SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 619

Sucre: 3 de diciembre de 2013  

Expediente: CH 53 10 S  

Proceso: Reconocimiento De Mejor Derecho Propietario y otros

Partes: Cirilo Aguilar Carazani c/ Colegio Médico Departamental y otras

Distrito: Chuquisaca

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- EL recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Cirilo Aguilar Carazani, de fojas 290 a 292 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 248 de 31 de agosto de 2010, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Chuquisaca, en el proceso ordinario sobre reconocimiento de mejor derecho propietario, reivindicación y cancelación de inscripciones, seguido por el recurrente en contra de Hilda Lily Victoria Dávalos Valda y el Colegio Médico Departamental, representado por Juan Enrique Yáñez Romero, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.-Que, mediante sentencia de fojas 219 a 223,  el Juez de Partido Primero en lo Civil y  Comercial de la ciudad de  Sucre, declaró improbada la demanda de fojas 42 a 43, ampliada a fojas 55 y aclarada a fojas 57 de obrados y probada la excepción de cosa juzgada y declaró que no ha lugar a la cancelación de los derechos de la parte demandada en el Registro de Derechos Reales.

Que, en grado de apelación interpuesto por Cirilo Aguilar Carazani, de fojas 227 a 230 vuelta, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº 248 de 31 de agosto de 2010, de fojas 276 a 282, confirma la sentencia apelada, con costas en ambas instancias. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 290 a 292, Cirilo Aguilar Carazani, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, que a continuación se compendia.

III. CONSIDERANDO:

3.1.- Recursos de casación.- En el recurso de casación en la forma  se efectúan las siguientes denuncias:

Invocando los artículos 258-3), 252, 90 y 236 del Código de Procedimiento Civil y 17.II) de la Ley del Órgano Judicial, denuncia que el Tribunal ad quem habría infringido las reglas de competencia establecidas en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil al no haber considerado los puntos apelados, eludiendo indebidamente pronunciarse sobre los puntos apelados, con relación a la mala apreciación de la prueba documental y la errónea aplicación del derecho. Añade que el Tribunal ad quem ha negado su propia competencia por desconocer la previsión del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, ya que no ha cumplido con la obligación de fallar sobre todos los puntos de la apelación, y que en tal caso se incurre en la causal de nulidad prevista por el artículo 254-1) y 4) del Código de Procedimiento Civil.

Invocando el artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, y el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil,  reiterando que al no haberse pronunciado sobre todos los puntos de su apelación el Tribunal ad quem ha negado su competencia y que en tal caso se incurre en la violación de normas de orden público, como lo es lo relativo a la jurisdicción y competencia, y que se afecta su derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, pide que se anule el Auto de Vista impugnado.

Denuncia que el Auto de Vista Impugnado carece de motivación, pues se agota en una incompleta y superficial relación de los hechos, argumentos expuestos en la apelación y su contestación, para luego en la parte resolutiva confirmar la sentencia, eludiendo pronunciarse sobre los puntos apelados.

En cuanto al recurso de casación en el fondo, efectúa las siguientes denuncias:

Denuncia que los jueces de grado han declarado improbada la demanda incurriendo en graves errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, y que el error de derecho se manifiesta en que no le atribuyen a la prueba documental el valor que le otorga la ley.

Denuncia que se ha realizado una incorrecta aplicación del artículo 1286 del Código Civil y el artículo 397 de su Procedimiento, toda vez que no se ha observado el artículo 3 del D.S. Nº 7260 de 2 de Agosto de 1965 que declara cancelados por ministerio de la Ley las partidas de inscripción en el Registro de Derechos Reales que originalmente acreditaban el derecho propietario de los ex propietarios sobre fundos rústicos, en cuanto a las superficies que hubieren sido objeto de afectación en favor de los campesinos.

Denuncia que el Tribunal ad quem agravia su derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso al no observar lo dispuesto por la Ley Nº 4026 de 15 de abril de 2010 por el cual se deja sin efecto la R.S. Nº 188111 de 20 de julio de 1978, se ha elevado a rango de ley, la R.S Nº 105287 de 13 de julio de 1961; Nº 163250 de 7 de julio de 1972 y la R.S. Nº 197887 de 3 de marzo de 1983, mediante el cual se reconoce el derecho propietario de los beneficiarios de la dotación de los terrenos que correspondían al ex fundo Tucsupaya Alta, validando sus correspondientes títulos ejecutoriales. Añade que el Tribunal ad quem debía adecuarse al artículo 8-a) de la Constitución Política del Estado (abrogada) el artículo 410-I y II de la Constitución Política del Estado.

Finalmente pide que se case el Auto de Vista impugnado, con costas y daños y perjuicios. 

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde examinar en primer término el recurso de casación en la forma, pues en caso de estimarse dicho recurso ya no corresponderá pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo.

De principio corresponde precisar que, en este caso, se ha tenido presente el entendimiento establecido en la Sentencia Constitucional Nº 2210/2012, de 8 de noviembre respecto al cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 258 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil.

El debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es,  en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez.

