SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 623

Sucre: 4 de diciembre de 2013  

Expediente: LP 132 08 S

Proceso: Indemnización Por Enriquecimiento Ilegítimo

Partes: Banco Nacional de Bolivia S.A. c/ Banco Central de Bolivia

Distrito: La Paz

Segunda Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I.VISTOS:

1.- EL recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Wilma Pérez Paputsachis, Carlos Zubieta Aguilar, Luis Vásquez Paredes y Marcelo Carrasco Villarpando, en representación del Banco Central de Bolivia, de fojas 2815 a 2823 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 179 de 10 de junio de 2008, pronunciado por  la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de La Paz, en el proceso ordinario sobre indemnización por enriquecimiento ilegítimo, seguido por el Banco Nacional de Bolivia S.A., en  contra de la entidad recurrente, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 2750 a 2754, la Jueza de Partido Sexto en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, declaró probada la demanda de fojas 54 a 61 y dispuso que el Banco Central de Bolivia, indemnice al Banco Nacional de Bolivia S.A. con el pago de la suma de $us 547.822.12, dentro de tercero día de su legal notificación y que hay lugar al resarcimiento de daños y perjuicios cuantificables en ejecución de sentencia.      

Que, en grado de apelación, interpuesto por Salomón Gonzales Salas, Carlos Zubieta Aguilar, Marcela Carrasco Villarpando y Luis Vásquez Paredes, en representación del Banco Central de Bolivia, mediante escrito cursante de fojas 2758 a 2769, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, por Auto de Vista  Nº 179 de 10 de junio de 2008, de fojas 2806 a 2810 vuelta, confirma en parte la sentencia apelada, en cuanto a la devolución al Banco Nacional de Bolivia por parte del Banco Central de Bolivia, por los débitos efectuados, y revoca en parte con referencia a la estimación de daños y perjuicios y demás pretensiones, sin costas. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 2815 a 2823 vuelta, Wilma Pérez Paputsachis, Carlos Zubieta Aguilar, Luis Vásquez Paredes y Marcelo Carrasco Villarpando, en representación del Banco Central de Bolivia, interponen recurso de casación en el fondo y en la forma, en los términos ahí consignados.

III.CONSIDERANDO:

3.1. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

Que, por disposición del artículo 106 del Código Procesal Civil, vigente por mandato de la Disposición Transitoria Segunda, numeral 4) Ídem, en cualquier estado del proceso puede declararse de oficio la nulidad de obrados, cuando la ley lo califique expresamente.

El debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

El debido proceso legal, finca entre otros, en la garantía del juez natural; que se integra por los elementos de la competencia, la independencia y la imparcialidad del juzgador.

Tenida cuenta que la competencia, en cuanto media de la jurisdicción, solo emana de la ley, es indelegable e improrrogable, salvo por razón de territorio en este último caso, los actos de quienes ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley, son nulos por mandato del artículo 122 de la Constitución Política del Estado.

La abrogada Constitución Política del Estado, bajo el principio de unidad jurisdiccional, que reconocía la Carta Fundamental, establecía en su artículo 116-III que la facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contenciosa administrativa y la de hacer ejecutar lo juzgado correspondía a la Corte Suprema y a los tribunales respectivos.

En ese sentido el artículo 117 I) de la abrogada Constitución Política del Estado reconocía a la Corte Suprema como máximo Tribunal de justicia ordinaria, contenciosa y contenciosa-administrativa de la República y, en ese marco, a través del artículo 118-7 se establecía como atribución de la Corte Suprema de Justicia la de resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y las demandas contencioso-administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del mismo; en ese mismo sentido el artículo 55-10) de la abrogada Ley de Organización Judicial (Ley Nº 1455), establecía como atribución de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la de: "Conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder ejecutivo y de las demandas contencioso-administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo; con arreglo a la Constitución Política del Estado.

De las normas descritas precedentemente se establece que en el anterior marco constitucional y legal, el legislador reconoció a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer de los procesos contencioso-administrativos; normativa que no asignaba a los juzgados ordinarios en materia civil competencia para conocer y resolver los conflictos surgidos a raíz de determinaciones administrativas.

Dentro de ese contexto corresponde señalar que en materia contenciosa y contenciosa-administrativa, el Código de Procedimiento Civil en su Título VII, Capítulo V y VI, desarrolla las normas que regulan el trámite y sustanciación de los procesos "contencioso y resultante de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo" y del "proceso contencioso administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo", respectivamente.

Establecido lo anterior podemos concluir que el marco legal anterior a la Constitución Política del Estado Plurinacional y a la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial (que reconocen a la jurisdicción contenciosa-administrativa como jurisdicción especializada a ser desarrollada por Ley especial), atribuía a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer y resolver de los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, competencia que por determinación del artículo 10-I de la Ley Nº 212 "Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional" ha sido prorrogada a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; en efecto la citada norma señala: "La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano ejecutivo, y de las demandas contenciosas-administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada"

Consiguientemente los tribunales de la jurisdicción ordinaria civil, no tienen competencia para resolver sobre litigios originados tanto en la celebración, ejecución, desarrollo y liquidación de los contratos administrativos como las emergentes de las resoluciones administrativas, aspecto que corresponde a la jurisdicción contenciosa-administrativa, reconocida por la actual Constitución Política del Estado como una Jurisdicción especializada, en la última parte del artículo 179-I que dispone: (...existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley) y, en ese mismo sentido por el artículo 4-3) de la Ley del Órgano Judicial; ésta última norma en su disposición transitoria décima determina que la regulación de la jurisdicción especializada será desarrollada por Ley. La contención emergente de los contratos administrativos y de las resoluciones administrativas corresponde en su trámite al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, como un proceso contencioso. Escenario procesal que deberá mantenerse hasta que el órgano legislativo dote de la normativa adecuada como una Jurisdicción especializada, dispuesta así por la actual Constitución Política del Estado, en la última parte del artículo 179 parágrafo I que dispone: (...existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley) y, en ese mismo sentido por el artículo 4-3) y en su disposición transitoria décima de la Ley del Órgano Judicial, posición legal que no es contraria al Derecho comparado, lo privado regido por la jurisdicción civil y lo administrativo por la jurisdicción Contenciosa- Administrativa.

