SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 604

Sucre: 29 de noviembre de 2013  

Expediente: LP 138 08 S

Proceso: Reivindicación Y Otros

Partes: Jaime de la Barra Ríos y otra c/ Juan Carlos Alvares Ríos

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 

VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 156 a 163 interpuesto por Juan Carlos Alvares Ríos, contra el Auto de Vista Nº S-258 de 11 de junio de 2008, cursante a fojas 134 a 135 vuelta de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso sobre REIVINDICACIÓN Y OTROS seguido por Jaime de la Barra Ríos y otra contra el recurrente, los antecedentes del proceso, la contestación al recurso extraordinario de fojas 165 y vuelta, el auto de concesión de fojas 166; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que, durante la tramitación del proceso el Juez de Partido Séptimo en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, de fojas 103 a 105 en fecha 17 de diciembre del año 2007 pronunció sentencia N° 538 que declara probada la demanda de fojas 17 e improbada la reconvención de fojas 26 a 27, sin costas.

Que, por auto complementario de 23 de febrero de 2008, el juez dispone la entrega del inmueble que ocupa el demandado, sea dentro de los 30 días de ejecutoriada la sentencia.

Contra la referida sentencia, el demandado interpone recurso de apelación, que tramitado el mismo, mereció el Auto de Vista Nº S-258/2008, que corre a fojas 134 a 135 vuelta que confirma la sentencia apelada.

CONSIDERANDO II:

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.- El demandado Juan Carlos Alvares Ríos, recurre de casación con los siguientes fundamentos:

Casación en la forma o nulidad.- a) Indica violación al debido proceso, que el juez desestimo su demanda de nulidad de obrados interpuesta a fojas 111 a 113, erradamente amparado en el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, cuando su persona reclamaba el haberse dictado sentencia fuera de plazo, perdiendo competencia el juez de la causa.

b) Indica también que hubo violación al derecho de petición a la demanda de excepción inmerso en el artículo 557 en relación al 554 del Código Civil (imprescriptibilidad de la excepción de anulabilidad) y violación al procedimiento a aplicar los artículos 149 y 90 del Código de procedimiento Civil, que esta vez fue el tribunal de alzada quien desestimo su demanda de excepción de anulabilidad, siendo esta imprescriptible y planteada para destruir el título de propiedad del actor.

Casación en el fondo.- a) Señala que no correspondía acoger la demanda, pues la escritura pública de propiedad de los demandantes es cuestionable y pone en duda la buena fe del derecho propietario de los actores, elementos como la falta de consentimiento de la vendedora Gregoria Ríos de la Barra, pues según la propia minuta y tarjeta prontuario ésta no sabe leer ni escribir, peor leer, sin embargo en la protocolización de la escritura pública aparecen simultáneamente huellas y firmas; además que dicha escritura pública lleva una falsa tradición del inmueble, donde aparece una usucapión, misma que no aparece en el Archivo Central de la Corte Superior, o sea que no existe tal proceso de usucapión y otras irregularidades que se encuentran en la notaria, que pone aún más en duda la buena fe del derecho propietario. 

b) Manifiesta que el actor nunca perdió la posesión, pues como reconocen en su demanda me cedieron voluntariamente y con consentimiento con el fin de ayudarle al demandado, no viabilizandose una demanda de reivindicación, que regule la recuperación tras la pérdida o despojo de la posesión, siendo claro que el demandado nunca desposeyó al demandante.

Termina su recurso indicando que se eleven obrados ante este Tribunal, para que la sala que conozca el recurso previa la compulsa de los antecedentes declaren fundado el recurso  en cuanto a la casación en la forma y anulen obrados hasta el vicio más antiguo (tramite del incidente de nulidad y perdida de competencia u ordene se tramite la excepción de anulabilidad) o en su defecto declaren fundado el recurso de casación en el fondo y declaren improbada la demanda reivindicatoria y probada la reconvencional.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Es preciso hacer notar que el recurrente, interpone recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, que pese a estar presentados separados, lo realiza con argumentos nada claros ni objetivos, conteniendo un texto por demás confuso, acusando de manera general la violación al debido proceso y defensa, vertiendo fundamentos toscos en desconocimiento de la técnica recursiva del artículo 253 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, lo que en aplicación estricta de las normas procesales que rige la tramitación del recurso de casación, daría lugar a que ambos recurso sean declarados improcedentes; sin embargo, no obstante la deficiencia del mismo y en consideración a los lineamientos y principios del nuevo orden constitucional y lo establecido en la SCP 2210/2012 de fecha 08 de noviembre, se pasa a considerar dichos recursos tal como fueron interpuestos.

Con referencia al recurso de casación en la Forma o nulidad.-

a) Al primer punto debemos decir, que revisado el proceso y los actuados procesales, se tiene que, en fecha 16 de noviembre de 2007 el Juez 7º de partido en lo Civil y Comercial de La Paz, decreta “Autos” para sentencia, corriendo a partir de esta fecha los 40 días de plazo para pronunciar sentencia, plazo que otorga el numeral 1) del artículo 204 del Código de Procedimiento Civil, mismo que fue cumplido a cabalidad, ya que a fojas 103 a 105 de obrados cursa Resolución Nº 538/2007 emitida el 17 de diciembre de 2007, o sea a los 31 días, por lo que se desestima por infundada esta acusación.

