SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 628

Sucre: 4 de diciembre de 2013  

Expediente: T 5 11 S

Proceso: Usucapión Decenal

Partes: Teodoro Estrada Vilca c/ Mica Arcelia Valdez Velasco y otros

Distrito: Tarija

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 

VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 752 a 758 vuelta, interpuesto por Teodoro Estrada Vilca contra el Auto de Vista Nº 113/2010, de fecha 02 de diciembre, de fojas 744 a 748 vuelta, emitido por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del  Distrito Judicial de Tarija, la respuesta al recurso de fojas 764 a 766, dentro del ordinario de Usucapión Decenal seguido por Teodoro Estrada Vilca contra Mica Arcelia Valdez Velasco y otros, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

1.- Que, el Juez de Partido Tercero en lo Civil de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial de Tarija, pronunció Sentencia N° 14, de fecha 1 de marzo de 2010, que declaró improbada la demanda interpuesta por Teodoro Estrada Vilca, de fojas 92 a 94  vuelta de obrados, subsanada de fojas 108 a 109, 112 y de 115 a 115 vuelta.

Deducida que fue la apelación por el demandante, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del  Distrito Judicial de Tarija, pronunció Auto de Vista Nº 113/2010, de fecha 02 de diciembre, de fojas 744 a 748 vuelta, que confirma totalmente la sentencia de fojas 588 a 595 vuelta, con costas en ambas instancias.

2.- Contra la Resolución de Segunda Instancia referida, el demandante  Teodoro Estrada Vilca, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, bajo los siguientes argumentos:

2.1.- Recurso de casación en la forma: El recurrente en base al artículo 254 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, señala que existe nulidad del Auto de Vista, porque hubiera sido dictado por Tribunal Integrado contraviniendo lo dispuesto por ley, considerando que después de las acefalías existentes en Sala Civil Primera y Segunda, se convocó a formar Tribunal a la Dra. Heydi Calderón Pérez, Vocal de la Sala Penal, quien a fojas 675 refiere que la Dra. Rosa Eva Martínez Cavero, Vocal de la Sala Civil Segunda, se encontraría con licencia los días martes 9 al sábado 13 de noviembre de 2010, habiéndose designado como suplentes legales a los Sres. Vocales de la Sala Penal de fecha 10 de noviembre de 2010, respecto al cual el recurrente refiere que el plazo se hubiera suspendido desde el día 9 al 13 de noviembre de 2010, por 5 días, consecuentemente el plazo para pronunciar el auto de vista vencía el día 8 de diciembre de 2010, por lo que, no existía necesidad de convocar al Vocal Juan José Ávila, puesto también que la comisión de la Vocal Heidy Calderón vencía el día 4 de diciembre del 2010, quien fue declarada en comisión  por los días 2, 3 y 4 de diciembre del mismo año, y a fojas 731 la providencia de fecha 1 de diciembre de 2010, dictada por la Vocal de la Sala Civil Segunda establece la notificación al Dr. Juan José Ávila Álvarez, Vocal de la Sala Social y Administrativa en su condición de suplente legal, para integrar el Tribunal, providencia que hubiese sido notificada al recurrente en fecha 1 de diciembre a Hrs. 17: 55 y que a su vez, hubiera sido notificado al vocal suplente en fecha 2 de diciembre de la misma gestión a Hrs. 8: 45, y que el auto de vista recurrido hubiese aparecido pronunciado el día 2 de diciembre de 2010, acusando por ello violación del artículo 254 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, el derecho al debido proceso, previsto en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, el derecho la defensa, previsto en el artículo 117 parágrafo I y 119 parágrafo II de la Ley Suprema del Ordenamiento Jurídico Boliviano, asimismo se le hubiera coartado su derecho legítimo que tenía a recusar, previsto en el artículo 8 parágrafo II de la Ley de Abreviación Procesal y de Asistencia Familiar de la Constitución Política del Estado y transcribe la Sentencia Constitucional 0389/2003-R, de fecha 26 de marzo de 2003. 

