SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 544

Sucre: 31 de octubre de 2013  

Expediente: LP 108 08

Proceso: Acción Paulina y otros.

Partes: Carmen Zapata c/ Gerardo Amezaga Claure y otros.

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por María Daniela Amezaga Ramos, de fojas 290 y vuelta, la adhesión al recurso de casación en el fondo y en la forma de Rosario de la Nieves Ramos de Amezaga, de fojas 292; y el recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Luis G. Amézaga Ramos, de fojas 297 a 298 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 141 de 7 de abril de 2008,  pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre acción paulina, entrega de inmueble y resarcimiento de daños y perjuicios seguido por Carmen Zapata en contra de Gerardo Amezaga Claure y otros, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 208 a 213 vuelta de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Séptimo en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, se declaró probada la demanda de fojas 18 a 21, y en consecuencia se dispuso la revocatoria e ineficacia de la Escritura Pública Nº 215/91 de 31 de diciembre de 1991, y la indemnización de daños y perjuicios a favor de Carmen Zapata a determinarse en ejecución de fallo y se declaró improbada la excepción de prescripción de fojas 28 e improbada la reconvención y excepción de falta de acción y derecho de fojas 35 a 36. 

Que, en grado de apelación, interpuesto por Daniela Amezaga Ramos y Freddy Isaac Solíz Ramos, de fojas 225 a 229 vuelta; e interpuesto por Luis Amezaga Ramos, de fojas 237 a 239,  la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior  de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 141 de 7 de abril de 2008, se revocó en parte la sentencia de fojas 208 a 213  y deliberando en el fondo se declaró probada en parte la demanda de fojas 18 a 21, y en su mérito se declaró ineficaz el 50 % de derechos y acciones contenidos en la Escritura Pública Nº 215/91 y en el mismo porcentaje la cancelación de la partida Nº 01137522; probada en parte la demanda reconvencional de fojas 35 a 36 en lo referente a la nulidad del 50 % de derechos y acciones contenidos en la Escritura Pública Nº 16/92 y confirmó la declaratoria de improbadas las excepciones de prescripción y falta de acción y derecho, opuestas a fojas 28 y fojas 35 a 36.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 290 y vuelta, María Daniela Amezaga Ramos, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma; por memorial de fojas 292, Rosario de Las Nieves Ramos de Amezaga, se adhiere al recurso de casación presentado por María Daniela Amezaga Ramos; y por memorial de fojas 297 a 298 vuelta, Luis G. Amezaga Ramos,  interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, los cuales se compendian a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1.- Recurso de casación.-

La demandada María Daniela Amezaga Ramos, en su recurso de casación en el fondo acusa que el Tribunal ad quem no habría aplicado correctamente los artículos 452, 485, 549 inciso 4) del Código Civil, ya que no es completo el análisis, pues si bien es cierto que su madre no dio su consentimiento para la venta con pacto de rescate, dicha escritura estaba sujeta a condición resolutoria, que al haberse efectuado pagos directos primero al comprador Marco Antonio Yañez Zapata y después a la demandante Carmen Zapata, se ha resuelto dicho contrato de compra venta con pacto de rescate, pagos probados con los recibos cursantes de fojas 219 y 223; por lo que el Tribual ad quem no podía declarar probada en parte la nulidad de la Escritura Pública Nº 16/92 de 15 de enero de 1992 sino en su integridad  porque dicho documento no ha cumplido con los requisitos de existencia y validez. Añade que al haberse devuelto el importe de la transferencia se cumplió con el artículo 641 del Código Civil, se resolvió de hecho y dejado sin efecto jurídico retroactivo la Escritura Pública Nº 16/92.

Finalmente acusa al Tribunal ad quem de haber interpretado defectuosamente e infringido el artículo 1446 del Código Civil y de aplicación indebida el artículo 641 y 645 del Código Civil, y pide que case en parte el Auto de Vista, declarando nula la Escritura Pública Nº 16/92 de protocolización de transferencia de 15 de enero de 1992 y válida y eficaz la Escritura Pública Nº 215/91 de 31 de Octubre de 1991.

