SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 593

Sucre: 29 de noviembre de 2013  

Expediente: LP 139 08 S  

Proceso: Prescripción Liberatoria O Extintiva

Partes: José Ignacio Rojas Beltrán y otra c/ Julio Cesar Loza y Otra

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 468 a 472 vuelta, interpuesto por José Ignacio Rojas Beltrán y Elvira Aguilar de Rojas contra el Auto de Vista Nº 312 de 11 de agosto de 2008 cursante a fojas 464 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario sobre prescripción liberatoria o extintiva, seguido por los recurrentes contra Julio Cesar Loza y Clara Aguilera de Loza, la respuesta a fojas 475, el auto concesorio de fojas 475 vuelta, los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que, tramitada la causa de referencia, la Juez de Partido Quinto en lo Civil y Comercial de La Paz, emitió la sentencia Nº 61 de 13 de febrero de 2008, cursante de fojas 150 a 153 vuelta, por el que declara improbada la demanda, con costas.

En grado de apelación, la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz mediante Auto de Vista Nº 312 de 11 de agosto de 2008 cursante a fojas 464 y vuelta, confirma la sentencia apelada, con costas.

Contra la resolución de segunda instancia, los  demandantes  José Ignacio Rojas Beltrán y Elvira Aguilar de Rojas, interponen recurso de casación en el fondo y en la forma.

CONSIDERANDO II:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.-

En el recurso de casación en el fondo, acusan:

Que el Tribunal de alzada, ha aplicado indebidamente el artículo 1505 del Código Civil, al sostener que mediante memorial de fojas 199-201 de obrados (19-21) del proceso ejecutivo hubiesen reconocido la obligación de su parte, interrumpiendo la prescripción, desconociendo de esta manera los efectos jurídicos que causa la nulidad de  obrados  que dentro del proceso ejecutivo se ha suscitado, porque está otorgando validez a un acto y hecho, que por efectos de la nulidad decretada, no tiene validez jurídica alguna; además conlleva la violación del artículo 1501 con relación al artículo 1502 del citado Código sustantivo, en cuyas causas no está contemplado el razonamiento del Tribunal de alzada.

Que, el Tribunal de alzada, ha incurrido en error de hecho en la apreciación de las pruebas, al señalar en el punto segundo del segundo considerando, referente a la fecha de la suscripción del documento de deuda, 11 de noviembre de 1997 y para su cumplimiento y devolución  más intereses, 11 de febrero de 2008; siendo que el referido documento, otorgó un plazo de cumplimiento de 90 días, es decir hasta fecha 11 de febrero de 1998, de esta manera también se ha violado el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil.

Que, se ha violado el artículo 1504 del Código Civil, porque al haberse anulado  obrados, ha quedado sin valor  legal todo lo obrado hasta fojas 7 vuelta inclusive, consiguientemente no se ha producido la interrupción de la prescripción. Asimismo, después de 9 años, 3 meses y 4 días, desde que el derecho ha podido hacerse valer (11 de febrero de 1998), se demuestra la prescripción, conforme regula el artículo 1507 del citado Código adjetivo, norma que también  fue violada por no habérsela aplicado.

Que el Tribunal de alzada, erradamente afirma que no hubiesen impugnado u objetado en la vía ordinaria la sentencia dictada por el Juez Primero de Partido en lo Civil de El Alto, siendo que el proceso ejecutivo se encuentra en grado de apelación en la Sala Civil Segunda, recurrida de su parte.

En la forma denuncian:

Que, se ha infringido el inciso 4) del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil: a) por haberse dictado un fallo extra petitum, porque el Tribunal de alzada prescindiendo de las normas invocadas en su apelación decide resolver otros aspectos, como es el caso de la interrupción no invocada de su parte, y b) por haberse dictado un fallo citra petitum, en razón a que omiten pronunciarse sobre la violación de los artículos 1504, 1503, 1493, 1495 y 1507 del código Civil, que fueron invocados de su parte en el recurso de apelación, violando de esta manera las formas esenciales del proceso.

