SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 538

Sucre: 31 de octubre de 2013  

Expediente: SC 122 08 S

Proceso Reconocimiento De Unión Libre y otros.

Partes: Lisset Spengler Castillo c/  Hebart Vargas Canahan

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Hebart Vargas Canahan, de fojas 492 a 497 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 344 de 23 de Julio de 2008, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de reconocimiento de unión libre, ruptura, asistencia familiar, división y partición de bienes, seguido por  Lisset Spengler Castillo en contra del recurrente, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 386 a 390 vuelta de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Tercero de Familia de la ciudad de Santa Cruz, se declaró probada la demanda de fojas 15 y vuelta, y en su mérito reconoció la vigencia de la unión conyugal libre o de hecho en el periodo comprendido entre el 6 de mayo del año 2003 hasta el 7 de julio del año 2007; se mantiene la asistencia familiar en la suma de Bs. 2000 mensuales, fijándose como régimen de visitas los días sábados y domingos y manda a ejecución de sentencia la división de bienes, sin costas.

Que, en grado de apelación, interpuesto por Hebart Vargas Canahan, de fojas 396 a 405, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior  de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 344 de 23 de julio de 2008, se revoca en parte la sentencia en lo que se refiere a los bienes adquiridos durante la unión libre, respecto al inmueble ubicado en la Urbanización cerrada denominada Sierra Polo-Contry Club, se confirma en cuanto al reconocimiento de la vigencia de la unión libre, mantiene el monto de la asistencia familiar y régimen de visitas y la división de bienes gananciales en ejecución de sentencia.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 492 a 497 vuelta, Hebart Vargas Canahan, interpuso recurso de casación en el fondo, que a continuación se compendia.

III. CONSIDERANDO:

3.1.- Denuncias del Recurso de Casación.- El recurrente, en su recurso de casación en el fondo, deduce las siguientes denuncias:

1.- Denuncia que se ha violado el artículo 192-1) del Código de Procedimiento Civil al hacerse referencia en el Auto de Vista impugnado a un proceso de divorcio, que es completamente extraño a lo que se demanda.

2.- Denuncia al Tribunal ad quem de haber violado el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, ya que la demandante propuso su prueba fuera del término de 5 días.

3.- Denuncia  que tanto el Juez a quo y el Tribunal ad quem  habrían incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba para determinar la fecha de la supuesta unión libre, ya que en la demanda se dice que más o menos mantenía la supuesta unión libre desde el 20 de abril de 2003, sin embargo en la sentencia dice que la relación comenzó  a partir del 6 de mayo de 2003.

4.- Denuncia al Juez a quo y al Tribunal ad quem de error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba y con ello violación de los artículos 158 con relación al 46, ambos del Código de Familia, por cuanto se ha demostrado  que en fecha 6 de mayo de 2003, Lisset Spengler Castillo, se encontraba casada con Tomás Rodríguez Sánchez, de quien posteriormente se divorció, declarándose disuelto el vínculo matrimonial en fecha 31 de diciembre de 2003 y se cancela su partida de matrimonio el 4 de mayo de 2004, según se demuestra por el certificado de matrimonio que cursa en el cuaderno de pruebas Nº 2, a fojas 16. Consiguientemente el 6 de mayo de 2003 la demandante no era libre y por lo mismo no podía tener una relación de unión libre.

5.- Denuncia que se ha violado el artículo 158 del Código de Familia y que el Juez a quo y el Tribunal ad quem han incurrido en error de hecho y error de derecho   al considerar que la relación concluyó el 7 de julio de 2007 siendo que el año 2006 la relación era tan escabroso que hubo denuncias penales por robo en contra de la demandante y que a fojas 54 manifiesta que en agosto del año 2004 él la hubiera botado. Añade que es el Juez y la Corte quienes ponen fecha a la conclusión basándose en el documento de 7 de julio de 2007, cursante en el tercer cuadernillo de pruebas, el cual es posterior a la fecha de iniciación de la demanda de 21 de febrero de 2007, ingresada el 28 de febrero de 2007, también posterior a la fecha del memorial de fecha 30 de abril de 2007 con el que la demandante pide que se le cite por edictos, porque desconoce su domicilio.

6.- Alega también que toda la prueba de cargo, demuestra que nunca hubo relación estable, singular y permanente, por lo que la demanda debió ser declara improbada y por consiguiente la Corte debió revocar la sentencia.

7.- Denuncia que ni el Juez a quo ni el Tribunal ad quem han valorado el certificado de matrimonio de fojas 181 con el que demuestra que sigue casado con Ana María Viruez Sosa.

