SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 642

Sucre: 4 de diciembre de 2013  

Expediente: SC 150 08 S  

Proceso: Cumplimiento de Contrato y Otros

Partes: Antonio Ernesto Suarez P. c/ José Ernesto Valdivia Parada y otro

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- EL recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por José Ernesto, Francisco Alberto, Bertha Inés, Bertha Olivia y Luis Javier Valdivia Parada, de fojas 609 a 621 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 233 de 29 de abril de 2008, pronunciado por  la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Santa Cruz, en el proceso ordinario doble sobre cumplimiento de contrato, cumplimiento de entrega y posesión pacífica, división y señalamiento de linderos,  nulidad de contrato, anulabilidad de contrato y otros, seguido por Antonio Ernesto Suarez Parada contra José Ernesto Valdivia Parada, Francisco Alberto Valdivia Parada, Bertha Inés Valdivia Parada, Bertha Olivia Valdivia Parada y Luis Javier Valdivia Parada, en su calidad de herederos forzosos de Bertha Delfina Parada Guzmán Vda. de Valdivia, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.-Que, mediante sentencia de fojas 553 a 557 vuelta,  el Juez de Partido Décimo Primero en lo Civil y  Comercial de la ciudad de  Santa Cruz, declaró improbada la demanda principal de fojas 87 a 90 y probada en parte la demanda reconvencional de fojas 103 a 109 vuelta, con relación a la anulabilidad del contrato suscrito en fecha 5 de junio de 2003 por falta de consentimiento, desocupación y entrega de inmueble, daños y perjuicios por lucro cesante y daño emergente, acción negatoria y cancelación de gravamen en el registro de Derechos Reales e improbada en cuanto a la anulabilidad por falta de capacidad, error sustancial en la identidad de la vendedora, nulidad del documento de compra venta; sin lugar a la devolución del dinero consignado en el contrato de fojas 1 a 2, sin costas.

Que, en grado de apelación interpuesto por Daniel Toledo Justiniano, en representación de Antonio Ernesto Suárez Parada, de fojas 570 a 576, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista  Nº 233 de 29 de abril de 2008, de fojas 589 a 590, ANULA obrados hasta la providencia de fojas 164. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 609 a 621, José Ernesto, Francisco Alberto, Bertha Inés, Bertha Olivia y Luis Javier Valdivia Parada, interponen recurso de casación en la forma y en el fondo, que a continuación se compendia.

III. CONSIDERANDO:

3.1.- Recursos de casación.- Se efectúan las siguientes denuncias:

En cuanto a la casación en la forma.-

Alegando que el Tribunal ad quem olvida considerar que la demanda reconvencional plantea las acciones de nulidad y anulabilidad del contrato de préstamo de manera alternativa, subsidiaria y eventual y que no se ha demandado la nulidad y anulabilidad al mismo tiempo, ni existe la posibilidad de una sentencia contradictoria porque se pide una y solo si la primera es negada, se pide pronunciamiento sobre la segunda, e invocando los artículos 250, 251, 252, 254-4) y 255-1) del Código de Procedimiento Civil, piden que se anule el Auto de Vista de fojas 589 a 590 y que se ordene a los vocales recurridos que dicten pronunciamiento sobre el fondo de la litis.

Denuncian también que el Auto de Vista impugnado y los autos  de fojas 597 y 598, carecen de motivación porque no citan norma legal alguna que les faculte anular obrados de oficio en el momento procesal de dictar el Auto de Vista; no ofrece las razones jurídicas de la relación causal entre el supuesto vicio o defecto y la resolución anulada; no explica por qué anula obrados hasta la providencia de fojas 164, no realiza ninguna motivación respecto de la improcedencia de las acciones contradictorias, tampoco justifica respecto a las pretensiones de nulidad y anulabilidad que han sido presentadas como alternativas, subsidiarias y eventuales. Añade que la carencia que denuncian  atenta contra el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, violando el artículo 16 II y IV) y 228 de la Constitución Política del Estado y el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, y que se ha violado el principio de contradicción y el de congruencia de  los fallos judiciales.

