SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 511

Sucre: 1 de octubre de 2013  

Expediente: LP 188 07 S

Proceso: Falsedad de documento y otro

Partes: Rodolfo Becerra de la Roca c/ Banco Central de Bolivia

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 


VISTOS: El recurso de casación de fojas 1203 a 1209, interpuesto por Carlos Zubieta Aguilar y Marcela Carrasco Villarpando, en representación del Banco Central de Bolivia, contra el Auto de Vista Resolución N° S 338/2007, de fecha 12 de septiembre, cursante de fojas 1199 a 1200, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, la contestación al recurso de fojas 1215 a 1221, dentro del proceso ordinario de Falsedad de documento y otro seguido por Rodolfo Becerra de la Roca contra Banco Central de Bolivia, Auto de Amparo Constitucional N° 25/2013, de fecha 3 de julio, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

1.- Que, el Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial, de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció Sentencia Resolución N° 453/06, de fecha 2 de octubre, de fojas 1114 a 1119 y vuelta, que declara probada la demanda de fojas 632 a 638 e improbada la excepción de cosa juzgada opuesta a fojas 743 por la parte demandada, con costas. Los daños y perjuicios se liquidarán en ejecución de sentencia.

En grado de apelación deducida por la parte demandada, la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronuncia el Auto de Vista Resolución N° S 338/2007, de fecha 12 de septiembre, cursante de fojas 1199 a 1200, que confirma la Sentencia recurrida, con costas.

2.- Contra la referida resolución de vista, Carlos Zubieta Aguilar y Marcela Carrasco Villarpando, en representación del Banco Central de Bolivia interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, bajo los siguientes argumentos:

2.1.- Recurso de casación en el fondo: La parte recurrente al momento de realizar una síntesis de hechos, refiere que es falso lo manifestado por los Vocales de la Sala Civil Cuarta, al establecer que se hubiera demostrado que el Banco Central de Bolivia reconoció haber encomendado al actor el patrocinio del juicio desde su inicio, y que falazmente hubieran argumentado que hubiese existido una contratación verbal entre el Banco Central de Bolivia y el Dr. Rodolfo Becerra de la Roca. Asimismo la parte recurrente manifiesta que el auto de vista hubiese conculcado lo dispuesto en el artículo 1283 del Código Civil, porque el demandante no hubiese probado la falsedad del Acta N° 028/90, ni el fraude procesal, limitándose a pronunciar una resolución sin fundamento jurídico ni legal, y de la misma forma acusa infracción del artículo 1286 del Código Civil, porque no hubiese valorado, ni calificado la prueba aportada por el Banco Central de Bolivia y conculcación del artículo 1289 del referido Sustantivo Civil, debido a que el Acta referido no solo tendría fuerza entre partes, sino en relación a terceros.

2.1.- Recurso de casación en la forma: La parte recurrente denuncia que el auto de vista recurrido no hubiese dado cumplimiento al artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, porque con el dictamen fisca, debió haberse dictado nuevamente el decreto de autos  en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, y que el auto de vista carecería de fundamentación legal y que por ello se hubiese vulnerado el artículo193 del mencionado Código de Procedimiento Civil, asimismo, que de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Organización Judicial los tribunales de manera general se encontrarían obligados a declarar nulos los actos procesales en los que se adviertan vicios, como en el presente caso la inobservancia del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, finalmente en su petitorio solicita que se pronuncie resolución anulando obrados y/o en su caso atienda su requerimiento de casar el auto de vista, declarando improbada la demanda.

CONSIDERANDO II:

En virtud al recurso expuesto, se tienen las siguientes consideraciones:

1.- En cuanto al recurso de casación en el fondo: Que, la jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 258 numeral 2) del mismo cuerpo legal, referidos a la obligación que tiene el recurrente de citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado artículo 258 numeral 2). De ahí que, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

En este contexto, los recursos de "casación en el fondo" y "casación en la forma", si bien aparecen hermanados, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del recurso de nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el Código de Procedimiento Civil, señala taxativamente los casos en que proceden. Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el auto de vista recurrido se case, conforme establecen los artículos 271 numeral 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como disponen los artículos 271 numeral 3) y 275 del mismo cuerpo legal.

El recurso de casación en cualquiera de sus formas previstas, para su procedencia y atención por el Tribunal competente, exige la reunión de requisitos, tanto de forma cuanto de fondo, es decir, extrínsecos e intrínsecos, sin cuya concurrencia no es susceptible de análisis, consideración y decisión. Entre los intrínsecos, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa. Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De ahí que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente ó cual la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres ordinales. De igual forma, cuando se plantea recurso de casación en la forma, por haberse violado las formas esenciales del proceso, los argumentos de procedencia deben estar en base a cualquiera de los 7 incisos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y cumpliendo lo preceptuado en el artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

En la especie, la parte recurrente interpone recurso de casación en el fondo sin sujetarse a ninguna de las causales establecidas en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, tomando en cuenta que dicha disposición establece los requisitos por los que se puede plantear el mencionado recurso.

