SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 629

Sucre: 4 de diciembre de 2013  

Expediente: B 25 10 A

Proceso: Cumplimiento de Contrato

Partes: José Orlando Monasterio c/ Juan Duran Arce

Distrito: Beni

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 

VISTOS: El recurso de casación de fojas 359 y vuelta, interpuesto por Rubens Rivarola Muñoz, en representación de Juan Durán Arce, contra el Auto de Vista Nº 142/10, de fecha 13 de noviembre, cursante de fojas 355 a 356, pronunciado por la Sala Civil, de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, la adhesión al recurso de fojas 362, dentro del ordinario de Cumplimiento de Contrato seguido por José Orlando Monasterio contra Juan Duran Arce, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

1.- Que, el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de Trinidad, emitió el Auto Interlocutorio Nº 275, de fecha 16 de abril de fojas 299 a 300 vuelta, que al no ser competente para conocer la acción de cumplimiento de contrato de aparcería de ganado vacuno, en razón de materia y al objeto del contrato, anula obrados hasta fojas 16 inclusive y declina competencia, disponiendo la remisión del proceso ante el Juez Agrario.

En grado de apelación deducida por ambas partes, cada uno por su lado, la Sala Civil de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, pronunció el Auto de Vista Nº 142/10, de fecha 13 de noviembre, cursante de fojas 355 a 356 que confirma totalmente el Auto de fecha 16 de abril de 2010, cursante de fojas 299 a 300.

2.- Contra la referida resolución, Rubens Rivarola Muñoz, en representación de Juan Durán Arce interpone recurso de casación en la forma, a la que se adhirió Carlos Bello Céspedes, en representación de José Orlando Monasterio Chavez, bajo los siguientes argumentos:

La parte recurrente refiere que al haber dictado el fallo, no hubiesen obedecido los principios constitucionales de publicidad, transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia y probidad, contemplados en el artículo 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y que de esa manera hubiesen desobedecido la aplicación de lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y 15 de la Ley de Organización Judicial, porque no hubiesen revisado la falta de capacidad del Dr. Carlos Bello Céspedes, para actuar en nombre del demandante, por otra parte, acusa que  se hubiera aplicado indebidamente lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1715 y 23 numeral 8) de la Ley 3545, en relación a un presunto conflicto de competencia suscitado extemporáneamente por el Juez A quo, denunciando violación del artículo 14 del Código de Procedimiento Civil. Respecto al Considerando II, manifiesta que existiría erróneo criterio, ameritando su impugnación de acuerdo a lo previsto por el artículo 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, al haberse confundido la naturaleza civil sobre producción pecuaria, con explotación agraria a las que se refieren las leyes 3545 y 1715, en virtud a que el contrato fue por aparecería de ganado vacuno y no de tenencia del fundo rústico Alihuata, asimismo, la parte recurrente acusa de errónea aplicación del artículo 39 de la Ley 1715 y artículo 23 numeral 8) de la Ley 3545 al haber confundido el contenido de dicho contrato y violación del artículo 1 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO II:

En virtud al recurso de casación expuesto, tomando en cuenta el principio del no formalismo y evitando el excesivo rigorismo, en virtud a la Sentencia Constitucional N° 2210/2012, a pesar de algunas deficiencias en la técnica recursiva del recurso, se ingresa a su consideración, a objeto de dar respuesta a la parte recurrente, bajo las  siguientes consideraciones:

Que la aplicación del artículo 252 y el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, conlleva la observación de la vulneración de disposiciones procesales de cumplimiento obligatorio, y de orden público, de  parte de las autoridades jurisdiccionales, durante la tramitación del proceso o al momento en que hayan sido emitidas las resoluciones de instancia, y al ser una potestad facultativa la aplicación de las referidas disposiciones, ello no implica que se tenga que anular obrados por errores formales que no afectan al orden público, sino que la inobservancia o su error manifiesto debe ocasionar verdadera vulneración a las garantías constitucionales y derechos de las partes, solo así se justifica su aplicación y la nulidad de oficio, sin embargo, en el caso de autos, la falta de capacidad legal en el apoderado del demandante no afecta a la parte recurrente, tomando en cuenta que el Auto Interlocutorio Nº 275, de fecha 16 de abril, de fojas 299 a 300 vuelta, que fue confirmado por el Auto de Vista Nº 142/10, de fecha 13 de noviembre, cursante de fojas 355 a 356, anuló obrados hasta la admisión de la demanda de fojas 16, por lo que, las referidas autoridades al haber dejado sin efecto la admisión de la demanda interpuesta por el apoderado del demandante, también la admisión del poder conferido por Juan Duran Arce al Dr. Carlos Bello Céspedes ha quedado sin efecto alguno, a cuya razón el Tribunal de Alzada mal podría haber aplicado el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 15 de la ley de Organización Judicial, cuando no existe vulneración del orden público y mucho menos algún perjuicio a la parte recurrente.

