SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 566

Sucre: 1 de noviembre de 2013  

Expediente: LP 107 08 S

Proceso: Nulidad De Escritura y otros

Partes: Fausto Marcelo Carvajal Colque c/ Dorotea Rodríguez Aguilar

Distrito: La Paz

Segunda Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- EL recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Fausto Marcelo Carvajal Colque, de fojas 347 a 352, contra el Auto de Vista Nº 181 de 29 de abril de 2008, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior de La Paz, en el proceso ordinario doble de nulidad de escritura, reivindicación y daños y perjuicios, seguido por el recurrente contra Dorotea Rodríguez Aguilar,  los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.-Que, mediante sentencia de fojas 302 a 310 vuelta, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y  Comercial de la ciudad de La Paz, declaró improbada la demanda de fojas 11 a 12 y subsanada a fojas 19, e improbada la reconvención de fojas 31 a 32.

Que, en grado de apelación interpuesto por Fausto Marcelo Carvajal Colque, de fojas 314 a 319, e interpuesto por Ramiro Otero Lugones en representación de Dorotea Rodríguez Aguilar, de fojas 324 a 330 vuelta, la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, por Auto de Vista Nº 181 de 29 de abril de 2008, de fojas 342 a 344, confirmó la sentencia apelada.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 347 a 352, Fausto Marcelo Carvajal Colque, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, que a continuación se compendia.

III. CONSIDERANDO:

3.1. Recursos de casación.- Se efectúan las siguientes denuncias:

Con relación al recurso de casación en el fondo:

El recurrente denuncia que el Tribunal ad quem ha emitido veredictos antagónicos al haber confirmado la sentencia y al mismo tiempo ha confirmado el auto de 19 de enero de 2005, de fojas 180 a 181 donde anula obrados hasta fojas 32 vuelta y añade que la excepción perentoria de impersonería no ha sido resuelta en ningún momento, he invoca el artículo 253-2) del Código de Procedimiento Civil.

Acusa que la certificación de la Notaria de Fe Pública, Dra. Rosa B. de Cordero, de fojas 95; la fotocopia legalizada de la protocolización de la escritura pública de expropiación del terreno, de fojas 96; la resolución Municipal de Yapacani, de fojas 98 a 99, no ha sido apreciada ni ponderada. Añade que a contrario sensu, se pretende dar eficacia probatoria a las literales de fojas 54 a 59 y 257 a 262, presentadas por Dorotea Rodríguez Aguilar, relativas a un proceso de reposición de protocolización notarial sobre declaratoria de herederos seguido por Dorotea Rodríguez Aguilar al fallecimiento de su padre Antonio Rodríguez Hualpara, supuestamente tramitado ante el Juzgado Primero de Partido en lo Civil-Comercial de la ciudad de La Paz, obtenido el mismo año que inicio esta demanda ( 2002) logrando protocolizarlo mediante testimonio 632-A/ 1994 de 31 de octubre de 2002, el cual sin embargo es nulo porque dicha reposición no se halla prevista en nuestra legislación y porque la escritura pública Nº 632/1994 es nula de pleno derecho y por lo mismo inconfirmable y que ni siquiera se justifica con la nueva numeración de testimonio Nº 632.”A”/1994, y asevera que se habría violentado la Ley del Notariado en sus artículos 21, 22, 25, 27, 29, 30 y 33, y que se encuentra corroborado por la audiencia de inspección de visu, en cuya acta de fojas 109 vuelta, donde se ha corroborado que la escritura pública Nº 632/94 corresponde a la protocolización de un documento sobre expropiación de terreno  y que se ha duplicado indebida e ilícitamente bajo el testimonio Nº 632 “A”/94 el trámite judicial de reposición de protocolización de declaratoria de herederos de Dorotea Rodríguez Aguilar, por lo que la prueba literal de fojas 230, relativa a que no se encuentra registrado en la base de datos de impuestos  nacionales, el pago de impuestos sucesorios es prueba circunstancial y corroborativa de la causal de nulidad y no como dice el Auto de Vista que dicha falta de pagos impositivos sea causal invocada o causa petendi, y concluye aseverando que el Auto de Vista ha incurrido en error de hecho y de derecho en la ponderación de la prueba.

Acusa al Juez a quo y al Tribunal ad quem de haber valorado erróneamente la inspección de visu efectuada en predios objeto del litigio, alegando que se halla habitado y edificado por otras personas, y añade que la parte demandada habría sorprendido al Juez a quo llevandole a inspeccionar otro terreno, pues la audiencia se llevó a cabo sin su presencia y cuando se presentó en el terreno objeto del litigio no se encontraban las partes procesales, y que en dicha audiencia no se ha recibido declaraciones de vecinos en la vía informativa.

Acusa que se ha violado, interpretado erróneamente y aplicado indebidamente  el artículo 175 de la Constitución Política del Estado (abrogada) que determina que los títulos ejecutoriales son definitivos, causan estado y no admiten ulterior recurso y el artículo 176 de la misma norma supra legal, que señala que los fallos de la judicatura agraria constituyen verdades jurídicas comprobadas, inamovibles y definitivas e invoca el artículo 253 -1) del Código de Procedimiento Civil.