Con relación al recurso de casación en la forma la recurrente, a más de anunciar que lo interpone, no efectúa ninguna denuncia.

Por su parte Rosario de las Nieves Ramos de Amezaga, se adhiere al recurso de casación de su hija María Daniela Amezaga Ramos y pide que se considere que nunca ha firmado el documento de transferencia a favor de Marco Antonio Yáñez Zapata.

Luis Amezaga Ramos, en su recurso de casación en la forma efectúa las siguientes denuncias:

Invocando los artículo 15 de la Ley de Organización Judicial (abrogada) y los artículos 252 y 90 del Código de Procedimiento Civil, alega que el Juez a quo y el Tribunal ad quem no revisaron que la demanda carece de petición concreta y que en tal caso la demanda es totalmente defectuosa y acusa al Juez a quo y al Tribunal ad quem de haber infringido el mandato del inciso 1 del artículo 3 y los artículos 333, 327-9) y 87 del Código de Procedimiento Civil.

En su recurso de casación en el fondo, efectúa las siguientes denuncias:

Acusa al Tribunal ad quem de haber infringido por indebida y errada aplicación del artículo 1446 del Código Civil, y de haber violado los artículos 641,568, 1455, 584, 519 y 450 del Código Civil, alegando que la parte actora funda equivocadamente su acción paulina en una contrato de venta con pacto de rescate, que  el contrato de trasferencia del derecho propietario concede al comprador acciones negatoria o reivindicatoria, de resolución de contrato, mejor derecho o en su defecto la nulidad o anulabilidad; y añade que en nuestro ordenamiento jurídico la acción pauliana es el medio jurídico para la conservación de la garantía patrimonial del deudor con el requisito de que el crédito, préstamo o mutuo simple ( préstamo a intereses) regidos por los artículos 895 y 907 del Código Civil sea anterior al acto fraudulento, que el crédito sea líquido y exigible. Concluye aseverando que el Auto de Vista recurrido debía haber revocado la sentencia.

Finalmente pide que se anule el Auto de Vista el Auto de Vista recurrido en la forma y que se case o anule la sentencia y el Auto de Vista, declarando improbada la demanda de fojas 18 a 21 y probada la reconvención de fojas 35 a 36.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteados los recursos, corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

Con relación al recurso de casación en el fondo de María Daniela Amezaga Ramos.- El artículo 549 del Código Civil, prevé las causales por las cuales un contrato puede ser declarado nulo, y por remisión del inciso 5) de dicha disposición legal, la nulidad también puede ser declara cuando ese efecto se encuentra previsto en otra norma legal.

En el caso en examen, el Auto de Vista impugnado ni siquiera hace mención a los artículos 452, 485 ni al 549-4) del Código Civil; pues el Tribunal ad quem, al acoger parcialmente la pretensión reivindicatoria de nulidad, no precisa en cual de las causales de nulidad previstas en el artículo 549 del Código Civil, u otra norma legal se encuadra la falta de consentimiento de Rosario de las Nieves Ramos de Amezaga para la venta con pacto de rescate, que ha sido dado por acreditado en el Auto de Vista impugnado. Lo que resulta hasta obvio es que  la “falta de consentimiento” de ninguna manera puede encuadrarse en la causal prevista por el inciso 4) del artículo 549 del Código Civil, pues esta causal prevé los casos en los cuales las partes han incurrido en error esencial sobre la naturaleza del contrato o sobre el objeto del contrato, lo cual es diferente a la ausencia de  consentimiento. En todo caso, no habiéndose mencionado siquiera, en el Auto de Vista impugnado, las normas legales acusadas por la recurrente, no hay posibilidad de que hubiera existido error de subsunción en su aplicación, razón por la cual el recurso deviene en infundado.

Respecto al recurso de casación en la forma.- Se trata de un recurso manifiestamente defectuoso, pues la recurrente se limita a anunciar que lo interpone y no efectúa ninguna denuncia concreta con relación a un supuesto error de procedimiento en que se pudiera haber incurrido, ya sea en la emisión del fallo o en la tramitación de las instancias; es decir incumple de forma manifiesta el cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, por lo cual el recurso de casación en la forma deviene en improcedente.

