SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 651

Sucre: 4 de diciembre de 2013  

Expediente: LP 167 08 S

Proceso: Nulidad de Declaratoria de Herederos

Partes: Estela Ralde Taborga c/ Andrés Molina Zapata

Distrito: La Paz

Segunda Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Estela Ralde Taborga de fojas 284 a 285 vuelta y Andrés Molina Zapata de fojas 291 a 294 vuelta contra el Auto de Vista Nº 314 de 19 de agosto de 2008 cursante a fojas 279 a 281, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial La Paz, en el proceso ordinario sobre  nulidad de declaratoria de herederos, seguido por el primero de los recurrentes contra el segundo, la respuesta de fojas 304, el auto concesorio de fojas 313, los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que, tramitada la causa de referencia, la Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de La Paz, emitió la sentencia Nº 754 de 20 de noviembre de 2007, cursante de fojas 207 a 209 vuelta por el que declara probada la demanda interpuesta por Estela Ralde Taborga, en consecuencia declara la nulidad de la declaratoria de heredero de Andrés Molina Zapata hecha por Resolución Nº 897/04, probada la demanda reconvencional interpuesta por Andrés Molina Zapata sobre nulidad de declaratoria de heredera de Estela Ralde  Taborga por Resolución Nº 761/05, en su mérito dispone: 1º.- Se declaran nulas los actos realizados por Andrés Molina Zapata, entre los que se tiene: el acuerdo conciliatorio de fecha 17 de diciembre de 2004 de fojas 63-65; la devolución de todos los bienes muebles recibidos por Andrés Molina Zapata como emergencia del mencionado acuerdo y todos los actos que haya podido realizar y que importen compromiso del acervo hereditario de Julio Molina. La nulidad de todos los actos que hubiera realizado la demandante Estela Ralde Taborga y que importe compromiso del acervo hereditario de Julio Molina Zapata. 2.- La notificación al Servicio de Patrimonio del Estado (SENAPE) para que  asuma defensa y se haga cargo del acervo hereditario fincado por Julio Molina Zapata. Sin costas.

En grado de apelación la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz mediante Auto de Vista Nº 314 de 19 de agosto de 2008, confirma la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

Contra la resolución de segunda instancia, la demandante Estela Ralde Taborga así como el demandado Andrés Molina Zapata, interponen por su turno recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.-

En cuanto al recurso de casación interpuesto por Estela Ralde Taborga, acusa:

1º Que, no se consideró los artículos 1086, 1089 y 1110 numeral I) del Código Civil que preceptúan el derecho de representación de los ascendientes en el lugar y grado de su ascendiente cuando este haya premuerto a su causante, y que el artículo 1083 del citado Código Sustantivo, establece el orden de los llamados a suceder, incurriéndose en error de derecho, pues no pretende representar a un ascendiente de su causante, sino a su padre y a su abuelo premuertos; al efecto cita el artículo 1090-II del Código Civil.

Por último, haciendo cita del artículo 253 incisos 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil, pide casar el Auto de Vista y deliberando en el fondo se revoque  en forma parcial la sentencia y se declare improbada la acción reconvencional.

Que, por su parte el demandado Andrés Molina Zapata, en su recurso de casación, acusa:

1º  Que, los Jueces de instancia han  violado  los artículos  90, 173, 3-3), 4-4), 6, del Código de Procedimiento Civil, porque la parte actora, con falta de  personería ofrece como contracautela el 50% del contrato anticrético, como si fuera de su propiedad.

2º La violación de los artículos 422 y 423 del Código de Procedimiento Civil, porque sin que exista petición alguna y motivo, se deja sin efecto la audiencia de confesión a la que fue deferida la demandante, aspecto que no fue considerado en el Auto de Vista.

3º La violación de los artículos 645, 643, 374, 375-2), 377 del Código de Procedimiento Civil, 1109, 1083, 1025 del Código Civil, 107-4) y 5) del Código de Familia, porque habiendo sido excluida la demandante de la herencia al no encontrarse  dentro  de los llamados a suceder, y considerando que los bienes dejados por su referido hermano fallecido, son bienes propios adquiridos en su primer matrimonio, aspecto que no fue valorado; consiguientemente él (recurrente), al ser hermano consanguíneo de Julio Molina Zapata y al no existir otros herederos, es el  único llamado a suceder; derecho desconocido en el Auto de Vista. Al efecto anota los artículos 103-1), 104-5) del Código de Familia  y 373, 379, 381, 397, 253 del Adjetivo Civil. Finaliza solicitando, revocar el Auto de Vista en parte en lo referente a los derechos de Andrés Molina Zapata, declarando probada la reconvención, debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución Nº 897/04 dictado por el Juzgado de Instrucción.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo, se pasa a su análisis y consideración empezando por el recurso de casación  interpuesto por Estela Ralde Taborga y se tiene:

