SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 637

Sucre: 4 de diciembre de 2013  

Expediente: LP 135 08 S  

Proceso: Nulidad de Reconocimiento de Firmas y Rúbricas y otros

Partes: Rosa Cantuta Vda. de Mendoza y Otra c/ Freddy Medina Cáceres

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Freddy Medina Cáceres, de fojas 301 a 306 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 273 de 11 de agosto de 2008, de fojas 293 a 295 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, en el proceso ordinario sobre nulidad de reconocimiento de firmas y rúbricas, de protocolo y de escritura pública, cancelación de inscripción, reivindicación y daños y perjuicios, seguido por Rosa Cantuta Vda. de Mendoza y Teófila Mendoza Cantuta en contra del recurrente, los antecedentes y; 

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.- Mediante sentencia de fecha 19 de junio de 2007, de fojas 221 a 225 vuelta de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Décimo Segundo de la ciudad de La Paz, se declaró probada la demanda de fojas 44 a 47 vuelta, en consecuencia declaró nulo el reconocimiento judicial de la minuta de compra venta de fecha 6 de diciembre de 1997; nula la escritura pública Nº 1285/2001, protocolizado en fecha 10 de mayo de 2001, por ante el Notario de Fe Pública Luis Fernando Torrico Tejada y la cancelación del derecho propietario de Freddy Medina Cáceres ante el registro de Derechos Reales y la rehabilitación de la partida Nº 01389005, la reivindicación y restitución a favor de la actora del inmueble objeto de la Litis, en el término de 30 días.

Que, en grado de apelación, interpuesto por Beatriz Amaru Mejica, en representación de Freddy Medina Cáceres, de fojas 229 a 232 de obrados, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, por Auto de Vista de fecha 11 de agosto de 2008, se confirma la sentencia apelada. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 301 a 306 vuelta, Freddy Medina Cáceres,  interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, que se compendia a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1.- Denuncias del Recurso de Casación.- En el recurso de casación en la forma, se efectúan las siguientes denuncias:

Denuncia que el Tribunal ad quem no ejerció la facultad revisora dispuesta por el artículo 15 de la Ley de Organización judicial (abrogada), ya que se habría omitido el cumplimiento del artículo 94 del Código de Procedimiento Civil, porque no se subsano la defectuosa demanda y que subsiste la observación de fojas 48.

Denuncia que al haberse tramitado el reconocimiento de firma y rúbrica ante el Juez de Partido Segundo en lo Civil del Alto de La Paz, el Juez a quo era incompetente para conocer la causa, conculcando los artículos 25, 26, 117 y 118 de la Ley de Organización Judicial y el artículo 14 de la Constitución Política del Estado. Añade que el Juez a quo debió haberse separado del conocimiento de la causa, remitiendo obrados al Juez de Partido Segundo en lo Civil de El Alto.

Dando cuenta que AASANA intervino en el interdicto de posesión, en su condición de propietario de  la urbanización Villa Loreto, contiguo al aeropuerto de El Alto, denuncia que se ha quebrantado el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, porque era necesaria la litis consorcio.

Con relación al recurso de casación en el fondo, efectúa las siguientes denuncias:

Que se habría incumplido el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, porque nadie puede ser sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho y añade que se habría vulnerado su derecho a la seguridad jurídica  y la garantía al debido proceso.

Denuncia que se ha desconocido la competencia preventiva del Juez de Partido Segundo en lo Civil de El Alto y denuncia que se ha vulnerado el artículo 26 de la Ley de Organización Judicial.

Que la demanda debió ser dirigida contra el notario que intervino en el protocolo de la minuta de compra venta y que al no habérselo demandado se ha quebrantado los artículos 50, 67 y 194 del Código de Procedimiento Civil.

Denuncia la aplicación indebida del artículo 237-I-1) del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el artículo 549 no prevé la nulidad del protocolo de la minuta de compra venta del terreno ante el Notario de Fe Publica.

Que se ha aplicado indebidamente el artículo 549 del Código Civil, porque no corresponde la cancelación en Derechos Reales del derecho de Freddy Medina Cáceres y dejar firme  y subsistente el derecho propietario de Rosa Cantuta vda. de Mendoza, siendo ultra petita la rehabilitación de la partida Nº 01389005.

Denuncia que se ha vulnerado el artículo 16 de la Constitución Política del Estado porque no se ha demandado a los ocupantes del inmueble Beatriz Amaru Mújica y su madre Martha Mujica Salgado.

Que no se cumplió con el debido proceso porque se habría sustanciado el proceso únicamente contra Freddy Medina Cáceres, quien no está en posesión del inmueble en litigio.

Señala que se debe casar el Auto de Vista por indebida aplicación de la ley, habida cuenta  de la cédula de identidad de los hermanos Teófila y Néstor Mendoza Cantuta, quienes están domiciliados en la misma morada de su madre según acta de reciente obtención cursante a fojas 200,  y luego hace referencia a que están previstas obligaciones de la vendedora en los artículos 614 a 616 del Código Civil.