Con relación al recurso de casación de Rosario de Las Nieves Ramos de Amezaga.- El recurso extraordinario de casación no constituye una tercera instancia, por ello no todas las resoluciones de segunda instancia pueden ser impugnadas en casación, o dicho desde otra perspectiva, la legislación civil boliviana sigue el sistema de relación cerrada o “numerus clausus”, en cuanto las resoluciones recurribles de casación, de manera tal que dicho recurso únicamente procede contra las resoluciones enunciadas en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil. Ello implica que el Tribunal de casación previamente debe efectuar un juicio de admisibilidad o de procedencia del recurso, pues la apertura de la competencia del Tribunal de casación, para ingresar a resolver sobre el fondo del recurso, depende de que el mismo supere dicho juicio.

Por disposición del artículo 272-3) del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación es improcedente cuando el recurrente no ha intervenido en las instancias.

En el caso en examen, la demandada Rosario de Las Nieves Ramos de Amezaga, no ha intervenido en primera ni en segunda instancia; por consiguiente no podía recurrir de casación ni siquiera a manera de “adhesión” al recurso de otra co demandada ahora recurrente. Consiguientemente la “adhesión” al recurso de casación de su hija María Daniela Amezaga Ramos, deviene en improcedente por mandato expreso del artículo 272-3) del Código de Procedimiento Civil

Respecto al recurso de casación de Luis Amezaga Ramos.- En su recurso de casación en la forma, haciendo referencia a la facultad revisora que otorgaba el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial (abrogada) y que otorga al Tribunal Supremo el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil,  el recurrente alega que tanto el Juez a quo como el Tribunal ad quem no habrían advertido que la demanda carece de una petición concreta, expresada en términos claros y positivos y que el Juez tenía la facultad para ordenar que se  subsane  los defectos, caso contrario darla por no presentada y acusa  a los jueces de instancia de no haber aplicado los artículos 3-1), 333, 327-9) y 87 del Código de Procedimiento Civil.

Si bien es cierto que el  Tribunal Supremo puede anular de oficio un proceso en que se encuentren infracciones que interesen al orden público, conforme le faculta el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil; empero ésta facultad fiscalizadora se la ejerce sin desconocer los principios de legalidad o especificidad, trascendencia, convalidación y protección, que son los que rigen las nulidades procesales. Precisamente, en mérito al principio de convalidación, no sería admisible que el Tribunal de casación anule actos procesales consentidos por las partes, pues lo contrario implicaría que el Tribunal llegaría a sustituir la voluntad de los justiciables, y, con referencia al proceso civil boliviano, ello no es posible en nuestro orden Constitucional y legal

Por ello, si el co demandado, hoy recurrente, consideraba que la demanda era defectuosa, correspondía que la observe oponiendo la excepción previa que le otorgaba el Código de Procedimiento Civil, al no haberlo hecho ha consentido cualquier defecto y no puede ahora, nada menos que en casación, pretender que el Tribunal Supremo supla su negligencia, pues en mérito al principio de preclusión no es posible retrotraer el procedimiento a etapas procesales ya concluidas, en cuyo mérito el recurso de casación en la forma deviene en infundado.

Respecto al recurso de casación en el fondo.- Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De ahí que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley ( error sobre el alcance de la norma), mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella ( error de subsunción), imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cuál la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga o las reglas de la sana crítica quebrantadas, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres incisos.

Por mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, en el recurso no solo se debe citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurre, su folio, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, sino que también se debe especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate del recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos.  

El cumplimiento escrupuloso de los requisitos impuestos por el citado artículo 258-2) Ídem, no constituye una mera formalidad potestativa, pues tiene por finalidad delimitar el accionar del Tribunal de casación, para permitir que  su fallo sea pertinente, exhaustivo y fundamentado.