Que, el artículo 196 del adjetivo Civil, establece que una vez pronunciada la sentencia, el Juez no podrá modificarla y concluirá su competencia respecto al objeto del litigio, siendo que, el demandado, apelante y ahora recurrente presento ante el Juez de la causa memorial de “demanda de nulidad de obrados” por la supuesta emisión extemporánea de la sentencia, memorial que fue desestimado por proveído de 10 de marzo de 2008, en franca y correcta aplicación de la normativa descrita anteriormente, al haber concluido su competencia respecto al objeto del litigio, no habiéndose aplicado erróneamente ninguna normativa.    

b) En cuanto a este punto y complementando también el anterior, de acuerdo a la amplia jurisprudencia de este tribunal, el recurso de casación en la forma se dirige a invalidar una resolución o el proceso dentro del que se ha dictado aquella, cuando hubiere sido pronunciada o sustanciado con violación de las formas esenciales establecidas por ley. En ese marco, es preciso señalar que un acto jurídico es nulo cuando la ley le priva de los efectos que regularmente debía producir y, de acuerdo con la doctrina, siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico mediante las cuales se hace el juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por ley. Por estas razones, y a efectos de determinar la nulidad de un proceso, se debe tener en cuenta principios esenciales como el de especificidad o legalidad, en cuya virtud rige la máxima "pas nullité sans texte" (no hay nulidad sin ley específica que la establezca). Es decir, no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento; ella debe ser expresa, específica, debe estar prescripta por ley. Asimismo, se debe tener en cuenta el principio de la finalidad del acto, en razón del cual el acto es legítimo si ha sido actuado de un modo apto para el logro de la finalidad a que estaba destinado, no procediendo por lo tanto su nulidad; o, el principio de trascendencia, plasmado en la máxima "pas de nullite sans grief" (no hay nulidad sin perjuicio), en cuya virtud no es dable admitir la declaración de la nulidad por la nulidad misma, por ello el litigante que invoca el vicio formal debe probar que el mismo le acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad; de igual modo, para la viabilidad de declaración de nulidad, es menester que la omisión o el acto defectuoso no haya sido convalidado expresa o tácitamente, puesto que los actos viciados o supuestamente viciados se consolidan si no se los ataca en tiempo hábil, precluyendo el derecho a solicitar la nulidad del procedimiento por no haber activado oportunamente ese derecho, principio que halla su respaldo legal en la norma del artículo 258 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, que determina que en el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores, salvo los casos que interesaren al orden público para los efectos del artículo 252 del adjetivo civil.

En la especie, ninguno de los presupuestos anteriormente descritos han sido observados por el recurrente en la acción extraordinaria que interpuso, así, las denuncias vertidas en este punto y el anterior, dan cuenta que dichos aspectos no fueron observados oportunamente por el recurrente que, además de formular erradas peticiones y equivocar el camino para hacer efectiva su observación, hablamos del memorial de fojas 111 a 113 sobre demanda de nulidad de obrados, dirigido al juez de la causa, cuando de éste había concluido su competencia y memorial de fojas 147 a 151 vuelta pidiendo excepción de anulabilidad al tribunal de alzada, autoridad que ya no podía conocer situaciones de fondo del proceso, que el proceso está compuesto por etapas y plazos procesales, las cuales tienen inicio y final cada una de ellas, no pudiendo retrotraerse a la etapa anterior; además, debe precisarse que los defectos acusados en el recurso no son evidentes, pues estas peticiones debían ser presentadas ante la autoridad superior en grado de quien supuestamente las cometió, por lo que no hubo una negativa a su derecho de petición o a interponer algún reclamo, este fue desestimado al dirigir equivocadamente sus peticiones, a una autoridad que ya no gozaba de competencia.

En cuanto al recurso de casación en el fondo.- a) Por la escritura Pública Nº 477 de 6 de octubre de 1987 otorgada por la Notario de Fe Pública de primera clase de la ciudad de La Paz, acredita que Jaime de La Barra Ríos y Lucy Rada de la Barra tiene legalmente inscrito su derecho propietario sobre el lote de terreno objeto del a litis, con una superficie de 313,67 m2, derecho que se confirma en el Folio Real cursante a fojas 4, derecho propietario incuestionable, que dentro del proceso el demandado no fue capaz de ponerlo en duda, incumpliendo de su parte lo exigido por el numeral 2) del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil y 1283 del Código Civil.

b) Que, la acción de reivindicación prevista por el artículo 1453 del Código Civil, señala que el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta, en autos, el demandado Juan Carlos Álvarez Ríos ocupa una fracción del inmueble demandado, escudado en el título de heredero de Asunta Ríos e Ignacia Vela de Ríos, sin embargo el testimonio de Declaratoria de Herederos de fojas 54 de obrados, no avala derecho propietario alguno sobre la extensión de 78,90 m2 ocupada por éste, no presentando documento alguno que acredite su supuesto derecho propietario sobre esa fracción que ocupa, demostrándose sólo su calidad de poseedor del terreno.

Con el derecho propietario consolidado, como se puntualizó en el anterior inciso, y la determinación de calidad de simple poseedor del demandado, se determina la viabilidad de la interposición y progreso de la acción de reivindicación demandada por los actores.

En consecuencias, siendo infundadas sus observaciones tanto del recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde aplicar los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo como en la forma interpuesto por Juan Carlos Alvares Ríos, contenidos en el memorial de fojas 156 a 163, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  604/2013