SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 509

Sucre: 1 de octubre de 2013  

Expediente:LP 77 08

Proceso: Acción Negatoria y otros

Partes: Marco Antonio Cartagena Salcedo y otros c/ Sabina García de Málaga

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de Casación de fojas 392 a 394 vuelta, interpuesto por Sabina García de Málaga, contra el Auto de Vista Nº S-479/2.007 de 6 de diciembre, cursante de fojas 385 a 386, pronunciado por los vocales de la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro el proceso Ordinario sobre Acción Negatoria, Mejor Derecho Propietario, Daños y Perjuicios  seguido por Marco Antonio Cartagena Salcedo y otros contra la recurrente, la respuesta de fojas 397 a 398, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 544/2.006 de fecha 23 de noviembre, cursante de fojas 293 a 295, FALLA: Declarando PROBADA la demanda de fojas 22, en cuanto se refiere a la Acción Negatoria y Mejor Derecho Propietario que asiste a Marco Antonio, Juana Ninoska, Juan Jorge y Freddy Leonardo Cartagena Salcedo sobre el inmueble de 550 mts2., situado en la calle Adriana Pariente y My. Pedro Tarifa de la zona de Villa Fátima de esa ciudad, registrado en fecha 20/12/1999, IMPROBADA en cuanto a la pretensión de pago de daños y perjuicios, e IMPROBADA la Reconvención de fojas 73; sin costas por ser proceso doble. Enmendado por Auto de fojas 303.

En grado de apelación, la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz mediante Auto de Vista Nº S-479/2.007 de 6 de diciembre, cursante de fojas 385 a 386, CONFIRMA la Sentencia Apelada Nº 544/2.006 de 23 de noviembre, de fojas 293 a 295, y la Resolución Nº 171/2.005  de fojas 79 vuelta, con costas en conformidad con el artículo 237-I-1) del Código de Procedimiento Civil.

Esta resolución superior dio lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada Sabina García de Málaga, en los términos expresados en su memorial de 19 de marzo de 2008, cursante de fojas 392 a 394 vuelta.

CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Que, el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, recogiendo los principios de motivación, exhaustividad y congruencia, impone a los juzgadores el deber de motivar y fundamentar las sentencias, precisando los hechos en que se funde su decisión, con base a las pruebas practicadas en el proceso, las que deben ser examinadas en su totalidad, a fin de determinar, con el resultado de ese análisis, si se probaron o no y en qué medida, los hechos fundatorios del derecho exigido o de las excepciones o defensas opuestas, subsumiendo los hechos con el derecho sustantivo o material empleado en la decisión, resolviendo todo lo pedido por las partes, es decir, todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate y que integren el Auto de relación procesal y Auto de prueba, revistiendo su decisorio con los elementos esenciales de certeza y firmeza que exige la cosa juzgada, que se obtiene al final de una contienda judicial otorgando la seguridad jurídica que buscan las partes y a la que tienen derecho, en resguardo de la paz social.

En este contexto; es imperioso recordar desde el punto de vista deontológico, específicamente desde el deber ser jurídico, que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, y una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas.

Esto implica que todo administrador de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

Consecuentemente, cuando un Juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuales son las razones que sustentan su fallo. Por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no sólo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos.

La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto. Esas inferencias podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la inferencia jurídica definitoria en el caso singular, circunstancias que encuentran su sustento legal en lo previsto por los artículos 190, 192 y 236 -entre otros- del Código de Procedimiento Civil.

En la especie, de la revisión de los antecedentes que informan al proceso se verifica que la resolución emitida por el Tribunal de alzada no se ajusta a los cánones anteriormente descritos, pues la parte considerativa del Auto de Vista, da cuenta que: "En la especie, la valoración de prueba aportada por ambas partes, ha sido objeto de un debido análisis, resultando que la titularidad sobre el bien por parte de los actores ha devenido de la demostración de un derecho propietario consolidado con su inscripción y que en forma alguna ha sido objetado en demanda de su invalidez, de allí que la sentencia impugnada ha reconocido la existencia de un derecho anterior del accionante.   La demanda y reconvención incoadas no han comprometido o incluido en su formulación, de diferendo alguno en cuanto a la sobreposición o desglose del mosaico o registro catastral, constituyendo dichos elementos, aportes conducentes a la averiguación y fomento de la verdad. Vale decir, la determinación del mejor derecho propietario.”. Sin embargo, del análisis del recurso de apelación interpuesto por la demandada de fojas 299 a 301, 311 y vuelta, se tiene que, no obstante que dicha impugnación posee una particular técnica jurídica, aquél contiene los agravios que la apelante considera le han sido infringidos a través de la sentencia de primera instancia, y que, indebidamente soslayó el Tribunal ad quem.

En efecto, en aquel recurso el apelante, acusó que: No se consideró la prueba de descargo que su justifica su acción, al efecto anota las certificaciones de Derechos Reales de fojas 69, 148, escrituras públicas de fojas 149 a 150, 70 a 71, 31 a 32, folio real de fojas 72, comprobantes de pago de fojas 142 a 147, planos de fojas 151 a 152, informes del Gobierno Municipal de fojas 153 a 155, 206 a 207, 241 a 242, mosaicos de fojas 156 a 162, 243, 244, inspección de fojas 230 a 234, 219 a 220, informe de Notaría de fojas 240 e informe de identificaciones de fojas 212.

De lo expuesto, se observa que no existe ninguna fundamentación jurídica probatoria específica que respalde esa parte fundamental de la ratio decidendi del auto de vista recurrido, pues no se advierte fundamentación alguna respecto las pruebas invocadas por la demandada en su apelación. Asimismo, llama la atención que no obstante haber resumido los agravios de la apelante, el tribunal de alzada haya en base a la consideración precedentemente descrita del auto de vista recurrido, confirmado la sentencia apelada, que como se dijo líneas arriba carece de fundamentación jurídica probatoria específica; al respecto, debe observarse que “…,si una resolución causa agravio a las partes, entendido éste como la ofensa o el perjuicio material o moral que dicha resolución infiere a los litigantes, éstos tienen derecho a acudir ante el Juez o Tribunal superior en grado para expresarlo, buscando su reparación; para ello no disponen de otro medio que no sea el recurso de apelación, cuyo objeto no es sino la revisión de aquella resolución que consideran les causó agravio. En ese sentido, es ineludible el deber del Tribunal de alzada de pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, con la pertinencia establecida en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, en estricta observancia del debido proceso y el derecho a la legítima defensa que tienen las partes.” (Auto Supremo Nº 299 de 8 de septiembre de 2010 Sala Civil). Concluyéndose en definitiva, que no existe fundamentación jurídica probatoria específica respecto esa parte fundamental de la ratio decidendi del auto de vista mencionado, por el Tribunal de Apelación.

Consiguientemente, habiendo el Tribunal de alzada omitido el cumplimiento de normas procesales de obligatorio e ineludible observancia por el carácter público que revisten como expresamente señala el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, lo que conlleva la nulidad del proceso conforme los artículos 252 y 271 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 385 inclusive; es decir, hasta que el Tribunal Ad quem, previo sorteo y sin espera de turno pronuncie nueva resolución sobre el fondo de la causa, con la pertinencia de los artículos 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

No siendo excusable la omisión anotada se multa a cada uno de los vocales que suscriben el fallo recurrido con Bs. 200, que serán descontados por planilla a favor del Tesoro Judicial.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  509/2013