SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 530

Sucre: 31 de octubre de 2013  

Expediente:  LP 116 08 S  

Proceso Nulidad De Minuta Y Escritura Pública.

Partes: Juana Benita Alanoca de Calzada y Otros c/ Gobierno Municipal de la   ciudad de La Paz

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 268 a 269 vuelta interpuesto por Juana Benita Alanoca de Calzada, Fernando Octavio y Dario Tomas Alanoca Calderon a través de su representante Olimpio Choquetanga Mamani contra el Auto de Vista Nº S -129 de 16 de junio de 2008, cursante a fojas 266 y vuelta, emitido por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso  ordinario sobre nulidad de minuta y escritura pública, seguido por Juana Benita Alanoca de Calzada, Fernando Octavio y Dario Tomas Alanoca Calderon a través de su representante Olimpio Choquetanga Mamani en contra del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz; la respuesta de fojas 274 a 275 vuelta, el auto concesorio de fojas 276, los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que, tramitada la referida causa, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 303 de 17 de junio de 2006, cursante de fojas 217 a 218 vuelta, declarando improbada la demanda de fojas 46 a 47, con costas.

En grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº S - 129 de 16 de junio de 2008, cursante a fojas 266 y vuelta, confirma la referida sentencia, con costas.

Contra la resolución de segunda instancia los demandantes Juana Benita Alanoca de Calzada, Fernando Octavio y Dario Tomas Alanoca Calderon  a  través de su representante  Olimpio Choquetanga Mamani, interponen  recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.-

Los recurrentes del recurso de casación sostienen que en la resolución impugnada, se ha incurrido en incorrecta aplicación o interpretación de los artículos 1295 y 1299 del Código Civil, además de la violación de la Ley del Notariado en sus artículos 25 y 26, normas que dan  amplias garantías y seguridad jurídica dentro los contratos respecto a la voluntad de las partes intervinientes en cada contrato, particularmente con referencia a las personas analfabetas que no saben firmar, la ley determina la participación del número de testigos a ruego, así como la nota marginal que se debe llevar y cumplir en cada tipo de contratos y escrituras públicas, que no fueron  observados por los jueces de instancia. Que el padre de sus representados ignoraba firmar, además que  no otorgó el consentimiento total sobre la supuesta expropiación de sus terrenos, menos se encontraba en la lista de los directos afectados en un Nº 8 y que en la minuta suscrita por Jorge Alanoca (padre de sus mandantes), no existen los testigos a ruego menos -se indica- el que firma  a ruego, tampoco existe en el protocolo  de escritura pública, la constancia de la firma de otra persona a ruego, haberse estampado las impresiones digitales del otorgante así como la firma de los testigos instrumentales. Que lo afirmado  por el  Juez de primera instancia, en el sentido de que se ha evidenciado las digitales del vendedor Jorge Alanoca, así como las tres firmas  que corresponden a los testigos de actuación y otra que firma a ruego, es inapropiada y alejada de la verdad, toda vez que no refiere nada de las notas marginales  ni relaciona con respecto a la minuta y protocolo.

Terminan solicitando que se dicte Auto Supremo -se dice- declarando infundado el Auto de Vista, se revoque la sentencia y Auto de Vista impugnado.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

Que el artículo 252 el Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz  a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, serán útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes  buscan a través de aquel.

En ese entendido, haciendo referencia a los actuados del proceso, se tiene que por memorial de fojas 46 a 47, Juana Benita Alanoca de Calzada, Fernando Octavio y Dario Tomas Alanoca Calderon a través de su representante Olimpio Choquetanga Mamani, inician demanda ordinaria de nulidad de minuta suscrita con el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz -se señala- de una supuesta expropiación de terrenos ubicados en el ex fundo Santiago de Lacaja y Escritura Pública  número 308/78, respecto a 25.600 Has. de terreno, cancelación de partida y restitución de partida originaria, dirigiendo su acción contra el Gobierno Municipal de La Paz.

