SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 528

Sucre: 31 de octubre de 2013  

Expediente: C 13 10 S

Proceso: Usucapión.

Partes: Martha Margarita Camacho y otra c/ Presuntos Interesados

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 161 a 163 vuelta interpuesto por  María Dolores Camacho Vásquez contra el Auto de Vista Nº 294  de 4 de noviembre de 2009, cursante de fojas 154 a 156 vuelta, pronunciado por la Sala Civil  Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso ordinario de usucapión, seguido por Jorge Lucho Montaño Pinto en representación de Martha Margarita Camacho de Drabik y María Dolores Camacho Vásquez contra presuntos interesados, la respuesta de fojas 166 y 167 vuelta, el auto concesorio de fojas 168, los antecedentes procesales;  y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que, tramitada la referida causa, el Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, emitió la sentencia Nº 137 de 23 de abril de 2004, cursante de fojas 113 a 117, declarando probada la demanda, sin costas, reconociéndose el derecho propietario por usucapión de Martha Margarita Camacho de Drabik y María Dolores Camacho Vásquez sobre la fracción de terreno de 122.00 m2 de extensión superficial, disponiéndose se proceda a la inscripción en Derechos Reales e Improbada la reconvención y las excepciones de falsedad, ilegalidad, improcedencia, falta de acción y derecho en la demanda opuestas por el demandado Fausto Gonzalo Troncoso Puma, así como la excepción de falsedad opuesta por la Defensora de Oficio de presuntos interesados.

En grado de apelación, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 294 de 4 de noviembre de 2009, cursante de fojas 154 a 156 vuelta, revoca la sentencia en la parte que declara probada la demanda principal de usucapión, confirma dicho fallo en la parte que declara improbada la reconvención y las excepciones perentorias opuestas a la acción principal, por lo que se declaran improbadas tanto la demanda principal  cuanto la reconvencional, sin costas. Contra la resolución de segunda instancia María Dolores Camacho Vásquez, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

En el fondo se acusa:

1º Que el Juez ad quem a momento de resolver la apelación de Fausto Gonzalo Troncoso Puma, ha violado, interpretado erróneamente y aplicado indebidamente  los artículos 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el Auto de Vista fuera de considerar la apelación planteada, resolvió sobre cosas o derechos que no fueron apelados, porque en ningún momento se solicitó que la presente acción sea declarada improbada; sin embargo realizando una nueva valoración de la prueba, que tampoco fue solicitada, de manera ultra petita declara  improbada la demanda principal y la reconvencional.

2º  Denunciando error de hecho y de derecho en la valoración y apreciación de la prueba de cargo, la recurrente señala: primero) resulta incorrecto que el Auto de Vista sostenga que no ha  poseído el inmueble por más de diez años y ejercido actos de dominio, siendo que ha demostrado haber cumplido con los presupuestos para que la usucapión sea procedente; segundo) que no guarda relación el fundamento del Tribunal de alzada con los puntos de hecho que fueron probados; tercero) el Tribunal de alzada no valoró las pruebas que demuestran su pretensión conforme determina el artículo 1286 del Código Civil, incluso no tomó en cuenta la prueba aportada por la Alcaldía Municipal; y cuarto) que habiendo demostrado los extremos de la demanda, las apreciaciones del Tribunal de alzada no tienen sustento legal, hecho que supone error de hecho en la apreciación de las pruebas.

En la forma denuncia:

Primero) que el demandado en su apelación, solicitó dos cosas específicas, se revoque la sentencia y declare probada la acción reconvencional y excepciones, y por otra, determine la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, sin embargo el Auto de Vista, fuera de considerar la apelación planteada, resolvió sobre cosas o derechos que no fueron apeladas; segundo) que el Tribunal ad quem ha actuado en forma ultra petita, al determinar improbada tanto la demanda principal como la reconvencional, cuando el demandado no fundamento en su apelación dicho aspecto. Infracción que constituye causal de nulidad y la transgresión de las garantías  constitucionales de la defensa en juicio y al  no observar el principio de congruencia y exhaustividad, el Auto de Vista incurre en la causal prevista por el artículo 254 inciso 4) del Código de Procedimiento Civil

Concluye señalado, que corresponde  a este Tribunal Supremo anule el Auto de Vista aplicando los artículos 271-3)  y 275 del Adjetivo Civil

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

Que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Tribunal de Casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto con el objeto de verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente, que las resoluciones que contenga sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél.

En el marco de esa facultad, corresponde puntualizar que, la usucapión se entiende como al derecho por el cual, el poseedor de una cosa, adquiere la propiedad de ella por la continuación de la posesión, durante el tiempo fijado por la ley, conforme a los alcances de lo normado por el artículo 110 del Código Civil, debiendo intervenir dos requisitos, a) la inactividad del verdadero propietario y b) la posesión de quién vaya a adquirir la posesión, ello con relación a lo previsto por el artículo 138 del Código Civil.