En mérito al principio dispositivo que rige en el  proceso civil, el recurrente delimita el Thema decidendum del fallo casacional, pues el Tribunal limitará su pronunciamiento a las alegaciones esgrimidas en el recurso, que a la sazón se constituye en el acto de constitución del recurso extraordinario de casación, lo cual opera precisamente cumpliendo el requisito de citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y en especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, conforme dispone el artículo 258-2) del Código Adjetivo Civil; pues dicha norma contiene  un imperativo en propio interés del recurrente, ya que su omisión acarrea la consecuencia negativa de impedir que el Tribunal ingrese a resolver el fondo del asunto, pues en tal caso el recurso deviene en improcedente, por mandato del artículo 272-2) del Código de Procedimiento Civil; lo cual implica que el recurso debe bastarse por sí mismo, y por consiguiente le está vedado al Tribunal de casación subsanar  de oficio las insuficiencias o deficiencias en las que incurra el recurrente.

La prohibición de que el Tribunal de casación supla de oficio los requisitos del recurso incumplidos por el recurrente, tiene además su fundamento tanto en el derecho a la igualdad, en su vertiente procesal, proclamado por el artículo 119 de la Constitución Política del Estado, cuanto en el principio a la igualdad de las partes ante el Juez, proclamado por el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil; pues para el caso de que el Tribunal  obrara oficiosamente, subsanando un recurso de casación defectuoso, implicaría afectar la imparcialidad del Tribunal.

Precisamente porque el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que se rige por el principio dispositivo, por la igualdad, en su dimensión de derecho y principio, y por el principio de legalidad, en su vertiente procesal, previsto por el artículo 180-I) de la Constitución Política del Estado; el Tribunal de casación, previamente, debe efectuar un juicio de admisibilidad del recurso de casación, lo cual implica verificar el cumplimiento de los requisitos impuestos por ley,  pues sólo en el supuesto que el recurso cumpla con tales requisitos, que son de admisibilidad o procedencia, corresponderá  que el Tribunal de casación ingrese a realizar el juicio de fundabilidad del recurso, pronunciándose sobre el fondo.

En el caso en examen, si bien el recurrente en su epígrafe señala que su recurso de casación es por la indebida y errada aplicación del artículo 1446 y violación de los artículos 641,568, 1455, 145, 584, 519 y 450 del Código Civil, y luego menciona que la parte actora funda su pretensión defectuosa y equivocada en la Escritura Pública Nº 16/92, y continúa haciendo referencia a las acciones (negatoria, reivindicatoria, resolución de contrato, mejor derecho, nulidad o anulabilidad), que tendría el comprador y finalmente hace mención a los requisitos de la acción pauliana señalados por el artículo 1446 del Código Civil, sin embargo no precisa en que consiste el error de aplicación y en que la violación de las normas legales acusadas; no concretiza si está cuestionando la falta de requisitos legales para la procedencia de la acción paulina y en tal caso no menciona cuales serían esos  requisitos faltantes. Olvida el recurrente que en el recurso de casación se enjuicia el fallo de segunda instancia, cuyos fundamentos deben ser refutados, pues por ninguna parte del recurso se advierte cuestionamiento a los fundamentos esgrimidos por el Tribunal ad quem, ya que no es suficiente señalar que el Tribunal ad quem  incurrió en error de aplicación o violación de normas legales, sin indicar cuales son esos fundamentos cuestionados, o en qué parte del fallo se denotan los errores  que se denuncian.

Como colorario de la deficiencia manifiesta del recurso, el recurrente, dentro de su recurso de casación en el fondo, pide que se case o anule el Auto de Vista, lo cual es incorrecto pues en el recurso de casación en el fondo no hay alternativa posible en la forma de resolución, ya que no cabe de ninguna manera la nulidad, pues ésta corresponde al recurso de casación en la forma.

En suma se trata de un recurso de casación en el fondo manifiestamente defectuoso, razón por la cual corresponde resolver en la forma prevista por los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR  TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numerales 1) y 2), 272-2) y 3) del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo e IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma de fojas 290 y vuelta, interpuesto por María Daniela Amezaga Ramos; IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 292, interpuesto por Rosario de Las Nieves Ramos de Amezaga; e INFUNDADO el recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, de fojas 297 a 298 vuelta, interpuesto por Luis G. Amezaga Ramos, con costas.

4.2.- Se regula el honorario profesional, en la suma de Bs. 1.500, que mandará hacer efectivo el Juez a quo.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  544/2013