Se deja establecido, que nuestra arquitectura constitucional y legal, anterior y actual, no confirió a la jurisdicción ordinaria civil la competencia para la tramitación de contención derivada de determinaciones administrativas, por la naturaleza misma de estos, su sustanciación en juzgados de materia civil, como es el caso, le otorgó un marco erróneo de legalidad sin que se considere de dónde nace su competencia, lo cual no puede ser consentido por el actual Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la sumisión constitucional y legal en que se encuentra, sin que signifique restricción al acceso a la justicia, que no es el caso, es más bien la predominancia del debido proceso para los justiciables, que no debe apartarse del juez natural, pues él es la garantía de otorgar la seguridad jurídica regida bajo un principio de legalidad.

La doctrina dominante del derecho administrativo, en una concepción restringida, admite que el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa, con efectos jurídicos respecto de casos individuales específicos.

En relación al alcance objetivo del procedimiento administrativo, el profesor Roberto Dromi, señala que “las reglas del procedimiento son aplicables a todas las formas jurídicas del obrar administrativo y no sólo al acto administrativo, como tradicionalmente se ha hecho, y comprenden tanto la etapa constitutiva (de preparación y formación), como la etapa impugnativa (recursiva o reclamativa) de la voluntad administrativa exteriorizada por cualquiera de las formas o figuras jurídicas de la función administrativa: acto simple, acto, contrato, hecho y reglamento administrativo”

La Ley del Banco Central de Bolivia, Ley Nº 1670 de 31 de octubre de 1995, dispone “El Banco Central de Bolivia (El BCB) es una institución del Estado, de derecho público, de carácter autárquico, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio legal en la ciudad de La Paz. Es la única autoridad monetaria y cambiaria del país y por ello órgano rector del sistema de intermediación financiera nacional, con competencia administrativa, técnica y financiera y facultades normativas especializadas de aplicación general, en la forma y, con los alcances establecidos en la presente Ley.”

Ahora bien, en el caso en examen, el demandante Banco Nacional de Bolivia, pretende  que se le indemnice con la suma de $us 547.822.12 correspondientes a débitos-que reputa indebidos- efectuados a la cuenta corriente de dicho Banco, por el Banco Central de Bolivia, por obligaciones correspondientes al Banco de Inversión Boliviano S.A., luego Banco Sur S.A. en Liquidación, por el crédito sindicado concedido por el Banco de Inversión Boliviano, Banco Nacional de Bolivia y el BNH Multibanco S.A., en favor de Industrias Forestales y Agrícolas Bolivianas “Foresta S.R.L., con recursos de la Línea Bid 564. En la demanda se alega que ante los débitos efectuados el 22 de noviembre de 1996, por la suma de $us 119.959.87; el 24 de noviembre de 1997, por la suma de $us 346.328.33; y el 23 de noviembre de 1998, por la suma de $us 81.533.92, el Banco Nacional de Bolivia efectuó constantes y reiterados reclamos escritos pidiendo la reversión de los débitos, y relaciona 8 cartas y un memorial, dirigidos por una parte al Subgerente del Banco Central de Bolivia, al Superintendente de Bancos y Entidades Financieras, al Presidente del Banco Central de Bolivia, y Gerente General del Banco Central de Bolivia, y que el Banco Central de Bolivia permanentemente se opuso a efectuar las reversiones solicitadas, justificándolas por las obligaciones que les correspondían pagar al Banco Sur en Liquidación, con los argumentos que contiene el Informe S-JIN 1098/96 de la Gerencia de Asuntos Legales del Banco Central de Bolivia. Entonces, como se advierte el débito cuestionado emerge de una determinación administrativa, cuya impugnación debe efectuarse en la vía administrativa y finalmente, en su caso, mediante el proceso contencioso administrativo, tal como lo disponen los artículos 55 y 56 de la Ley del Banco Central de Bolivia. Es más la parte demandada ha invocado como fundamento de su determinación de efectuar el débito, el contrato de participación  que determina las condiciones de utilización y repago de la obligación del crédito obtenido, que en cuanto tal constituiría un contrato administrativo, cuyas emergencias no corresponden a su conocimiento a la jurisdicción ordinario, conforme se tiene explicado precedentemente.

Consiguientemente, ésta pretensión y en realidad todas las que emergan de la determinación administrativa asumida por el Banco Central de Bolivia, no es de competencia de los jueces ordinarios en materia civil; de lo cual resulta que los jueces de instancia, han conocido y resuelto un asunto que no era de su competencia, y que correspondía a la Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahora al Tribunal Supremo de Justicia. La actuación de los jueces en un asunto que no es de su competencia, implica la violación a la garantía constitucional del juez natural, en su elemento de competencia, por cuyo motivo no queda más remedio que anular obrados.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde fallar conforme disponen los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 61 vuelta inclusive, sin reposición; es decir hasta la admisión de la demanda, debiendo la parte actora accionar ante la autoridad competente.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Primer Magistrado Relator Dr. Javier Medardo Serrano Llanos de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  623/2013