También denuncian que el Auto de Vista impugnado peca de falta de pronunciamiento exhaustivo sobre las pretensiones sobre los puntos resueltos por el juez que fueron objeto de apelación y contestación pertinente, tal como ordena el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, adecuando su conducta a la previsión del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, añade que el Tribunal ad quem ha incurrido en una incongruencia omisiva y que con ello ha violado el artículo 7-a) de la Constitución Política del Estado (abrogada) y al derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

Reitera que el Auto de Vista impugnado incurre en manifiesta incongruencia por ausencia de correlación lógica entre lo pedido y los pronunciamientos formulados entre la pretensión deducida en los recursos, la contestación y la decisión judicial. Añade que el fallo impugnado incurre en incongruencia interna, ya que la resolución anula obrados pero se pronuncia sobre el fondo de las pretensiones y argumentaciones deducidas en el recurso de apelación y la correspondiente contestación. Añade que el Auto de Vista impugnado no tiene correlación intrínseca  puesto que se anula obrados hasta fojas 164, manteniendo firme  la demanda reconvencional que es considerada inválida por contener acciones contradictorias. 

Dentro del recurso de casación en el fondo denuncia la interpretación errónea de los artículo 15 de la Ley de Organización Judicial y 90 del Código de Procedimiento Civil al haber anulado obrados.

Denuncian también la errónea e ilegal interpretación del artículo 328 del Código de Procedimiento Civil.

Denuncia que el Auto de Vista impugnado contiene disposiciones contradictorias, ya que anula obrados hasta la providencia de fojas 164 y dispone que se admita la contestación a la reconvención con excepción de lo referente a la nulidad y anulabilidad.

Denuncia error de hecho en la apreciación del Auto de Vista de fojas 150 a 151, el A.S. Nº 274 de 19-10-2000, que es inaplicable porque se refiere a un supuesto de hecho distinto y porque no valora que la nulidad y la anulabilidad fueron articuladas de forma eventual.

Denuncia que el Tribunal de apelación ha incurrido en error de derecho ya que al valorar la prueba no ha considerado que la demanda reconvencional no contiene acciones contradictorias ni incompatibles; que las nulidades deben estar previstas de forma expresa, que las facultades de saneamiento para los tribunales de segunda instancia se encuentran señalados en el apartado I-7 de la Disposición Especial Segunda de la LAPCAF; la Sala Civil Segunda ha suplantado y sustituido la carga procesal del reconvenido de impugnar y reclamar supuestas acciones contradictorias.

Finalmente pide que se anule el Auto de Vista impugnado y que se ordene nuevo pronunciamiento o alternativamente se case dicho fallo de segunda instancia y deliberando en el fondo que se confirme la sentencia.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Por razón de método se analiza en primer término el recurso de casación en la forma, pues en caso de estimarse el mismo ya no correspondería pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo.

El debido proceso legal constituye una esencial  garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales  que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es,  en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria, son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial, tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez.

En el examen del recurso de casación existen dos cuestiones esenciales que analizar; a) si en la legislación boliviana es posible o no la acumulación de pretensiones en forma alternativa, subsidiaria o eventual propia y accesoria o eventual impropia y b) si la nulidad de obrados dispuesta de oficio por el Tribunal ad quem se halla justificada y fundamentada.

Respecto de la acumulación de pretensiones.- Si bien es cierto que la relación procesal puede darse de manera simple entre un demandante con un demandado respecto de una sola pretensión; empero por razones de economía o para evitar pronunciamientos contradictorios que podrían suscitarse en caso de seguirse procesos distintos por pretensiones conexas, el legislador permite que los procesos se entablen con pluralidad de sujetos y/o pluralidad de objetos. En el caso en examen nos referiremos a la pluralidad de objetos, la que se presenta cuando en un mismo proceso se acumulan dos o más pretensiones, acumulación que puede operar de forma originaria o sucesiva.

