SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 518

Sucre: 29 de octubre de 2013  

Expediente: SC 68 11 S

Proceso: Usucapión Extraordinaria

Partes: Aida Aguilera Montero c/ Hugo Antelo Zankins

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 


VISTOS: El Recurso de Casación, interpuesto por Carlos Nina Sacari, en representación de Cecilio Mamani Ramos, de fojas 130 a 132, contra el Auto de Vista N° 98, de fecha 18 de abril de 2011, de fojas 127 y vuelta, emitido por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, la contestación al recurso de fojas 135 a 137, dentro del ordinario de Usucapión Extraordinaria, seguido por Irma Flora Moya Quecaño, en representación de Aida Aguilera Montero contra Hugo Antelo Zankins, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

1.- Que, tramitada la causa el Juez Octavo de Partido en materia Civil Comercial pronunció Sentencia N° 92, de fecha 24 de julio de 2009, de fojas 89 y vuelta, que declara probada la demanda de fojas 25 a 26 y declara a la Sra. Aida Aguilera Montero  propietaria del inmueble ubicado en la zona Este, U.V. 99, Mza. 18, Lote N° 33, de esta ciudad, con una  superficie de 450.00 Mts2 y de las mejoras existentes en el inmueble. Dispone que en ejecución de sentencia, se proceda a ministrar posesión y testimonio de las piezas principales del proceso, se inscriba en Derechos Reales del Departamento.

Deducida la apelación por Carlos Nina Sacari, en representación de Cecilio Mamani Ramos, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz pronuncia Auto de Vista N° 98, de fecha 18 de abril de 2011, de fojas 127 y vuelta, que confirma totalmente la sentencia de fecha 24 de julio de 2009. Con costas.

2.- Contra el Auto de Vista referido, Carlos Nina Sacari, en representación de Cecilio Mamani Ramos, interpone recurso de casación con los argumentos expuestos allí.

CONSIDERANDO II:

Que, en materia de nulidades es necesario circunscribirnos al ámbito de la tutela judicial y constitucional, a efectos de garantizar que el desarrollo del proceso se enmarque al resguardo de los derechos de las partes, es así que, Alsina sostiene que,” las nulidades esenciales son las que se pueden declarar de oficio porque ellas se fundan en la violación de una garantía constitucional”., en este entendido, dentro del ordenamiento procesal civil la nulidad de oficio que se encuentra establecida en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Tribunal de Casación "anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público", disposición legal que se relaciona con el artículo 90 del Adjetivo Civil, que otorga calidad de orden público a las normas procesales y por tanto el cumplimiento obligatorio de las partes, a través de la sucesión de actos procesales desarrollados dentro del proceso y es en el marco de estas consideraciones, que las garantías constitucionales al debido proceso y a la defensa deben ser tutelados por las autoridades jurisdiccionales de manera obligatoria, cuando se tramita un proceso bajo su conocimiento, con el fin de garantizar aquel  principio de igualdad jurídica de las partes, como parte del orden público al cual toda persona tiene acceso, y considerando a su vez, que en el caso de la usucapión nuestra jurisprudencia ha establecido que la referida institución jurídica produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del Derecho Propietario, del bien inmueble que se pretende usucapir, sólo así la sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto, en este entendido,  el sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura, en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello, es que se debe acreditar su titularidad, toda vez, que es contra los actuales propietarios, que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión. (A.S. Nº 262, de 25 de Agosto de 2011; A.S. N 365 de 8 de Agosto de 1995.)

Por lo expuesto, de los antecedentes que cursan en el presente proceso, se tiene que la demandante interpuso demanda de usucapión extraordinaria o decenal en contra de Hugo Antelo Zankins, en virtud a la certificación extendida por el Gobierno Municipal de Santa Cruz, cursante a fojas 7, empero, la titularidad del derecho propietario del presunto dueño no fue adjuntado a la demanda, para tener certeza de que el demandado sería el verdadero titular del inmueble que se pretende usucapir, y que para dicho efecto tendría que haberse adjuntado una certificación de Derechos Reales, que acredite lo señalado, tomando en cuenta además, que de los documentos cursantes de fojas 92 a 96, se apersona planteando recurso de apelación el presunto titular del derecho propietario del inmueble, objeto de la Litis, aspectos que no fueron observados por el Juez de Primera Instancia ni por el Tribunal de Alzada, poniendo en riesgo el ejercicio de las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa del verdadero propietario, en inobservancia de los principios procesales de celeridad y economía procesal, por lo que, al amparo del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, corresponde aplicar lo establecido por los artículos 271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta la admisión de  la demanda, de fojas 43 y se ordene a la parte demandante acreditar la titularidad del derecho propietario del inmueble que se pretende usucapir, a través de una certificación emitida por la Oficina de Derechos Reales.

Se impone la multa de Bs. 200 al Juez de Primera Instancia y a cada uno de los vocales que intervienen en el indicado auto de vista, que les será serán descontados por planilla.

Cumpliendo con lo previsto por el artículo 17, parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  518/2013