Denuncia que se lesionó el artículo 984 del Código Civil por determinarse daños y perjuicios sin constatar que Freddy Medina Cáceres no tuvo relaciones contractuales con Teófila Mendoza Cantuta, y luego hace referencia a que no se probó el supuesto acto ilícito.

Denuncia que no se tomaron en cuenta los documentos de fojas 138 a 155, quedando demostrado que Rosa Cantuta Vda. de Mendoza, puso su impresión digital en el documento de compra venta, habiéndola hecho elaborar con su hija Teófila Mendoza y que demostró que nunca realizó documentos de préstamo e indica el artículo 1299 del Código Civil y la Ley de 20 de noviembre de 1950.

Finalmente pide que se anule obrados hasta el vicio más antiguo o se case el Auto de Vista y se declare improbada la demanda.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde examinar en primer término el recurso de casación en la forma, pues en caso de estimarse dicho recurso ya no corresponderá pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo.

El debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica  en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez, consiguientemente, es menester verificar, si la resolución de instancia impugnada, emergen de un debido proceso legal; por cuya razón, se efectúan las siguientes disquisiciones legales:

El debido proceso legal, finca entre otros, en la garantía del juez natural; que se integra por los elementos de la competencia, la independencia y la imparcialidad del juzgador.

Tenida cuenta que la competencia, en cuanto media de la jurisdicción,  solo emana de la ley, es indelegable e improrrogable, salvo por razón de territorio en este último caso, los actos de quienes ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley, son nulos por mandato del artículo 122 de la Constitución Política del Estado.

Ahora bien, con relación a las mediadas preparatorias, según señala el procesalista argentino Lino E. Palacio, “Las medidas preparatorias tienen por objeto asegurar a las partes la posibilidad de plantear sus alegaciones en la forma más precisa y eficaz. Persiguen, esencialmente, la determinación de la legitimación procesal de quienes han de intervenir en el proceso, o la comprobación de ciertas circunstancias cuyo conocimiento es imprescindible, o manifiestamente ventajoso desde el punto de vista de la economía procesal, para fundar una eventual presentación en juicio.”

Entre las medidas preparatorias de demanda, el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil, prevé el reconocimiento judicial de firmas. Se trata de un procedimiento que en caso de incomparecencia del emplazado concluye con el pronunciamiento judicial que da por reconocido el documento y la efectividad del documento, conforme previene el artículo 319-2) del Código de Procedimiento Civil. Dado que se trata de una resolución judicial, esta es impugnable mediante recurso de apelación dentro del mismo procedimiento, pero no existe la posibilidad de impugnarlo por cuerda separada.

Entre las atribuciones de los Jueces de Partido en materia Civil, que preveía el artículo 134 de la Ley de Organización Judicial (abrogada) vigente en el momento de la tramitación de la causa que se examina, no se encontraba la de revisar las decisiones emitidas en el trámite de medida preparatoria, sustanciadas en otro juzgado de partido en lo civil. Tampoco el Código de Procedimiento Civil, abre la posibilidad de revisar las decisiones pronunciadas en medidas preparatorias en un ulterior proceso de conocimiento ordinario. Consiguientemente el Juez a quo no tenía facultad para revisar y en consecuencia anular la medida preparatoria de reconocimiento judicial de firma, pues si la demandante consideraba que en el trámite de reconocimiento de firmas se violó su derecho de defensa en juicio o que incurrió en error de juzgamiento al pronunciar la resolución sobre el reconocimiento correspondía que haga uso de los mecanismos procesales que la ley le reconoce ante el mismo juez que conoció y resolvió la medida preparatoria, pero de ninguna manera podía incorporar esa pretensión por cuerda separada ante otro Juez. 

Respecto al supuesto incumplimiento del artículo 94 del Código de Procedimiento Civil.- La comparecencia del apoderado de la demandante, efectivamente, implicaba la subsanación de la observación efectuada por el Juez a quo mediante decreto de fojas 48, por lo cual no es cierto que la demanda sea defectuosa por esa causa.

Con relación a incorporación a la Litis al supuesto propietario del terreno objeto del litigio y  de las ocupantes  del inmueble; no correspondía su incorporación, pues no intervienen en los actos cuestionados y, en caso de haberse respetado las reglas competenciales, sería absolutamente factible un pronunciamiento respecto a las pretensiones reales en contra del demandado sin la intervención de quienes se extraña su intervención.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde fallar conforme disponen los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

Habiéndose dado mérito al recurso de casación en la forma ya no corresponde pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 48 inclusive de  obrados, disponiendo que el Juez a quo observe la demanda con relación a la pretensión sobre la que no tiene competencia.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el Juez a quo y el Tribunal ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 al Juez a quo y a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  637/2013