SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 618

Sucre: 3 de diciembre de 2013  

Expediente: SC 149 08 S  

Proceso: Resolución De Contrato

Partes: Francisco Rojas Ríos c/ Banco Económico S.A

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Francisco Rojas Ríos, contra el Auto de Vista Nº 429 de 20 de septiembre de 2008, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, en el proceso ordinario de resolución de contrato, seguido por el recurrente  en contra del Banco Económico S.A., los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 177 a 179 vuelta de obrados y Auto complementario de fojas 187, pronunciado por el Juez de Partido Onceavo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, se declaró improbada la demanda de fojas 8 a 9 y 13.

Que, en grado de apelación, interpuesto por Francisco Rojas Ríos, de fojas 183 a 184 y ratificado a fojas 188, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 429 de 20 de septiembre de 2008, de fojas 234 a 235, se confirmó la sentencia apelada, con costas. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 238 a 239, Francisco Rojas Ríos, interpuso recurso de casación en el fondo, que se compendia a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- El recurrente, en su recurso de casación en el fondo efectúa las siguientes denuncias:

.- Acusa que el Tribunal ad quem “no interpretó correctamente el espíritu de la ley o la interpretación que le dieron los legisladores cuando expresan que la prestación se ha tornado excesivamente onerosa por circunstancias o acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, se refieren a crisis económicas, falta de empleos, falta de circulantes monetarios, hiperinflación, guerras, revoluciones violentas y armadas, etc., concretándose a interpretar y aplicar la letra muerta de la ley o sea de los artículos 581 y 582 del Código Civil.”

Que era obligación del Tribunal ad quem dar la interpretación a lo que es y en que consiste las circunstancias o acontecimientos extraordinarios e imprevisibles como lo hizo la Corte Suprema en el Auto Supremo Nº 92 de 9 de junio de 1986, que interpretó que la hiperinflación que atravesó el país y que dejó una moneda sin valor real; hecho no previsto y lejos de la voluntad del demandante, acontecimiento ocurrido entre los años 1982-1985.

.- Que el Tribunal ad quem solo hace una valoración de las declaraciones testificales pero no valoró un hecho notorio que no necesita probarse como es la falta de empleo, la migración de los miles de conciudadanos que salieron al exterior en busca de empleo por falta de empleo en nuestro país, la falta de circulante y que estos hechos son de conocimiento de toda la ciudadanía y es un acontecimiento extraordinario e imprevisible.

Finalmente pide que se dicte Auto Supremo casando el proceso y reconociendo su derecho invocado en la demanda principal.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, se examina de la siguiente manera:

Según la doctrina procesal, el recurso extraordinario de casación tiene doble función, de un lado unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley.

Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De ahí que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley (error sobre el alcance de la norma), mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella (error de subsunción), imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cuál la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga o las reglas de la sana crítica quebrantadas, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres incisos.

Por mandato del artículo 258-2) del igual procedimiento, en el recurso no solo debe citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurre, su folio, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, sino que también se debe especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate del recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos.

El cumplimiento escrupuloso de los requisitos impuestos por el citado artículo 258-2) Ídem, no constituye una mera formalidad potestativa, pues tiene por finalidad delimitar el accionar del Tribunal de casación, para permitir que el fallo del Tribunal de casación sea pertinente, exhaustivo y fundamentado.

En mérito al principio dispositivo que rige en el  proceso civil, el recurrente delimita el Thema decidendum del fallo casacional, pues el Tribunal limitará su pronunciamiento a las alegaciones esgrimidas por el recurrente en el recurso, que a la sazón se constituye en el acto de constitución del recurso extraordinario de casación, lo cual opera precisamente cumpliendo el requisito de citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y en especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, conforme dispone el artículo 258-2) del Código Adjetivo Civil; pues dicha norma contiene un imperativo en propio interés del recurrente, ya que su omisión acarrea la consecuencia negativa de impedir que el tribunal ingrese a resolver el fondo del asunto, pues en tal caso el recurso deviene en improcedente, por mandato del artículo 272-2) del Código de Procedimiento Civil; lo cual implica que el recurso debe bastarse por sí mismo, y por consiguiente le está vedado al Tribunal de casación subsanar de oficio las insuficiencias o deficiencias en las que incurra el recurrente.

La prohibición de que el Tribunal de casación supla de oficio los requisitos del recurso incumplidos por el recurrente, tiene además su fundamento tanto en el derecho a la igualdad, en su vertiente procesal, proclamado por el artículo 119 de la Constitución Política del Estado, cuanto en el principio a la igualdad de las partes ante el juez, proclamado por el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil; pues para el caso de que el tribunal  obrara oficiosamente, subsanando un recurso de casación manifiestamente defectuoso implicaría afectar la imparcialidad del Tribunal.

Precisamente porque el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que se rige por el principio dispositivo,  por la igualdad, en su dimensión de derecho y principio, y por el principio de legalidad, en su vertiente procesal, previsto por el artículo 180-I) de la Constitución Política del Estado, el Tribunal de casación, previamente, debe efectuar un juicio de admisibilidad del recurso de casación, lo cual implica verificar el cumplimiento de los requisitos impuestos por ley, pues sólo en el supuesto que el recurso cumpla con tales requisitos, que son de admisibilidad o procedencia, corresponderá que el Tribunal de casación ingrese a realizar el juicio de fundabilidad del recurso, pronunciándose sobre el fondo.

En el caso en examen, el recurso de casación en el fondo es manifiestamente defectuoso, pues no señala en cual de la causales de casación en el fondo encuadra sus denuncias, ya que se limita a mencionar el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, y no es esclarecedora su aseveración siguiente, pues si bien señala que el Tribunal ad quem no habría interpretado correctamente el espíritu de la ley, asevera que el Tribunal ad quem no hizo la interpretación efectuada por el legislador sobre que debe entenderse por circunstancias o acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, y finalmente señala que el Tribunal ad quem se habría concretado a interpretar y aplicar la letra muerta de los artículos 581 y 582 del Código Civil; es decir al mismo tiempo acusa que el Tribunal ad quem no habría interpretado la norma, lo cual implicaría falta de motivación del fallo de segunda instancia, en cuyo caso correspondía denunciarlo dentro del recurso de casación en la forma y por otra parte no aclara cual es la interpretación efectuada por el Tribunal ad quem que reputa errónea.

En el punto 2 de su recurso asevera que era obligación del Tribunal ad quem dar la interpretación a lo que es y en que consiste circunstancias o acontecimientos extraordinarios e imprevisibles; es decir cuestiona una falta de motivación del Tribunal ad quem, que de ser cierto, implicaría la existencia de un error de procedimiento que es atacable en el recurso de casación en la forma y no dentro del recurso de casación en el fondo como lo ha hecho equivocadamente el recurrente. 

Finalmente en el punto 3 del recurso de casación en el fondo que se examina, el recurrente cuestiona la valoración de la prueba; empero sin siquiera indicar si está denunciando error de derecho o error de hecho en su apreciación, olvidando que la valoración de la prueba sobre los hechos es una atribución privativa de los jueces y tribunales de instancia y que el Tribunal de casación no puede revisar dicha valoración, a menos que se denuncie error de hecho o de derecho en su apreciación en la forma prevista por el inciso 3 del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, requisitos que el recurrente incumple en este caso.

En mérito de las consideraciones precedentes, corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, los artículos 41 y 42-I-1) de la Ley del Órgano Judicial, y los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 238 a 239 de obrados, interpuesto por Francisco Rojas Ríos, con costas.

4.2.- Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500, que mandará hacer efectivo el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  618/2013