Acusa que se ha incurrido en errónea evaluación y valoración de las pruebas; ya que se dice que no se ha cumplido el artículo 1283 del Código Civil, acerca de la carga de la prueba, observándose que se presenta la declaración de un solo testigo cuando las pretensiones de la parte actora y reconvencionista deben probarse eminentemente con prueba documental y que por disposición del artículo 1328 existe prohibición de prueba testifical, lo que ha reclamado en su apelación y sobre el cual no se ha pronunciado el Tribunal ad quem.

En cuanto a la casación en la forma:

Acusa que el Auto de Vista no se ha pronunciado sobre todos sus agravios, que objetivamente fueron consignados en 18 puntos; empero en la parte considerativa del fallo se hace mención de manera escueta y endeble a 13 puntos sin pronunciarse en absoluto sobre otros cinco aspectos debidamente fundamentados y que en la parte considerativa segunda o ratio decidendi apenas se ha pronunciado sobre ocho temas que fueron debidamente fundamentados, con lo cual se transgrede el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil e invoca la causal de casación prevista en el artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente pide que se pronuncie el Auto Supremo anulando obrados hasta el vicio más antiguo, en su defecto casando el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare probada su demanda e improbada la reconvención.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, por razón de método se comienza por examinar el recurso de casación en la forma, pues en caso de estimarse dicho recurso ya no corresponderá pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo.

El debido proceso legal constituye una esencial  garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver  las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de  resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales  que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es,  en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria, son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial, tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez, consiguientemente, es menester verificar, si la resolución de instancia impugnada, emergen de un debido proceso legal; por cuya razón, se efectúan las siguientes disquisiciones legales:

El proceso civil boliviano  finca, entre otros,  en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a las peticiones de las partes formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a los mismos, ya que ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

La estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación  y el pronunciamiento del Tribunal de apelación  es lo que se conoce como principio de congruencia; el cual se encuentra consagrado en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, cuyo quebranto se produce, entre otros casos, cuando el Tribunal ad quem, omite  pronunciamiento expreso y exhaustivo, sobre alguno de los agravios invocados por el apelante; en cuyo  caso la resolución se halla viciada de nulidad por mandato del artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, efectivamente el recurrente, en su apelación, hubo expresado, entre otros agravios, que la sentencia contiene un fundamento antitético e incongruente al sostener que no se ha demostrado que el instrumento que se acusa de falso este protocolizado en la Notaría de Fe Pública y que tampoco se ha demostrado que exista una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que declare su nulidad; que tales hechos no son demandados, que no han sido fijados como puntos de hecho a probar; también expresó agravio respecto a la conclusión de que no habría cumplido con la carga de la prueba, aseverando que no es cierto y hace mención a las pruebas literales de fojas 13, 14, 15, 95, 96 a 97, 98 a 100, 106 y a la testifical de fojas 240; asimismo se quejó de que no se había valorado la prueba que acredita la ilicitud de la documentación impugnada; es decir que existen dos escrituras públicas diferentes sobre el mismo inmueble; se quejó también respecto a que la demanda habría sido declarada improbada por haber producido una sola prueba testifical, olvidando que su acción de nulidad, reivindicación y de daños y perjuicios se basa esencialmente en prueba documental y que existe prohibición de prueba testifical prevista en el artículo 1328; se queja respecto a la valoración de la prueba sobre la escritura pública Nº 632/94; se queja también sobre los requisitos de procedencia de la acción de reivindicación, alegando que es suficiente probar el derecho propietario; se quejó también que el fallo era ultra petita cuando se señala que debió demandarse contra las terceras personas que se encuentran en posesión, hecho que nunca se ha demostrado por el demandante; y finalmente se quejó que la sentencia era antagónica, ya que la afirmación de que quede firme y subsistente la partida Nº 011257530 resultaría antagónica cuando se falla declarando improbada la reconvención sobre mejor derecho de propiedad y daños y perjuicios.

Con relación a todos esos agravios invocados, el Tribunal ad quem no se ha pronunciado de forma explícita y exhaustiva, como era su deber; consiguientemente al haberse omitido dicho pronunciamiento ha hecho de su fallo citra petita. El referido  defecto implica violación del principio de congruencia, al que se refiere el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil y que se encuentra sancionado con nulidad por el artículo 254-4) Ídem.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde fallar conforme disponen los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

Habiéndose dado mérito al recurso de casación en la forma, ya  no procede pronunciamiento con relación al recurso de casación en el fondo.

IV. PORTANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, y los artículos 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA llanamente el Auto de Vista Nº 181 de 29 de abril de 2008, de fojas 342 a 344 de obrados, disponiendo que el Tribunal ad quem, sin someter la causa a turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, cumpliendo los requisitos de congruencia y  exhaustividad.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el tribunal Ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Primer Magistrado Relator Dr. Javier Medardo Serrano Llanos de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  566/2013