SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 522

Sucre: 30 de octubre de 2013  

Expediente: LP 100 08 S

Proceso: Perdida De Autoridad Paterna

Partes: Karina Verónica Vera Peñaranda c/ Rodrigo E. Urquieta Arias

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 


VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 233 a 240 vuelta, interpuesto por Rodrigo E. Urquieta Arias contra el Auto de Vista Nº S-484 de 18 de diciembre de 2007, cursante a fojas 228 a 230 vuelta de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso de PERDIDA DE AUTORIDAD PATERNA seguido por Karina Verónica Vera Peñaranda contra el recurrente, las contestaciones al recurso de fojas 246 a 248 vuelta y 252 a 253, los antecedentes del proceso, el auto de concesión de fojas 255; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido 2º de la Niñez y Adolescencia de La Paz, pronunció sentencia de fecha 25 de mayo de 2007 cursante a fojas 183 a 196 de obrados, declarando PROBADA la demanda de fojas 20 a 22 interpuesta por Karina Verónica Vera Peñaranda y la Defensa Técnica de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Zona Sur, en contra del ciudadano Rodrigo Enrique Urquieta Arias sobre pérdida de autoridad paterna por maltrato físico, psicológico, mental, moral y emocional en perjuicio del niño Mateo Urquieta Vera, consiguientemente se dispone la perdida de la autoridad paterna del demandado por existir en su contra suficientes indicios y prueba pertinente de haber incurrido en las sanciones previstas por el CNNA, a quien se le prohíbe cualquier clase de contacto, acercamiento y relacionamiento con el menor Mateo Urquieta Vera, hijo biológico del denunciado quien fue víctima de abuso intra familiar, homologándose la medida de protección social dispuesta a fojas 23 de obrados bajo advertencia de incurrir en la prohibición de acercamiento, así sea al colegio, a su domicilio o a cualquier sitio donde frecuente el menor, se remitirán obrados a la justicia penal. Se impone al demandado, la obligación de recibir terapia de apoyo psicológico. Se dispone que el menor, permanezca y continúe viviendo bajo el cuidado y protección de la madre Karina Verónica Vera Peñaranda a quien se otorga la custodia legal, quien recibe apoyo en el cuidado y atención por parte de su abuela materna, quienes junto al niño deberán asistir a terapias de apoyo familiar.

Que, en grado de apelación incoada por el demandante, la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Distrito Judicial de La Paz, confirma la sentencia Nº 166/2007 de fecha 25 de mayo, cursante a fojas 183 a 196, con costas.

       CONSIDERANDO II:

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.- Resolución de vista que dio lugar a que el demandado interponga recurso de casación, indicando hacerlo en el fondo y forma, abreviados de la siguiente manera:

Recurso de casación en el fondo.- indica que existe infracción de la Constitución Política del Estado en sus artículos 199 y 196, así como el Código Niña, Niño y Adolescente, artículos 1286, 1330 y 1320 del Código Civil y 307, 476 y 477 de su procedimiento. Vulnerándose los principios de objetividad, congruencia, imparcialidad y motivación que hacen al debido proceso.

Que, los vocales han otorgado calidad de prueba irrefutable a los informes elaborados por ex funcionarios de la defensoría de la niñez y adolescencia, quienes fueron retirados de sus trabajos. Informes a los cuales no se adjunta las pruebas psicológicas correspondientes.

Recurso de casación en la forma.- Manifiesta que la resolución recurrida no guarda las formas esenciales del debido proceso, habiéndose violado normas constitucionales artículo 7 y 16, normas positivas de cumplimiento obligatorio como los artículos 90 y 236 del Código de Procedimiento Civil, ya que el auto de vista es una copia de la sentencia, que no resuelve los puntos apelados, con una total incongruencia.

Que, las declaraciones vertidas por la demandante, abuela y el niño, varían, utilizándose términos y expresiones no propias de un niño de 6 años, además, como es posible que el niño recuerde detalles después de tanto tiempo.

No se habría valorado el certificado médico forense, el cual informa que no se encontró en el niño lesiones pasadas o presentes, así mismo desobedecieron al mandato judicial de realizar el estudio psicológico en el IDIF, teóricamente por evitar la re victimización en su hijo. Ante la acusación de haber agredido en la escuela a mi hijo, tampoco se consideró las pruebas que demostraban que su persona se encontraba de viaje.

