SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 561

Sucre: 1 de noviembre de 2013  

Expediente: LP 113 08 S

Proceso: Anulabilidad De Personería Jurídica y Otros

Partes:  Oscar Venancio Carrasco Serrano y otros c/ Asociación Boliviana de Médicos y Otros

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fojas 789 a 792 vuelta, interpuesto por Oscar Venancio Carrasco Serrano y Juan José Castro Montaño por sí y en representación de Ana Aliaga Burgoa, Lidia Aguilar de Agreda, Paz Rebeca Aviazar Vda. de Dips, Edgar Javier Arene Rada, Ofelia  Eliana Benavidez de Montero contra el Auto de Vista Nº 268 de 2 de junio de 2008, cursante de fojas 778 a 779, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito de  La Paz en el proceso ordinario de anulabilidad de personería jurídica, nulidad de actos realizados y resarcimiento de daños y perjuicios seguido por Oscar Venancio Carrasco Serrano y otros en contra de la Asociación Boliviana de Médicos, Odontólogos y Bioquímicos Farmacéuticos Jubilados Filial La Paz, el auto concesorio de fojas 798 vuelta, los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que, tramitada la referida causa, el Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 965 de 20 de octubre de 2006, cursante de fojas 748 a 752 vuelta, declarando improbada la demanda, con costas.

En grado de apelación, la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 268 de 2 de junio de 2008 cursante de fojas 778 a 779, confirma la sentencia, con costas.

Contra la resolución de segunda instancia, la parte demandante con base en los hechos y fundamentos que expuso y las citas de derecho que invocó en su escrito de fojas 789 a 792 vuelta, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

Que el artículo 252 el Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, serán útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes  buscan a través de aquel.

En ese entendido, haciendo referencia a los actuados del proceso, se tiene que por memorial de fojas 49 a 53 vuelta, Oscar Venancio Carrasco Serrano y Juan José Castro Montaño por sí y en representación de 22 poderdantes, en la vía ordinaria demandan la anulabilidad de la Personería Jurídica reconocida a la Asociación Boliviana de Médicos, Odontólogos, Bioquímico Farmacéuticos Jubilados Filial La Paz”, de fecha 28 de abril de 2004, obtenida mediante Resolución Prefectural N° 223, cuyos antecedentes se encuentran transcritos en el Testimonio N° 168/2004; se declaren nulos todos los actos realizados en nombre y en representación de la referida Asociación y se proceda a la calificación de daños y perjuicios, dirigiendo su acción contra la “Asociación Boliviana de Médicos, Odontólogos y Bioquímicos Farmacéuticos Jubilados Filial La Paz”.

De lo relacionado, se tiene que una de las pretensiones del presente proceso está referida a la Personalidad  Jurídica reconocida  a la  citada institución demandada, otorgada por una institución pública en representación del Estado, como es el caso de la ex Prefectura del Departamento de La Paz mediante Resolución Prefectural N° 223,  de 28 de abril de 2004 (fojas 2). 

Al respecto, es necesario tomar en cuenta que la Ley de Procedimiento Administrativo, tiene por objeto: a) Establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento Administrativo del sector público; b) Hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración Pública; c) Regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados; y, d) Regular procedimientos especiales.

A su vez el artículo 2 de la referida Ley en cuanto al ámbito de aplicación establece que: “La Administración Pública ajustará todas sus actuaciones a las disposiciones de la presente Ley. A los efectos de esta Ley, la Administración

Pública se encuentra conformada por: a) El Poder Ejecutivo, que comprende la administración nacional, las administraciones departamentales, las entidades descentralizadas o desconcentradas y los Sistemas de Regulación SIRESE, SIREFI y SIRENARE; y, b) Gobiernos Municipales y Universidades Públicas”.

Por su parte, la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 5 referido a la competencia, previene: “I. Los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias”. “II. La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o avocada conforme a lo previsto en la presente Ley”.