Que el Juez a quo no admitió la prueba de fojas 351 a 352, antes de que dicte el decreto de autos, negándosele el derecho a la defensa; añade dicha prueba demuestra que no tiene libertad de estado. Agrega que dicha prueba fue presentada en segunda instancia y sin embargo de haber sido admitida el Tribunal ad quem no la habría considerado ni habría realizado apreciación de la misma, por lo que se habría violado lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política del Estado y el artículo 7 inciso Ídem., ya que no han considerado dicha prueba contundente.

Luego de hacer referencia a que el certificado emitido por la Corte Departamental Electoral de La Paz, cursante de fojas 351 da cuenta de su partida de matrimonio con Ana María Viruez Sosa, que ese matrimonio se realizó en México el 19 de marzo de 1981 y que esa partida está vigente en México mientras no se realice una homologación de la sentencia. Luego agrega que al no tener libertad de estado no puede existir unión libre, por lo que existe flagrante violación a los artículos 46 y 158 del Código de Familia.

Hace mención a que el Certificado emitido por la secretaria del Juzgado Primero de Partido de familia, de fojas 352, da cuenta que cursa sentencia y auto de vista, pero que no cursan notificaciones por lo que no se encuentra ejecutoriado

Acusa al Juez a quo y al Tribunal ad quem de no haber apreciado los documentos de fojas 351 y 352.

Alega que al no haberse demostrado que hubiera existido unión libre o matrimonio de hecho entre la demandante y el recurrente, tampoco se ha demostrado poderse proceder a la división y bienes.

Finalmente pide que se case el Auto de Vista impugnado y que se declare improbada la demanda en todas sus partes.



3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

Con relación a la denuncia 1.- El error de identificación del proceso afectaría a la forma del fallo, en cuyo caso correspondía denunciarlo dentro del recurso de casación en la forma y no dentro de la casación en el fondo, como se lo ha hecho, razón por la cual esta denuncia es manifiestamente defectuosa, y por ese motivo no se abre competencia para examinar su mérito.

Respecto a la denuncia 2.- Si el recurrente consideraba que el ofrecimiento de prueba de la demandante se encontraba fuera de plazo- lo cual no es cierto, pues según el cargo de fojas 260 fue presentado el 29 de mayo de 2007, dentro de los 5 días- correspondía que objete su admisión dentro de los 3 días de haber sido notificado con dicha admisión, conforme prevé el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil; al no haberlo hecho ha consentido y por consiguiente ha precluido su derecho a cuestionar dicha admisión, razón por la cual esta denuncia deviene en infundada.

Respecto a la denuncia 3, 4 y 5.- Por mandato del artículo 253-3) del Código de Procedimiento Civil, procede el recurso de casación en el fondo, cuando en la apreciación de la prueba se ha incurrido en error de hecho o en error de derecho.

El error de hecho en la apreciación de la prueba puede presentante en tres modalidades: Por preterición, que tiene lugar cuando el Tribunal ad quem, ha omitido apreciar una o varias pruebas incorporadas válidamente al proceso; por suposición que se presenta cuando el Tribunal ad quem da por existente una prueba que no cursa dentro del expediente o da por probado un hecho sin respaldo probatorio; y por distorsión o alteración del contenido, en el que se da cuándo se aprecia erróneamente el contenido de la prueba, dándole al medio un significado distinto o contrario al que éste indica, según señala el doctrinante Humberto Murcia Ballén (Recurso de Casación Civil).

En cambio el error de derecho es una equivocación en la consideración jurídica de la prueba en lo que se refiere a su valoración; según opinión doctrinal se presenta por infracción de una o varias normas probatorias relativas a la regulación de la admisión, práctica, eficacia o valoración de la prueba.

En el caso en examen, se denuncia que tanto el Juez a quo y el Tribunal ad quem  habrían incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba para determinar la fecha de la supuesta unión libre.

De la revisión del expediente se puede evidenciar que el certificado de matrimonio de fojas 16 del anexo II, que hace plena prueba por mandato del artículo 1296 del Código Civil y el artículo 399-I) del Código de Procedimiento Civil, acredita que el matrimonio de la demandante con su ex esposo, fue disuelto por sentencia de divorcio de fecha 31 de diciembre de 2003, extremo que se corrobora por las fotocopias del testimonio de actuados de fojas 18 del mismo anexo, donde se evidencia que la última notificación con dicha sentencia data del 11 de febrero de 2004 y que dicha sentencia se encuentra ejecutoriada; lo que implica que dicho fallo, ipso iure, pasó en autoridad de cosa juzgada el 21 de febrero del 2004, fecha en la cual el matrimonio de la demandante quedó legalmente disuelto, conforme dispone el artículo 141 del Código de Familia.

