SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 579

Sucre: 1 de noviembre de 2013  

Expediente: SC 140 08 S

Proceso: Nulidad de Contrato

Partes: Bernardo Checa Román y otra c/ Mirian Rengel Rojas

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 

VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 163 a 165, interpuesto por Bernardo Checa Román y María Cristina Flores Morales contra el Auto de Vista de 27 de mayo de 2008, cursante a fojas 158 y vuelta de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso de NULIDAD DE CONTRATO seguido por los recurrentes, contra Mirian Rengel Rojas, los antecedentes del proceso, el auto de concesión de fojas 168; y,

       CONSIDERANDO I:        

ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido 1º en lo Civil y Comercial de Santa Cruz, pronunció sentencia Nº 33 de fecha 10 de septiembre de 2007 cursante a fojas 134 a 138 de obrados, declarando IMPROBADA la demanda de fojas 4 a 7, interpuesta por Bernardo Checa Román y María Cristina Flores Morales, con costas.

Que, en grado de apelación incoada por los demandados, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz, confirma la sentencia apelada, con costas.

       CONSIDERANDO II:        

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.- Manifiestan interponer el presente recurso por haberse incurrido en las causales de nulidad previstas por el artículo 549 numerales 1) y 3) Código Civil, violándose el artículo 452 inciso 4) al no considerarse que el documento de fojas 1 y su reconocimiento de fojas 2, es una simple minuta, que carece de todo valor y eficacia, no llegando a ser un contrato por la falta de la cláusula sacramental que valdrá como contrato privado.

Señala que, el auto de vista violó el artículo 491 inciso 2) del Código Civil, al no considerar que la cláusula hipotecaria del documento de fojas 1, necesariamente deba estar suscrito en un documento público y no en una simple minuta. Así mismo, denuncia violación del artículo 485 y 489 del código sustantivo, pues no se ha demostrado que su persona sea deudora de dinero alguno, ni a la demandada ni a su hija, careciendo el documento de litis de objeto y causa lícitos, siendo un acto jurídicamente nulo, debiendo este Tribunal Supremo de Justicia casar el auto de vista impugnado y deliberando en el fondo declarar probada su demanda.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Que, sometido el expediente y recursos de casación a una revisión minuciosa, es importante realizar las siguientes consideraciones:

Que, el artículo 1297 del Código Civil, señala el documento privado reconocido por la persona a quien se opone o declarado por la ley como reconocido, hace entre los otorgantes y sus herederos y causa- habientes, la misma fe que un documento público respecto a la verdad de sus declaraciones.

El Tratadista italiano Giorgi, manifiesta: “Las palabras documento privado, en su más amplio sentido, comprenden todo escrito de obligación o de extinción no protegido por la fe pública”. Cartas misivas, registros, libros privados o comerciales, minutas de telegramas, facturas y notas de cuentas y toda especie de declaración escrita por mano del acreedor, del deudor o también de su mandatario, todos son, en sentido amplio, otros tantos documentos privados. Pero, la sección en examen se refiere al documento privado en sentido restringido, es decir, el que al establecer o extinguir obligaciones, o constituir o modificar derechos, etc., difiere del público, por no estar autorizado por funcionario público ni inserto en el registro público y que, también, puede convertirse en público mediante su reconocimiento.

Que, no está sometido a formas determinadas. Pueden redactarlo los mismos contratantes, en su calidad de simples particulares (Planiol y Ripert); pueden constar impresos, dactilografiados (contratos de alquiler, pólizas de seguros, recibos, facturas, letras de cambio, cheques); pueden intercalarse en los impreso o dactilografiado complementaciones manuscritas, sin invalidar el contrato.

Las formalidades comunes a todos los documentos: la firma y la fecha, son indispensables y deben observarse en los documentos privados. No exige la ley expresamente la fecha como requisito indispensable y sólo se refiere a la incertidumbre sobre ella, en función de los efectos del documento privado respecto de terceros (artículo 1301 C. C.), siguiendo el sistema de su modelo italiano, cuya doctrina, considera que el conocimiento de la fecha no contradice ni afirma cosa alguna respecto de él, por lo cual se admite toda clase de pruebas para establecerla.

