SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 636

Sucre: 4 de diciembre de 2013  

Expediente: SC 146 08 S

Proceso: Reivindicación y otros

Partes: Esther Arenas Aguilar c/ Edwin Carvajal Rojas

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 

VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 99 a 100, interpuesto por Edwin Carvajal Rojas, contra el Auto de Vista N° 366/2008, de fecha 25 de julio, de fojas 95 a 96, emitido por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, la contestación al referido recurso de fojas 102, dentro del ordinario de Reivindicación y otros, seguido por Esther Arenas Aguilar contra Edwin Carvajal Rojas, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

1.- Que, tramitada la causa el Juez de Partido Segundo en materia Civil y Comercial, de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció Sentencia N° 37, de fecha 2 de abril de 2008, de fojas 74 a 76 vuelta, que declara improbada la demanda de fojas 9 a 11. Con costas.

Deducida que fue la apelación por la demandante, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció Auto de Vista N° 366/2008, de fecha 25 de julio, de fojas 95 a 96, que revoca la sentencia y deliberando en el fondo declara probada la demanda de Esther Arenas Aguilar, se dispone la desocupación y la entrega del inmueble, sin lugar a calificarse daños por no haberse demostrado. Sin costas por la revocatoria.

2.- Contra la resolución de Segunda Instancia, el demandado Edwin Carvajal Rojas, interpone recurso de casación, bajo los siguientes argumentos:

El recurrente refiere que hubiera adquirido el inmueble, objeto de la Litis, de Víctor Daza Guzmán al crédito, de acuerdo al contrato de compra y venta y que el mismo se encontraría inscrito en Derechos Reales, así también que viviría junto a su familia en dicho inmueble, en el que hubiese hecho construir su vivienda, asimismo expresa que nunca conoció a la demandante y el que vivió antes fue su vendedor y que por motivos de salud de su esposa, no hubiera puesto a su nombre el mencionado inmueble, por lo que, aún el mismo estaría a nombre del referido vendedor, además que éste es su garante de evicción y saneamiento, finaliza con  su petitorio, en el que manifiesta que la demandante no cumplió con lo que establece el artículo 614 inciso 1) del Código Civil, puesto que nunca hubiera tenido posesión y denuncia interpretación errónea de las pruebas ya que no se las hubiera tomado en cuenta, las que cursan a fojas 95 a 96, violando su derecho, porque sería comprador y poseedor y solicita que se declare probado su recurso y se revocar el auto de vista de fecha 25 de julio de 2008.

CONSIDERANDO II:

En virtud al recurso expuesto, se tiene las siguientes consideraciones:

Que, el término o plazos procesales en el entendido del tratadista Hugo Alsina, tiene su función en el proceso y por ello entiende que “los términos tienen por objeto la regulación del impulso procesal a fin de hacer efectiva la preclusión de las distintas etapas del proceso que permiten su desarrollo progresivo, siendo así, el proceso es un conjunto de actos de procedimiento ejecutados por las partes y el juez en momentos distintos que constituyen diversos estadios, cada uno de los cuales supone la terminación del anterior..” (Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo I Página 736), en este entendido, los plazos procesales se hallan vinculados directamente con los principios de celeridad y economía procesal, por lo que, los plazos procesales son de cumplimiento obligatorio para el  juez y los litigantes dentro del proceso, con la finalidad de evitar pérdida de tiempo innecesaria y recursos en el mismo, en este entendido, el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil establece que el recurso de casación se interpondrá dentro del plazo fatal e improrrogable de ocho días a contar desde la notificación con el auto de vista, plazo que al encontrarse establecido por ley y al tener carácter de fatal, dicho plazo será perentorio y de cumplimiento  obligatorio para todas las partes dentro del proceso, asimismo, el artículo 262 del referido Adjetivo Civil, dispone que el tribunal o juez de segundo grado deberá negar la concesión del recurso de casación y declarar ejecutoria la sentencia o auto recurrido, cuando se hubiere interpuesto el recurso después de vencido el término.

En el caso de autos, el recurrente fue notificado con el  Auto de Vista N° 366/2008, de fecha 25 de julio, de fojas 95 a 96, emitido por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en fecha 28 de agosto de 2008, a Hrs. nueve y cinco, sin embargo, el recurrente presentó su recurso de casación en fecha 5 de septiembre de 2008, a Hrs. nueve y cuarenta y siete, después de 42 minutos de haberse cumplido los 8 días de plazo que establece el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil, para la presentación del recurso señalado, considerando, que el plazo establecido por dicha disposición corre de momento a momento, es decir, que es computable a partir de la notificación, por lo que, el recurso se tiene como no presentado y no se abre la competencia de éste tribunal para su pronunciamiento, de acuerdo a lo establecido por el artículo 272 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil,  omisión que no fue observada por el Tribunal de Alzada al momento de conceder el recurso de casación, por lo que, corresponde fallar de acuerdo a lo establecido por los artículos 272 numeral 1) y 272 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley de Organización Judicial y en aplicación a lo dispuesto por los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 1) del Adjetivo Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Edwin Carvajal Rojas, de fojas 99 a100, con costas.

Con apercibimiento al Tribunal de Alzada, de acuerdo con lo establecido por el artículo 272 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1.000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Fue de voto disidente el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  636/2013