2.2.- Recurso de casación en el fondo: El recurrente basa su recurso en 8 puntos, los cuales refieren lo siguiente: 1.- Que el Tribunal de Alzada hubiese indicado que no existiría contradicción en la sentencia, sino que estaría bien estructurada y acusa al Tribunal de Alzada que no se hubiera valorado correctamente la prueba documental, de fojas 18 a 20, y transcribe lo señalado en la cláusula tercera del testimonio de la Escritura Privada sobre  la compraventa  de fecha 8 de abril de 1987, por lo que, la fracción de su inmueble se encontraría identificado y que éste no sería parte de su actual posesión, porque sería ocupada por la Sra. Martha Camacho de Mollo, como indicaría el plano de fojas 90; 2.- Refiere que desde hace 20 años estuviera poseyendo el bien inmueble ubicado en la zona de Aranjuez, denominada antes Villa Banzer, con una superficie de 5779.55 m2, con las colindancias señaladas allí, por lo que, expresa que la cosa demandada hubiera sido debidamente identificada, probando las mejoras y actos posesorios, la construcción de cinco bloques de viviendas y que en la valoración de la prueba documental se ha incurrido en error de hecho; 3.- Que si la Jueza de Primera Instancia no consideró que la cosa demandada estuviera identificada y se requería plano de subdivisión, debía dar aplicación al artículo 333 del Código de Procedimiento Civil y no contradecirse en sentencia al exigir una división y partición que no fue exigida y se tuvo por subsanada; 4.- Que la inspección ocular hubiese acreditado la existencia de posesión sobre la cosa demandada, acusando  violación del artículo 87 del Código Civil, porque la posesión hubiera sido ejercida sólo por su persona y que la prueba testifical de fojas 562, 563 y 564 son uniformes al referir que el demandante es quien poseía en forma única, pública y continuada la cosa demandada; 5.- Denuncia violación del artículo 161 del Código Civil, porque se pretende exigir una división y partición para identificar la titularidad del inmueble, cuando la demanda fue dirigida contra todos los herederos de Carlos Valdez y que compró una fracción o lote como parte individualizada, registrado en Derechos Reales y que es diferente a cosa demandada; 6.- Que los documentos cursantes de fojas 36 a 57 demostrarían que se hubiera comportado como propietario y que no hubiese sido valorada correctamente, acusando de error en la valoración de la prueba; 7.- Que, en el auto de vista recurrido, no se encuentra el fundamento fáctico ni legal y transcribe una parte del segundo considerando, expresando que el Tribunal de Alzada no hubiese considerado que los demandados incurrieron en inacción al no haber registrado su declaratoria de herederos en Derechos Reales, y al no haber  pagado los impuestos a la propiedad inmueble y a la sucesión; y en el punto 8 hace una trascripción de algunas declaraciones de los testigos, que cursan de fojas 564 a 565, de fojas 563, de fojas 562 y de fojas 568,  respecto a su posesión y a la de los demandados, y finaliza con su petitorio, solicitando que el Auto Supremo declare nulo el auto de vista cursante de fojas 744 a 748, con responsabilidad para el Tribunal de Alzada, o en su caso case el auto de vista referido y en consecuencia, deliberando en el fondo, declare probada la demanda, con imposición de costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II:

En base a los argumentos expuestos, se ingresa a su consideración:

1.- En cuanto al recurso de casación en la forma:

Que, el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, dispone que “ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por ley”, por su parte la anterior Ley de Organización Judicial, abrogada por Ley 025, de 24 de junio de 2010, ahora Ley del Órgano Judicial, en su artículo 247 especificaba las causales para la nulidad, es así, que para su viabilidad también se requiere del cumplimiento de determinados principios, que justamente determinan su pronunciamiento, los cuales son: a) El Principio de especificidad o legalidad, se refiere a que el acto procesal se haya realizado en violación de las prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, ningún trámite o acto judicial será declarado nulo, si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos "No hay nulidad, sin ley específica que la establezca" (Eduardo Couture, "Fundamentos de Derecho Procesal Civil", Pág. 386); b) El Principio de finalidad del acto, "la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto" (Palacio, Lino Enrique, 'Derecho Procesal Civil', Tomo IV Pág. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) El Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. Pág. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que sólo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir, demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, "en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento" (Couture op. cit., Pág. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, "Nulidades Procesales".