Siempre circunscribiendo nuestro análisis a lo que es motivo del recurso, debemos decir que Lino E. Palacio, sostiene que “La acumulación originaria de pretensiones es la reunión, en una misma demanda, de las distintas pretensiones que el actor tenga frente al demandado, realizada con el fin de que sean sustanciadas y decididas en un proceso único.” (Manual de Derecho Procesal Civil, Tomo I, pág. 142.)

La doctrina uniforme admite 4 clases o tipos de acumulación objetiva: la principal o simple; la alternativa; la subsidiaria o eventual propia; y la sucesiva o accesoria o eventual impropia.

La acumulación principal o simple, llamada también autónoma o concurrente, es la que permite acumular varias pretensiones que deben ser resueltas todas ellas en la misma sentencia.

La acumulación alternativa o electiva, es la que permite presentar varias pretensiones  con la finalidad de que sólo sea acogida una de ellas, no pudiéndose acoger todas las pretensiones formuladas, ya que el opositor sólo tendrá que satisfacer una de ellas. 

La acumulación subsidiaria o eventual propia, llamada también subordinada, permite reunir varias pretensiones en esta forma de acumulación, en la que  el actor reclama frente o contra el opositor una tutela jurídica en subsidio de otra que se ha formulado de forma preferente y excluyente.

La acumulación accesoria o eventual impropia, llamada también sucesiva o consecuencial, en la cual concurren una pretensión principal, y el acogimiento de las otras pretensiones está supeditado o condicionado al acogimiento de la principal.

Ahora bien, el artículo 328 del Código de Procedimiento Civil dispone: “En una demanda podrán plantearse todas las acciones que no fueren contrarias entre sí y pertenecieren a competencia del mismo Juez”. La norma en examen en realidad establece 2 condiciones; que las pretensiones no sean contrarias entre si y que correspondan a la competencia del mismo juez; empero también es exigible el requisito doctrinal de que las pretensiones sean susceptibles de tramitarse por el  mismo procedimiento.

Las pretensiones son contrarias entre si cuando dichas pretensiones se excluyen entre sí, de tal manera que la incompatibilidad se refiere a que el acogimiento de una pretensión principal hace ineficaz la otra pretensión planteada como principal; por ello, la incompatibilidad constituye en realidad un requisito de la acumulación de las pretensiones formuladas como principales; es decir cuando se reclama pronunciamiento sobre todas ellas irremisiblemente, pero no constituye un requisito de los otros tipos de acumulación.

La conclusión que precede, se impone por las siguientes razones:

Por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado los  justiciables tienen el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Por su parte el artículo 180 de la propia Constitución proclama,  que son  principios de la justicia ordinaria, entre otros, la celeridad, eficiencia, verdad material. 

Por su parte el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, dispone que tanto el Juez como los auxiliares de la administración de justicia tomarán las medidas necesarias para lograr la mayor economía en la realización del proceso. Y el artículo 89 Ídem, proclama el principio de concentración.

Ahora bien teniendo presente que la finalidad esencial de la acumulación de pretensiones  es la necesidad de economizar tiempo, esfuerzo y gastos, y que en el nuevo marco constitucional, el derecho a la justicia pronta y oportuna se encuentra garantizada de forma explícita por el Estado, resulta irrefragable concluir que la condición de que las pretensiones no sean contrarias entre sí a la que se refiere el artículo 328 del Código de Procedimiento Civil, se refiere a las pretensiones deducidas como principales o simples; es decir cuando se pide al juzgador que las estime todas al mismo tiempo. Consiguientemente, es posible acumular originariamente pretensiones deducidas de forma alternativa,  subsidiaria o eventual propia y la sucesiva o accesoria o eventual impropia, pues de esta manera se  evitará que los justiciables y el Estado dupliquen sus gastos y esfuerzos y al propio tiempo se permitirá la realización de una tutela judicial  efectiva. En particular con relación a las pretensiones de nulidad y anulabilidad, es posible acumular ambas pretensiones cuando la nulidad ha sido deducida en forma subsidiaria o eventual propia; es decir cuando se reclama pronunciamiento sobre la pretensión de anulabilidad solamente en el  caso de que no se haya acogido la pretensión de nulidad.