Por otro lado, en consideración de que el objeto del Derecho Registral Inmobiliario, es la publicidad como una razón para efectos de seguridad jurídica; consiguientemente, se hace necesario que en la demanda se adjunte el respectivo certificado de propiedad de Derechos Reales para conocer con certeza al último propietario del bien inmueble a usucapir contra quien se tiene  que dirigir la acción; todo con el fin de no causar indefensión y resguardar la seguridad jurídica del fallo.

En ese contexto, la jurisprudencia emitida por la entonces Corte Suprema de Justicia, criterio que es compartido por este Tribunal Supremo, ha establecido, mediante AA. SS. Nrs 201 de 17 de junio de 2005, 287 de 13 de septiembre de 2005 y 220 de 24 de junio de 2010, entre otros, que quien pretenda adquirir derecho de propiedad por la usucapión, debe realizar investigación respecto a la tradición registral y así determinar con precisión quienes figuran en los registros como actuales propietarios.

Asimismo tratándose del instituto de usucapión, en todo proceso de esta clase, así se trate de usucapión ordinaria o extraordinaria, sobre bienes inmuebles, obligatoriamente deberá citarse al Gobierno Municipal, bajo pena de nulidad, como imperativamente manda el art. 131 de la Ley de Municipalidades, que a la letra dice: "...En todo proceso de usucapión sobre bienes inmuebles

susceptibles de aplicación de dicha figura, deberá citarse al Gobierno Municipal de la jurisdicción respectiva que, en función de los intereses municipales, podrá constituirse en parte directamente interesada, sin perjuicio de la citación al demandado, bajo sanción de nulidad ...".

En el marco precedente anotado, en la especie, las actoras Martha Margarita Camacho de Drabik y María Dolores Camacho Vásquez representados por  Jorge Lucho Montaño Pinto, interponen demanda de usucapión decenal o extraordinaria, dirigiendo su demanda en contra de presuntos interesados,  demanda que es admitida sin que se haya adjuntado el certificado del Registro de Derechos Reales, pese a la exigencia al respecto mediante providencia de fojas 12 e inclusive sin haberse dispuesto la citación al Gobierno Municipal.

Por otro lado, el demandado Gonzalo Troncoso Puma en el mismo memorial de contestación deduce en la vía reconvencional la usucapión decenal o extraordinaria, sin haber adjuntado el requisito obligatorio de admisibilidad de este tipo de demandas como es la tradición registral del inmueble que pretende usucapir, el que tampoco fue exigido por el Juez de primera instancia, permitiendo de esta manera que se desarrolle un proceso con evidentes vicios de nulidad, de ahí que, resulta imposible establecer de qué forma el juez de primera instancia analizo y determinó que el bien inmueble objeto de la litis es un bien susceptible de usucapir por encontrarse dentro del dominio privado, y de ser así, quién el titular del mismo, a efectos de determinar la legitimación pasiva.

Que al haberse admitido y tramitado una demanda de esta naturaleza y resuelto favorablemente todas sus peticiones en sentencia, ciertamente se ha atentado no solo contra los artículos 327 y 333 del Código de Procedimiento Civil, sino en contra de lo dispuesto en los artículos 91 del mismo y 1319 del Código sustantivo, con relación a la cosa juzgada, por cuanto el verdadero propietario es el único que tiene derecho a oponerse a la demanda de usucapión; vulnerando de esta manera a la garantía constitucional que proclama el derecho de defensa, al debido proceso reconocido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado; así como al derecho fundamental a la propiedad privada previsto en su artículo 56; razón por la que se impone la nulidad de obrados.

Al respecto existe jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia y que este Tribunal Supremo comparte, referente al Auto Supremo: Nº 220 de 24 de Junio de 2010 que señala: “…no habiéndose acreditado por ningún medio la titularidad de ese inmueble, razón por la cual resulta imposible establecer de qué forma los Tribunales de instancia analizaron y establecieron que el bien inmueble objeto de la litis es un bien susceptible de usucapir por encontrarse dentro del dominio privado, y de ser así, quién el titular del mismo, a efectos de determinar la legitimación pasiva. El actuar de los jueces a quo y ad quem, vicia de nulidad todo el proceso, pues la resolución que en él se dicte será ineficaz en derecho y de ninguna manera otorgará la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél…”

En consideración a que se impone la nulidad de obrados, se hace intrascendente la consideración y análisis de los puntos impugnados en los recursos de casación en el fondo y en la forma.

En consecuencia, teniendo presente que las actuaciones procesales se hallan revestidas del carácter de orden público, corresponde al Tribunal Supremo  con la facultad prevista por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, emitir resolución en la forma determinada por el artículo 271-3) y 275 del mismo cuerpo normativo.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 numeral I-1 de la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Organo Judicial y artículos 252 y 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 19 vuelta, es decir hasta la admisión de la demanda y dispone que el Juez de la causa antes de admitir la demanda observe los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo.

No siendo excusable el error en que han incurrido los de grado inferior, se les sanciona con multa de Bs. 200.- al Juez a quo y a cada Vocal signatario del Auto de Vista, descontable por habilitación a favor del Tesoro del Órgano Judicial.

Remítase una copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura en observación al artículo 17-IV) de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  528/2013