De lo relacionado, se tiene que el presente proceso versa sobre las pretensiones referidas, relacionadas a la transferencia del inmueble con una superficie de 25.600 metros cuadrados situado en Santiago de Lacaja de la zona de Alto Villa Fátima efectuada por Jorge Alanoca en favor del Gobierno Municipal de La Paz mediante escritura Pública Nº 308 de fecha 24 de mayo de 1978, emergente de la Ordenanza Municipal Nº 70 de fecha 14 de julio de 1976 cursante de fojas 55 a 56, que resuelve por causa de necesidad y utilidad pública la expropiación de terrenos situados en Santiago de Lacaja de la zona de Alto Villa Fátima con destino a la forestación del sector comprendido en las cabeceras de los ríos Chapuma, Toncojorini y Rosasani para la conservación de suelos y prevención de siniestros en dicha región. Por Resolución Nº 354 de fecha 8 de marzo de 1978 cursante a fojas 57, se aclara que en la mencionada Ordenanza Municipal Nº 70/76 se encuentra comprendida la  superficie de 25.600 metros cuadrados de propiedad de  Jorge Alanoca C., fijando la suma de $B 256.000.00 como valor indemnizable del mencionado inmueble expropiado, dando por concluido el procedimiento administrativo de expropiación de la totalidad del referido inmueble.

De lo descrito, y siendo que el presente proceso se suscita en torno a las pretensiones respecto al contrato de referencia, es necesario establecer la naturaleza del mismo, por lo que, de manera general se puede señalar que el contrato es un acuerdo de partes del que nacen obligaciones de contenido patrimonial, normado por Ley y con consecuencias jurídicas.

El concepto jurídico brindado, nos induce a realizar una precisión en función a los sujetos que intervienen en la relación contractual y el tipo de legislación que le es aplicable: así se tiene que, los contratos privados, donde los sujetos intervinientes persiguen intereses particulares, y sus obligaciones y derechos se mantienen en un plano horizontal por la prestación recíproca que emana del contrato; esta relación contractual es propia del Derecho privado, y están regulados, corrientemente, por el Código Civil.

Por otro lado, se encuentran los contratos administrativos, donde interviene como sujeto contractual el Estado, mediante las instituciones que componen la Administración Pública, la relación contractual se ve compelida a la satisfacción de necesidades de carácter público, y su regulación pertenece al Derecho Administrativo.

Es importante fijar la atención en esta distinción, ya que un contrato de carácter privado no es equiparable a uno de naturaleza administrativa, por las características y elementos que las componen, y en el caso, por el régimen jurisdiccional a la cual están expuestas al presentarse las controversias que deriven de ellas.

Al presente, con la evolución del Derecho Administrativo, no se puede negar la existencia del Contrato Administrativo, como una forma de contrato que realiza la Administración con particulares; la complejidad de la sociedad urgió la satisfacción de necesidades públicas, incrementando el número de obras, servicios y compra de bienes que apuntaba a cubrir los requerimientos de una sociedad organizada, razón a que el contrato privado, génesis contractual, se vio compelido a alterar las obligaciones, derechos y alcances que en ella contenía, hasta adoptar una forma alterna adecuada al requerimiento de la Administración, ahí el albor del contrato administrativo.

Ahondando en el análisis, el A.S. Nro. 405 de 1ro de noviembre de 2012 en casos similares, siguió el razonamiento presente: "El autor Mariano Gómez González, define a los contratos administrativos como: "...todos aquellos contratos en que interviene la Administración, legalmente representada, y tienen por objeto la ejecución de una obra o servicio público, ya sea en interés general del Estado, de la Provincia o del Municipio".

León Duguit, afirma que: "No hay diferencia en cuanto al fondo, entre un contrato civil y otro administrativo, lo que da a un contrato el carácter administrativo y fundamenta la competencia de los tribunales administrativos, es la finalidad del servicio público en vista de la cual se celebra".

Alfonso Nava Negrete señala que: "El contrato administrativo, es el contrato que celebra la administración pública con los particulares con el objeto directo de satisfacer un interés general, cuya gestación y ejecución se rigen por procedimientos de derecho público".

Elizabeth Iñiguez de Salinas define al contrato administrativo como: "el acuerdo de voluntades generador de obligaciones y derechos, celebrado entre un órgano del Estado, en ejercicio de las funciones administrativas que le competen con otro órgano administrativo o con un particular o administrado para satisfacer finalidades públicas".

En general podemos decir que hay contrato administrativo cuando una de las partes contratantes es un órgano de la administración pública, el objeto y fin del contrato está orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común o es de interés general de la comunidad, lo que determina una regulación especial. De esta manera habrá contratos administrativos en el ámbito de los cuatro órganos que conforman el poder estatal: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.

Al respecto el artículo  1º de la Ley Nº 1178, señala que “La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de: a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público……”.

A su vez el artículo 47 de la referida Ley Nº 1178 en su parte final señala que "son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza...".