Por último, haciendo cita legal de los artículos 253 incisos 1) y 3) y 254 del Código de Procedimiento Civil, piden se case el Auto de Vista y declare probada la demanda, o en su defecto la Corte Superior del Distrito de La Paz, se pronuncie sobre el fondo de la apelación.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo y en la forma, se pasa a su análisis y consideración empezando por el recurso de casación en la forma y se tiene:

La norma establecida por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, obliga al tribunal de apelación a circunscribir sus resoluciones a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación conforme lo dispuesto por el artículo 227 del citado procedimiento, así como el principio normativo de congruencia, según el cual la resolución judicial debe ser exacta, precisa y relacionada con la pretensión oportunamente deducida en el pleito, constituyéndose el límite de la potestad jurisdiccional del juzgador, puesto que el contenido de sus resoluciones se encuentran delimitados de acuerdo al sentido y alcance de las peticiones de las partes, a fin de que exista identidad entre la pretensión con lo resuelto.

El vicio de incongruencia, constituye un defecto procesal o error "in procedendo" que se sanciona con la anulación de obrados, y procede entre otras cuando la resolución recurrida resulta: "citra petita", situación que se da cuando se deja de resolver sobre algo pedido, o lo que es lo mismo, cuando no se ha pronunciado sobre una de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores, o ultra petita, es decir  cuando se otorga más de lo pedido, así se entiende de la normativa dispuesta en los artículos 254 - 4) y 275 del Código de Procedimiento Civil; por contravención del artículo 236 del mismo cuerpo adjetivo de normas civiles, que como se tiene dicho, fija los límites de la competencia de las autoridades judiciales.

En ese contexto, respecto a la denuncia 1) referente a que el Tribunal de alzada tiene concedido más de lo pedido, en el caso de autos, evidentemente, el demandante en su apelación, no invocó la violación del artículo 1505 del Código Civil, respecto a la interrupción de la prescripción por reconocimiento del derecho y reanudación de su ejercicio. Empero, el tribunal de apelación, saliéndose del marco de su competencia delimitado por la sentencia de primer grado y el recurso de apelación, confirma la sentencia con el fundamento de que el reconocimiento efectuado por los obligados (recurrentes) para con la deuda dentro del proceso ejecutivo, ha constituido en forma incontrovertible un elemento de interrupción del periodo prescriptivo de derecho y reanudación de su ejercicio, invocando al efecto el citado artículo 1505, de esta manera al haber otorgado más de lo pedido, ha hecho de su fallo ultra petita, que implica quebranto del principio de congruencia.

De otro lado con relación a la denuncia 2), haciendo un análisis del Auto de Vista recurrido, se evidencia que el Tribunal ad quem no se pronunció sobre todos los agravios expuestos en el recurso de apelación formulado por la parte demandante a fojas 157 a 160 vuelta.

En efecto, se advierte que el referido Auto de Vista omitió pronunciarse sobre el agravio respecto del artículo 1504 del Código Civil, invocado como violado por el recurrente, referente a la ineficacia de la interrupción de la prescripción en caso de nulidades por defectos procesales, que es el fondo de la cuestión debatida, -se indica- por no haberse aplicado y prescindido de ella al dictar la sentencia; así como el agravio con referencia al artículo 1503 del citado Sustantivo Civil, acusado también como violado, relacionado a que el cómputo de la prescripción invocada, comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer, y por último el agravio, respecto a que no se puede modificar el régimen legal de la prescripción, ni prescindir de él, bajo sanción de nulidad, por cuanto el Juez a quo, no hace constar, que los únicos responsables para que se produzca la nulidad  de obrados, son los mismos ejecutantes, por lo que invoca en este punto la violación del artículo 1495 Idem.; supuestos agravios que habían sido incluidos dentro del recurso de apelación en los puntos primero, segundo y tercero.

De lo expuesto, este Tribunal observa que el Tribunal ad quem a tiempo de pronunciar su decisión final ha violado el principio de congruencia reconocido por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en la causal del artículo 254 numeral 4) del mismo Adjetivo Civil, por lo que, corresponde fallar conforme lo establecen los artículos 271 numeral 3) y 275 del  precitado  cuerpo Civil.

En cuanto al recurso de casación en el fondo, no se ingresa a su consideración al existir una decisión anulatoria.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 numeral I-1 de la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y artículos 271-3 y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta el Auto de Vista, disponiendo que el Tribunal ad quem pronuncie nuevo Auto de Vista,  sin someter la causa a turno y cumpliendo el requisito de congruencia.

No siendo excusable el error en que ha incurrido el Tribunal ad quem, se le sanciona con multa de Bs. 200 a cada Vocal signatario del Auto de Vista, descontable por habilitación a favor del Tesoro del Órgano Judicial.

Remítase una copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura en observación al artículo 17-IV) de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  593/2013