Por otra parte, es necesario referirnos a la competencia de las autoridades jurisdiccionales, que en nuestro ordenamiento procesal civil se encuentra establecido por territorio, cuantía y materia, esta última considerada por Alsina como “la  aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado”, que se caracteriza por ser improrrogable, por ende, la observación de éste a objeto de no ocasionar en las partes la vulneración al debido proceso, es de cumplimiento obligatorio, considerando que todos los actos desarrollados por un juez incompetente, en razón de materia son nulos, en este entendido, la Ley 3545 que modificó a la ley 1715, en su artículo 33 establece que "La Judicatura Agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, así como de la actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas y, otras que le señala la Ley.", asimismo, el artículo 39 numeral 8) de la Ley INRA o 1715 establece que la Judicatura Agraria es competente para “ conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria"

Asimismo, es importante realizar consideraciones doctrinales sobre lo que significa la actividad agraria, esto para entender hasta donde abarca la competencia de la Judicatura Agraria, siendo así, para Antonio Carrozza, la actividad agraria “es el desarrollo de un ciclo biológico, vegetal, o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y de los recursos naturales, la que se resuelve económicamente en la obtención de frutos- vegetales o animales destinados al consumo directo, o bien previa una o más transformaciones..”, entendiéndose por ello que la actividad agraria no solamente comprende las actividades agrícolas, sino también las ganaderas, ya sean de bovinos, ovinos, equinos, etc.

En este marco, también es preciso referirnos al contrato de aparecería que  etimológicamente, significa “ir a la parte en el negocio “ y que Castán la define como  un “contrato por el cual una persona se obliga a ceder a otra el disfrute de ciertos bienes o ciertos elementos de una explotación, a cambio de obtener una parte alícuota de los frutos o utilidades que aquéllos o éstos produzcan”, en este ámbito, los contratos de aparcería de ganado se desarrollan cuando un productor ganadero no tiene una infraestructura para el ganado o si lo tiene pero con insuficiencia de pasto, entonces en ese caso puede acudir a otro que tenga una propiedad con pastos, realizándose una sociedad donde uno pone el ganado y el otro el pasto para luego compartir los beneficios.

Bajo estas consideraciones de orden doctrinal y legal, en el caso de autos, el demandante y el demandado suscribieron un contrato de aparcería de ganado vacuno en fecha 11 de mayo de 1998, cursante a fojas 3 de obrados, por el cual José Orlando Monasterio Chávez como propietario de 42 cabezas de ganado vacuno, hace entrega el referido hato del ganado a Juan Durán Arce, para que lo cuide y explote la producción de leche en su lechería sito a 4 Km de la ciudad de Trinidad, por el lapso de 5 años, bajo las modalidades establecidas en 5 puntos del contrato, entre ellas también la que se refiere a la reproducción del ganado, el cual según el demandante hubiera sido incumplido, a cuya razón, José Orlando Monasterio Chávez, mediante su apoderado legal, demanda ante la vía ordinaria civil su cumplimiento, en contra de Juan Durán Arce, empero, sin considerar que el referido  contrato, objeto de la litis, conlleva en sí mismo la realización de una actividad agraria, porque su objeto es la producción lechera principalmente, y por otra la relacionada con la reproducción del ganado vacuno, por lo que, la tramitación legal del cumplimento de dicho contrato al comprender justamente una actividad agraria, de acuerdo a lo establecido por los artículos 33, 39 numeral 8) de la ley 1715 y 23 punto 8 de la ley 3545, correspondía haberse interpuesto ante un Juez Agrario, sin embargo, el Juez de Primera Instancia anula obrados hasta la admisión de la demanda de fojas 16, justamente a razón de que no tiene competencia para conocer el presente proceso, disponiendo su remisión ante el Juez Agrario,  resolución que fue confirmada por el Tribunal de Alzada, a través del auto de vista recurrido, por lo que, no son evidentes las violaciones y aplicaciones indebidas de las disposiciones acusadas por la parte recurrente, correspondiendo aplicar en el presente caso los establecido en los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley de Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de nulidad de fojas 359 y vuelta, interpuesto por Rubens Rivarola Muñoz, en representación de Juan Durán Arce y la adhesión de fojas 362, sin costas.

Fue de voto disidente el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  629/2013