En ese sentido podemos destacar como elementos generales de todo Contrato Administrativo: la existencia de un acuerdo de voluntades, la concurrencia de la Administración como una de las partes, la generación de obligaciones entre el contratista y la Administración, el acuerdo de voluntades se forma para la satisfacción de un fin directo o inmediato de carácter público -adquisición de bienes y servicios-. Siendo los principales rasgos característicos de estas formas contractuales: la primacía de la voluntad de la administración por sobre la voluntad del particular, la cual se manifiesta en las condiciones del contrato; el predominio de la administración en la etapa de ejecución, que se manifiesta en las denominadas cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común, a través de las cuales a la entidad pública contratante se le reconoce una serie de prerrogativas que no ostentan los particulares y, que tienen como fundamento la prevalencia no solo del interés general sino de los fines estatales. Estos fines e intereses permiten a la administración guardarse prerrogativas o poderes de carácter excepcional propias solo de los órganos estatales, como son, el poder de control, de interpretación unilateral, poder de modificación unilateral del contrato cuando lo impone el interés público, poder de terminación, entre otros, a través de las cuales se manifiesta su rol de administrador y protector de los intereses públicos, que solo pueden ser ejercidos por la administración.

Bajo lo esgrimido, no puede quedar duda de la distinción entre un contrato privado y un contrato administrativo; la Teoría de la Doble Personalidad del Estado, base para el entendimiento de que el Estado participaba en los contratos como un privado ha quedado superado por el desarrollo doctrinal moderno, a esto Roberto Dromi (Derecho Administrativo, 2006, página 472) afirma que "La personalidad del Estado es una. No tiene una doble personalidad, pública o privada, que le posibilite celebrar contratos administrativos y contratos, civiles, comerciales, sujeto a regímenes especiales. El Estado tiene una sola personalidad, que es publica, aunque su actividad pueda en algunas oportunidades estar regulada por el Derecho Privado". De lo descrito, podemos indicar que el Estado, o las personas públicas que la componen, actúa siempre como persona de derecho público, aunque algunos de sus actos, puedan ser regidos por el derecho privado, lo que no significa que se despoje de su poder público y se le atribuya una personalidad privada.

En éste tejido doctrinal, se orienta dos exigencias en la regulación específica del contrato administrativo:

1.- El procedimiento de contratación, regido al componente de control del gasto público y la igualdad entre particulares a contratar.

2.- Las estipulaciones nacidas de la seguridad del interés público, al momento de asegurar el cumplimiento del objeto de la contratación, regido por la posición dominante del Estado en la relación contractual.

Por lo expuesto, tomando en cuenta las características, elementos y criterios, se evidencia, que en el caso concreto, el contrato sobre transferencia de inmueble efectuada  por Jorge Alanoca en favor del Gobierno Municipal de La Paz  mediante escritura Pública Nº 308 de fecha 24 de mayo de 1978, suscrito en cumplimiento  a la Ordenanza Municipal Nº 70 de fecha 14 de julio de 1976, así como por Resolución Municipal Nº 354 de fecha 8 de marzo de 1978, tiene los elementos y características propias de un contrato administrativo, al margen de que la adquisición del referido inmueble, producto de la expropiación por causa de necesidad  y utilidad pública, estaba  con destino  a la forestación para la conservación de suelos y prevención de siniestros, siendo por lo tanto de interés público. De igual manera cuando una de las partes intervinientes en el contrato, es el Gobierno Municipal eminentemente estatal, que actúa como contratante; se infiere que el contrato de referencia, del cual emerge la presente causa, es un contrato administrativo.

Expuesta la diferencia y definida la naturaleza de estos contratos, ahora debemos apreciar, bajo un principio de legalidad, la pertinencia competencial

del juzgador, teniendo como premisa que los Jueces y Tribunales en materia civil y comercial no son los competentes para conocer procesos derivados de conflictos de contratos administrativos aspecto que corresponde a la jurisdicción contenciosa - administrativa, empero, debemos realizar el siguiente análisis para asentar esta afirmación.

El A.S. N° 405 de 1ro de noviembre de 2012, al realizar idéntico estudio manifestó: "Al respecto diremos que la abrogada Constitución Política del Estado, bajo el principio de unidad jurisdiccional, que reconocía la Carta Fundamental, establecía en su artículo 116 parágrafo III que la facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contenciosa administrativa y la de hacer ejecutar lo juzgado correspondía a la Corte Suprema y a los tribunales respectivos.

En ese sentido el artículo 117 parágrafo I de la abrogada Constitución Política del Estado, reconocía a la Corte Suprema como máximo tribunal de justicia ordinaria, contenciosa y contenciosa-administrativa de la República y, en ese marco, a través del artículo 118 numeral 7, se establecía como atribución de la Corte Suprema de Justicia la de resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y las demandas contencioso-administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del mismo; en ese mismo sentido el artículo 55 inciso 10) de la abrogada Ley de Organización Judicial (Ley Nº 1455), establecía como atribución de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la de: "Conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder ejecutivo y de las demandas contencioso-administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo; con arreglo a la Constitución Política del Estado.