Ahora bien, la unión conyugal libre o de hecho, a la que se refiere el artículo 158 del Código de Familia, para ser reconocido judicialmente con los efectos señalados por ley, requiere, entre otros requisitos, que sea mantenido entre personas que tienen libertad de estado, salvo la excepción prevista en el artículo 172 Ídem. 

Estando acreditado que la demandante recién obtuvo su libertad de estado el 22 de febrero del 2004, y no habiéndose invocado, debatido y resuelto sobre una posible buena fe a la que se refiere el párrafo segundo del artículo 172 del Código de Familia, resulta irrefragable concluir que no es posible que se reconozca judicialmente la vigencia legal de la unión conyugal libre o de hecho con anterioridad al 22 de febrero del 2004; por ello resulta evidente el error de aprecio por distorsión en el que ha incurrido el Juez a quo al haber fijado la fecha de inicio de la relación concubinaria con efecto legal en fecha 6 de mayo del 2003; y también el error de derecho al darle mayor valor a un documento privado, como es el convenido transaccional de fecha 7 de julio de 2007, cursante de fojas 16 del anexo III, por encima del valor probatorio íntegro de un documento público como es el certificado de matrimonio, cursante de fojas 16 del anexo II. Errores de valoración que han sido validados por el Tribunal ad quem, de forma lacónica.

Con relación a la fecha de conclusión de la relación es evidente que la demandante, mediante escrito de fecha 30 de abril d 2007, cursante a fojas 179, pide la “notificación” (citación) al demandado mediante edictos alegando que desconoce su paradero, lo cual pone en evidencia que para esa fecha ya se habría producido la ruptura. Es más en la demanda, la parte actora ha admitido que estaba separada físicamente ya desde hace más de dos meses; es decir desde el 28 de diciembre de 2006, si se tiene en cuenta que la demanda fue presentada en fecha 28 de febrero de 2008; de lo cual resulta también evidente el error de hecho por distorsión en el que ha incurrido el Juez a quo al establecer  la conclusión de la relación en fecha 7 de junio de 2007, error que ha sido mantenido por el Tribunal ad quem sin mayor fundamento.

Respecto a la denuncia 6 y 7.- La valoración de la prueba es de exclusiva atribución de los jueces de instancia, por ello el Tribunal de casación, por regla, no puede revisar dicha valoración, salvo que se denuncie errores de hecho o errores de derecho, en la forma prevista por los artículos 253-3) y 258-2) del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, la denuncia relativa a estar demostrado que nunca hubo relación estable, singular y estable y que  no se valoró los documentos de fojas 351 y 352 de obrados, que según el recurrente acreditarían que no tenía libertad de estado y que por lo mismo no sería posible reconocer la relación conyugal de hecho, resulta manifiestamente defectuosa, pues  en estas partes de su recurso, el recurrente no alega error de hecho o error de derecho en la apreciación de la prueba y por consiguiente no es posible que el Tribunal Supremo ingrese a revisar la valoración probatoria sobre esos hechos.

Otra causa que impide que el Tribunal Supremo ingrese a examinar la valoración de la prueba sobre las denuncias en examen, es el hecho de que no existe pronunciamiento del Tribunal ad quem, en el Auto de Vista impugnado, sobre dichas denuncias, pues, por una parte, en la legislación civil boliviana no está permitido el salto de instancia, y por otra el recurrente no ha interpuesto recurso de casación en la forma, donde sería posible examinar la falta de pronunciamiento.

En mérito a las consideraciones precedentes y respecto de las denuncias que han sido acreditadas, corresponde resolver en la forma prevista por el artículo 271-4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral  4), y 274 del Adjetivo Civil, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 344 de 23 de  julio de 2008, de fojas 488 a 489, y deliberando en el fondo se dispone que se reconoce la unión conyugal libre o de hecho, desde fecha 22 de febrero de 2004 hasta el 28 de diciembre de 2006, manteniéndose incólume en lo demás las determinaciones del fallo de segunda instancia.

4.2.- No siendo excusable el error en el que ha incurrido el Juez a quo y el Tribunal ad quem, se les impone multa de Bs. 200 al Juez a quo y a cada uno de los vocales signatarios del Auto de Vista, descontables por habilitación.

Fue de voto disidente el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  538/2013