Manifiesta que, resulta ser evidente que al no haber prueba idónea se han aplicado indebidamente las normas del CNNA, incurriéndose en la causal 1) del artículo 253 e inobservancia del 236 e incumplimiento del 397 todos del Código de Procedimiento Civil, violando sus derechos constitucionales a la seguridad jurídica y debido proceso. Por lo que solicita se case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

Que, la uniforme jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo, tiene establecido que el recurso de casación se asemeja a una demanda nueva de puro derecho, que debe contener los requisitos enumerados en el artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, sea que se plantee en la forma, en el fondo o en ambos efectos a la vez, procediendo el recurso de casación en la forma cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, a su vez, el recurso de casación en el fondo, cuando el juez o tribunal de apelación haya emitido una sentencia o auto de vista, violando e interpretando o aplicando indebidamente la ley, así como aplicado e interpretado erróneamente la prueba, conforme establecen los artículos 250, 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, es decir en la forma, por errores in procedendo, que dan lugar a la nulidad del proceso y en el fondo, por errores injudicando, que motiven la invalidación de la resolución dictada con infracción de la ley sustantiva, no siendo suficiente, en ambos casos, la simple cita de disposiciones legales, sino fundamentar y precisar la violación, errónea interpretación o indebida aplicación de la preceptiva de derecho sustantivo que hubiere aplicado el inferior en su decisión, exponiendo con claridad y precisión qué normas legales debían ser las que presidan la resolución y la manera correcta cómo debían aplicarse, para cumplir de esta forma lo exigido por el numeral 1) del artículo 253 del referido adjetivo civil, siendo imprescindible para la existencia de una casación por determinación de la causal antes referida en su numeral 3), que se acusen los errores sean de derecho o de hecho en que pudo incurrir el tribunal a tiempo de apreciar y valorar la prueba, manifestando qué prueba tasada ha sido objeto de error de derecho y cual la ley violentada, e igualmente si es error de hecho corresponde exponer con mucha certidumbre y puntualidad en qué consiste la equivocación manifiesta del juzgador y qué acto auténtico o documento lo demuestra, así como cuál la correcta aplicación de la norma cuya infracción se acusa.

Que en este recurso, ya no es necesario examinar los hechos que privativamente corresponde a los jueces de instancia, a menos que se hubiere incurrido en error de derecho o de hecho, este último demostrado documentalmente que acredite la manifiesta equivocación del juzgador, lo que no acontece en el sub lite.

Cabe precisar que cuando se interpone recurso de casación en la forma, las denuncias vertidas deben enmarcarse dentro de uno o varios de los preceptos contenidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que establece los casos de procedencia de esta acción extraordinaria por la violación de las formas esenciales del proceso.

Que, de la revisión del recurso se colige que el recurrente no cumplió con la carga recursiva que le impone el inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, porque si bien plantea recurso de casación en el fondo y la forma y subtitula cada uno de los mismos, intentando discriminarlos, empero los argumentos expuestos carecen de justificación y fundamentación, porque en su recurso interpuesto en la forma ataca al fondo y viceversa, dicho de otra manera, manifiesta vulneración de la normas sustantivas aplicadas en el Auto de Vista recurrido, sin considerar que esta acusación es de exclusiva interposición en el planteamiento de su recurso en el fondo, que éste permite censurar las sentencias de segundo grado o autos de vista en cuyo pronunciamiento se hayan violado, interpretado erróneamente o aplicado indebidamente disposiciones sustantivas al decidir el conflicto puesto en su conocimiento. Así mismo, se encuentra también abierta la vía para la revocatoria de este tipo de resoluciones, cuando en la apreciación de la prueba se haya incurrido en error de derecho o de hecho de conformidad a lo preceptuado en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, y de igual manera, en su recurso de fondo, que hacen a los errores in judicando, realiza observaciones de procedimiento,  citando como infringidos, pero indiscriminadamente e infundadamente artículos tales como el 199 y 196 de la Constitución Política del Estado, Código Niña, Niño y Adolescente, sin especificar qué o cuáles artículos fueron los vulnerados, artículo 1286, 1330 y 1320 del Código Civil, 307, 476 y 477 del Código de Procedimiento, además sin ampararse en ninguno de los 7 numerales del artículo 254, que ni siquiera es mencionado por asomo.

En el caso de autos el recurrente no discrimina adecuadamente ambos institutos del recurso extraordinario de casación, olvidando que los mismos responden a dos realidades jurídicas de distinta naturaleza, careciendo, en consecuencia, de una adecuada fundamentación, por el contrario, se destaca su inapropiada formulación ya que al manifestar que hubo una vulneración del artículo 236 y 397 del Código de Procedimiento Civil, ante una incongruencia y falta de fundamentación del auto de vista y una supuesta mala valoración de las pruebas aportadas, respectivamente, situaciones que la primera hace a la forma y la segunda al fondo del asunto, evidentemente mal interpuestas a través de su recurso de casación en la forma; por lo que en ese marco, lo expuesto en sus recursos resultan confuso e incompleto, con una redacción indiscriminada de sus fundamentos, limitando su petitorio a simplemente casar el auto de vista recurrido, olvidando así, expresar que quiere con su recurso de casación en la forma, razón que impide abrir competencia de este  Tribunal Supremo, para que sean atendidos sus recursos.

Consiguientemente, ambos recursos tanto de fondo como de forma, deviene en improcedentes, correspondiendo resolverlo dando aplicación a la previsión de los artículos 271 numeral 1) y 272, del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara IMPROCEDENTES los recursos de casación en el fondo y forma interpuesto por Rodrigo E. Urquieta Arias, contenidos en el memorial de fojas 233 a 240 vuelta, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  522/2013