En el caso en examen, los reconvencionistas han deducido demanda de nulidad y han acumulado la pretensión de anulabilidad de forma subsidiaria, pues explícitamente señalan “De no ser atendida nuestra demanda de nulidad alternativamente reconvenimos por la acción de anulabilidad…”. Si bien es cierto que en rigor no se trata de una acumulación alternativa sino subsidiaria o eventual propia, lo que está claro es que no se ha reclamado pronunciamiento simultáneo sobre ambas pretensiones.

Si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia, tenía sentado que no es posible demandar al mismo tiempo nulidad y anulabilidad, entre otros, en  el A.S. Nº 274 de 19 de octubre de 2000, invocado en el Auto de Vista impugnado, esta imposibilidad se refiere a la acumulación de pretensiones principal o simple.

Ciertamente la propia Corte Suprema de Justicia, en el A.S. Nº 230 de 29 de junio de 2001, estableció que “la nulidad y la anulabilidad son dos institutos de diferente naturaleza jurídica, que son excluyentes entre sí, ya que no puede demandarse la nulidad y anulabidad de un contrato o hacerlo de manera alternativa”. Si  bien es cierto que esta sala del Tribunal Supremo, comparte el criterio en sentido que no es posible la acumulación de las pretensiones de nulidad y anulabilidad cuando se pide pronunciamiento sobre ambas, es decir cuando se trata de una acumulación principal o simple y que en rigor técnico tampoco corresponde hablar de acumulación aternativa, en la que opera la elección de una de ellas; sin embargo es criterio de este Tribunal que si es posible acumular las pretensiones de nulidad y anulabilidad, cuando ésta última ha sido planteada de forma subsidiaria o eventual, es decir para el caso de que la pretensión de nulidad no prospere, de manera tal que el juez esta compelido a pronunciarse sobre la anulabilidad solamente si no ha estimado la pretensión de nulidad. También es necesario puntualizar que la admisión de la acumulación depende del  contenido de la petición articulada en la demanda principal o reconvencional, de tal manera que debe admitirse la acumulación siempre y cuando se esté pidiendo pronunciamiento de la anulabilidad  para el caso de no acogerse la nulidad, independientemente de alguna imprecisión en la calificación jurídica.

Con relación a la denuncia de falta de motivación.- El deber de fundamentación y motivación de toda resolución judicial, forma parte del derecho-garantía-principio del debido proceso, consagrado en el art. 115.I de la Constitución Política del Estado. “el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión” (SCP 0666/2012 de 2 de agosto, que recoge el razonamiento de la SC 0752/2002-R de 25 de junio).

En el caso en examen el Tribunal ad quem se ha limitado a transcribir parte del Auto Supremo Nº 274 de 19 de octubre de 2000, sin siquiera mencionar que norma legal prevé la sanción de nulidad en los casos en los que la demanda reconvencional fuera defectuosa, de lo cual resulta cierto que el Tribunal ad quem ha incumplido con su deber de motivar debidamente su fallo.

Con relación a la nulidad de obrados.- En la legislación civil boliviana, si bien es cierto que por el carácter de orden público de las normas procesales, el cumplimiento de las mismas es obligatorio, no puede perderse de vista que las formas procesales son en realidad garantía del debido proceso legal y en última instancia del derecho de defensa en juicio; por consiguiente tales formas procesales no tienen finalidad en sí mismas, pues el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, conforme dispone el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil.

Por ello, las nulidades procesales, como especie de sanciones procesales, tienen una aplicación restrictiva y fincan en principios que emergen de los sistemas francés e italiano y que se hallan recogidos por nuestro legislador. Estos principios son el de legalidad o especificidad, trascendencia, convalidación y protección.