Por su parte, el Tribunal Constitucional en cuanto a las nulidades procesales en su jurisprudencia emitida en las SSCC 0731/2010-R de 26 de julio y 0242/2011-R de 16 de marzo, ha establecido: "...el que demande por vicios procesales, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad; la no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad".

Que, es preciso señalar asimismo, que respecto a las Cortes Superiores de Distrito, el artículo 104 de la Ley de Organización Judicial (abrogada) prevenía que en las salas constituidas por tres o dos vocales, eran necesarios dos votos conformes, cualquiera que sea la forma de resolución, a su vez, el artículo 101 de dicha normativa instituía que, las Cortes Superiores que tengan más de una Sala Civil, se suplirán recíprocamente y obviamente en el caso de encontrarse uno de sus miembros impedido, entonces, se convoca a la Sala de turno, que viene a ser la Sala Penal y en su defecto la Sala Social y Administrativa.

Es así, que en virtud a los presupuestos legales y la doctrina expuesta, en el caso de autos, sorteado que fue el expediente en fecha 03 de noviembre de 2010, la Sala Civil Segunda, conformada por la Dra. Rosa Eva Martínez,

Cavero, Vocal de la Sala Civil referida, en virtud a las acefalías existentes en Sala Civil Primera y Segunda, mediante proveído de fecha 27 de octubre de 2010, convoca a formar el Tribunal de dicha Sala, por turno, a la Dra. Heydi Calderón Pérez, Vocal de la Sala Penal, asimismo, de fecha 9 a 13 de noviembre la Dra. Rosa Eva Martínez Cavero, tiene licencia para asistir a un curso, por lo que, se designa suplentes a los Vocales de la Sala Penal, y consecutivamente en fecha 30 de noviembre de 2010, el Presidente de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial de Tarija vuelve a designar a la Dra. Heydi Calderón Pérez para que forme parte del Tribunal de la Sala Civil Segunda, quien en la misma fecha antes de ser notificada con la referida designación, solicita al nombrado Presidente de la Institución Judicial, se la declare en comisión para participar de un Seminario Taller, a cuyo mérito, mediante proveído de fecha 01 de diciembre de 2010 es declarada en comisión por los días 2, 3 y 4 de diciembre del mismo año, disponiendo que se notifique con la mencionada resolución a los vocales en funciones, para que realicen la suplencia correspondiente de acuerdo a turno, motivo por el cual se notifica al Dr. Juan José Avila Alvarez, en su condición de suplente legal, para integrar el Tribunal antes mencionado, y quien es notificado con la convocatoria en fecha 02 de diciembre de 2010 a Hrs. 8: 45 a.m., notificación que a pesar de haberse llevado a cabo en la fecha que fue emitido el auto de vista recurrido, no implica la incompetencia del Vocal Juan José Avila Alvarez, primeramente porque no se constituye en causal de nulidad dentro del ordenamiento procesal civil boliviano, segundo, porque el auto de vista fue pronunciado dentro del plazo establecido por el artículo 204 parágrafo III del Código de Procedimiento Civil, constituyéndose en vocal relatora la Dra. Rosa Eva Martínez Cavero, y que solo en el caso de que la misma no hubiera presentado su relación de la resolución en el plazo establecido, perdía su competencia, viciando también la del Tribunal conformado, de acuerdo a lo previsto por el artículo 209 del mismo Adjetivo Civil y tercero, tomando en cuenta que la designación de la Dra. Heydi Calderón Pérez no tuvo ningún efecto de acuerdo a la resolución de fecha 01 de diciembre de 2010, en el que se estableció la licencia de la vocal referida por los días solicitados y que de acuerdo a ello se dispuso se convoque a sus suplentes, por turno, razón por la que el Dr. Juan José Avila Alvarez fue legalmente convocado para integrar el Tribunal de la Sala Civil Segunda. Por otra parte, el recurrente después de haber sido notificado con el proveído de fecha 01 de diciembre de 2010, de fojas 731, en su domicilio procesal señalado, hasta la notificación con el auto de vista, de fecha 6 de diciembre de 2010, no presentó reclamo alguno o la recusación del Vocal que fue convocado para conformar la Sala Civil Segunda, a objeto de que se realice alguna consideración sobre ello, lo que tampoco se constituye en causal de nulidad, bajo estas consideraciones y tomando en cuenta que no se ha causado violación a ninguna garantía constitucional del recurrente, al no encontrarse sus denuncias en las causales de nulidad, y al no haberse cumplido los principios que determinan la nulidad, no es evidente que se haya incurrido en la causal del artículo 254 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil y mucho menos que se haya violado el artículo 8 del mismo Adjetivo Civil, por lo que, corresponde fallar en cuanto a este recurso de acuerdo a lo establecido por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

