corte Suprema de Justicia, en el A.S. Nº 219 de 11 de mayo de 2007, hubo interpretado que la apertura del plazo de prueba en el proceso concursal es facultativo, pues dado que la duda es un grado de conocimiento sobre la verdad de los hechos que se le puede presentar al juzgador, el legislador deja en manos del  juzgador la posibilidad de ordenar la apertura de plazo probatorio, razón por la cual, la falta de apertura del término de prueba, no sea causal de nulidad. Tanto más si quienes pretendían probar no han reclamado la apertura de plazo probatorio durante el trámite de primera instancia y antes de pronunciarse  sentencia.

Con relación a la falta de conciliación.- En la legislación civil boliviana si bien es cierto que por el carácter de orden público de las normas procesales, el cumplimiento de las mismas es obligatorio, no puede perderse de vista que las formas procesales son en realidad garantía del debido proceso legal y en última instancia del derecho de defensa en juicio; por consiguiente tales formas procesales no tienen finalidad en sí mismas, pues el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, conforme dispone el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil.

Por ello, las nulidades procesales, como especie de sanciones procesales, tienen una aplicación restrictiva y fincan en principios que emergen de los sistemas francés e italiano y que se hallan recogidos por nuestro legislador. Estos principios son el de legalidad o especificidad, trascendencia, convalidación y protección.

Si bien es cierto que por disposición del artículo 16 de la Ley de Organización Judicial (abrogada), el juzgador tenía la obligación de procurar la conciliación de las partes, sin embargo ninguna norma legal sanciona con nulidad la omisión de llamamiento a conciliación, de lo cual resulta que ni siquiera se presenta el principio de especificidad, razón por la cual esta denuncia también deviene en infundada.

Respecto al recurso de casación en el fondo.- Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De ahí que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley ( error sobre el alcance de la norma), mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella ( error de subsunción), imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cuál la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga o las reglas de la sana crítica quebrantadas, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres incisos. A esto debe añadirse que dentro del recurso de casación en el fondo no puede denunciarse causales de casación en la forma o viceversa.

Por mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, en  el recurso de casación no solo se debe citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurre, su folio, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, sino que  también se debe especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate del recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos.  

El cumplimiento escrupuloso de los requisitos impuestos por el citado artículo 258-2) Ídem, no constituye una mera formalidad potestativa, pues tiene por finalidad delimitar el accionar del Tribunal de casación, para permitir que  el fallo del Tribunal de casación  sea pertinente, exhaustivo y fundamentado.

En mérito al principio dispositivo que rige en el  proceso civil, el recurrente delimita el Thema decidendum del fallo casacional, pues el Tribunal limitará su pronunciamiento a las alegaciones esgrimidas por el recurrente en el recurso, que a la sazón se constituye en el acto de constitución del recurso extraordinario de casación, lo cual opera precisamente cumpliendo el requisito de citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y en especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, conforme dispone el artículo 258-2) del Código Adjetivo Civil; pues dicha norma contiene  un imperativo en propio interés del recurrente, ya que su omisión acarrea la consecuencia negativa de impedir que el tribunal ingrese a resolver el fondo del asunto, pues en tal caso el recurso deviene en improcedente, por mandato del artículo 272-2) del Código de Procedimiento Civil; lo cual implica que el recurso debe bastarse por sí mismo, y por consiguiente le está vedado al Tribunal de casación subsanar  de oficio las insuficiencias o deficiencias en las que incurra el recurrente, aun cuando éste sea alguna entidad Estatal. 

En el caso en examen, el recurso de casación en el fondo es manifiestamente defectuoso, pues los recurrentes en realidad se limitan a cuestionar la sentencia, olvidando que, en lo relativo a la decisión de fondo, en el recurso de casación se examina el fallo de segunda instancia, dado que esta se encarga de examinar a su vez la sentencia. Como si ello fuera poco, las denuncias son  tan genéricas que no permite realizar el contraste necesario, pues ni siquiera se individualiza el proceso ejecutivo o coactivo al que se refieren, ni los documentos concretos a los que aluden. Tan defectuoso es el recurso, que se realizan denuncias relativas a defectos formales sobre notificaciones y la congruencia subjetiva de la sentencia, olvidando que dentro del recurso de casación en el fondo no es posible denunciar defectos de forma de los fallos.

Las manifiestas  deficiencias del recurso de casación en el fondo advertidas, implican incumplimiento del requisito previsto por el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, y en razón a que dichas deficiencias no pueden ser suplidas de oficio por el Tribunal Supremo, corresponde resolver el recurso de casación en el fondo, conforme a lo previsto por los artículos 271- 1) y 272-2)  Ídem.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava,  los  artículos 41 y  42-I-1) de la Ley del Órgano Judicial, y los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 1438 a 1443 vuelta de obrados, interpuesto por Juan Antonio Durán Aponte y Rosa María Ortíz de Durán, con costas.

4.2.- Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500, que mandará hacer efectivo el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria Secretaria de Sala

Libro de Tomas de Razón 6/2014