En mérito al principio de legalidad o especificidad, la nulidad se sanciona solo en los casos previstos por ley expresa (pas de nullité sans texte); se encuentra recogido por el artículo 251-I) del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo este principio se torna relativo  por la inserción de las llamadas nulidades implícitas o virtuales a las que abre camino el artículo 90-I) del Código Adjetivo Civil.

En virtud al  principio de trascendencia  no existe nulidad sin perjuicio (pas de nullité sans grief). Este principio se configura por tres condiciones: 1) alegación del perjuicio sufrido; 2) acreditación del perjuicio y 3) interés jurídico que se intenta subsanar.

El principio de convalidación.- No prosperará la nulidad cuando medie consentimiento expreso o tácito de la parte perjudicada. Este principio tiene su fundamento en el carácter dispositivo del proceso civil.

En atención al principio de protección no se puede alegar la propia torpeza como fundamento del pedido de nulidad (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

Las formas procesales no tienen finalidad en sí mismas, pues su objetivo final está orientado a precautelar el derecho de defensa en juicio como  elemento del debido proceso. Por ello, si bien es cierto que el cumplimiento de las  normas  procesales  en escrupuloso respeto  a las formas instituidas es de orden público, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, no es menos evidente que  el quebranto de dichas normas se sanciona con nulidad solamente por vía de excepción.

Ahora bien, ciertamente el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial (abrogada) imponía al Tribunal de apelación el deber de revisar de oficio el proceso que implicaba la facultad de anular obrados; empero el ejercicio de dicha facultad debía ejercerse en estricta observancia a los principios sobre los que finca las nulidades procesales y a los principios sobre los que estriba el proceso civil.

En el caso en examen, el Tribunal ad quem ha anulado obrados con el fundamento de que la pretensión de nulidad y anulabilidad son contrarias entre si e invocando el A.S. Nº 274 de 19 de octubre de 2000, sin reparar a que ninguna norma legal autoriza invalidar el proceso por un supuesto defecto de la demanda reconvencional consistente en la acumulación subsidiaria o eventual propia de las pretensiones de nulidad y anulabilidad, pues el Tribunal ad quem no podía disponer la nulidad de obrados por una causa no prevista por ley o que no afecte el derecho de defensa, tanto más si ha existido convalidación. 

Sobre la congruencia.- El proceso civil boliviano  finca, entre otros, en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a las peticiones de las partes formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a los mismos, ya que ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

La estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y el pronunciamiento del Tribunal de apelación  es lo que se conoce como principio de congruencia; el cual se encuentra, previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, cuyo quebranto se produce cuando el Tribunal Ad quem, omite pronunciamiento expreso y exhaustivo, sobre alguno de los agravios invocados por el apelante o cuando se excede pronunciándose más allá de lo pedido o fuera de lo pedido; en cuyo caso la resolución se halla viciada de nulidad por mandato del artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, el Tribunal ad quem, en lugar de pronunciarse sobre los agravios invocados en la apelación y su contestación, ha anulado de oficio obrados sin que exista causa justificada para ello, y con ese proceder efectivamente ha violado el principio de congruencia, pues por un lado el fallo se excede al disponer la nulidad de obrados no pedida por las partes y no justificada para ser declarada de oficio y por otro omite pronunciamiento sobre la alzada. La incongruencia interna denunciada resulta intrascendente frente al efecto de la incongruencia que se advierte y que justifica la nulidad del fallo de segunda instancia.

El referido  defecto improcedendo  se encuentra sancionado con nulidad por el artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde fallar conforme disponen los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

Habiéndose dado mérito al recurso de casación en la forma ya no corresponde pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA llanamente el Auto de Vista Nº 233 de 29 de abril de 2008, de fojas 589 a 590 de obrados, disponiendo que el tribunal Ad quem, sin someter la causa a turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, cumpliendo los requisitos de congruencia y exhaustividad.

4.2.- Sin responsabilidad por ser excusable.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  642/2013