1.- En cuanto al recurso de casación en el fondo: Respecto al punto 1.- del recurso, el recurrente hace referencia a la respuesta del Auto de Vista recurrido, sobre la contradicción de la sentencia reclamada en apelación. sin que el mismo haya realizado alguna denuncia específica sobre  violación, error o aplicación indebida de alguna disposición legal relacionada con la contradicción que menciona, remitiéndose simplemente a ser una simple enunciación, además, de que aquella se circunscribe al error in procedendo o de procedimiento, revisable cuando se plantea recurso de casación en la forma, asimismo, en este punto denuncia que no se hubiera valorado correctamente la prueba documental, de fojas 18 a 20, sin especificar si en la mencionada valoración se hubiese incurrido en error de hecho o de derecho, habida cuenta que la revisión de la prueba es incensurable en casación, al ser una potestad de los jueces de instancia y excepcionalmente puede ser revisada por este Tribunal cuando se ha cumplido con lo dispuesto en la causal del numeral 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil; En relación al punto 2.- La valoración de la prueba es legal o es libre, según que la regulación de su eficacia esté librada a las reglas legales o al discernimiento del juez (Carnelutti), por lo que, corresponde su valoración exclusivamente a los Jueces de Instancia, que deberán circunscribirse a la valoración que le otorga la ley o en su caso de acuerdo a la sana crítica, tal cual lo previene el artículo 1286 del Código Civil, asimismo, dicha valoración estará sujeto a aquellas pruebas que fueran esenciales o decisivas para la resolución del proceso, justamente a raíz de lo previsto por el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, toda vez, que la apreciación de la prueba debe efectuarse de manera global, confrontando unos y otros elementos para extraer del conjunto una conclusión, en este entendido, el Tribunal de Alzada ha ratificado la valoración del aprueba documental que realizó la Juez de Primera Instancia, considerando, que de las pruebas documentales ofrecidas por ambas partes, se ha establecido que el demandante pretende usucapir una superficie de 5.779,55 m2, de la propiedad que hubiesen dejado los padres de los demandados, empero, la totalidad del inmueble no se circunscribe a la superficie del inmueble, objeto de la litis, sino que la superficie total sería de 15.957 m2, a los cuales tendría que restarse la superficie transferida al demandante, más la que fue cedida voluntariamente por dos de los herederos de Carlos Valdez y Ana Velasco, y que si bien el demandante en su demanda ha establecido  la superficie demandada en usucapión, sin embargo considerando que no existe la división del inmueble referido, en función a la transferencia y la concesión referida, evidentemente no se pudo establecer que los actos posesorios hubieran sido efectuados en la parte del inmueble que le pertenece, en el de la cesión realizada por los coherederos mencionados o en el que es objeto de la litis, por lo que, no ha sido demostrado el error de hecho que denuncia el recurrente, considerando a su vez que se ha efectuado la valoración conjunta de las pruebas documentales, tanto de la parte demandante como de la demandada y que vale aclarar que no fue la única prueba que terminó el fallo de la Juez de Primera Instancia, confirmada por el Tribunal de Alzada, sino también la testifical que fue ofrecida por ambas partes; En cuanto al punto 3; no se puede pretender un pronunciamiento de éste Tribunal, por la inaplicación de una disposición legal en la resolución recurrida, porque justamente no fue aplicada, considerando que su competencia se abre cuando se ha evidenciado la violación, interpretación y aplicación errónea de disposiciones legales sustantivas y tomando en cuenta además de ello, que el recurrente en su denuncia hace referencia específicamente a la Juez de Primera Instancia, como si se trataría de un recurso de apelación, cuando es a través del Auto de Vista, que debía haberse realizado la denuncia señalada; 4.