En el caso presente, de la revisión de los antecedentes adjuntos a la presente acción, se constató que la ex Prefectura del Departamento de La Paz, considerada como institución pública, mediante Resolución Prefectural Nº 223 de 28 de abril de 2004 reconoce la Personalidad Jurídica en favor de la Asociación Boliviana de Médicos, Odontólogos y Bioquímicos Farmacéuticos Jubilados Filial La Paz

De lo precedentemente descrito y la exposición de los hechos, se advierte que la parte actora accionó en la vía civil ordinaria varias pretensiones, como ser: “anulabilidad de la personería jurídica reconocida a la Asociación Boliviana de Médicos, Odontólogos y Bioquímicos Farmacéuticos Jubilados Filial La Paz”, “...se declaren nulos todos los actos realizados en  nombre y representación de la referida asociación….” y “….calificación de los daños y perjuicios ocasionados.”

Al respecto, nuestro procedimiento civil, reconoce la acumulación de pretensiones, en su artículo 328, cuando señala que “en una demanda podrán  plantearse todas las acciones que no fueren contrarias entre sí y pertenecientes a la competencia del mismo juez”. Por esta norma legal se tiene que la segunda condición que impone, es que las acciones acumuladas sean de competencia del juez ante quien se promueve la demanda, es decir, que las pretensiones acumuladas pertenezcan a la competencia del mismo juez.

Por este principio es que no se puede plantear dos o más pretensiones que corresponda a jueces que tengan competencia de diferente materia, como ocurre en el caso de autos, en consideración de que la primera pretensión, corresponde su conocimiento al órgano administrativo, que conforme a lo expuesto era el viable a objeto de impugnar la resolución prefectural, buscando la restitución de sus derechos y garantías mediante esa instancia. Sobre el particular, conviene considerar y destacar las previsiones de la Ley de Organización Judicial (abrogada) que sobre la materia señalaban: "artículo 26º.- COMPETENCIA. Competencia es la facultad que tiene un tribunal o juez para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto. Artículo 27º.- DETERMINACION DE LA COMPETENCIA. La competencia de un tribunal o juez para conocer un asunto, se determina por razón de territorio, de la naturaleza, materia o cuantía de aquél y de la calidad de las personas que litigan."

En el caso particular, la competencia en razón de materia se mide en función de la naturaleza de la pretensión y las disposiciones legales que la regulan y, si esto es así, en el marco de la definición de los actos administrativos, por efectos del artículo 5 de la Ley de Procedimiento  Administrativo, el Juez ordinario en materia civil, como se tiene dicho, no tendría competencia en razón a las normas que la regulan para conocer sobre una de las pretensiones accionadas, como ser la anulabilidad de la personalidad  jurídica reconocida a la Asociación Boliviana de Médicos, Odontólogos y Bioquímicos Farmacéuticos Jubilados Filial La Paz,  .

Ahora bien, en el marco del principio de reserva legal, la competencia no es una atribución librada a la discrecionalidad de la autoridad, ya sea jurisdiccional o administrativa. En ese sentido, éste Tribunal considera que el

Juez a quo -en materia civil- no tiene competencia para conocer acciones de sujetos no comprendidos en el campo de aplicación de la Ley de Procedimiento  Administrativo y su Reglamento y, para los casos de actos administrativos cuyos derechos hayan sido lesionados, cuentan con la vía administrativa (revocatoria y jerárquico).

Que al haberse admitido una demanda de esta naturaleza, con relación a la anulabilidad de la personalidad jurídica, obliga a una irremediable nulidad procesal, lo contrario importa una sistemática prosecución de actos nulos,  en el que pudiere dictarse sin la competencia requerida, por mandato expreso del artículo 122 de la Constitución Política del Estado que señala expresamente: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la Ley".

En consecuencia, teniendo presente que la competencia nace únicamente de la ley y que las actuaciones procesales se hallan revestidas del carácter de orden público, corresponde al Tribunal Supremo observar la incompetencia del órgano jurisdiccional y la nulidad de sus actos como prevé el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil,  por lo que emite resolución en la forma determinada por los artículos 271-3) y 275 del mismo cuerpo normativo.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley el Órgano Judicial y en aplicación del artículo 122 de la Constitución Política del Estado y de los artículos 252,  271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 54 inclusive, y dispone que el Juez de la causa, antes de admitir la demanda observe los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  561/2013