Que, el artículo 1109 del Código Civil, dispone que a falta de herederos forzosos, entrarán a la sucesión los parientes colaterales por su orden y grado; por su parte, el artículo 1089 del citado Adjetivo Civil, previene que la representación en materia de sucesiones tiene por objeto colocar a los representantes en el lugar, en el grado  y en los derechos del representado, para poder heredar al de cujus; es decir que admite la representación sucesoria del representado premuerto o que haya renunciado o haya sido declarado indigno o haya sido desheredado.

En el caso en examen, se tiene, que la Resolución 761/2005, mediante el cual se declara heredera a la actora, toma en cuenta el vínculo que existe entre “Pedro Ralde Contreras” (padre de la recurrente) con “Marina Cleofé Ralde”, no así el vínculo de ésta última con su referido abuelo “Eduardo Ralde”, a quien la recurrente incluso lo considera “tío” conforme a su declaración mediante confesión provocada de fojas 112 y vuelta.

Por otro lado, en obrados no se tiene acreditado con ninguna prueba documental que para estos casos impone el artículo 643 numeral 2) del Código de  Procedimiento Civil, que el abuelo de la recurrente “Eduardo Ralde” sea hermano de “Marina Cleofe Ralde”, consiguientemente, aquel, al ser considerado primo, el artículo 1109 del Código Civil es inaplicable, en consideración de que los herederos simplemente legales o colaterales tienen vocación hereditaria a falta de forzosos y testamentarios, alcanzando dicha delación a los hermanos y a los hijos de éstos por representación a tenor del artículo 1091 del citado Adjetivo Civil.

Por lo expuesto, el Tribunal Supremo no encuentra ninguna de las causas previstas en el artículo 253- 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil como para censurar la resolución recurrida, por lo que el presente recurso deviene en  infundado.

Con relación al recurso de casación del demandado Andrés Molina Zapata.-

A la denuncia 1), en el caso en examen, el recurso de casación es manifiestamente defectuoso, pues el recurrente  de manera genérica y sin especificar siquiera el folio dentro del expediente, impugna un actuado de carácter procesal ocurrido en primera instancia, cuando supuestamente  recurre en  el fondo, a saber “la parte actora, con falta de personería ofrece como contracautela el 50% del contrato anticrético, como si fuera de su propiedad” y considera que por ese motivo  se ha violado los artículos “90, 173, 3-3), 4-4), 6, del Código de Procedimiento Civil”, sin señalarse en forma concreta y precisa ni menos fundamenta en qué forma se habrían violado los artículos citados, es más no toma en cuenta, que se trata de un recurso extraordinario de casación y no de apelación, y que en las acusaciones del recurso de casación se debe  impugnar la resolución del Juez de Primera Instancia a través del Auto de Vista, al margen que el actuado denunciado, no fue objeto de apelación, consiguientemente tampoco ha sido motivo de análisis y/o fundamentación en la resolución recurrida; cuando justamente la competencia de éste Tribunal se abre de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal de Instancia, por lo  que en este punto denunciado no se abre la competencia del Tribunal Supremo.

Con respecto a la denuncia 2), en la especie  el recurrente señaló como violado los artículos  422 y 423 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo de ello, de manera desordenada e incoherente, pretendió impugnar algún  actuado realizado en primera instancia, señalando que: “sin que exista petición alguna y motivo, se deja sin efecto la audiencia de confesión a la que fue deferida la demandante, aspecto que no fue considerado en el Auto de Vista”; argumento que es confuso, incoherente, por cuanto (como en el anterior caso)  no se fundamenta  porque razón se habría violado tales normas, menos señaló cual debería haber sido la norma aplicable o cual fuere la interpretación que se pretende, normativas además que no fueron objeto de análisis y/o fundamentación en ninguna de las resoluciones pronunciadas, precisamente por no habérselas aplicado  por el Tribunal de alzada, por lo que tampoco en este punto denunciado se abre la competencia del Tribunal Supremo.