- La Juez de Primera Instancia ha reconocido que existe posesión del demandante, empero, no ha sido determinado específicamente si es sobre el bien, objeto de la litis, tomando en cuenta que no existe una división entre la propiedad que se pretende usucapir, con la superficie de 3.029 m2 que fue adquirida de su propietario original y sobre lo que fue cedido por los herederos Mica Aurelia y Mario Digno Valdez Velasco, por lo que, al tener derecho propietario el demandante sobre lo referido, se ha evidenciado que tiene actos de posesión de hecho, mediante la inspección ocular, asimismo, no debe confundirse que la simple posesión no determina la pretensión del recurrente, porque esta también debe ser pacífica y continua por el lapso de 10 años y que de acuerdo a las testificales de fojas 559 y vuelta, 560 a 561 vuelta, 564 a 565, y 568 a 568 vuelta se ha demostrado que los herederos de Carlos Valdez y Ana Velasco vivieron en la propiedad de sus padres hasta que falleció su hermana materna, a cuya razón no es evidente la violación del artículo 87 del Código Civil que acusa el recurrente; 5.- El demandante denuncia que se hubiera violado el artículo 161 del Código Civil, sin tener legitimad procesal para reclamar sobre el derecho que cada coheredero tiene para disponer sobre su alícuota parte, y que en todo caso si los coherederos se veían afectados en su derecho de disposición, con la resolución de vista, serían ellos los legitimados para reclamar cualquier vulneración a sus derechos patrimoniales, que el presente caso no ocurrió, a cuya razón, no se puede ingresar a considerar la violación referida por el recurrente; 6.- Sobre este punto, tampoco se puede ingresar a considerar la denuncia de error en la valoración de la prueba, cuando no se ha especificado si el Tribunal de Alzada hubiese incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba señalada, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil y tal cual nos hemos referido en el punto 1); 7.- Considerando, que el recurso de casación en el fondo versa sobre los errores in judicando, en los que las autoridades jurisdiccionales han incurrido al momento de realizar la interpretación y aplicación del derecho material al emitir sus fallos, no corresponde en este caso la revisión de acusaciones sobre la falta de fundamentación acusada por el recurrente, toda vez, que la misma tiene que ver con los errores de forma y procesales que son revisables cuando se plantear recurso de casación en la forma y no así en el fondo; 8.- El recurrente hacer referencia a varias declaraciones de los testigos ofrecidos durante la etapa probatoria, respecto a la posesión que hubiese ejercido sobre el inmueble, objeto de la Litis, empero con ello no realiza ninguna acusación específica sobre alguna disposición legal sustantiva específica,  tomando en cuenta, que para abrir la competencia de este Tribunal se hace necesario establecer las violaciones, interpretaciones o aplicaciones indebidas del derecho material, cumpliendo lo dispuesto por el artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

         POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley de Organización Judicial y en aplicación a lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo, en cuanto a las respuestas realizadas a las denuncias de los puntos 2 y 4, interpuesto por Teodoro Estrada Vilca, de fojas 752 a 758 vuelta, con costas.

            Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1.000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

            Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  628/2013