El proceso civil boliviano finca, entre otros, en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a los hechos y a las peticiones de las partes formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a los mismos, ya que ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

La estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y el pronunciamiento del Tribunal de apelación es lo que se conoce como principio de congruencia; el cual se encuentra, previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, que dispone. “El auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubiera sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el artículo 227, excepto a lo dispuesto  en la parte final del artículo 343”. El quebranto del principio de congruencia en apelación se produce cuando el Tribunal Ad quem, omite pronunciamiento expreso y exhaustivo, sobre alguno de los agravios invocados por el apelante, o cuando se excede en el pronunciamiento más allá de lo pedido o fuera de lo pedido; en cuyo caso la resolución se halla viciada de nulidad por mandato del artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, efectivamente el recurrente ha cuestionado la valoración probatoria sobre el derecho propietario de los demandados, respecto a que el anticipo de legitima registrado en Derechos Reales el 6 de abril de 1954 habría sido cancelado por disposición del artículo 3 del D.S. Nº 7260 de 2 de octubre de 1965. También acusa al Juez a quo de no haber observado la Ley Nº 2718 de 28 de mayo de 2004 ni la Ley Nº 4026 de 15 de abril de 2009. Se cuestiona el que se haya concluido que no se probó el derecho propietario del demandante y sobre la cancelación de las inscripciones de los derechos de los demandados. Igualmente se queja sobre la conclusión del Juez a quo en sentido de que los títulos de propiedad de las partes no tienen el mismo origen, que no provienen del mismo vendedor. También cuestiona la conclusión del Juez a quo respecto a que no se habría probado que el demandante estaba en posesión del bien que se pretende reivindicar; y con relación a la cosa juzgada cuestiona que no se haya considerado que su acción estaba basada en disposiciones de reciente promulgación. Se queja que se habría violado los artículos 410-I), 56-I) y III) y 109-I) de la Constitución Política del Estado, al desconocer lo dispuesto por la Ley Nº 4026 de 15 de abril de 2009 que ha elevado a rango de ley las Resoluciones Supremas Nº 105287 de 13 de julio de 1961, Nº 163250 de 7 de Julio de 1972 y Nº 197856 de 3 de marzo de 1983, dejando sin efecto todas las disposiciones contrarias, entre ellas la R.S. Nº 188111 de 20 de julio de 1978. También acusa la violación de los artículos 1283-I) y 1286 del Código Civil y 375-1) 397-I) y II) y 190 del Código de Procedimiento Civil, porque la parte contraria no ha producido prueba que demuestre que las Leyes Nº 2718 y Nº 4026 no surten efecto por haber sido derogadas o declaradas inconstitucionales y porque en sentencia no se dice porque no son aplicables las leyes invocadas como fundamento de su demanda. Sin embargo, el Tribunal ad quem, en lugar de pronunciarse sobre todos y cada uno de los agravios que contiene la apelación, se ha limitado a dar cuenta del reconocimiento judicial de que el derecho propietario del Colegio Médico y de su inscripción anticipada en el registro del derecho propietario, luego sobre la supuesta confesión efectuada por el recurrente sobre la posesión del terreno por el Colegio Médico Departamental y finalmente hace alusión a la cosa juzgada esencialmente trascribiendo parte del A.S. Nº 209 de 13 de julio de 1987; sin pronunciarse de forma exhaustiva sobre todos los agravios esgrimidos en la apelación, pues no existe ningún pronunciamiento respecto a la denuncia de violación de las normas legales que se acusan en la apelación, en particular con relación a la aplicación de las Leyes Nº 2718 y Nº 4026, sobre las que existe queja reiterada en la apelación, y al haber omitido dicho pronunciamiento, el Tribunal ad quem, ha hecho de su fallo citra petita.

El referido  defecto implica violación del principio de congruencia, al que se refiere el citado artículo 236 del Código de Procedimiento Civil  y que se encuentra sancionado con nulidad por el artículo 254-4) Ídem. 

Con relación a la falta de motivación.- El deber de fundamentación y motivación de toda resolución judicial, forma parte del derecho-garantía-principio del debido proceso, consagrado en el artículo 115.I de la Constitución Política del Estado. En este contexto, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, determinó que, “a efectos de garantizar el derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la motivación , toda resolución jurisdiccional o administrativa debe observar los siguientes aspectos:” a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.” De tal manera que la omisión de alguno de dichos requisitos implica vulnerar el derecho a la fundamentación y motivación de los fallos judiciales, como elemento del debido proceso legal.

En el caso en examen, el Tribunal ad quem se ha limitado a relacionar la causa, transcribir el contenido del recurso de apelación y las contestaciones, para luego en el tercer considerado, efectuar conclusiones, sin dar las razones de las mismas y transcribiendo parte de un Auto Supremo, olvidando su deber de exponer  los aspectos fácticos, de exponer los supuestos facticos de las normas cuya violación se ha denunciado y cuya aplicación se reclama, no se ha referido a la valoración de la prueba que se ha reclamado y tampoco ha determinado el nexo causal entre las pretensiones, los supuestos de hecho de las normas legales, la valoración de la prueba y la consecuencia jurídica emergente de ese nexo causal, de lo  cual resulta cierto que el Tribunal ad quem ha incumplido con su deber de motivar debidamente su fallo.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde fallar conforme disponen los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de procedimiento Civil.

IV. POR  TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA llanamente el Auto de Vista Nº 248 de 31 de agosto de 2010, de fojas 276 a 282 de obrados, disponiendo que el Tribunal Ad quem, sin someter la causa a turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, cumpliendo los requisitos de congruencia y  exhaustividad.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el Tribunal Ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  619/2013