De las normas descritas precedentemente se establece que en el anterior marco constitucional y legal, el legislador reconoció a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer de los procesos contencioso-administrativos; normativa que no asignaba a los juzgados ordinarios en materia civil  competencia para conocer y resolver los conflictos surgidos a raíz de los contratos administrativos.

Dentro de ese contexto corresponde señalar que en materia contenciosa y contenciosa-administrativa el Código de Procedimiento Civil en su Título VII, Capítulo V y VI, desarrolla las normas que regulan el trámite y sustanciación de los procesos "contencioso y resultante de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo" y del "proceso contencioso administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo", respectivamente.

Establecido lo anterior podemos concluir que el marco legal anterior a la Constitución Política del Estado Plurinacional y a la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial  (que reconocen a la jurisdicción contenciosa-administrativa como jurisdicción especializada a ser desarrollada por Ley especial), atribuía a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer y resolver de los procesos contenciosos derivados de los contratos del Órgano Ejecutivo -contratos administrativos-, competencia que por determinación del artículo 10-I de la Ley Nº 212 "Ley de Transición Para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional" ha sido prorrogada a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; en efecto la citada norma señala: "La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano ejecutivo, y de las demandas contenciosas-administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada".

De la jurisprudencia glosada, se infiere que la contención emergente de los contratos administrativos corresponde en su trámite al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, como un proceso contencioso. Escenario procesal que deberá mantenerse hasta que el órgano legislativo dote de la normativa adecuada como una Jurisdicción especializada, dispuesta así por la actual Constitución Política del Estado, en la última parte del artículo 179 parágrafo I

que dispone: (... existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley) y, en ese mismo sentido por el artículo 4-3) y en su disposición transitoria décima de la Ley del Órgano Judicial, posición legal que no es contraria al Derecho comparado, lo privado regido por la jurisdicción civil y lo administrativo por la jurisdicción Contenciosa - Administrativa.

Se deja establecido, que nuestra arquitectura constitucional y legal, anterior y actual, no confirió a la jurisdicción ordinaria civil la competencia para la tramitación de contención derivada de contratos administrativos, por la naturaleza misma de estos, su sustanciación en juzgados de materia civil, como es el caso, le otorgó un marco erróneo de legalidad sin que se considere de dónde nace su competencia, lo cual no puede ser consentido por el actual Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la sumisión constitucional y legal en que se encuentra, sin que signifique restricción al acceso a la justicia, que no es el caso, es más bien la predominancia del debido proceso para los justiciables, que no debe apartarse del juez natural, pues él es la garantía de otorgar la seguridad jurídica regida bajo un principio de legalidad.

En el marco normativo señalado, se establece que la presente demanda deriva a raíz de una contención emergente del contrato administrativo sobre transferencia de inmueble suscrito entre Jorge Alanoca y Gobierno Municipal de La Paz mediante su representante legal, subsumiéndose los hechos a la norma expresada en el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil.

Que al haberse admitido una demanda de esta naturaleza y resuelto favorablemente todas sus peticiones en Sentencia y por Auto de Vista, ciertamente se ha atentado contra los artículos 327, 328, 190, 91 y 192 del Código de Procedimiento Civil y artículo 1319 del Código Sustantivo, con relación a la cosa juzgada, lo que obliga a una irremediable nulidad procesal, lo contrario importa una sistemática prosecución de actos nulos, incluso el que pudiere dictarse sin la competencia requerida, por mandato expreso del artículo 122 de la Constitución Política del Estado que señala expresamente: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la Ley".

En consecuencia, teniendo presente que la competencia nace únicamente de la ley y que las actuaciones procesales se hallan revestidas del carácter de orden público, corresponde al Tribunal Supremo observar la incompetencia del órgano jurisdiccional y la nulidad de sus actos como prevé el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, y emite resolución en la forma determinada por el artículo 271-3) del mismo cuerpo normativo.

POR TANTO: La Sala Civil  Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley el Órgano Judicial y en aplicación del artículo 122 de la Constitución Política del Estado y de los artículos 252 y 271-3) del Código de Procedimiento Civil, ANULA todo lo obrado sin reposición, debiendo la parte actora accionar su derecho ante la instancia jurisdiccional competente.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  530/2013