SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 578

Sucre: 1 de noviembre de 2013  

Expediente: SC 130 08 S

Proceso: Cumplimiento de Obligación y Otros

Partes: Luís Ramiro Pérez Peredo c/ Carlos Alberto Añez Rivero

Distrito: Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos


VISTOS: el recurso de casación en el fondo interpuesto por Carlos Alberto Añez Rivero de fojas 353 a 357, contra el Auto de Vista Nº 335 de 21 de junio de 2008 pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso sobre cumplimiento de obligación por pago de honorarios profesionales, pago de intereses, daños y perjuicios, seguido por Luís Ramiro Pérez Peredo contra el recurrente, la respuesta de fojas 358 a 361 vuelta, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz pronunció la Sentencia Nº 154 de 9 de octubre de 2007 (fojas 314 a 317), declarando improbada la demanda y probada la excepción de prescripción; con costas.

Deducida la apelación por el demandante, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz mediante Auto de Vista Nº 335 de 21 de junio de 2008 (fojas 348 a 349 vuelta), revoca la providencia de fojas 269, y revoca la sentencia apelada, declarando probada en parte la demanda en lo referente al pago de los honorarios profesionales que debe efectuar el demandado a favor del demandante en la suma de $us. 25.321 e improbada en cuanto a los daños y perjuicios, asimismo improbada la excepción de prescripción; sin costas.

Esta resolución superior dio lugar al recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandado Carlos Alberto Añez Rivero en los términos expresados en su memorial de 25 de julio de 2008 (fojas 353 a 357).

CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Que, el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, recogiendo los principios de motivación, exhaustividad y congruencia, impone a los juzgadores el deber de motivar y fundamentar las sentencias, precisando los hechos en que se funde su decisión, con base a las pruebas practicadas en el proceso, las que deben ser examinadas en su totalidad, a fin de determinar, con el resultado de ese análisis, si se probaron o no y en qué medida, los hechos fundatorios del derecho exigido o de las excepciones o defensas opuestas, subsumiendo los hechos con el derecho sustantivo o material empleado en la decisión, resolviendo todo lo pedido por las partes, es decir, todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate y que integren el Auto de relación procesal y Auto de prueba, revistiendo su decisorio con los elementos esenciales de certeza y firmeza que exige la cosa juzgada, que se obtiene al final de una contienda judicial otorgando la seguridad jurídica que buscan las partes y a la que tienen derecho, en resguardo de la paz social.

En este contexto; es imperioso recordar desde el punto de vista deontológico, específicamente desde el deber ser jurídico, que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, y una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas.

Esto implica que todo administrador de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

Consecuentemente, cuando un Juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuales son las razones que sustentan su fallo. Por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no sólo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos.

La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto. Esas inferencias podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la inferencia jurídica definitoria en el caso singular, circunstancias que encuentran su sustento legal en lo previsto por los artículos 190, 192 y 236 -entre otros- del Código de Procedimiento Civil.

En la especie, de la revisión de los antecedentes que informan al proceso se verifica que la resolución emitida por el Tribunal de alzada no se ajusta a los cánones anteriormente descritos, pues la parte dispositiva del auto de vista recurrido, da cuenta "en lo referente al pago de los honorarios profesionales” que este se “debe efectuar…, en la suma de $us. 25.321.oo”.

De lo expuesto, se observa que no existe ninguna fundamentación jurídica especifica que respalde esa parte del auto de vista recurrido con relación a la suma de los honorarios profesionales a pagar, suma que en su monto ni siquiera es mencionada no obstante, ser punto fundamental de la litis conforme al auto de relación procesal y puntos de hecho a probar de 15 de marzo de 2006 (fojas 72), cuando señala “pretensiones de la demanda principal”. Concluyéndose en definitiva, que no existe fundamentación respecto a éste punto en particular por el Tribunal de Apelación.

Consiguientemente, el Tribunal de alzada ha omitido el cumplimiento de normas procesales de obligatorio e ineludible observancia, por el carácter público que revisten como expresamente señala el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, lo que conlleva la nulidad del proceso conforme los artículos 252 y 271 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 348 inclusive; es decir, hasta que el Tribunal Ad quem, previo sorteo y sin espera de turno pronuncie nueva resolución sobre el fondo de la causa, con la pertinencia de los artículos 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

No siendo excusable la omisión anotada se multa a cada uno de los vocales que suscriben el fallo recurrido con Bs. 200, que serán descontados por planilla a favor del Tesoro Judicial.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  578/2013