Con relación a la denuncia 3), es preciso hacer notar que el recurrente, interpone recurso de casación en el fondo con argumentos entremezclados que hacen al fondo y a la forma, acusando violación de leyes sustantivas y adjetivas; sin embargo, no obstante la deficiencia del mismo y en consideración a los lineamientos y principios del nuevo orden constitucional y lo establecido en la SCP 2210/2012 de fecha 08 de noviembre, se pasa a considerar dicho recurso. 

En el caso en examen, según el artículo 1083 del Código Civil (orden de los llamados a suceder), “en la sucesión legal, la herencia se defiere a los descendientes, a los ascendientes, al cónyuge o conviviente, a los colaterales y al Estado”.

Por su parte, el artículo 1002-II del citado Código Adjetivo, establece “entre los herederos legales unos son forzosos, llamados a la sucesión por el solo ministerio de la ley; los otros son simplemente legales, que tienen derecho a la sucesión a falta de herederos forzosos y testamentarios”.

En ese marco legal, se tiene que los parientes colaterales, en previsión al artículo 1086 del Código Civil quedan excluidos de la sucesión hereditaria por el cónyuge supérstite; asimismo, conforme lo establece el artículo 1105 de la misma normativa, el derecho sucesorio del cónyuge sobreviviente, se hace efectivo, tanto en los bienes propios del causante, cuanto en la parte que a este correspondía en los bienes  comunes,

Por otro lado, las normas previstas por el artículo 1000 del Código Civil estipulan que la sucesión de una persona se abre con su muerte real o presunta; luego, los preceptos del artículo 1016 del mencionado compilado Sustantivo Civil, establecen que toda persona puede aceptar o renunciar una herencia; concordante con esa disposición, las previsiones normativas contenidas en el artículo 1024 del mismo cuerpo legal, expresan que la aceptación de la herencia puede ser: a) pura y simple; o b) con beneficio de inventario; formas de las cuales la primera de ellas, puede ser expresa o tácita, conforme dispone el artículo 1025-I Idem.

La aceptación pura y simple expresa, es cuando se hace mediante declaración escrita al Juez, o cuando el sucesor asume el título de heredero; mientras que la aceptación pura y simple tácita, se expresa en los actos que el heredero realiza, y que siendo demostrativos de su voluntad de aceptar la herencia hacen presumir ese hecho.

En el caso de autos, se reconoce que la señora Cleofé Ralde aceptó tácitamente la herencia por el hecho probado de que posterior al fallecimiento de su esposo Julio Molina Zapata, realizó un contrato de anticresis como consta a fojas  66-67, asimismo por las pruebas a fojas 63-65, 68, 69, 71-76  y  la contestación de fojas 28-30, evidencian que continúo viviendo en el bien inmueble objeto del contrato de anticresis hasta su fallecimiento, todos ellos,  importan actos dispositivos de pleno dominio, resultando entonces que los bienes de ambos esposos, se confunden y forman uno sólo, cuyo titular fue la señora Marina Cleofé Ralde, por lo que, el recurrente en su condición de hermano del fallecido Julio Molina Zapata, quedó excluido de la herencia.

Por su parte, según lo normado por el artículo 1102 del Código Civil, los cónyuges se heredan recíprocamente a falta de descendientes; en base a esa normativa legal, la señora Marina Cleofé Ralde en su condición de cónyuge como heredera forzosa entró en la sucesión de su cónyuge (Julio Molina Zapata) por ministerio de la ley, en todos los bienes; al respecto se tiene que los bienes comunes, que pueden ser por modo directo (artículo 111 del Código de Familia) o por subrogación (artículo 112 de la misma norma) pertenecen a ambos cónyuges por partes iguales.

Este régimen supone una  comunidad de gananciales que se constituye entre los  cónyuges desde el momento de la celebración del matrimonio, aunque uno de ellos tenga más bienes que el otro o sólo tenga bienes uno de ellos y el otro no, tal cual esta normado en los artículos 101 y 102 del Código de Familia; lo que significa tanto el derecho de heredar como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir deja el causante pasa su trasmisión a la persona que ha de recibirlos a título universal, respaldado por el artículo 1105 del citado Adjetivo Civil.

Por lo expuesto, este Tribunal concluye que el Ad quem no ha transgredido norma legal alguna, por lo que el presente recurso de casación también deviene en infundado, correspondiendo aplicar los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y artículos  271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 284 a 285 vuelta y el de fojas 291 a 294 vuelta, con costas.

Se regula el honorario de abogado en la suma de Bs. 1.500, que mandará pagar el Juez a quo.

Primer Magistrado Relator Dr. Javier Medardo Serrano Llanos de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  651/2013