La parte recurrente, a su vez, hace denuncias respecto a que el auto de vista sería falso al haber realizado ciertas apreciaciones al emitir dicha resolución, lo que quiere decir que el mismo sería incongruente, sin embargo, la incongruencia al constituirse en una violación del derecho formal, corresponde su revisión en el caso de ser fundamentada dentro del recurso de casación en la forma y no como pretende la parte recurrente en el recurso de casación en el fondo, al ser éste un recurso que revisa los errores sustanciales que hacen  al fondo de la Litis. Por otra parte, objeta la valoración que el Juez de Primera Instancia le hubiese dado a la prueba,  sin embargo, es necesario hacer hincapié que la valoración de la prueba se constituye en una facultad potestativa de los Jueces de Instancia, y que en el razonamiento de Carnelutti,  ésta es legal o es libre, según que la regulación de su eficacia esté librada a las reglas legales o al discernimiento del juez, por lo que, corresponde su valoración exclusivamente a los Jueces de Instancia, quienes deberán circunscribirse a la valoración que le otorga la ley o en su caso de acuerdo a la sana crítica, tal cual lo previene el artículo 1286 del Código Civil, asimismo, dicha valoración también se sujetará a aquellas pruebas que fueran esenciales o decisivas para la resolución del proceso, en consecuencia, bajo estos parámetros la revisión de la prueba a través de éste tribunal es de manera excepcional, siempre y cuando se cumpla lo previsto en el artículo 253 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, es decir, que se debe especificar necesariamente si en dicha valoración se hubiese incurrido en error de hecho o de derecho, considerando que ambas como se señaló anteriormente difieren en su naturaleza jurídica, de lo contrario éste Tribunal no puede ingresar a realizar la valoración de la prueba, Por lo expuesto, al existir omisiones en el presente recurso, que no puede ser subsanados por este Tribunal, justamente a raíz de ser un Tribunal de puro derecho, corresponde fallar conforme lo previsto en los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil .

2.- En cuanto al recurso de casación en la forma: La parte recurrente denuncia vulneración del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, para plantear la nulidad de obrados, es preciso que la vulneración del derecho público sea inherente a las garantías constitucionales, debiendo cumplir por lo mismo los principios que hacen justamente  a las nulidadades, como ser los de especificidad, trascendencia, convalidación y protección y no simplemente referirse a formalidades que no tienen trascendencia, siendo así, de la revisión de obrados evidentemente el Tribunal de Alzada ha dispuesto autos para resolución   en fecha 26 de marzo de 2007 y considerando la necesidad de que el proceso se remita a Vista Fiscal, este ha sido elevado para su dictamen, sin embargo, como dicho decreto no ha sido dejado sin efecto por el Tribunal de Alzada, no podía dictarse nuevamente otro después de que el referido proceso volvió de vista fiscal, y tomando en cuenta, que antes del sorteo y después de haberse dictado el referido decreto no se ha permitido la producción de prueba a la parte demandante, cumpliéndose la finalidad del referido artículo 234 del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo a lo establecido en el artículo 203 parágrafo III del Código de Procedimiento Civil, el plazo para emitir las resoluciones del auto de vista se computa desde que se sortea el expediente, y no desde que se dicta autos para resolución, por lo que, no existe ninguna violación a las garantías y derechos de la parte recurrente, habiéndose emitido además el auto de vista recurrido en el plazo señalado por la mencionada disposición adjetiva, sin que la denuncia realizada haya afectado de alguna manera a la parte recurrente, en consecuencia, no existe violación del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil.

Con relación a la violación del artículo 193 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal de Alzada ha resuelto el auto de vista recurrido, de acuerdo  a los agravios expresados en apelación, sin haber confirmado la sentencia apelada a razón de falta de precisión o justificación de los los mismos, sino, que ha ingresado a resolver el fondo planteado en el referido recurso ordinario, por la ahora parte recurrente, en el marco del principio de congruencia, inherente a lo previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, a cuya razón, no es evidente tal vulneración, asimismo, las autoridades jurisdiccionales no pueden de manera general anular obrados a razón del artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, como pretende hacer ver la parte recurrente, sino, que deben sujetarse a los principios que hacen a las nulidades, señaladas con anterioridad, y cuando sea de oficio, siempre y cuando la infracción del derecho formal vulnere las garantías constitucionales de las partes, que a su vez, atenta  la seguridad jurídica que gozan las partes, por todo lo referido, corresponde fallar en virtud de los artículos 271 numeral 1) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Adjetivo Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo e INFUNDADO en la forma, de fojas 1203 a 1209, interpuesto por Carlos Zubieta Aguilar y Marcela Carrasco Villarpando, en representación del Banco Central de Bolivia, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Fue de voto disidente el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  511/2013