La firma, que consiste en estampar el nombre y la rúbrica escritos de propia mano al pie del documento en la forma en que habitualmente se hace, al efecto de autenticar su contenido, es el requisito esencial que comunica al documento su fuerza probatoria. El lugar de la firma está al pie del documento, como lo revela la etimología de la palabra suscribir (Giorgi). El documento privado, como el público, puede otorgarse ad probationem (como prueba), pero debe otorgarse necesariamente ad solemnitatem (como solemnidad), en los casos exigidos por la ley, como los señalados en el artículo 492 del ritual código de la materia, en los cuales, el documento privado, constituye además requisitos de forma para el acto o contrato (artículo 452 numeral 4 C.C.).

En el caso en concreto, el Auto de Vista Nº 281/2008 recurrido confirma la sentencia de primera instancia, con la convicción de que el contrato de fojas 1 y su reconocimiento de fojas 2 de obrados cuya nulidad se pide, establece con precisión y comprensibilidad por el contenido de sus cláusulas, que: hay una acreedora que es la Sra. Mirian Rengel Rojas, reconociendo en este documento los señores Bernardo Checa Román y María Cristina Flores, su condición de deudores, intimándose a cancelar o devolver la suma de $us. 30.000.- en el plazo estipulado en el documento de referencia, plazo fijado de mutuo acuerdo entre  partes, resulta entonces, que el objeto  se encuentra claramente determinado, siendo la obligación de los deudores de cancelar el dinero ($us. 30.000.-), objeto que es posible, lícito y determinado, cumpliendo estrictamente lo exigido por el artículo 485 del Código Civil.

Que, analizado el documento que se pretende sea declarado nulo, con toda seguridad vemos que corresponde a un documento privado con reconocimiento voluntario de firmas, teniendo plena validez legal reconocido por el artículo 1297 del Código Civil, inicialmente desarrollado; documento que transmite fuerza de ley entre las partes contratantes, pudiendo ser ejecutado de buena fe, y al cumplimiento obligatorio de lo expresado en el mismo, al contener causa y motivo lícito, pues se trata de un documento de reconocimiento de deuda y compromiso de pago, donde el cumplimiento de dicha obligación (cancelación), de ninguna manera es contraria al orden público o las buenas costumbres, al contrario se halla respaldada a lo determinado por el artículo 291 concordante con los artículos 519 y 520 todos del Código Civil. Razonamiento ampliamente desarrollado por este Tribunal en la jurisprudencia que señala: "El art. 1297 del c. c. atribuye al documento privado reconocido entera fe respecto de la verdad de las declaraciones que contiene". (A.S. Nº 64, de 2-V-80). "Son legales y válidos los instrumentos privados firmados por el otorgante y reconocidos ante autoridad competente, requisitos sin los cuales no pueden ser calificados como tales a tenor de los artículos 1289 y 1300 del c. c., particularmente a los efectos del artículo 487 del c. p. c.". (G.J. Nº 1219, p. 65).

Así mismo, resulta equivocado lo indicado por los recurrentes que en el mismo documento, voluntariamente las partes hayan constituido en hipoteca los bienes descritos en el contrato, pues es más evidente que los mismos son otorgados en calidad de garantía, al amparo de la primera parte del artículo 1335 del Código Civil, que determina que todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros del deudor que se ha obligado personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores, no correspondiendo la aplicación del artículo 491 numeral 2), del tantas veces mencionado Código sustantivo de la materia, como mal intencionadamente pretenden los recurrentes.

En consecuencia, no es evidente la denuncia de violación de los artículos 452 numeral 4), 491 numeral 2), 549 numeral 1), 485 y 489 del Código Civil, que con meridiana claridad se demostró que los jueces de instancia aplicaron correctamente la normativa, resultando frustrada su intención de nulidad del documento por las causales erradamente invocadas por los recurrentes, correspondiendo aplicar lo previsto por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la  Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuestos por Bernardo Checa Román y María Cristina Flores Morales, contenido en el memorial de fojas 163 a 165, sin costas por no haber sido respondido el recurso.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  579/2013